El Tornillín Amarillo

Por Eduardo Martínez Benavente

Puede ser toda una sorpresa el resultado electoral que alcance el carismático, atrabancado, popular y simplón candidato del PRD, PT y Conciencia Popular al gobierno del estado, Fernando Pérez Espinosa, si logra fracturar al PRI y sumar a su causa a un buen número de electores abstencionistas que en esta ocasión salgan a votar por él. Es un error menospreciar a este personaje de pocas luces y corto de entendederas quien parece pasar por una crisis existencial cuando se justifica o aclara que no quiso hacerle daño a nadie con su salida de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Es muy pronto para predecir el escenario político electoral del próximo 7 de junio y menos si se quiere tomar como parámetro las cifras que en las últimas elecciones han arrojado los partidos que lo postulan. Habría que revisar otros factores determinantes que no se dieron antes, como son la mediocridad de los contendientes -porque no hay ni a quién irle- y los recursos económicos con los que cuenta el aún diputado sin licencia, en una contienda en la que ninguno de los candidatos respetará los topes de gastos autorizados para las campañas, con excepción del abanderado de Morena. 

Su participación obedece a una explosiva combinación de apetito por el poder, revancha y sobredimensión de su liderazgo. Es de advertirse que no le permitirán al ex presidente del comité directivo estatal del PRI alzarse con una posible victoria. Las deserciones e indisciplinas partidarias no las tolera el sistema. Tendría que ser un marcador tan obvio y arrollador a su favor que no les quedara más remedio que reconocer su triunfo, y además tendría que tener una base social lo suficientemente extensa, aguerrida y organizada que lo defendiera. 

El gobierno del estado y su partido cuentan con una organización capaz de manipular cientos de casillas que se localizan en las zonas más deprimidas y vulnerables de la entidad, en las que a través de caciques, autoridades municipales, comisariados ejidales y maestros pueden alterar los resultados electorales utilizando las maniobras fraudulentas que durante décadas han practicado. Las más efectivas son la compra del voto, la coacción del elector y la designación o suplantación de funcionarios electorales y representantes de los partidos que respondan a sus intereses. De estas urnas salen los votos para los partidos de "oposición" que en una elección limpia no alcanzarían el 3% de los sufragios, y que mediante esta maniobra el PRI se los completa para que no pierdan el registro, siempre y cuando se comprometan a reconocer los números oficiales y le levanten la mano a su candidato. En una entidad tan pobre, sin participación ciudadana, decepcionada, temerosa e ignorante como la nuestra no puede haber democracia. Bajo estas condiciones, la única vía para que la candidata del PAN puede alzarse con la victoria es mediante un arreglo político. La entidad es una plaza negociable y a muy pocos les importaría sacrificar al representante del PRI. Aunque esto no quiere decir que le vayan a ceder gratuitamente la gubernatura. Los priistas se tendrían que abstener de utilizar el aparato de estado para aplastar a sus contendientes y amarrar a la mapachería. 

En unos cuantos días más podremos constatar si la clase alta y media alta de la sociedad potosina, con la que se identifica plenamente el "candidato de las izquierdas", lo apoya y asiste a sus eventos. Creo que a muchos de ellos se les secaría la mano si cruzan en la boleta electoral el emblema de cualquiera de los partidos que lo postulan, que sin importar ideologías ni antecedentes políticos se han aliado en una aventura que les puede ser redituable para incrementar sus beneficios. En San Luis Potosí, el "fin de las ideologías" a que se refiere la tesis del sociólogo y profesor emérito de la Universidad de Harvard, Daniel Bell, es toda una realidad. Para muchos electores de los grupos sociales privilegiados de la entidad votar por el PRD es un acto aberrante y contra natura. Así de profundos son sus prejuicios. No sabemos qué tan concurridos vayan a ser sus eventos proselitistas, pero lo que si advertimos es que si desde un principio no son multitudinarios sus simpatizantes y el candidato caerán en el derrotismo. El comerciante de artículos eléctricos y servicios funerarios pronto sabrá lo que es lidiar con una prensa mayoritariamente hostil. 

La influencia de los Gallardo sigue vigente en Soledad, con las relaciones y amarres necesarios para convocar a cientos de burócratas con sus familias y beneficiarios de los programas asistenciales que podrían llenar plazas y auditorios, a menos que en el paquete de negociaciones que seguramente celebraron con la PGR para que al ex presidente municipal no se le dictaran otro auto de formal prisión por delincuencia organizada, se les haya ordenado retirarse de cualquier actividad política. Sin embargo, el viernes pasado el candidato conocido como el "Calolo" empezó mal y demostró debilidad cuando sólo lo acompañaron unos 350 simpatizantes y familiares a las oficinas del Consejo Estatal Electoral a registrar su candidatura. No dudo que muchos de sus amigos y conocidos le van a dar la espalda, entre ellos, la gran mayoría de los 1,500 invitados que según las crónicas sociales asistieron a su último cumpleaños. A éstos no les conviene identificarse con un candidato repudiado por el sistema. Sus intereses económicos no se los permite. Los favores y gracias que le solicitan al gobernador del estado en turno, que van desde la solución de un problema de barandilla, la cancelación de una multa y la posibilidad de concertar a través de esa relación un buen negocio, les impide alinearse públicamente con un candidato apestado. Estoy seguro que la mayoría de sus amigos de ese nivel socioeconómico se alejarán de él y más si las encuestas serias no lo colocan desde un principio al parejo de los candidatos punteros. Es difícil revertir las preferencias electorales en 90 días de campaña, y menos con candidatos que como lo han anunciado, no se van a cuestionar ni causarán polémica. 

Sonia... ¿Gobernadora?

Por Eduardo Martínez Benavente

Es incuestionable la exitosa carrera política de la senadora con licencia Sonia Mendoza Díaz. No podemos menospreciarla, no obstante que muchos potosinos no la conocen y otros difícilmente podrían superar el complejo cultural de que una mujer los gobierne. Tendría que ser excepcionalmente inteligente, preparada y hábil para aceptarla; y la señora candidata no reúne estos requisitos, aunque lo anterior no debe preocuparle mayor cosa porque el candidato del PRI tampoco es un dechado de virtudes políticas y simpatías personales. Y para su buena suerte, la participación de Fernando Pérez Espinosa, como "candidato de las izquierdas" le garantiza que un buen número de votos priistas se desviaran a esta opción.

La panista sólo ha cosechado victorias electorales. Lleva cinco con las internas, o seis si no prospera la impugnación que presentó su último contendiente. No conoce la derrota en las urnas. Ha recorrido varias veces el estado y debe estar bien informada de sus carencias y problemas. El primer cargo de elección popular que ocupó fue como síndico en la planilla que ganó la elección municipal del Ayuntamiento de Matehuala (1995-1997), su lugar de origen, en el que nació hace exactamente 46 años; después la inscribieron en un lugar preferente en la lista de diputados locales plurinominales que le permitió llegar a LXVIII Legislatura (2006- 2009), en la que pasó desapercibida aprobando irresponsablemente las iniciativas y cuentas del ex gobernador Marcelo de los Santos; más adelante contendió y ganó una curul como diputada federal de mayoría relativa por el Distrito I (2009-2012), en la que transitó de puntitas. En el 2012 nos sorprendió a todos cuando ganó la primera posición como senadora de mayoría. Se trataba de una elección que comprendía todo el territorio del estado, y en la que derrotó a los priistas Teófilo Torres Corzo y Victoria Labastida, con un marcador de 362,864 contra 310,149 votos. Su triunfo le permitió a Octavio Pedroza ocupar un sitio dentro de las 32 primeras minorías y al ex gobernador interino lo relegó a una de las 32 plurinominales, las de consolación. No se le conoce empresa o negocio alguno en el que haya participado ni despacho en el que haya laborado. Estoy investigando el testimonio de un abogado de mi confianza que me asegura que durante la administración de Horacio Sánchez Unzueta fue cesada como secretaria de estudio y cuenta de la Mesa Penal del Juzgado Mixto de Matehuala, junto con otros funcionarios, cuando se advirtió que había un faltante en las fianzas que se depositaban en esa oficina. No sabemos su grado de participación o si se trata de uno más de los exabruptos del ex gobernador. La candidata está plenamente identificada con el grupo creado y dirigido por el diputado local Juan Pablo Escobar Martínez, su coordinador de campaña, quien mandaría en el estado si su producto alcanza la gubernatura.

La matehualense destaca principalmente por los envidiables resultados electorales que ha obtenido en las dos últimas décadas, pues sus alcances como legisladora y gestora son pobres y limitados. He estado revisando sus iniciativas y he escuchado sus entrevistas e intervenciones y no hay nada importante por comentar. Frases hechas y lugares comunes de una imparable conversadora, lista y avispada. Es una de los senadores del montón, de los que el país podría prescindir y no se notaría. Como son casi todos los legisladores a los que de vez en cuando se les permite subir a la tribuna a leer una iniciativa o proponer algún punto de acuerdo elaborado por los asesores de su fracción que presumen como propia. Es de las legisladoras que obedecen sin cuestionar las instrucciones del coordinador de su bancada para votar en tal o cual sentido. No hay antecedentes de que haya debatido algún tema de importancia en la máxima tribuna del país. El Senado es el paraíso terrenal de los políticos. El sueldo y demás beneficios que reciben anualmente por diversos conceptos se calculan en más de 3 millones de pesos. Si pierde, se regresa al edén.

La elección interna del PAN para elegir candidato a la gubernatura del estado debe repetirse, porque dentro de las causales de nulidad de una elección que señalan los artículos 71 y 72 de la Ley de Justicia Electoral, que en este caso se aplican supletoriamente, está la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables, como las que ocurrieron durante la jornada electoral de hace ocho días, al anularse 1,709 votos de los 7,334 que se depositaron en las urnas. En el mejor de los casos, si no se quiere reconocer que hubo fraude, la falta de capacitación de los electores y los errores en que incurrieron al no haber marcado todas las combinaciones en las que aparecía el candidato de sus preferencias pone en duda la certeza de la votación y el resultado de la misma; independientemente de los demás vicios e irregularidades que señala Alejandro Zapata Perogordo. Si la señora Mendoza Díaz fuera una persona con principios y valores éticos y morales no aceptaría el resultado y solicitaría la reposición del proceso electoral porque sabe muy bien que los votos nulos fueron determinantes en el resultado de la votación. Es atípico que Zapata Perogordo haya obtenido en la primera votación 3,158 votos contra 3,266 de Sonia; y en la segunda vuelta, que se realizó inmediatamente después de la primera, haya sumado 2,560 votos contra 3,065 de su adversaria. Es inaceptable que 598 simpatizantes le hayan dado la espalda en menos de un minuto, mientras que a Sonia sólo 93 no la ratificaron como la opción preferente. Todo indica que Alejandro Zapata apechugará la resolución que pronuncie la instancia interna  de su partido, la que seguramente confirmará el resultado de la elección y no recurrirá a los tribunales electorales para que se haga justicia. Es increíble que Zapata después de 30 años de perseguir "mapaches electorales" no le haya cuidado las uñas al trapacero mayor de su partido, Héctor Mendizábal, pues el fraude que le cometió fue de lo más elemental: anularle cientos de votos emitidos a su favor abriendo o violentando las urnas mientras eran transportadas por gente de su confianza a su destino final.

Todo tiene un precio

CUARTA Y ÚLTIMA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

No hay dinero, el gobierno del doctor Fernando Toranzo está paralizado por las deudas y compromisos financieros que lo tienen en la insolvencia. No puede pagar las pensiones quele adeuda a los burócratas, ni cubrir la totalidad de los recursos que le reclamael Consejo Estatal Electoral para el proceso electoral que arrancó hace más de 4 meses. Los fondos que recibe de la federación son insuficientes para cubrir la nómina magisterial por lo que ha tenido que desviar más de 3 mil millones de pesos etiquetados para cubrir este concepto. Sin embargo, el falaz y electorero anuncio que hizo esta semana el garante de los intereses empresariales, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, en el sentido de que es muy probable que antes de que concluya el mes el presidente Enrique Peña Nieto ponga en marcha de manera oficial la construcción de la armadora de vehículos de la BMW, pretende convencernos de que todo marcha bien y que hay dinero de sobra. El próximo lunes, según el dirigente obrero, se inician los trabajos de preparación y desmonte del terreno sobre el que se proyecta la planta. La primera fase del desarrollo tiene un costo aproximado de mil millones de pesos que deberá solventar el gobierno de estado y nadie sabe de dónde obtendrá los recursos ni a quién y cómo le adjudicó la magna obra.

Pero algo anda mal, pues si el gobierno estatal hubiera cumplido con los compromisos contraídos en las cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta del convenio que celebró con la empresa, seguramente que lo habría presumido como un logro importantísimo de su administración porque su cumplimiento traería aparejada más inversiones y la creación de más puestos de trabajo para los potosinos. En la cláusula trigésima novena se pactó que si cualquiera de éstas y otras condiciones no se cumplían en o antes de las fechas establecidas, sin importar la razón o justificación, el convenio no tendría ninguna validez y se consideraría que nunca surtió efectos, y cada parte asumiría la totalidad de los costos en que hubiera incurrido. Pero hay más, el convenio está sostenido con alfileres porque establece que ante cualquier situación imprevista de riesgo o inconveniente a criterio de la empresa, como podría ser una carga fiscal no considerada o problemas de inseguridad y delincuencia, ésta simplemente notificaría al gobierno estatal y cancelaría la inversión. Ni siquiera se pactó un procedimiento expedito para revertir la propiedad. La instalación de la planta también está sujeta al desarrollo del mercado de demanda y a la situación económica mundial.

En la cláusula tercera se estableció que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del convenio que se formalizó el 18 de junio pasado, 13 días después de que se anunció en Los Pinos, el gobierno del estado haría su mejor esfuerzo para apoyar a la BMW en la negociación con el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado, para celebrar un contrato de promesa de compraventa en términos similares a la adquisición de las primeras 300 hectáreas. Esto significa que el valor del terreno y todos sus accesorios correrían de nuevo a cargo del erario. Se trata de una superficie no determinada que se detalla en un anexo que no se filtró, pero que estamos ciertos que la CEGAIP ordenará que se haga público. El Fideicomiso opera como un instrumento para financiar estas obras con los 750 millones de pesos que se obtuvieron a través de un préstamo bancario y que resultan evidentemente insuficientes para cumplir con todas estas obligaciones.

El la cláusula cuarta se establece una opción para adquirir una superficie adicional de 40 hectáreas para la posible instalación de una planta de motores de la BMW, que en su caso complementaría el desarrollo del proyecto. La superficie adicional es propiedad del Fideicomiso quien le otorgaría una opción de compra válida hasta el 31 de diciembre de 2016 a un precio garantizado de 10 dólares por metro cuadrado sin servicios. La opción debió formalizarse antes de 4 de julio pasado y es una condición suspensiva para la validez del convenio. En caso de que la BMW decida ejercer la opción de compra, deberá notificarlo por escrito al gobierno para que pague el precio establecido. El gobierno cubriría los gastos relacionados con la preparación de la superficie adicional que no se calcularon en el convenio, pero que podrían ascender a más de 130 millones de pesos.

En la cláusula quinta se manifiesta que a la BMW le interesa celebrar otra opción de compra a un precio garantizado de 31 dólares por metro cuadrado, válida hasta el 31 de diciembre de 2020, sobre una superficie de 80 hectáreas colindantes al terreno principal, propiedad del Fideicomiso y viable para un potencial parque industrial de proveedores.

En la cláusula sexta se establece que el Fideicomiso, el gobierno pues, realizará una inversión de 164 millones de pesos para la adquisición de una superficie de 21 hectáreas destinadas a conectar la planta con la vía ferroviaria existente operada por la empresa Kansas City Southern de México. El desembolso incluye el valor de las obras e instalaciones necesarias que deberán concluirse antes del 31 de diciembre de 2017. Se obliga también al pago de un derecho de paso que se estima en más de 51 millones de pesos, las instalaciones eléctricas en 124 millones, la construcción de un sistema de calles de acceso a la planta en 160 millones, 2 mil becas de capacitación, la conexión con la carretera 57 con un costo de 360 millones, el pago del terreno y parte de las construcciones del Centro de Capacitación con un valor de 30 millones de pesos, la planta de tratamiento de aguas residuales, el equipamiento y construcción de dos pozos, entre otros muchos beneficios. Algunos tan generosos como el apoyo de 20 pesos mensuales para el transporte a becarios. Los diputados tenían la obligación de solicitar toda la información necesaria y un ejemplar del convenio con sus anexos publicado en el Periódico Oficial del Estado para estar en condiciones de aprobar el préstamo, y no lo hicieron. No revisaron todo el paquete de estímulos y exenciones. Fueron unos facilitadores irresponsables que deben ser sancionados.

Todo tiene un precio

TERCERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Entre el 4 y el 18 de julio de 2014, los integrantes del cabildo de Villa de Reyes tuvieron que sesionar para atender una consigna inconstitucional derivada de un convenio al que no fueron invitados a suscribir y del que sólo supieron que, de no hacerlo como se les indicaba, serían responsable de obstruir la millonaria inversión de la BMW en territorio potosino: exentar al 100 por ciento del pago del impuesto predial a la armadora alemana por un periodo de diez años, y otorgarle otros descomunales e ilegales incentivos. Los firmantes del convenio pusieron como condición suspensiva la obligación del gobierno estatal de obtener del cabildo de Villa de Reyes “la autorización para otorgar dichos incentivos, y (ii) entregue directa o indirectamente a través de EL ESTADO a BMW una copia certificada del ACTA DE CABILDO DEL MUNICIPIO en el que consta dicha autorización dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de firma de EL CONVENIO”. La obligación de sometimiento a las exigencias alemanas por parte de actores ausentes en el documento fue reforzada en las cláusulas Décimo Segunda y Trigésima Novena, y representa una de las tantas muestras de que el convenio que se anunció como un gran logro tiene las características de una capitulación firmada de rodillas.

Aun así, podríamos considerar que a los negociadores del convenio les quedó un poco de vergüenza. La suficiente para no dudar en pactar con los europeos una cláusula de confidencialidad (la Vigésima Séptima) que viola el artículo 70 de la Constitución Política del Estado y el artículo 33 de la Ley de Transparencia, en un intento –consciente o inconsciente– por ocultar las condiciones vergonzantes a las que se sometieron y por las que comprometieron el patrimonio de los potosinos. Pero también fue un intento por ocultar los abusos de los empresarios alemanes, a quienes se les entregan beneficios desproporcionados. Las maniobras de ocultamiento no sólo se encuentran en esa cláusula, sino también en los dos acuerdos de reserva ilegales que estamos combatiendo –el 014/2014 y el 017/2014– con los que la Secretaría de Desarrollo Económico negó la difusión del convenio y el contrato adicional firmado el 18 de julio, así como en huellas documentales adicionales como el acta del cabildo de Villa de Reyes que fue una de las primeras ofrendas entregadas por el gobierno de Fernando Toranzo a los dueños de la BMW y cuyo contenido no se puede consultar en el sitio Web del ayuntamiento aludido, pues su falta de actualización es tal que nada nuevo se le ha agregado desde hace más de 2 años. Dos ilegalidades ante las que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública ha sido omisa, hasta ahora, a pesar de la trascendencia del caso.

Una lectura detenida del convenio Gobierno-BMW permite reconocer cuando menos 52 compromisos en los que las autoridades locales otorgan beneficios a la armadora automotriz. Sólo en 17 casos es posible identificar un monto determinado de recursos involucrados que suman más de tres mil millones de pesos. Los otros 35 compromisos involucran montos aún no cuantificables, por lo que es difícil señalar el total comprometido, lo que debería ser explicado por los firmantes y negociadores. Si esas cifras no son suficientes para evaluar la trascendencia del asunto, habrá que considerar que la mayor parte de los desembolsos le tocará enfrentarlos a las siguientes dos administraciones estatales y tres municipales de Villa de Reyes. Al gobierno de Toranzo le corresponde cubrir los primeros abonos del precio de las 300 hectáreas de terreno en breña sobre las que se proyecta asentar la armadora. Para esto se comprometió entregar 6 millones de dólares antes del 30 de septiembre pasado al grupo de especuladores, entre los que se encuentran dos influyentes potosinos que seguramente sirvieron de enlace para evadir la donación del 15% de la superficie vendible que le correspondería recibir al Ayuntamiento de Villa de Reyes, y cuyas identidades estamos confirmando, pues el resto son regiomontanos.  A su sucesor le deja un pago inmediato por 12 millones de dólares que tendrá que cubrir en octubre de 2015, y otro por la misma suma que vence en enero de 2016. Entre los otros pasivos que le deja al que gane la elección de junio se encuentra el costo de la preparación, levantamiento y nivelación de ese mismo predio, que tendrá que realizarse -según las cláusulas Tercera y Octava- entre diciembre de este año y marzo de 2016, con un desembolso estimado en más de 972 millones.  A los representantes del gobierno del estado no les tembló la mano cuando firmaron el convenio manifestando bajo protesta de decir verdad: "Que reconocen que el monto total de los incentivos son de acuerdo al presupuesto de "EL ESTADO" designado a "EL PROYECTO". 

El frustrado ocultamiento del convenio, como acto de la actual administración en el que el ahora candidato del PRI a la gubernatura, Juan Manuel Carreras López, fue parte, tendría que ser tema de debate en la campaña si entre los contrincantes del priísta hay un verdadero interés por servir a los potosinos. Pero ese sería sólo el debate menor. El debate de fondo tendría que estar en los agravios que a la sociedad potosina se infringen con un entreguismo irresponsable que necesariamente tendrían que luchar por revertir con una medida muy simple: declarar su invalidez por no contar con el requisito constitucional de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Esa omisión convierte en una ilegalidad toda disposición de recursos públicos estatales en favor de la BMW. No se trata de violaciones a una ley secundaria, sino a la Constitución Política del Estado. La Auditoría Superior del Estado tendrá ocasión de mostrar que su autonomía constitucional vale si en su Informe de Auditoría a la Cuenta Pública 2014, que está por entregar en los próximos días, hace las observaciones del caso e inicia las medidas necesarias para aplicar sanciones. O bien, habrá de sumarse a la pandilla de violadores de la Constitución en perjuicio del erario.