Un voto por los independientes

Por Eduardo Martínez Benavente

Sería muy lamentable que ningún potosino a quien se le reconociera por su honestidad y capacidad se animara a registrarse como candidato independiente para contender contra los candidatos de los partidos políticos en las elecciones que se celebrarán el próximo año. No podemos desaprovechar la oportunidad histórica de votar por los candidatos independientes que puedan reunir estas características para demostrarles a los partidos el hastío y rechazo que les tiene la mayor parte de la población por los abusos y complicidades en los que cotidianamente incurren. Es la oportunidad de votar por otras opciones ajenas al monopolio de los partidos, y en San Luis Potosí hay ciudadanos viables y serios que podrían derrotar a los candidatos de los partidos si se lo proponen, no obstante las iniquidades a las que tendrían que enfrentarse. 

La decisión del senador Octavio Pedroza Gaitán de no participar como precandidato del PAN a la gubernatura del estado es el mejor ejemplo de que los intereses personales de los dueños de los partidos están por encima de los intereses de la mayoría y, sobre todo, del bien común. Sus directivos prefieren recoger las migajas de un resultado electoral seguramente desastroso que perder el control del partido y sus prerrogativas, sin considerar que Pedroza Gaitán les garantizaba el mejor resultado electoral en el 2015 y hasta la posibilidad de alzarse con la gubernatura. No soportan la intransigencia del senador en las negociaciones de cargos y posiciones y la distancia que les guarda. Recuerdo que en la Legislatura que me tocó participar (2003-2006), ninguno de los diputados de Acción Nacional hacía algo para aminorar las observaciones que el Contador Mayor de Hacienda le señalaba a sus cuentas públicas cuando fungía como presidente municipal de la capital, no obstante de que eran defendibles, pues su negativa para otorgar favores le acarreó la animadversión de sus compañeros de partido. 

Su decisión, que dice ser que es inamovible, no se justifica porque un político profesional con la experiencia de Pedroza Gaitán no puede renunciar a sus objetivos ni desilusionar a sus seguidores cuando se topa con la primera dificultad y menos conociendo las maquinaciones de su partido, como es el incremento inexplicable del padrón de afiliados que creció artificialmente con la intención de aplastarlo en la consulta interna y que parece ser que fue la gota que derramó el vaso. Era muy probable que la primera etapa del proceso de selección -la encuesta entre la población- la ganara por un amplio margen de aceptación que evitaría pasar a la elección interna entre los panistas, y a la que, hasta entonces, si se quisiera imponer, se debería de oponer para no caer en la trampa que le tenían tendida. ¿Qué creía? ¿Qué lo iban a nominar por aclamación o por un dedazo de la dirigencia nacional y estatal de su partido habiendo otros competidores y la férrea oposición de los dirigentes? Aventó la toalla y se rindió sin dar pelea. Así no puede reaccionar un político que sabe que la vía política está llena de obstáculos y que gobernar un estado es una tarea por demás difícil  e ingrata.  No corresponde a un político que aspira a gobernar un estado retirarse y dejar a sus simpatizantes y amigos sin una opción que consideraban viable y atractiva. Octavio Pedroza debe reconsiderar su decisión y participar como candidato independiente.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí requiere urgentemente de un presidente municipal que se atreva a afectar los intereses de todos aquellos fraccionadores y constructores, que con la complicidad de las autoridades municipales, han evadido sus obligaciones fiscales enriqueciéndose a sus costillas. Si el municipio reclamara las áreas de donación que le corresponden y que le han sido escatimadas por estos pillos y cobrara los cientos de millones de pesos que no han pagado los principales deudores del impuesto predial, podría enderezar sus finanzas y salir de la crisis financiera que lo tiene en la bancarrota. Estamos ciertos que los candidatos de los partidos políticos con posibilidades de acceder a este cargo no harán nada por rescatar estos activos. Sus compromisos y los de sus partidos no les permiten afectar a sus patrocinadores. Por eso, es urgente postular a un candidato independiente con el perfil de un Guillermo Pizzuto o un Rodolfo Martínez Lavín, entre otros, que se irían con todo para recuperar lo que es de los potosinos. 

Necesitamos diputados dispuestos a velar por los intereses de los potosinos, con valor para denunciar los ilícitos de los servidores públicos y con capacidad para fiscalizar sus cuentas, actuando en consecuencia. Y esto sólo será posible si llevamos al Congreso del Estado a un grupo de verdaderos representantes populares, ajenos a los intereses de los partidos políticos y del gobernador del estado. Estoy seguro que en cada uno de los 15 distritos electorales del estado encontraremos personas comprometidas con la legalidad y con vocación de servicio que acepten reducir radicalmente las remuneraciones y otros apoyos que reciben los diputados. Para los cuatro distritos de la capital podríamos proponer como candidatos independientes, entre otros, a Lupillo González, fundador y presidente de Ciudadanos Observando, una organización de participación ciudadana que se ha dado a conocer por las denuncias de corrupción debidamente fundadas que ha dirigido en contra de un buen número de  funcionarios públicos y por su lucha para transparentar las cuentas públicas. Está la regidora panista con licencia Nadya Edith Rangel Zavala, a quien se le reconoce por la seriedad y profundidad de sus intervenciones en las sesiones de cabildo de la administración de Mario García Valdés. Está Rafael Aguilar, ampliamente conocido como "El Chiquilín", que desde muy joven a participado en movimientos civilistas destacando por su valor civil y estilo belicoso para enfrentar a los funcionarios corruptos. También está Gonzalo Benavente, a quien reconocemos por lo atinado y oportuno de sus críticas y observaciones; a los que los partidos políticos nunca les darían cabida para contender por una diputación porque saben que jamás se someterían a sus consignas y arreglos ilegales.

Los lacayos del gobernador

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Ante el previsible desencanto de los potosinos por la incapacidad del nuevo gobierno para atender los compromisos de campaña y las múltiples demandas de obras y servicios que se requieren, y ante la insolvencia económica para salir de sus apuros, no habrá nada mejor para justificar su fracaso que responsabilizar a la administración anterior del desastre en el que recibieron las finanzas, y concretamente señalar como responsable al que manejó los dineros públicos; por eso, no me extrañaría que la administración que suceda a la del doctor Fernando Toranzo inicie tan pronto como le sea posible un proceso penal y otro de responsabilidad administrativa en contra del secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, en el que se verá seriamente involucrado el gobernador del estado, por los delitos de desvío de recursos y ejercicio indebido de la función pública y hasta de asociación delictuosa en que han incurrido con motivo de la solicitud y aplicación del préstamo de los 785 millones de pesos, más accesorios financieros, que en el último año de su ejercicio les autorizó el Congreso del Estado y que estarían destinados a cubrir una parte del costo de los compromisos contraídos con la empresa BMW para la instalación de su planta en San Luis Potosí. 

Seguramente que los potosinos volveremos a ser testigos del mismo espectáculo de la aprehensión, exhibición de los procesados tras las rejas y posterior liberación de los principales funcionarios de esta administración, como ocurrió con el responsable de la finanzas y el oficial mayor del gobierno de Marcelo de los Santos, y con el secretario de finanzas del gobierno del priista Fernando Silva Nieto, el contador Olegario Galarza. La historia se repetirá puntual e inexorablemente y, como siempre, no se recuperará un sólo centavo de lo desviado y malgastado. Los 16 diputados que autorizaron el crédito a sabiendas de que contravenían disposiciones insalvables de la Ley de Deuda Pública también son responsables y deben responder por sus actos. Algunos de ellos se aprestan a participar como candidatos a diversos puestos de elección popular, por lo que es necesario que los electores los identifiquen y conozcan sus hazañas para que puedan ponderar el voto cuando se los soliciten. Estos son: Ruth Tiscareño Agoitia, Fernando Pérez Espinosa, Federico Ángel Badillo Anguiano, José Eduardo Chávez Aguilar, Delia Guerrero Coronado;  Luis Enrique Acosta Páramo, Rosa María Huerta Valdés, Marienela Villanueva, Juan Manuel Segovia, Ramón Guardiola, Alfonso Díaz de León, Martín Álvarez, Jorge Aurelio Álvarez Cruz, Crisógono Sánchez Lara, Francisco Martínez Ibarra y Manuel Aguilar Acuña. 

Uno de los integrantes del consejo técnico del fideicomiso que administrará los recursos del préstamo es el diputado panista Alejandro Lozano González, quien al igual que sus compañeros de partido, exceptuando a Manuel Aguilar Acuña, votó en contra de la autorización del empréstito porque al gobierno del doctor Toranzo no le interesó negociar con esa fracción porque ya tenía asegurada la mayoría. El diputado Lozano, en otra de sus incongruencias, no ha renunciado a la posición que ocupa en el fideicomiso, no obstante de que no le han dado a conocer los conceptos y montos de cada uno de los compromisos contraídos con la empresa. En el Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado que tiene entre sus objetivos administrar una parte del Impuesto sobre la Nómina y, ahora, el importe del préstamo que se está gestionando también aparecen los empresarios Pedro Martínez Abaroa, Carlos Torres Corzo, Luis Gerardo Ortuño Infante, Rodolfo Oliva Pué, Gustavo Orozco Puente y Javier García Navarro, quienes irresponsablemente siguen en sus cargos desconociendo el convenio que celebró el gobierno del estado con los alemanes y el detalle de la aplicación del importe del préstamo. No sabemos cómo le van a hacer para rendir cuentas de la aplicación de los estímulos económicos que recibirá la BMW sin toda esta información. La arbitrariedad del ejecutivo se impuso con el pretexto de que se fortalecería el clúster automotriz generando empleos y riqueza, cuando la BMW será la armadora de vehículos que pagará los salarios más bajos en el país cuando inicie operaciones.

El próximo gobernador sería ampliamente reconocido y respetado por los potosinos si se atreviera a fincarle cargos a los 16 diputados que obsecuentes y serviles autorizaron el empréstito y votaron a favor de un dictamen en el que no se desglosaron los conceptos y cantidades a que estarían destinado los recursos, como obliga la Ley de Deuda Pública, y que consintieron en que se asignaran a una inversión privada y no a una inversión pública productiva, como podría ser la construcción de escuelas, caminos, puentes u hospitales o a cualquier otro de los objetivos permitidos por el artículo 8 de la ley. Por más elogios y reconocimientos que se le puedan colgar a la inversión alemana, el préstamo no encaja en ninguno de los lineamientos de esta normatividad.  Su irresponsabilidad y sumisión llegó a tales extremos que ni siquiera le exigieron al gobernador del estado que les mostrara el convenio que celebró con la BMW para conocer el monto total de los compromisos, y obligaciones que contrajeron las partes. Podemos asegurar que los 785 millones de pesos serán insuficientes para satisfacer las demandas de la empresa y no habrá de dónde sacar más dinero. El secretario de Desarrollo Económico, Fernando Macías Morales, miente al asegurar que el costo de las 300 hectáreas que se donaron a la empresa tienen un valor de 200 millones de pesos. El inmueble, con los servicios de agua y electricidad que demanda la BMW tienen un costo superior a los 600 millones, a los que habría que sumarle muchos otros conceptos como la capacitación de los trabajadores, las vialidades, vías férreas y exenciones de impuestos. Los diputados le firmaron un cheque en blanco cuando es previsible que las participaciones federales que recibe el gobierno del estado se vean severamente impactadas en el 2015 por la reducción del precio de petróleo y se tengan que  hacer ajustes importantes en los presupuestos. Las cláusulas penales y rescisorias del convenio también se ocultaron.

El ocaso de Toranzo

Por Eduardo Martínez Benavente

Aun cuando fuera cierto, es prácticamente imposible que el vocero del gobierno del estado, Roberto Naif Kury, pueda probar que el delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Martín Toranzo Fernández, -ahora con permiso para ausentarse de su cargo, al que probablemente ya no regrese- haya recibido el 10% del importe de un contrato de obra pública con valor de 29 millones de pesos por su gestión y buenos oficios ante la Comisión Estatal del Agua (CEA) para que a la empresa Tekno Dream, que no pudo localizarse en el internet con esa denominación, ni con alguna otra parecida, se le adjudicara una obra; como tampoco podrá probar el perturbador hermano del gobernador que el funcionario encargado de lustrar su imagen trató de extorsionarlo exigiéndole un millón de pesos a cambio de no generar un escándalo mediático y preservar su condición de funcionario federal pues estaba metido en un grave problema de corrupción. Es su palabra contra la del Coordinador General de Comunicación Social. Seguramente que ambos negarán cualquier participación en los hechos que se denuncian, como también lo harán el secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas y el subsecretario, Eduardo González Sierra, a los que Martín Toranzo señala como testigos que tuvieron conocimiento del presunto intento de extorsión y sobre los que ahora descarga sus baterías. Naif Kuri, por su parte, calificó la denuncia en su contra como un “escandaloso tema” y aseguró en un insulso boletín de prensa, en el que no entra al fondo del asunto, que “se reserva el derecho de integrar la actual indagatoria con la finalidad de formular la querella correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables de las declaraciones efectuadas con falsedad en contra de su persona”.

No me cabe la menor duda que la Procuraduría General de Justicia del Estado arrumbará las denuncias por falta de pruebas, pero principalmente porque los acusados son intocables, y en breve nadie se acordará del incidente. El más perjudicado en todo este chismerío es el gobernador del estado porque se le suma otro escándalo a la larga lista de acusaciones dirigidas en contra de algunos miembros de su familia por aprovecharse del parentesco para hacer negocios. El hermano incómodo confesó estar distanciado del gobernador pues desde hace cuatro años que no lo ve, aunque aseguró que se siguen queriendo. El altercado le ha permitido al también odontólogo, con especialidad en cirugía oral y maxilofacial, señalar los vacíos de poder, el uso político que se hace de la justicia y denunciar las amenazas que ha recibido en este asunto y las que recibió por parte de la organización criminal de los "Z" por los señalamientos que hizo con motivo de la autorización del desarrollo urbanístico el Gran Peñón. Resulta difícil de creer que el doctor Martín Toranzo haya sido el único denunciante que recibió amenazas por parte de ese grupo delictivo cuando los ilícitos en los que incurrieron los fraccionadores los tratamos varios columnistas y periodistas de "Pulso", en el que revelamos sus nombres y el de los funcionarios que intervinieron en su fraudulenta autorización.

Retador, directo, guasón, seguro de sí mismo, ameno, homofóbico, protagonista, insolente y sin respetar los cánones y lineamientos de lo que debería ser una entrevista seria, despotricó contra su hermano, cuñada, vocero, secretario y subsecretario de gobierno. Todo un espectáculo que se difunde con profusión y se disfruta en un video a través de las redes sociales, y que exhibe la decadencia de un gobierno en picada.

Si la Auditoría Superior del Estado o la Contraloría del gobierno estatal tuvieran un mínimo de credibilidad y no fueran las encubridores oficiales de los ilícitos que observan al revisar las cuentas públicas que auditan, podrían determinar en uno o dos días si las características y calidad de la obra que se adjudicó a la constructora corresponden al precio que se pagó. También podrían calcular el margen de utilidad que obtuvo y si éste fue racional o desproporcionado como para repartir 2 millones 900 mil pesos por concepto de "mordidas". Es muy difícil que el adjudicatario por licitación de una obra de esa cuantía, en la que se presentan otros competidores, obtenga ganancias superiores al 10% del valor de la operación. Si el auditor concluyera que el precio que pagó la Comisión Estatal del Agua no corresponde ni remotamente al valor de la obra, habría elementos para empezar a creer que algo turbio existió en la operación, y en todo caso las responsabilidades caerían principalmente sobre las personas que adjudicaron la obra. Todo mundo sabe que los sobornos se pagan en efectivo y se entregan en un sobre cerrado por si alguien está filmando al receptor, y la mayoría de las veces, la operación se realiza a través de una tercera persona. Nadie deja pistas documentales, pues el beneficiario tendría que ser un novato, sin maldad alguna para depositar esa suma en una cuenta bancaria a su nombre o en alguna de las de sus parientes o amigos que pudieran involucrarlo. Puede ser que Naif Kury se haya comunicado con el ex director de los parques Tangamanga y le haya pedido en son de broma que compartiera el botín pero sin la verdadera intención de obtener un lucro e intimidarlo y sin contar con pruebas para incriminarlo, si acaso fundado en la versión de algún constructor dolido que perdió la licitación y fue a quejarse. Tendría que ser un suicida, conociendo a Martín Toranzo, el que se atreviera en serio a extorsionarlo. Tampoco podemos esperar nada del inútil e inoperante Consejo Ciudadano de Transparencia que debería ser el principal interesado en investigar la licitación, la invitación restringida o la adjudicación directa de la obra, aunque no me extrañaría que la constructora saltándose las trancas se haya hecho del negocio a través de esta última modalidad con la complicidad del organismo público gubernamental. 

Los desagradecidos

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Al "Chiquilín", el último de los mohicanos

Lo van a extrañar. Los ingratos dirigentes de los partidos políticos pronto lo echarán de menos. Es incomprensible que se hayan opuesto de manera tan radical a que Rodolfo Aguilar Gallegos ocupara de nuevo la presidencia del máximo organismo electoral del estado, cuando a todos nos consta lo mucho que les sirvió. Difícilmente se van a encontrar a otra autoridad electoral igual de dócil, servicial y encubridora que el ahora denostado ex presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Si Rodolfo Aguilar tuviera un mínimo de dignidad habría rechazado el nombramiento de consejero electoral que a través de turbias negociaciones y como premio de consolación le concedieron, cuando todo indicaba que había sido designado como presidente del ahora Organismo Público Local Electoral del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí (OPLE). Al aceptar el cargo debió por lo menos explicar en un desplegado los motivos de su degradación y los nombres y acciones de cada uno de los que intervinieron en el golpe. No recuerdo otro caso en el que los tres principales partidos políticos hayan coincidido en impugnar a un candidato a ocupar un cargo público y lo hayan manifestado a través de un medio impreso de circulación nacional que suscribieron sus dirigentes estatales.

El gobernador del estado es uno de los principales beneficiarios que no quiere acordarse de los favores recibidos por Aguilar Gallegos. Es un malagradecido pues está en deuda con el ex presidente del CEEPAC quien le permitió excederse en los gastos de campaña autorizados para la elección de gobernador en el 2009 y no ser sancionado. Calculamos que tanto él, como Alejandro Zapata, sobrepasaron en más de cuatro veces el tope permitido. En el informe de egresos que presentaron sus partidos omitieron una serie de eventos que no fueron contabilizados. La equidad democrática se perdió y era causa suficiente para que los tribunales declararan la invalidez de todo el proceso.  Aguilar Gallegos, como el resto de los consejeros toleraron éste y todos los abusos en los que incurrieron. Se le olvidó también que para reconocer su triunfo electoral, Aguilar Gallegos tuvo que violar el acuerdo que se tomó en el Pleno del Consejo en el sentido de que no se daría a conocer el resultado de la elección sino hasta que se avanzara en el conteo oficial que se iniciaría hasta el miércoles 8 de julio. No obstante, unas cuantas horas después de la jornada electoral y a pesar de que los resultados que arrojó el PREP fueron declarados inválidos porque se les "cayó" el sistema, ofreció una rueda de prensa en la que declaró una ventaja creciente a favor del doctor sobre el panista, con una diferencia irreversible de tres puntos porcentuales.

Desde la contienda interna del 2009 observamos que el CEEPAC aceptaría cualquier informe, el que fuera, como el que presentó el PRI en el que aseguraba que la victoria de Toranzo sobre sus compañeros priistas le había costado 222 mil 600 pesos; o la de Zapata, en la que sus financiadores habían aportado 1 millón 225 mil pesos, cuando todos fuimos testigos del derroche que hubo. Sólo los 200 mil pendones que colgó Zapata en todo el territorio potosino para la elección del 5 de julio de 2009 se calcula que tuvieron un costo superior a los 14 millones de pesos, cuando el tope de los gastos de campaña no debía rebasar esa suma. En su cuentapública del 2007 se le fincaron al CEEPAC 37 observaciones cuantitativas, de las cuales le borraron 15 injustificadamente porque a juicio de los auditores quedaban aclaradas. El ocultamiento de los ilícitos de la cuenta pública de Aguilar fracasó porque un grupo de indignados auditores no lo permitió al filtrar a “Pulso” el trabajo que habían realizado algunos de sus compañeros.

Celebramos que haya abortado el intento de apropiación del máximo organismo electoral del estado por parte de un individuo que desvirtuó su naturaleza y que sólo sirvió para encubrir los ilícitos de los dirigentes de los partidos políticos y sus candidatos, aunque lamentamos que para esto se hayan valido de medios poco ortodoxos como desempolvar un expediente administrativo en el que todos los integrantes del Consejo también sería responsable del delito de uso indebido de la función pública por un asunto menor que se tipificó en este caso y que probablemente estaba prescrito, así como conseguir una orden de aprehensión que dieron a conocer unas horas antes de que los consejeros del INE formalizaran el nombramiento, violando la secrecía del proceso penal y dándole oportunidad al inculpado de ampararse. Había causales más civilizados para detenerlo pero no les convenía ventilarlas porque saldrían a flote los ilícitos de los partidos y sus dirigentes. Seguramente que para llegar a estos extremos se trató de negociar con el ahora consejero ciudadano para que declinara en sus pretensiones y se conformara con una posición menor, y no aceptó, confiado en las influencias de su patrocinador y amigo que le ordenó aguantar vara, asegurándole que lo duro y tupido de la oposición pronto pasaría. 

Cómo haya sido, por las buenas o por las malas, lo cierto es que los dirigentes de los partidos políticos y los operadores del gobierno del estado pararon en seco un proyecto con el que se pretendía apoderarse una vez más de una institución que tanto nos costó a los potosinos, y que, sin duda alguna, es la aportación más valiosa que hemos hecho al país en materia de democracia. Sería de esperarse que después de la humillante afrenta que sufrió Rodolfo Aguilar por parte de los dirigentes de los partidos políticos rompa con éstos cualquier compromiso y se comporte como un estricto y celoso vigilante de los intereses de la ciudadanía en el Consejo Estatal Electoral. Sus conocimientos y experiencias en la materia podrían ser de mucha utilidad para ponerlos en orden. Como ningún otro consejero conoce los vericuetos y trampas que utilizan para burlar los topes de campaña y presentar informes y comprobantes falsos de los recursos que reciben por concepto de financiamiento público y privado.