Las sombras de las luminarias

Por Eduardo Martínez Benavente

El candidato que resulte electo como presidente municipal de la capital debe entrevistarse de inmediato con el alcalde Mario García Valdez para pedirle que detenga el inicio de las operaciones para el cambio y mantenimiento de las más de 47 mil lámparas actuales de vapor por las luminarias de tecnología LED que pretende instalar en la ciudad, porque existen muchos puntos oscuros que deben revisarse en el contrato que celebró el Ayuntamiento de San Luis Potosí con la sociedad mercantil Panavi, S.A. de C.V., en conjunto con las empresas Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C. V. y Centro de Distribución Energético, S.A. de C. V.  Se trata de un compromiso que trasciende a las cinco siguientes administraciones y que compromete las finanzas municipales por un monto de 1,301 millones de pesos que deberá cubrirse mediante el pago de 180 mensualidades.

Ya no le corresponde al ex rector autorizar el arranque de las obras en el ocaso de su trienio, que están anunciadas para la segunda quincena de junio, y menos cuando deja unas finanzas desechas y muchas cuentas pendientes de pagar y aclarar. Por un mínimo de respeto político y transparencia debe abstenerse. La empresa beneficiada mediante una licitación pública nacional hecha a la medida de sus intereses para excluir a la competencia, y en la que resultó ser la única postora, le bastó manifestar que su inversión total ascendería a la suma 657 millones de pesos, sin que nadie lo verificara, para que el Cabildo municipal y el Congreso del Estado le autorizaran una propuesta por el doble de su inversión. Los recursos comprometidos rebasan con mucho el margen de utilidad de una operación mercantil razonable y decente. A nadie más se le dio la oportunidad de presentar una cotización. En el acto de Presentación y Apertura de Propuestas se descalificó a la otra licitante, por lo que sólo se recibió la propuesta de Panavi.  Sin embargo, existía una alternativa denominada "escenario 2", en el que el Ayuntamiento con la infraestructura y personal capacitado con el que cuenta, y con 300 millones de pesos de un crédito que le hubieran autorizado a pagar en 15 años, podría haber hecho el cambio de las luminarias a un costo abismalmente más económico. Se habían calculado 15 pagos anuales de 20 millones de pesos cada uno, en el que estaban incluidos los intereses correspondientes. No creo que para los más de 50 empleados del departamento de alumbrado público hubiera representado mayor problema cambiar ese número de lámparas y darles mantenimiento.

Tengo que reconocer que no se pactaron anticipos para el prestador de los servicios ni más garantías de pago que el compromiso del cabildo de aprobar en el presupuesto de egresos de los siguientes 15 años la partida presupuestal correspondiente. También se estableció que la empresa debe garantizar el funcionamiento de sus productos contra vicios ocultos, defectos de fabricación, descargas eléctricas, por lo que en caso de cualquier anomalía, descompostura y hasta actos de vandalismo que ocasionaran la pérdida del funcionamiento de la luminaria, el proveedor adjudicado deberá reemplazarlas en un plazo no mayor de siete días. Se les exigió a los participantes que la inversión debía ser con recursos propios, pues tenían que demostrar que poseen capacidad total para el financiamiento de las luminarias, y por lo tanto le quedaba prohibido contraer cualquier empréstito.  

El Ayuntamiento manifestó en la solicitud que envió al Congreso del Estado para obtener la autorización correspondiente que durante el 2013 pagó a la Comisión Federal de Electricidad, por concepto de energía eléctrica del alumbrado público, entre 100 y 105 millones de pesos, a lo que habría que sumarle otros 15 millones de pesos por concepto de mantenimiento. Esto no es cierto, pues en los informes financieros trimestrales de 2010 a 2013 aparece el pago por concepto de energía eléctrica separado del pago del alumbrado público, y en la solicitud que presentan muestran dolosamente un sólo concepto como "energía eléctrica" del consumo total de 2014 por 112 millones de pesos. El Ayuntamiento paga diferentes recibos de la luz por alumbrado público y por sus oficinas y otros inmuebles de su propiedad.

El ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona, fue el que inició el cambio de luminarias en la entidad hace un año. En la cabecera municipal se han instalado 16 mil luminarias. No conozco el contrato, pero según la publicidad generada por su área de comunicación social, el costo fue de 160 millones de pesos. Si esa cantidad incluye intereses, el valor unitario de cada luminaria sería de diez mil pesos en Soledad, mientras que en la capital ascendería a 27 mil 680 pesos. Estas diferencias obligan a revisar la operación.

Para eliminar toda competencia se le pidió a los concursantes, entre otros muchos requisitos, que entregaran un cheque certificado por 75 millones 458 mil pesos, que corresponde al 5% del total de monto ofertado, más el IVA correspondiente, para garantizar la magnitud del proyecto y por tratarse de un servicio municipal que no puede ni debe ser suspendido. Una vez otorgado el fallo el proveedor debió entregar una fianza para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, por el 10% del monto anual contratado a favor del Ayuntamiento.

En otros lugares como Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, Sinaloa, los organismos públicos y partidos políticos han elevado sus voces de protesta debido a la ineficacia de las lámparas LED instaladas por esta empresa a un costo millonario. Denuncia el reconocido periodista sinaloense Gabriel Cota Luque, que los vecinos de los sectores donde se han colocado las luminarias también han mostrado su inconformidad, pues señalan que "no alumbran bien" o que "parecen copechis" (insecto con luz en los ojos que habita en los pueblos de la sierra del estado de Sonora).

Votar o no votar

Por Eduardo Martínez Benavente

Calculo que más del 50% de los electores no concurrirá a las urnas el próximo 7 de junio. Ningún candidato los convence. Todos son iguales para ellos. Es cierto que hay mucho coraje contra los gobiernos de Peña, Toranzo y Mario García y de alguna manera habrá que demostrárselo a los priistas, pero los candidatos de los otros partidos no son ninguna solución a nuestros problemas; por lo que abstenerse de votar parecería ser la mejor opción para este numeroso grupo de ciudadanos. Sin embargo, no es así, como lo explico más adelante. Calculo que unos 70 mil electores podrían anular su voto, muchos de ellos como testimonio de rechazo y hartazgo por los abusos de la clase política. Unos cuantos votarán en el recuadro de los candidatos no registrados. 78 mil de los empadronados, aunque quieran, no podrán hacerlo porque su nombre no aparecerá en la lista nominal de electores. Decenas de miles de indecisos no saben si se presentarán en las urnas, y si lo hacen, no han definido por quién cruzarán la boleta. A estas alturas del proceso electoral no se distingue un claro ganador a la gubernatura del estado, ni a la presidencia municipal de la capital. Las encuestas no son confiables y todas están hechas al gusto del que la paga.

Votar o no votar es el dilema de un gran número de electores. Ese amplio sector de la sociedad es el que definirá el resultado. Creo que la mayoría de los indecisos que salgan a votar lo harán en contra de los candidatos del PRI como castigo por los malos resultados que hemos tenido de los tres niveles de gobierno. El candidato que se alce con la victoria llegará mermado y deslegitimado, para que ni se le ocurra agraviar a los disidentes cuando asuma la gubernatura, pues independientemente del número de votos que obtenga su principal contrincante, que todo indica que serán muy similares a los suyos, habrá que restarle los votos que se dispersarán entre los otros candidatos, más los sufragios nulos y aquellos que se emiten a favor de ciudadanos no registrados; por lo que podemos concluir que de los más de 1 millón 937 potosinos inscritos en el padrón electoral, no más 400 mil -el 20.65%- votará por el candidato que nos gobernará durante los próximos seis años. 

Acción Ciudadana es una organización política sin registro, integrada principalmente por navistas que conjuntamente con otros grupos como Ciudadanos Observando, promueven el voto por los candidatos no registrados porque han considerado que abstenerse o anular el voto favorece a los partidos políticos. Explican en su publicidad que la Ley Electoral del Estado dispone que en la boleta electoral hay dos tipos de opciones para votar: los cuadros correspondientes a los candidatos de los partidos políticos o los independientes y el cuadro para escribir el nombre de un candidato no registrado. Ni el INE ni el CEEPAC han hecho una difusión masiva de esta opción electoral con la que los ciudadanos pueden elegir a sus representantes. La Ley define la "votación emitida" como la suma de "la totalidad de los votos depositados en las urnas", y como "votación válida emitida" la que se obtiene después de restar a la votación emitida, los votos nulos y los anulados. Esto quiere decir que los votos por los candidatos no registrados SI CUENTAN.  

Los autores de esta propuesta plantean un ejercicio de cómo afectaría a los partidos si quienes se abstienen o anulan su voto acudieran a votar por un candidato no registrado, y ponen como ejemplo los resultados de la elección de 2012 en la que el listado nominal alcanzó la suma de 1 millón 765 mil 189 electores. Aseguran que si hubieran votado todos, cada partido hubiera requerido 52 mil 956 votos para no perder el registro y sus privilegios. Desgraciadamente, los que no fueron a votar, o al ir anularon su voto redujeron la cuota a 30 mil 862 votos. El Partido del Trabajo y el de Movimiento Ciudadano hubieran desaparecido. Sólo mil 100 electores votaron en aquella ocasión por candidatos no registrados. Peor aún, además de ayudarles a mantener su registro, con todas las prerrogativas económicas que reciben, los abstencionistas y anuladores del voto les ayudaron a contar con diputados plurinominales. Para el CEEPAC la promoción del voto se limita a un "es tu elección, conoce, cuestiona y compara propuestas", como denominan a su campaña, sin orientar al elector sobre las opciones reales que tiene una vez que conoció, cuestionó y comparó propuestas, omitiendo dolosamente la opción de los candidatos no registrados.

Votar por candidatos no registrados es la mejor manera de demostrar nuestra animadversión con los partidos políticos y el instrumento más eficaz para hacerles daño. Un candidato no registrado puede ser cualquier ciudadano al que el elector desee proponer para el cargo que se disputa, basta con escribir su nombre completo en el recuadro especial que se encuentra en la boleta. Pulso advirtió en su edición digital del pasado 15 de mayo, que en las elecciones federales de 2012, San Luis Potosí contabilizó el 8.85% de votos nulos. Sólo por abajo de Chihuahua que sumó el 9% de la votación. En el municipio de Tamazunchale, cabecera del distrito 07, se anuló el 13.4% de los votos, mientras que en el de Xilitla, el porcentaje de anulación fue de 13.68. Un fenómeno inexplicable es el de Huehuetlán. Ahí fue anulado 16.08% de los votos. En todos los casos es un porcentaje muy superior a la media nacional que registró el 4.86% de la votación total emitida. No dudo que muchos de esos votos, siendo válidos, se hayan anulado después de que el elector depositó su boleta en la urna, durante el escrutinio y cómputo en la casilla, o más tarde, en el traslado de las urnas o cuando se resguardaron en las comisiones distritales electorales. Son muchos los votos anulados para aceptar que todos se originaron voluntariamente o por algún error del elector. Los panistas que le anularon un buen número de votos a Alejandro Zapata en la elección interna de ese partido para imponer a su candidata, aprendieron las mañas del PRI y ahora saben cómo defraudar hasta a sus propios compañeros. ¡No anulemos el voto, anulemos a los partidos políticos!

No convencen

Por Eduardo Martínez Benavente

Ninguno de los candidatos con posibilidades reales de acceder a la presidencia municipal ha sabido dirigirse a los electores de una manera franca y convincente. Me refiero a Xavier Azuara, Ricardo Gallardo Juárez y Manuel Lozano Nieto, esperanzados inútilmente en gestionar recursos federales extraordinarios para "sacar al buey de la barranca", pero ninguno con un compromiso o plan de acción para hacerse de recursos propios cobrándole a los principales deudores del impuesto predial y recuperando o negociando las áreas municipales que le han escatimado. La competencia es entre ellos tres. Los otros candidatos son irrelevantes y sólo aspiran a mantener el registro y prebendas de sus partidos; y si acaso a ocupar una regiduría. No hay diferencias de estilos ni propuestas. Todos cuidan y miden lo que dicen. Ninguno ha desmenuzado los pasivos y demás obligaciones que heredarán. No ha habido discusión ni confrontación de ideas. A ninguno se le ocurre decir algo distinto al discurso político tradicional. Ni siquiera han hecho una crítica de la administración del alcalde Mario García Valdez, no obstante que ha fluido valiosa información en virtud de que ya se publicó el informe presupuestalcorrespondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2014, en el que constan las enormes e inexplicables diferencias entre los ingresos y egresos presupuestados y el gasto ejercido.

Los candidatos tampoco han denunciado la conducta irresponsable de los miembros del Cabildo que han permitido tales modificaciones sin haber sido aprobadas. De los dos mil 41 millones de pesos presupuestados originalmente para el 2014, en mayo se aprobó por mayoría una adecuación a 2 mil 286 millones de pesos. Después de aquella sesión, no se volvió a modificar el presupuesto, a pesar de lo cual en el informe se señala como nueva cifra 3 mil 320 millones de pesos, un incremento de casi mil millones de pesos sin que se formalizara en el Cabildo.

No sé si sea por negligencia o encubrimiento, pero el caso es que los candidatos viables han omitido cualquier señalamiento al incremento abismal e ilícito que tuvieron las "ayudas sociales a personas", que de 5 millones 110 mil pesos autorizados saltaron a la exorbitante suma de más de 298 millones de pesos ejercidos. Una cantidad 15 veces mayor al tope de gastos de campaña autorizado al PRI por el CEEPAC para la elección gubernamental. Estoy seguro que ese gasto no aguanta una revisión en la que se acredite que los bienes que se adquirieron     -probablemente despensas- fueron debidamente licitados; y que las pólizas de los cheques expedidos amparan la solicitud, estudio socioeconómico, carta de agradecimiento, recibo e identificación de cada uno de los beneficiarios; como tampoco se justifica el gastó que se ejerció en la difusión de la imagen del ex rector y ex aspirante a la gubernatura del estado, que en el 2014 erogó en radio, televisión y otros medios 63 millones 462 mil pesos, y no los 15 millones 458 mil pesos que le fueron autorizados. Diez millones de pesos menos de lo devengado por el gobierno estatal en ese mismo ejercicio.

Es incuestionable el uso político que hizo García Valdez de las despensas y otras caridades que repartió en esta capital y en Soledad de Graciano Sánchez para integrar una base social que lo apoyara electoralmente en su fallido intento por la gubernatura del estado. El alcalde y tesorero deben responder a una larga lista de gastos desproporcionados, irracionales y fuera de presupuesto que la Auditoría Superior del Estado debe observar en el informe anual correspondiente y que se conocerá unos días antes de la jornada electoral del 7 de junio.

El candidato que resulte electo como presidente municipal presidirá también la Junta de Gobierno del INTERAPAS, que como el Ayuntamiento de San Luis Potosí atraviesa por una situación económica muy complicada. Pronto tendrá que cubrir las contraprestaciones derivadas del contrato de prestación de servicios que celebró con "Mejora Integral de San Luis, S.A. de C.V.", por un valor de 907 millones de pesos, que bajo esa modalidad se privatiza una buena parte de los servicios que le corresponde proporcionar al organismo. También tendrá que cubrir 360 millones de pesos por la conducción y potabilización del agua de El Realito,  con cargo a los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad, correspondiéndole al primero 60 millones anuales por cinco años y al segundo 10 millones al año por seis años. Ninguno de los candidatos ha emitido opinión al respecto, probablemente porque desconocen los compromisos.

En junio de 2013, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, obtuvimos el valor de cada uno de los 100 principales adeudos del servicio de agua potable que sumaban casi 68 millones de pesos. El nombre o denominación de los morosos nos fue negado bajo el argumento de que se trataba de información reservada. Era un listado inútil pues se revelaba el pecado pero no se daba a conocer el nombre del pecador. Insistimos en nuestra solicitud mediante un recurso de queja y el 27 de febrero de 2014, la CEGAIP desclasificó la información que el INTERAPAS había ordenado reservar, conminando al organismo intermunicipal a dar a conocer la identidad de los 100 usuarios con mayores adeudos pues consideró que habían adquirido el carácter de créditos fiscales. Exhibirlos podría haber servido como medida de apremio para que se pusieran al corriente y se incrementara la recaudación.

La CEGAIP resolvió esta semana nuestra solicitud modificando arbitrariamente la resolución anterior, pues ahora argumenta que no existían créditos fiscales firmes en contra de los usuarios, y le da la razón al INTERAPAS, quien fuera de los términos procesales justifica la inexistencia de la información asegurando que no ha iniciado ningún procedimiento coactivo administrativo para recuperar los pasivos, pues invariablemente opta por ejecutar la restricción o suspensión del servicio para ejercer las acciones de cobranza, como medio de coerción para el pago inmediato.

Los punteros

Por Eduardo Martínez Benavente

Es muy frecuente entre los que desempeñan un papel en la política, ya sea como funcionarios, candidatos o periodistas, que pierdan el piso y crean que el resto de los mortales están sintonizados en la misma frecuencia que ellos y, por lo tanto, interesados en conocer y analizar todos los pormenores de las críticas y descalificaciones que intercambian. Si los candidatos al gobierno del estado supieran que solo unas cuantas personas son las que atienden y entienden estos asuntos respirarían a todo pulmón y dejarían de preocuparse. Esta semana me di a la tarea de preguntarle a 49 personas de diferentes estratos sociales que tuve la oportunidad de tratar si se habían enterado del contenido del video que fue difundido a través de la página web de La Jornada San Luis y comentado en varias notas periodísticas y redes sociales, en el que el marido y suegros de la ahora candidata del PAN, Sonia Mendoza, la acusaban de violencia intrafamiliar por haber allanado su domicilio en estado inconveniente y haberlos agredido, advirtiéndonos que la entonces diputada federal era un verdadero peligro, pues "así como anda", si llega al poder sería capaz de ordenar una matanza. 

Sólo 11 de los 49 encuestados conocían el caso y ninguno recordaba alguna propuesta o compromiso concreto de los candidatos. Por supuesto que este sondeo no es ninguna muestra que pueda considerarse suficiente para marcar una tendencia, pero sí nos puede dar una idea del desinterés y hastío de la sociedad a lo que dicen o hacen los actores políticos. Es tan poca la información que permea a otros sectores de la población que no están atentos a estos asuntos que se requeriría de una amplia y machacona difusión en los medios de comunicación para que pudieran enterarse de lo que está sucediendo. Sus preocupaciones son muy diferentes, principalmente económicas y familiares, como la de estirar su raquítico ingreso para poder librar la quincena. Me gustaría que los lectores de esta columna realizaran un ejercicio similar al que comento para que se cercioren del distanciamiento que existe entre la población y la clase política. 

El video que difunde ahora la candidata del PAN con declaraciones de amor conyugal y de concordia con sus suegros para contrarrestar el anterior no es convincente. Cualquiera puede percibir que es actuado y negociado. Sus parientes políticos en ningún momento desmienten la bochornosa denuncia que presentaron ante un noticiero de televisión por cable del altiplano hace cuatro años. Es vana y pueril la réplica con la que la panista pretende mantener oculto su paso por el Poder Judicial: "ya no voy a declarar, me da flojera eso". La senadora con licencia debe entender que estos señalamientos la perseguirán hasta el último día de su mandato, si es que por algún azar del destino alcanza la gubernatura; aunque me queda claro que el PRI, por las buenas o las malas impondrá a su candidato. Es más, por razones de estado no le permitirán que suceda a Toranzo.

Sonia Mendoza deplora los "ataques al respeto a la vida privada", y dramática e indignada alega que se trata de una campaña negra promovida por el PRI. La señora no entiende en dónde empieza la tenue línea que separa la vida privada de la pública de los funcionarios y candidatos a puestos de elección popular. Es cierto que los conflictos personales o familiares caen dentro de la esfera de la privacidad y la secrecía mientras que una de las partes no los hace públicos, pero nunca en este caso, en el que la agresora era una diputada federal que allanó un domicilio y lastimó a sus ocupantes y que ahora pretende gobernarnos. Los ciudadanos tenemos el derecho de conocer la conducta y antecedentes de los gobernantes para no ser engañados, así como verificar que reúnen los requisitos legales y morales para ocupar el cargo. 

No quiero concluir este trabajo sin antes comentar el incidente en el que se vio envuelto el candidato del PRI, Juan Manuel Carreras, el pasado 6 de abril, en la localidad de San Pedro de las Anonas, municipio de Aquismón. En ese evento proselitista, el único que ha tenido cobertura nacional, exhibió su falta de agilidad mental al permitir que el orador, Azael Regalado, se pitorreara de él comparándolo con Nelson Mandela. También se dejó manipular por este charlatán cuando les pidió a los asistentes que levantaran la mano por arriba de la cabeza para recibir su bendición. El candidato no pudo evitar hacer el ridículo y lo obedeció. Es muy probable que haya creído que se trataba de un pastor evangélico, o que éste se haya presentado como tal. Carreras debió haber mostrado, por lo menos, un gesto de disgusto ante los inaceptables elogios que le dirigió y abstenerse de alzar la mano. En el directorio de ministros de culto de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, que cualquiera puede consultar, aparecen 71,485 ministros registrados hasta esta fecha, 32 con el nombre de Azael, pero ninguno se apellida Regalado. El apellido Regalado aparece en 31 ocasiones, pero ninguno con el nombre de Azael. 

Hace unos días recordábamos un grupo de navistas la participación que tuvo Juan Manuel Carreras en el proyecto reeleccionista del ex gobernador interino, Gonzalo Martínez Corbalá, al que se sumó con todo entusiasmo. Se trataba de un ejercicio para medir la reacción nacional de otro intento reeleccionista, el del ex presidente Carlos Salinas que quería hacer lo mismo. Repasamos su paso como secretario de Planeación y Presupuesto de ese gobierno y su estrecho vínculo con los alcaldes que servirían más tarde para impulsar la campaña de su jefe. Desde aquí le preguntamos al ahora candidato del PRI a la gubernatura: ¿qué tanto tuvo que ver con los irresponsables préstamos que se les otorgaron a los presidentes municipales y que arbitraria e ilegalmente les fueron perdonados? Son los empréstitos con los que se inició la escalada de la deuda pública estatal, como en su momento lo denunció el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta.

64 días de silencio

Por Eduardo Martínez Benavente

El 22 de febrero pasado escribí en este mismo espacio sobre la candidata panista a gobernadora Sonia Mendoza Díaz: “Estoy investigando el testimonio de un abogado de mi confianza que me asegura que durante la administración de Horacio Sánchez Unzueta fue cesada como secretaria de estudio y cuenta de la Mesa Penal del Juzgado Mixto de Matehuala, junto con otros funcionarios, cuando se advirtió que había un faltante en las fianzas que se depositaban en esa oficina”. Hasta esta semana, después de 64 días, se hace pública una reacción por parte de la candidata que en aquel momento, según me refirió uno de sus colaboradores, estaba muy complacida con mi texto, que titulé “Sonia… ¿Gobernadora?”. Es probable que Mendoza Díaz haya apostado a que aquella referencia se perdería con el tiempo y ante su falta de elementos con qué desmentir el hecho haya preferido guardar silencio –de la misma forma en que ocultó en sus currículos su paso por el Poder Judicial–, hasta que ese antecedente incómodo para ella comenzó a ganar espacio en los medios. Su reacción no obedece a la necesidad de aclarar el incidente, sino a la de borrarlo de su pasado para que éste no la alcance en sus ambiciones de convertirse en gobernadora.

Pero no es tan fácil eliminar el pasado como lo hizo en sus currículos, incluida la sección “Conóceme” de su sitio oficial de campaña, donde su paso por el Poder Judicial no es mencionado como si fuera un trabajo que le hubiera avergonzado, como tampoco aparece en Wikipedia y en los correspondientes de los sitios del Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por supuesto que tampoco cabe la ingenuidad de creer que un pasado que le incomoda a ese grado, y que hoy reconoce, obligada por las circunstancias, que estuvo dos años laborando en el Poder Judicial, no haya sido motivo para que moviera sus influencias desde los altos cargos que ha tenido, para que el expediente fuera eliminado de los archivos del Poder Judicial, como efectivamente me confirmó un ex magistrado que ocurrió.

Amenazar con recurrir a una demanda por difamación en contra de un trabajo periodístico que no siempre tiene que basarse en pruebas documentales que, en el caso, hay suficientes testimoniales de que el hecho ocurrió y de que las huellas fueron borradas, lejos de hablar de un personaje de trayectoria intachable, muestran a una persona que prefiere recurrir a la intimidación a presentar elementos contundentes que desmientan el hecho. El primer indicio sobre lo ocurrido con las fianzas en Matehuala me fue dado por un abogado de mi confianza, como lo mencioné el 22 de febrero. Tras aquella publicación, lo que han sobrado son testimonios que me han dado personas de Matehuala y de esta ciudad, incluidas algunas que han ocupado cargos en el propio Poder Judicial y la legislatura federal. No sólo refieren el caso de las fianzas, sino otras situaciones que, por prudencia y respeto a la señora, es preferible omitir. Mi encuentro hace unos días con el ex magistrado y su versión sobre el hecho que nos ocupa, coincidente con las que yo ya tenía, significan para mi trabajo periodístico un elemento suficiente para haber hecho pública la versión.

En contraste, que quien aspira a ocupar un cargo de la mayor trascendencia para los potosinos se limite a negar un señalamiento, que tiene la agravante de formar parte de una omisión en sus currículos, y a amenazar con una demanda por difamación exhibe su irresponsabilidad y falta de transparencia ante la ciudadanía que pretende representar. Si tan limpia es su trayectoria, desde el primer momento del señalamiento habría exhibido el documento con el que renunció al Poder Judicial, la aceptación de la misma y el finiquito que le hayan otorgado. Es lamentable que hasta que el señalamiento se convierte en un estorbo para su campaña surja la necesidad, no de aclarar, sino de intimidar para que se olvide la mancha, y poder mantener una propaganda en la que presume una honestidad que, en su fuero interno, sabe que hay muchos, tanto aquí como en Matehuala, que conocen más de un asunto en el que falta a ese valor que presume.

Baste aquí mencionar dos ejemplos recientes: (1) la falsificación de su imagen como una maniobra para darse a conocer, en una clara muestra de que no le importa engañar para favorecer sus ambiciones, y (2) el caso que, en el mismo texto del 22 de febrero, mencioné: La forma en que obtuvo su candidatura, sobre la que incluso hay una resolución judicial que confirma irregularidades en el 18% de la votación interna de su partido y que no anuló el proceso porque no se alcanzó el 20% que establece la ley. “Si la señora Mendoza Díaz fuera una persona con principios y valores éticos y morales no aceptaría el resultado y solicitaría la reposición del proceso electoral porque sabe muy bien que los votos nulos fueron determinantes en el resultado de la votación”, escribí el 22 de febrero y hoy lo reitero. Ahí tuvo una de las mejores oportunidades de demostrar la honestidad de la que presume. No la aprovechó, y al preferir aferrarse a la postulación panista, exhibió que no le importa abrir paso a sus aspiraciones, aunque eso signifique la adopción del cínico “haiga sido como haiga sido” de su compañero de partido, Felipe Calderón. Es insostenible la candidatura de Sonia Mendoza. La violencia familiar que ejerció en contra de su cónyuge y suegros la hacen inelegible. Ante tal emergencia debe ser sustituida por Octavio Pedroza.