Los de atrás pagan

Por Eduardo Martínez Benavente

Con una amplia mayoría de diputados sumisos e ignorantes como los que nos representan, el gobernador Juan Manuel Carreras no tendrá ninguna dificultad para sacar adelante el próximo jueves la reestructuración que solicita de un poco más de 3 mil 685 millones de pesos, que corresponden a una parte de la deuda pública directa.  Es más, se quedó corto y desaprovechó la oportunidad para que en la misma iniciativa le aprobaran nuevos empréstitos que tanta falta le hacen para cumplir con algunos de los compromisos contraídos durante su campaña, y que también le habrían autorizado sin reparos ni recelos. Así de fácil es gobernar un estado cuando no existe una real oposición que lo modere y, más cuando al Titular del Poder Ejecutivo no le importe seguir transmitiendo a las siguientes generaciones los pasivos heredados de sus antecesores. Así la deuda que debía estar pagada en el 2029, extiende su fecha vencimiento hasta el año 2035.

La comparecencia de José Luis Ugalde Montes ante los diputados, con motivo de la inútil Glosa del VI Informe de Gobierno de Fernando Toranzo, del que no formó parte, fue como un día de campo para el secretario de Finanzas, pues con su actitud socarrona y arrogante presentó sin cuestionamientos la irresponsable propuesta para reestructurar la deuda pública gubernamental, y de pasada les presentó un optimista panorama financiero del estado y las propuestas para disminuir el déficit presupuestal. Los diputados aceptaron mansamente sus explicaciones y hasta el supuesto malentendido con el que quiso justificar la abrupta respuesta que les dirigió hace unos días cuando rechazó los incrementos presupuestales que pretendían: "No vamos a atender ocurrencias o caprichos". Reconoció en su comparecencia que finalmente le corresponde a los diputados autorizar el presupuesto, pero no "en base (sic) a análisis específicos y revisión de aspectos técnicos", como manifestó el ex legislador; si no que en todo caso debería ser con base o fundamento en la racionalidad y austeridad del gasto público, programas de gobierno y considerando la disponibilidad de los recursos con que se cuente. No podemos negar la experiencia y conocimientos en la materia del nuevo responsable del manejo de los dineros públicos, quien dentro de sus ambiciones políticas, no dudo que pretenda desde ahora y desde esa incómoda posición suceder a su jefe en el 2021, pues no identifico a ningún otro miembro de su gabinete, ni entre los diputados y senadores priistas, alguien que cubra el perfil que se requiere para el caso.

Nunca nos imaginamos que los pasivos gubernamentales ascendieran a más de 22 mil 500 millones de pesos, 6 mil 266 millones más de los que Toranzo heredó de su odiado antecesor. Pero más grave aún es el tamaño de la nómina que alcanzó los 6 mil 939 millones de pesos anuales. Lo que representa un crecimiento del 55% con respecto a la que dejó Marcelo de los Santos. Y así nos hicieron creer que las finanzas públicas estaban sanas y las deudas y gasto corriente bajo control. Nos engañaron. Ninguno de los diputados se atrevió a preguntarle al compareciente si no le preocupaba el resto de la pesada carga financiera que recientemente reveló y cómo le haría frente el gobierno de Carreras para pagarla. Nadie cuestionó los compromisos inmediatos adquiridos por el gobierno del estado para la instalación de la BMW que rebasan los 3 mil millones de pesos, de acuerdo a la siguiente relación de gastos tomada del referido convenio:

CONCEPTO	MONTO
“…preparará, levantará y nivelará, directa o indirectamente mediante terceros contratados para tal efecto, “EL TERRENO””…	$972,274,423.00
Invertir en los terrenos que no son del Parque para la infraestructura de transporte	$160,000,000.00
“…preparará, levantará y nivelará, directa o indirectamente mediante terceros contratados para tal efecto, del terreno adicional	$129,636,749.30
Disponibilidad de derechos de paso	$51,790,200.00
Conexión con el sistema principal de carreteras	$80,000,000.00
Conexión con la carretera federal	$360,000,000.00
Sistema de calles de acceso a la planta	$160,000,000.00
Conexión de la planta a la vía férrea	$164,531,294.20
Conexión eléctrica	$124,355,000.00
Donación para el Centro de Capacitación BMW: una hectárea contigua a las 300 hectáreas.	$30,000,000.00
Aportación para activos	$655,300,566.97
Aportación para gastos (conexión gas, capacitación en el extranjero…)	$93,274,220.00
Becas de capacitación para 2000 personas	$25,000,000.00
Capacitación FESTO	$1,941,800.00
Becas escolares de licenciatura	$2,926,000.00
Equipar la sala de emergencia	$1,489,600.00
Total	$3,012’519,853.80

Ninguno lo acusó de haber mentido cuando en el informe que dio a conocer los pasivos gubernamentales reportó un adeudo menor a los mil millones de pesos por estos conceptos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. No me extrañaría que en pocos meses tenga que recurrir al endeudamiento de corto plazo para cubrir con estas obligaciones y compensar el déficit presupuestal que resulte, a menos que haya pactado secretamente con el gobierno federal  -para no alborotar a los otros estados-  que la federación se hará cargo del pago de estos compromisos. No exhibió una gráfica en la que detallara los pagos mensuales de capital e intereses y los supuestos ahorros que argumenta.  El contador estaba obligado a presentar una propuesta completa en la que diera a conocer el nombre del banco que ofrece las mejores condiciones, cuáles son éstas y el monto de las comisiones que cobraría por la restructuración del crédito. Hubiera sido muy ilustrativo que Ugalde explicara qué es lo que le hace creer al gobernador del estado que los compromisos son "manejables". Acaso porque en los informes de la cuenta pública estatal del 2013 y 2014, aparece que el gobierno de Toranzo pagó por este concepto menos del 1% del presupuesto anual ejercido; y aún así, el objetivo del gobierno de Carreras es reducir al máximo el servicio de la deuda pública. También hubiera sido muy conveniente que les explicara la razón por la que Carreras no se esperó a que el contralor general y la ASE dictaminaran la cuenta pública del médico, antes de que lo exonerara de toda culpa. 

Sin gallardía

A la memoria del padre Darío Pedroza, por su valiosa participación en el extinto Centro Potosino de Derechos Humanos y por haber denunciado, junto con otros sacerdotes, el fraude electoral de 1991.

Por Eduardo Martínez Benavente

No dejan de sorprenderme las declaraciones del alcalde Ricardo Gallardo Juárez, en las que exhibe su manifiesto autoritarismo caciquil y, en esta ocasión, la protección y entendimiento al que ha llegado con su antecesor cuando advierte que el juicio político que pretenden realizar en contra de Mario García Valdez le corresponde a la Auditoría Superior del Estado: “yo confío en que pueda hacer un buen trabajo, y si Mario está mal que lo llamen a cuentas, pero la Auditoría, porque anteriormente decían que Ricardo Gallardo lo iba a llamar a cuentas, pero yo no soy fiscal, yo solo aporto pruebas, y es mi obligación no ser tapadera de nadie y si algo está mal que lo turnen a la Procuraduría”.

Su explicación se produce en medio de una severa crisis financiera que no sabe cómo resolver y con motivo de la auditoría externa que mandó practicar a la administración del ex rector que detectó diversas "anomalías" por más de mil 100 millones de pesos. Me llama la atención que en dos semanas los auditores hayan concluido con el trabajo que se les encomendó. Son miles de documentos y operaciones los que tuvieron que revisar y evaluar para llegar a esa conclusión. El empresario metido exitosamente en política no detalla los conceptos y montos de cada una de las observaciones y menos la gravedad de estas. Simple y sencillamente para él todas fueron "anomalías". Subterfugio con el que pretende reducir los ilícitos de la administración que acaba de concluir a irregularidades o fallas administrativas, fáciles de reparar y sin mayores consecuencias. Nos previene que no son todas y a manera de ejemplo cita otros rubros que incrementan los pasivos y que no se tenían contabilizados, como las indemnizaciones laborales, que pueden alcanzar la suma de 60 millones de pesos. 

Esperábamos que nos explicara los pormenores que originaron la bancarrota municipal y la situación financiera que encontró. Así como el monto exacto de la deuda pública y demás pasivos que lo abruman y lo tienen paralizado, al grado de convocar a la población para que le ayuden a bachear las destrozadas calles. Los dispendios y abusos en que incurrieron los priistas. Los contratos que adjudicaron sin licitar y los sobreprecios que se pagaron. Los nombres, montos, conceptos e identificaciones de los beneficiarios de las ayudas sociales que supuestamente entregaron y que no se vieron reflejadas en la votación que obtuvo ese partido. Las trampas con las que se maquilló la contabilidad gubernamental. La situación que guarda el litigio con las constructoras que no concluyeron las obras de urbanización de la alameda Juan Sarabia y las avenidas Universidad y Salk, entre otras. Los fraccionamientos y condominios autorizados en ese trienio que no cumplieron con la obligación de ceder y escriturar al Ayuntamiento el 15% de las superficies vendibles. 

La auditoría debía comprender el contrato que celebró el Ayuntamiento con una empresa a la que se favoreció para la instalación y mantenimiento de las más de 47 mil luminarias de la capital. Los auditores tenían que emitir un dictamen sobre la legalidad del mismo y si sus compromisos se ajustan a los lineamientos que autorizó el Congreso del Estado. También debieron informar si la ex contralora municipal remitió al Congreso del Estado, al término de su encargo, el informe final de las acciones que tomó y las observaciones que durante su gestión quedaron resueltas, o que se encuentran en trámite. El monto de la asignación de remuneraciones extraordinarias a funcionarios por el término de su gestión. Gallardo debió informar si el presupuesto de egresos se ejerció correctamente de acuerdo con los programas aprobados por el Ayuntamiento y si los comprobantes respectivos cumplieron todos los requisitos. Las responsabilidades en que incurrieron por haber gastado más de lo que ingresó. El incremento desmesurado de la nómina municipal. Un análisis de los principales deudores del impuesto predial y las gestiones que se han realizado para lograr su cobranza. Los nombres, montos y conceptos de los acreedores y proveedores del municipio a los que no se les ha pagado. La verificación de lo recaudado por las fotomultas y parquímetros. El estado que guarda la concesión de la empresa que surte de agua potable a varias colonias del poniente de la ciudad y las gestiones que se han hecho para cobrarle las contraprestaciones que adeuda.  El pasado 17 de septiembre, el Ayuntamiento le comunicó a un peticionario de información pública que a la fecha no se ha firmado el contrato/título con Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V., entre otras razones,  porque no se han determinado -después de siete largos años- las obligaciones económicas de ésta con el Interapas y el Ayuntamiento, y porque los bienes que en su oportunidad debe transmitirle se encuentran a nombre de otras personas. 

Es cierto que a Gallardo no le corresponde presentar las denuncias y querellas en contra de los funcionarios públicos por los delitos en que pudieron haber incurrido, pero alguien debió informarle que los síndicos de su cabildo están obligados a presentarlas ante el Ministerio Público, dentro de los treinta días siguientes a la expedición de los dictámenes o resoluciones que emita la Contraloría Interna Municipal, cuando se presuma la probable comisión de un delito. En todo caso, el también ex presidente municipal de Soledad debió informar al Cabildo -en el que no identificó a nadie que pueda servir de contrapeso- el resultado de la auditoría y éste turnarlo al contralor para que revisara el resultado y, si procedía, lo hiciera suyo para que los síndicos formalizaran la denuncia. Esta disposición nace de una reforma que sufrió la Ley Orgánica del Municipio Libre, el pasado 23 de julio, por lo que no tiene que esperarse a que la Auditoría Superior del Estado emita un dictamen y presente la denuncia correspondiente, pues como todos sabemos, la Procuraduría no le hará caso, a menos que exista una enorme presión social. 

Borrón y Toranzo limpio

Por Eduardo Martínez Benavente

Si no lo hubiera perdonado, el gobierno de Juan Manuel Carreras estaría obligado a explicar los pormenores de los descomunales pasivos que le deja su antecesor y, en su caso, fincarle responsabilidades a través de la Controlaría General del Estado, independientemente de lo que hiciera o dejara de hacer la Auditoría Superior del Estado y la federal. Por lo pronto, tendría que haber denunciado que la administración de Fernando Toranzo contrajo compromisos sin que hubiera disponibilidad financiera ni partida presupuestal autorizada, dinero pues; por lo que ex secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, podría acabar en la cárcel, como los dos últimos encargados de las finanzas públicas. Ahora no sabemos a quién le van a echar la culpa si la bancarrota que heredan les complica la existencia y paraliza su administración, y menos si siguen apareciendo otros pasivos. El breve informe que rindió el nuevo secretario de Finanzas, José Luis Ugalde, además de incompleto y oscuro, es insatisfactorio porque las medidas que anuncia para salir de la crisis no son convincentes, y porque la solución que plantea depende de la generosidad del gobierno federal quien tendría que aportar recursos extraordinarios al estado, al que todas las entidades y municipios del país le tienden la mano en busca de salvación. 

Ahora entiendo el empeño del también ex diputado José Luis Ugalde Montes por reestructurar una vez más la deuda pública originada por el préstamo de los 1,500 millones de pesos que solicitó el gobierno panista de Marcelo de los Santos, pues ante la gravedad de la crisis financiera en que están inmersos pretende conseguir una prórroga para abonar capital hasta dentro de 18 o más meses, pues el compromiso mensual de pagar un millón de pesos por este concepto se verá incrementado a ocho millones de pesos a partir de noviembre. De que tamaño debe ser la insolvencia gubernamental que les asusta esa pequeña obligación que no debería pintar en un presupuesto de ingresos que, según Juan Manuel Carreras, puede alcanzar los 41 mil millones de pesos para el próximo año. 

Es inaceptable que el gobierno de Carreras minimice la enorme carga financiera que pesa sobre el erario público a un frío y tendencioso informe contenido en siete conceptos y unas escuetas explicaciones que mucho esconden y que la mayoría de los potosinos no entendemos. La versión gubernamental desvirtúa la verdad de los hechos y pone en tela de juicio el informe, pues los compromisos adquiridos por el gobierno del estado para la instalación de la BMW rebasan los 3 mil millones de pesos, y no los mil millones a que se refiere el pasivo que se le carga a la Secretaría de Desarrollo Económico. Por su parte, el secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, también cuestiona la veracidad de los números, pues sólo reconoce un adeudo de 4 mil 300 millones de pesos y no de 5 mil 476 millones como señala el documento. La entrega recepción del gobierno del estado debió ser un verdadero desorden, o una entrega dolosa con una recepción permisible. Además, los números no les cuadran, pues en el informe financiero del tercer trimestre. con corte al 30 de septiembre, que apenas este viernes subieron a su página de transparencia, aparece el desglose  de la deuda pública directa con un total de 4 mil 570 millones 596 mil pesos, que no coincide con los 4 mil 414 millones 902 mil que se menciona en el informe que dio a conocer Ugalde. Los otros conceptos que presentó el contador no aparecen, o no supe localizarlos en el informe trimestral. 

Ahora comprendo las razones del abatimiento y displicencia que no podía esconder el ex gobernador Fernando Toranzo, así como su expresión de "que ya se acabe este infierno" que le caracterizó durante los últimos años de su ejercicio. La crónica de Yesica Castellanos que apareció publicada en Pulso el pasado 29 de agosto no tiene desperdicio, así como la fotografía del mandatario que ilustra el texto. Narra una discusión que tuvo con un maestro en la huasteca que le recriminó el abandono en que están 98 planteles en el estado desde hace 20 años. El diálogo se desarrolla de la siguiente manera:

"Pablo Hernández (PH): Gobernador la educación debe ser lo más importante para San Luis Potosí, ¿otra vez vamos a pasar otros 20 años sin educación?

Fernando Toranzo (FT): No tengo dinero (se aleja)

PH (casi gritándole). Los bachilleratos comunitarios atienden a los más pobres. Gobernador es una farsa esta educación…

El mandatario se regresa casi de inmediato, y abriéndose paso entre su cuerpo de seguridad y los reporteros, encara al profesor:

-Ya te dije maestro no hay recurso, no es que no quiera.

PH. ¿Y qué hago?

FT. Pues seguir esperando

PH. O sea ¿nos encomendamos a Dios?

FT. Pues yo creo que sí."

En un principio estimé que la revelación del monto de los pasivos que dio a conocer esta semana el secretario de Finanzas respondía a un rompimiento o por lo menos a un deslinde con el gobierno anterior, así como a una estrategia para negar cualquier incremento en los presupuestos que los otros poderes, organismos autónomos, dependencias y entidades pretenden para el próximo ejercicio fiscal; pero no, la actitud protectora de Carreras me indica que estaba equivocado. Más bien parece que su ex jefe le reclamó porque Ugalde lo exhibió como un deudor contumaz e irresponsable que le sumó más de 6 mil millones de pesos a los pasivos que tanto le criticó a Marcelo de los Santos. Pronto veremos que tan "manejable" es la deuda pública y pasivos que, asegura el gobernador, ya esperaba. Y que tan razonables son esos compromisos que todavía no han sido dictaminados por los órganos fiscalizadores, aunque para Carreras, el gobierno de Toranzo que lo promovió para alcanzar la candidatura de su partido, hizo lo correcto. Ni siquiera sabe cómo los va a pagar. No me extrañaría que pronto recurra a nuevos empréstitos bancarios para salir temporalmente del atolladero. La impunidad y el encubrimiento, como era previsible, seguirán campeando en San Luis Potosí; aunque hay que reconocerle que, por lo menos, no se queja como su angustiado vecino de enfrente. 

La tumba de gallardo

Al columnista e historiador Óscar G. Chávez, en reconocimiento a su valor periodístico.

Por Eduardo Martínez Benavente

El protagonismo que caracteriza al alcalde Ricardo Gallardo Juárez lo ha llevado a ocupar todos los días importantes espacios en los medios de comunicación. Ha logrado reducir al gobernador del estado a un papel segundón en su desmedido afán de destacar y llamar la atención con fulminantes declaraciones, compromisos inalcanzables y temerarias amenazas como si todavía estuviera en plena campaña electoral. Bien podríamos decir que casi lo ha borrado del escenario político, como parece que a Juan Manuel Carreras le gusta mantenerse. Sus allegados y colaboradores no se atreven a advertirle que las expectativas que generó como candidato tienen una fecha de vencimiento y ésta no puede prolongarse más allá del primer trimestre del próximo año para que sus simpatizantes vean resultados concretos. Esta semana reconoció que será difícil cumplir con sus compromisos de campaña a corto plazo y que hasta enero o febrero próximos iniciará la pavimentación de algunas calles porque no ha recibido recursos federales. 

Sabe que si no cumple con su larga lista de compromisos y ayudas sociales se le revertirán las simpatías en airadas reclamaciones y decepciones de ese amplio sector de la sociedad que lo apoyó para que alcanzara la alcaldía. La presidencia municipal será su tumba política. La falta de dinero y su arrogancia le harán morder el polvo. Aunque no se lo deseo, porque si le va mal a él, también le irá mal al resto de los capitalinos. Su fracaso e inoperancia no podrá justificarlos con el argumento de que recibió al municipio con las arcas vacías y en completa bancarrota. Sabía a lo que le entraba y así aceptó competir por la alcaldía en una contienda que inició dos años antes y en la que arrolló a sus contrincantes, por lo que ahora no vale quejarse ni lamentarse. Su autoritarismo caciquil no le permite compartir responsabilidades con el resto del Cabildo que pareciera no existir. En ninguna ocasión se le ha escuchado decir que someterá tal o cual de sus ocurrencias al análisis y votación de ese órgano colegiado pues cree que todavía gobierna en Soledad, sin crítica ni oposición enfrente.

Miente cuando asegura que no incrementará los impuestos para el próximo año y que sólo se afectará "un poquito" a las empresas y propietarios de residencias con un valor superior a los 5 millones de pesos con los nuevos valores catastrales. El aumento es general para toda la zona poniente de la ciudad con un 30% que se verá reflejado no sólo con esa contribución, sino también en los traslados de dominio, avalúos y derechos de registro público. En las zonas populares habrá una reducción que aún no he calculado, pero que no tendrá ningún beneficio en el pago del impuesto predial porque la mayoría de esas viviendas pagan cuatro salarios mínimos, y éste se incrementó el 1 de octubre y volverá a aumentar el próximo 1 de enero;  por lo que el recibo de pago del predial será mayor en el 2016 que el que cubrieron en el 2015. 

El descalabro más notorio y vergonzoso que hasta ahora le podemos señalar es que no se atrevió a detener la instalación de las más de 47 mil luminarias de tecnología LEDS por las lámparas de vapor de sodio existentes en la ciudad, que mediante un contrato ilegal y abusivo de prestación de servicios, por un valor de 1,301 millones de pesos, le adjudicó la administración del ex rector a la sociedad mercantil Panevi, única postora de una licitación pública nacional a la que podrían haber concurrido otros muchos interesados si no les hubieran impuesto requisitos insalvables; por lo que no hubo oportunidad de conocer otras cotizaciones ni de fraccionar el contrato entre varios proveedores, pues todo estaba preparado para que esta empresa se quedara con el negocio. Y para que no quedara ninguna duda de su derrota, el ex alcalde mandó instalar en los últimos días de su gestión un enorme espectacular sobre el camellón de la avenida Himalaya en el que presumía la instalación de las primeras 40 mil luminarias. De esta manera demostraba que las amenazas del soledense en el sentido de que no le temblaría la mano si insistía en seguir adelante con el proyecto eran meras fanfarroneadas. Sólo los principales protagonistas de esta historia saben qué es lo que se negoció para que el nuevo alcalde, instalado en la presidencia municipal reculara y se olvidara de la acusación. 

Pero no todo lo que ocurre en esta administración es negativo. Habría que reconocer como un gesto de buena voluntad la reducción ofrecida de hasta un 30% en las remuneraciones de los funcionarios, que aunque que no pinta mayor cosa en el rescate de las finanzas públicas sirve para avalar un programa de austeridad. Reconocemos también el recorte de cientos de trabajadores que no tienen base y que fueron contratados bajo el fraudulento esquema de honorarios asimilables a salarios, pero siempre y cuando se trate de empleados que realmente salgan sobrando o de tramposos aviadores y no vayan a ser sustituidos por otros con los que Gallardo y su gente puedan tener algún compromiso. Aún no se sabe qué tanto impactará en la nómina municipal esta medida, como tampoco sabemos los recursos que se tendrán que desembolsar para la liquidar a todos esos trabajadores. Es previsible que muchos de ellos se inconformen y recurran a los tribunales a demandar su reinstalación o una mejor indemnización que la ofrecida por el patrón. He señalado en repetidas ocasiones que la única manera de sanear al erario es cobrándole a los grandes deudores lo que le deben y recobrando o negociando el valor de las áreas de donación que muchos constructores y fraccionadores no cedieron al municipio. Esperamos que con el proceso que el Ayuntamiento inicia en contra del fraccionamiento residencial La Vista, propiedad de Jorge Abud, se abra un resquicio de esperanza para reclamarle a otros muchos desarrolladores las áreas de donación que le han escatimado a los potosinos; aunque apuesto, doble sobre sencillo, que también reculará ante estos defraudadores.

Entre pitazos y balazos

Por Eduardo Martínez Benavente

Las órdenes de aprehensión no se anuncian, se ejecutan. La filtración que sufrió el acuerdo del Juez Sexto Penal que ordena la detención de la ex alcaldesa Victoria Labastida y otros cuatro implicados en diversos delitos que se les imputan fue un sorpresivo pitazo que los puso sobre aviso para evitar la acción de la justicia. La Procuraduría General de Justicia no tuvo la precaución de ubicarlos hasta conseguir el oficio del juez que obsequió el arresto. Las autoridades sabían que los acusados cuentan con recursos económicos que les permiten cambiar de residencia a cualquier otro lugar y desaparecer del escenario por muchos años. La información que se filtró y que Pulso dio a conocer en exclusiva, muestra en el mejor de los casos una imperdonable falla en la secrecía de la averiguación y el sigilo necesario; aunque creo que más bien se trata de un arreglo político entre la ex presidenta municipal y el gobierno de Juan Manuel Carreras para que el nuevo titular del Poder Ejecutivo gane legitimidad y simpatías al tomar una decisión largamente esperada y demandada por los potosinos, pues el gobernador del estado es el único que le podía dar luz verde a una acción de esta envergadura, evitando de esta manera que se le tache de encubridor u obstructor de la justicia, como a su antecesor. Tan es así que sólo se les busca por los delitos de peculado y uso indebido de la función pública, y no por el de asociación delictuosa que queda perfectamente tipificado y por el que no alcanzarían la libertad bajo caución. 

Es oportuno recordar cómo se cumplimentan las órdenes de aprehensión para entender la maniobra, y para esto tenemos el caso del ex presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona, a quien el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo engañó dos días antes de que lo detuviera asegurándole que no existía ninguna orden en su contra. Confiado en su palabra regresó tranquilo a su terruño para que en un operativo rudo y espectacular lo detuvieran, exhibieran y trasladaran a la Ciudad de México. Qué no hubiera dado el joven alcalde si le hubieran advertido que iban por él. Ahora, en el colmo de la insensatez y desmesura pretenden reivindicarlo y honrarlo cambiando el nombre de la avenida principal de esa cabecera municipal por el suyo, en un acuerdo de cabildo que bien podría interpretarse como una apología del delito, pues sobre el procesado pesa un auto de formal prisión y aún no se ha dictado una sentencia definitiva que lo declare culpable o inocente. 

El gobierno de Juan Manuel Carreras se inicia entre pitazos y balazos, estos últimos ocurridos en el centro histórico de la ciudad en el segundo día de su mandato, y en un ambiente de preocupación e inseguridad porque los homicidios se han incrementado alarmantemente en el estado. Los delincuentes no le dado un momento de tregua para que se instale en paz. El control que ejerce su gobierno sobre la mayoría de los medios de comunicación le ha permitido minimizar la gravedad de los acontecimientos. La balacera entre asaltantes y policías registrada el pasado lunes en la tarde en una bodega de cereales ubicada a unos pasos de la alameda Juan Sarabia, antes de que cerraran los comercios y oficinas, nos recordó por su duración e intensidad la perpetrada durante la administración del ex gobernador Marcelo de los Santos frente al edificio de la Acción Católica, por lo que no es creíble que sólo se hayan reportado dos policías heridos y un delincuente detenido. 

No se conocen los ilícitos que se les imputan a los ex funcionarios en la averiguación, aunque deben corresponder a algunas de las observaciones de las auditorías que no fueron solventadas. El abuso y desorden financiero que caracterizó a esa administración fue escandaloso. Los pasivos se incrementaron ilegal e irresponsablemente. Varios créditos bancarios no se pagaron al término del trienio. Una buena parte de la obra pública quedó inconclusa y con graves señalamientos de corrupción. Un gasto que indignó a los potosinos fue el de los casi 40 millones de pesos que se pagaron por concepto de cirugías plásticas practicadas a algunos empleados y funcionarios municipales para levantarles los glúteos, reducir las narices y desparecer papadas y arrugas.. 

Algunos de los indiciados y otros que aún no han sido incluidos en la lista de los más buscados operaron para que el grupo constructor ISCAMAPI se hiciera de los terrenos donde se construye el fraccionamiento Monterra, siendo el único postor de un inmueble de 20 hectáreas que presentó su oferta en el último momento de la subasta, justo antes de que ésta se cerrara, y una vez que le filtraron información privilegiada que le aseguraba que nadie más se había presentado;  lo que le permitió ofrecer lo mínimo por el terreno y solicitar además una serie de facilidades que debieron ser rechazadas, como pagar el precio en cómodas mensualidades, que por cuenta del Ayuntamiento corrieran los gastos de la escritura, que le acercaran sin costo alguno los servicios municipales, que no le cobraran intereses y que le agilizaran todos los trámites administrativos para estar en condiciones de comercializar de inmediato el inmueble. Algunos pagos se hicieron mediante una triangulación inexplicable con depósitos de recursos provenientes de los parquímetros. 

La mayoría de los integrantes del cabildo autorizaron un dictamen que presentó el regidor Luis Miguel Avalos Oyarvides, en el que se avaló una negociación ilegal que permitió a Parque Logístico recuperar dos superficies de terreno que suman más de 263 mil metros cuadrados a un precio absurdamente bajo y lesivo a los intereses del municipio. No se pagó ni una décima parte de su valor real. Ejemplos de la incontenible y burda rapiña hay muchos otros que se irán integrados a la averiguación.