¡Ahí vienen los ingleses!

Por Eduardo Martínez Benavente

Los escolares de Estados Unidos recitan un poema sobre la hazaña de Paul Revere, el héroe americano que cabalgó durante la madrugada del 18 de abril de 1775 para alertar a los insurgentes de Lexington, Massachusetts con el grito: ¡The british are coming! ¡The british are coming!, pues se aproximaban las tropas británicas a esa plaza y debían prepararse para la batalla. Lo anterior viene a colación por el posible arribo de 330 ingleses y sus familias a San Luis Potosí ante la inminente clausura de la planta Goodyear en Wolverhampton, Reino Unido. El caso es que a los trabajadores de esa nonagenaria fábrica de neumáticos les están proponiendo emigrar a la capital potosina, en la que se instalará la nueva planta, si quieren mantener sus empleos. No sabemos si la oferta va en serio o si es otra más de las perfidias de sus paisanos para calmar los ánimos de esos centenares de futuros desocupados. 

Según el sensacionalista tabloide británico The Mirror, la propuesta no ha gustado a los trabajadores, como tampoco ha sido del agrado del dirigente cetemista Emilio de Jesús Ramírez, quien ha manifestado que a esa empresa sólo ingresarán los agremiados a su sindicato ante el riesgo de que personas extrañas e incontrolables le alboroten la paz de su gallinero, y sin que se haya concretado la negociación para que la CTM sea la titular de ese contrato colectivo con la empresa. El corresponsal de ese diario viajó a la capital potosina para escribir un reportaje del lugar que les proponen. Describe a San Luis Potosí como una ciudad próspera, llena de historia y bullicio, con centros comerciales como los de ellos y con una población que los recibiría con los brazos abiertos. Con sol garantizado y temperaturas que alcanzan los 37 grados centígrados y con un equipo en segunda división como el de su localidad, en el que no sería necesario asistir al estadio con sombrilla. La parcialidad y exageraciones de su crónica no le permitieron narrar la inseguridad, pobreza y las abismales diferencias sociales que prevalecen en el lugar que visitó. 

De cualquier manera sería ilegal la contratación de ese grupo de asalariados porque la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean; aunque el obstáculo insalvable para que los ingleses se animen a venir a San Luis Potosí es el que se refiere a las remuneraciones salariales porque la Constitución federal dispone que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad, y un obrero inglés gana siete veces más de los 6 mil pesos mensuales que percibe un obrero potosino bien remunerado, pues la mayoría no alcanza ni los dos salarios mínimos diarios. Reducir los gastos de operación pagando salarios bajos y acercarse al mercado americano y a las armadoras de automóviles del centro y bajío del país, son la causa del cierre de la fábrica inglesa y el aliciente para invertir en la capital potosina 550 millones de dólares y crear más de 1,000 empleos directos. Las limitaciones para que los extranjeros trabajen en el país no son aplicables a los directores y administradores de la empresa, siempre y cuando obtengan la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Gobernación. Es muy probable que el gobierno potosino, dentro del paquete de subsidios que otorgó a la empresa se haya comprometido a pagar el terreno, exentarla del pago de impuestos estatales y municipales y cubrir el valor de las becas de capacitación para los futuros operarios, entre otros estímulos. 

El gobernador violó una vez más la Constitución del Estado porque no ordenó la publicación del convenio en el Periódico Oficial. Las cláusulas de confidencialidad no pueden ir por encima de esta norma. No sabemos cuánto pagó por los 405 mil metros cuadrados sobre los que se desarrollará la inversión de la Goodyear, ni de que partida presupuestal dispuso para cubrir ese gasto; aunque parece que las exigencias de nuestros nuevos huéspedes no han sido tan abusivas como las de los alemanes con la BMW. 

Por cierto que el inmueble sobre el que se levantará la llantera tiene un historial de corrupción y defraudación fiscal porque durante la administración de Victoria Labastida se permitió que las propietarias del desarrollo inmobiliario recuperaran las dos superficies de terreno que habían donado al municipio y que sumaban más de 263 mil metros cuadrados, mediante el pago de 8 millones 200 mil pesos, cuando el representante de la empresa en la que participaba el empresario Vicente Rangel Lozano reconoció públicamente que el metro cuadrado lo estaban vendiendo a 29 dólares, la misma cantidad que habían cubierto al municipio, pero en pesos mexicanos. 

El próximo alcalde de la capital tiene materia para reclamar a los propietarios de la inmobiliaria una justa compensación por el precio lesivo y bajo que pagaron por las áreas de donación, con el agravante de que la transacción fue nula de pleno derecho y nunca debió celebrarse porque la Ley de Desarrollo Urbano sólo permite que los fraccionadores recobren los inmuebles que donan a los municipios si cumplen con todos los requisitos de un procedimiento de transferencia, y siempre y cuando la superficie cedida no exceda de 500 metros cuadrados. De haber sido así, el precio que se debía cubrir al municipio por parte del fraccionador sería el mayor que resultara de un avalúo catastral y uno practicado por un perito valuador. Lo que no ocurrió en esta negociación porque el valor lo determinó arbitraria y unilateralmente el representante de las empresas adquirentes. Las dos superficies donadas fueron aceptadas ilegal e irresponsablemente por las administraciones municipales de Octavio Pedroza Gaitán y Jorge Lozano Armengol, una el 31 de agosto de 2004 y la otra el 23 de noviembre de 2003, pues al existir un litigio con un grupo de ejidatarios no se pudieron escriturar ni el municipio estaba en condiciones de tomar posesión de las mismas. Las áreas ofrecidas y aceptadas no se ubicaban dentro de los fraccionamientos autorizados, sino en otro predio sin servicios municipales distinto al de Parque Logístico Interpuerto y Parque Logístico fase II.

Gallardo y las luminarias

Por Eduardo Martínez Benavente

Hasta hace unos días creía que el presidente municipal electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, se había doblado ante el primer enfrentamiento librado con el alcalde Mario García Valdez, desistiéndose del intento de detener la instalación de las 47,861 luminarias de tecnología LEDS por las lámparas de vapor de sodio existentes en la ciudad, que mediante un contrato ilegal y abusivo de prestación de servicios, por un valor de 1,301 millones de pesos, le adjudicó la administración priista a la sociedad mercantil Panevi, única postora de una licitación pública nacional a la que habrían concurrido otros muchos interesados si no le hubieran impuesto a la convocatoria tantos requisitos insalvables; por lo que no hubo oportunidad de conocer otras cotizaciones ni de fraccionar el contrato entre varios proveedores. Todo estaba proyectado para que esta empresa se quedara con el negocio.

Al alcalde se le había advertido que ya no le correspondía formalizar un compromiso de esa naturaleza que trasciende a las cinco siguientes administraciones cuando está a punto de concluir su mandato, siendo a su sucesor al que, en todo caso, le tocaría analizar las ventajas e inconvenientes de esa pesada carga financiera y tomar una decisión con su cabildo; independientemente de que no era un asunto inaplazable que había que resolver de inmediato. El servicio de alumbrado público funciona bien en la ciudad, lo que nos hace sospechar que más de un funcionario pudo haber recibido una tajada del pastel por aterrizar la operación; por más que se argumente el beneficio económico de abaratar el recibo de la luz que paga el municipio a la Comisión Federal de Electricidad. 

Inmediatamente después de haber recibido la constancia de mayoría que lo acreditaba como presidente municipal electo, el soledense le pidió a García Valdez, en términos amenazadores, que suspendiera el proyecto pues no le temblaría la mano si insistía en seguir adelante con el cambio de las luminarias, tras asegurar que estaba pagando 25 mil pesos por cada una, cuando su precio real no correspondía ni a la mitad de esa cifra, y que además seguía endeudando a San Luis. El ex rector no se amedrentó ante la amenaza y en seguida convocó a los directores de los medios de comunicación a una reunión, en la que José Ignacio Nátera Ramírez, representante de la empresa Led Lúmina aseguró que el costo de las luminarias de la capital será menor al que hace más de un año pagó el hijo de Gallardo Juárez en Soledad de Graciano Sánchez, pues calculó que cada una tenía un valor de 35 mil 290 pesos, mientras que el costo de las adquiridas por el ex aspirante a la gubernatura del estado andarían en 23 mil 593 pesos por unidad; y en abono del alcalde potosino, el gerente de la empresa que atenderá a ambos municipios,  explicó que el proyecto era un modelo ejemplar de asociación público-privada, innovador y generador de ahorros millonarios para el municipio que originaría menos contaminación y garantizaría un servicio de calidad.

Parecía que el vulnerable y temido ex presidente municipal de Soledad no insistiría más en su empeño por detener la instalación de las luminarias ante la contundencia de los argumentos expresados por el alcalde y su acompañante. Sin embargo, el 7 de julio, a través de uno de sus operadores políticos presentó una solicitud ante el Congreso del Estado, con la que pretende revocar la autorización que el Poder Legislativo le otorgó al Ayuntamiento capitalino para celebrar el contrato. Se trata de una petición muy bien fundada y motivada en la que el abogado redactor desmenuza y hace pedazos el contrato de prestación de servicios para el cambio y mantenimiento de las luminarias que los diputados deben resolver lo más pronto posible, pues ya se inició la colocación de las nuevas lámparas y si se tardan en dictaminarla se enfrentarían ante hechos consumados imposibles de reparar; por lo que es previsible que en cualquier momento el solicitante interponga un amparo ante el juez de distrito, reclamando a los diputados la inmediata resolución de su petición.

Entre algunas de las causas que generan la revocación de la autorización están las siguientes: El Ayuntamiento no entregó al Legislativo dentro del término establecido en el decreto 953, el nombre de la empresa favorecida por la licitación, ni el contrato y sus anexos  previamente autorizados por los integrantes del Cabildo. El promovente denuncia que la operación es ruinosa para la hacienda municipal porque no obstante que se estableció que el pago total que se haría a la empresa por la prestación del servicio nunca podría ser superior al doble de la inversión que realizara por la colocación de las luminarias; tal condición no fue cumplida porque la empresa incluyó en el precio total el costo de otros conceptos no autorizados como son la instalación y mantenimiento de las mismas que suman más de 158 millones de pesos. Por problemas de espacio no puedo seguir explicando otra docena de motivos que generan la nulidad del contrato.

Hay una gran expectación por lo que va a hacer o dejar de hacer el próximo alcalde de la capital, a quien sus allegados conceptúan como un dirigente autoritario, astuto, trabajador, inflexible y con don de mando; a quien se le puede cincelar aquella expresión totalitaria: "Aquí nada más mis chicharrones truenan". Creo que su administración será un fracaso y muy pronto decepcionará a sus simpatizantes por la sencilla razón de que no hay dinero, y lo que se capte en el 2016 será para cubrir el gasto corriente, pagar pasivos y, si acaso, sostener los deficientes servicios municipales; pero no para mejorarlos y tapar los baches de la ciudad. Los programas asistenciales a que se ha comprometido se verán seriamente afectados por el mismo motivo. El municipio se encuentra en bancarrota y ni él ni nadie podrá hacer mayor cosa si no le cobra a los grandes deudores del impuesto predial y recupera el patrimonio inmobiliario que le han birlado. Nunca podrá enderezar las finanzas públicas con el esquema convencional de ingresos que existe y con la infructuosa política de austeridad que ha anunciado. 

El lado oscuro de Carreras

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Hay dos asuntos que últimamente han sacado de quicio al candidato electo a la gubernatura del estado y ambos tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas. El primero se refiere a su declaración patrimonial que se resiste a dar a conocer y de manera especial el capítulo que contiene el inventario y avalúo de sus bienes inmuebles que fueron machaconamente exhibidos por sus contrincantes políticos durante el pasado proceso electoral como si fueran mal habidos; y eso que no repararon en el valor comercial que deben tener las partes sociales de la boyante sociedad civil denominada Instituto de Educación Productiva (IDEP), que de acuerdo a la escritura constitutiva le pertenecen. En esa ocasión sus rivales políticos le señalaron propiedades que calcularon que podían valer 60 millones de pesos; sin embargo, el candidato del PRI aclaró, que junto con su esposa, el valor de sus inmuebles ascendía a la suma de 13 millones 728 mil pesos, y que no poseía ningún bien que le generara ingresos y pudiera influir en el desempeño de sus funciones. La historia se ventiló en la prensa nacional y en las redes sociales se hizo todo el escándalo que fue posible porque no había dicho la verdad a los electores. Ante tales señalamientos no le quedó más remedio que reconocer que además de los bienes que le publicaban, también era dueño de un condominio en la Ciudad de México y una finca en la capital del estado en la que residía su madre.  

No entiendo qué es lo que motiva al candidato electo a seguir ocultando su declaración patrimonial, si sus activos han sido ampliamente difundidos, a menos que haya omitido otros bienes que no quiere revelar. La revista Forbes México dio a conocer las declaraciones patrimoniales de siete de los nueve candidatos recientemente electos a las gubernaturas de sus estados que promovió el Instituto Mexicano para la Competividad, A.C. (IMCO), junto con destacadas personalidades de la sociedad civil que presentaron la plataforma electrónica CandidatoTrasnsparente.mx (iniciativa #3de3), que buscó que cada candidato pusiera en manos del elector y de la opinión pública información relacionada con tres documentos básicos de interés general: (1) La Declaración patrimonial o carta de compromiso de hacerla pública en caso de resultar electo. Ha transcurrido casi un mes de que el candidato de Fernando Toranzo recibió la constancia de mayoría y sigue sin presentar su declaración patrimonial. El 6 de mayo dirigió un desplegado "A quien corresponda", que publicaron los organizadores del evento, en el que de una manera mañosa y vaga se compromete "ante la ciudadanía en general a que al resultar electo en el cargo para el cual competiré en las próximas elecciones de fecha 7 de junio de 2015, presentaré mis Declaraciones Patrimoniales como Servidor Público durante toda mi administración con apego a los principios de transparencia, legalidad, honestidad y publicidad, conforme lo determinen las leyes y disposiciones aplicables...". 

De esta manera sus declaraciones quedarán en la secrecía de una caja de seguridad a la que nadie, más que el contralor general, puede tener acceso, cuando el reto era la presentación de la declaración de sus bienes ante esa organización ciudadana para hacerla pública, como lo permitieron sus otros siete colegas que aceptaron el desafío. Juan Manuel Carreras es un mal ejemplo para el resto de los funcionarios potosinos porque de igual manera esconderán sus declaraciones patrimoniales en un momento en que la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública son algunas de las demandas más sentidas de la sociedad. 

El ex secretario de Educación Pública presentó el 8 de junio, al día siguiente de la jornada electoral, la información sobre sus intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en sus decisiones públicas como gobernador del estado. (Documento 2). Reconoció en el formulario que CandidatoTrasnsparente.mx subió a su página web, la participación que tuvo como miembro del consejo directivo del Instituto de Educación Productiva, S.C., manifestando bajo protesta de decir verdad no haber recibido remuneración alguna porque se trataba de una función voluntaria. El hermético ex director del Seguro Popular y doctor en derecho por la UNAM ocultó el monto de las remuneraciones que le han correspondido por los diversos cargos públicos que ha desempeñado, no obstante que era un requisito imprescindible para darle sentido a la información solicitada. 

La declaración fiscal de los candidatos electos (Documento 3) es una información incompleta e inútil porque sólo exhibe la carátula del acuse de recibo que expide el Sistema de Administración Tributaria (SAT). En el caso de Juan Manuel Carreras se reporta un saldo a su favor por 21 mil 943 pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2014. No se acompañan los anexos que justifiquen cómo se llegó a esa cifra, ni la relación de ingresos y egresos declarados y menos el monto de los impuestos pagados por el contribuyente.

El gobernador electo, como muestra de su interés por transparentar el gasto público y deslindarse de la política oscurantista de su antecesor, debe ordenar en los primeros días de su mandato que se libere toda la información relacionada con los diversos convenios que el gobierno del estado ha celebrado con distintas empresas. Me refiero a los convenios y obras para la instalación de las plantas de la General Motors, BMW y Goodyear Oxxo, entre otros asuntos, y publicarlos en el Periódico Oficial del Estado, como dispone nuestra Constitución para que sean válidos.

El otro asunto que hizo tambalear al brillante ex alumno de la Escuela Libre de Derecho fue la denuncia que presentó un grupo de senadores panistas por un probable conflicto de interés que se derivó de dos contratos de prestación de servicios en materia de seguridad pública que le fueron asignados directamente a su universidad por parte del gobierno del estado, por un valor de 4 millones 814 mil pesos. A raíz de ese incidente me impresionó una fotografía en la que el candidato del PRI aparece crispado y apretando exageradamente los labios ante las preguntas que le formula un periodista. Sus aclaraciones no fueron satisfactorias para acreditar que su empresa no fue favorecida en su crecimiento mientras fungía como funcionario público federal en el 2012. 

Casi perfecta

Por Eduardo Martínez Benavente

Los diez diputados que votaron en contra del informe final de la auditoría de la cuenta pública estatal del ejercicio fiscal de 2014, practicada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), debieron señalar los casos concretos que no observó el auditor y aquellos sobre los que exista alguna duda. No basta con reprobar el dictamen porque tienen la percepción del que monto observado no corresponde a la realidad con la que los funcionarios públicos manejan el dinero en San Luis Potosí; o porque el resultado es inverosímil, como argumenta el diputado panista Miguel Maza Hernández, quien sólo apunta uno de los actos de corrupciónrecientemente denunciado en la Secretaría de Salud y que no consta en el documento; o porque las observaciones son mínimas, pues explican que no es posible que con un presupuesto cercano a los 34 mil millones de pesos, que en realidad fueron más de 37 mil 500 los que se ejercieron, sólo se hayanobservado 10 millones 906 mil pesos, correspondiendo el 85% del monto anterior a obra pública administrada por Servicios de Salud y el 15% restante a SEDUVOP. Todas las otras oficinas de gobierno resultaron perfectas con cero observaciones financieras. Una de las observaciones administrativas de mayor trascendencia que no quedó solventada es la que se refiere a las retenciones y aportaciones patronales que el gobierno de Toranzo no entregó a la Dirección de Pensiones.

El auditor superior del estado ha sido muy obsequioso con los funcionarios públicos auditados porque les acepta cualquier gasto o comprobante sin analizar la racionalidad del mismo y sin importarle si esa erogación cumple con los compromisos de austeridad que se han establecido. Nos saldría más barato y efectivo eliminar a la ASE y encomendarle esta tarea a despachos externos de contadores, que seguir sosteniendo a un aparato injustificadamente caro e inútil.

Cabe la aclaración que en la muestra anterior no se revisaron los recursos del Ramo 33 y otros programas federales que suman 15 mil millones 800 mil pesos que serán dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación hasta febrero de 2016. Los diputados estaban obligados a denunciar en tribuna los abusos e ilícitos en que incurrió la administración de Fernando Toranzo, quienes por su posición privilegiada tienen acceso inmediato a la información pública gubernamental y atribuciones para llamar a comparecer a cualquier funcionario, quien bajo protesta de decir verdad debe responder a los cuestionamientos que les hagan y aclarar las dudas que existan sobre sus actuaciones.  Era la oportunidad para saber a quién y cómo se le adjudicó la obra de mayor cuantía del sexenio que el auditor no toca en su informe. Me refiero a la preparación, levantamiento y nivelación de las 300 hectáreas sobre las que se asentará la ensambladora de la BMW en el municipio de Villa de Reyes. Es inexplicable que ni los diputados, ni los partidos políticos, ni los organismos empresariales se hayan interesado en conocer los pormenores de esa licitación o adjudicación directa, que de acuerdo al convenioque firmó el gobierno estatal con la empresa alemana vale más de 1 mil millones de pesos. El auditor debió observar que el convenio carece de validez porque no se publicó en el Periódico Oficial del Estado como lo dispone la Constitucióndel Estado, y sin embargo se han erogado cantidades millonarias no presupuestadas para esa inversión a través del Fideicomiso Público del Fondo de Fomento Económico del Estado, cuyo comité técnico preside Fernando Toranzo. Los legisladores debían haber denunciado el desvío de más de 3 mil millones de pesos que reconoce el gobernador del estado que destinó al pago de nómina del magisterio, cuando estaban etiquetados para cubrir otros gastos. El informe no revela el monto del desvío que correspondió al ejercicio fiscal del 2014, ni los programas y obras que se vieron afectados.

La auditoría no hizo una evaluación exhaustiva de los acuerdos tomados por la Comisión Gasto Financiamiento a la que le perdonó todas las observaciones que le hizo. Esta instancia es la responsable de autorizar las ampliaciones presupuestales, que en ese ejercicio ascendieron a miles de millones de pesos. Como tampoco analizó la legalidad y monto de los estímulos y subsidios fiscales que otorgó el gobierno del estado. Si los diputados realmente consideran que el auditor es un falsario y lavador de cuentas deberían promover un juicio político para cesarlo del cargo.

El manejo inmaculado de las finanzas públicas no ocurre ni en Finlandia que es el país con menos corrupción en el planeta. La ausencia de esta calamidad es casi absoluta, pues esta nación encabeza la lista de la honestidad con una calificación de 9,7 sobre un ideal de 10 puntos, según estudios del Foro Económico Mundial y otras 15 instituciones de gran prestigio y seriedad que coinciden. Finlandia es una sociedad participativa y educada, con bajas disparidades de ingresos y salarios adecuados. La corrupción es incidental, no endémica. Es una sociedad con valores éticos y morales que se inculcan desde la niñez, como la moderación, el autocontrol y el bien común que impone límites importantes a la búsqueda de beneficios privados a expensas de otros. No existe analfabetismo. Uno de los últimos casos de corrupción en el gobierno, de escasa trascendencia, ocurrió cuando un grupo de funcionarios del transporte naval aceptó unos pasajes de avión que les obsequiaron unos proveedores de ese organismo. Intervino la Suprema Corte de Justicia y falló en contra de los burócratas. No hubo cárcel, pero fueron despedidos y obligados a devolver el regalo. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto con el estigma social de estar involucrados en un caso de corrupción, resultó muy disuasivo frente a posibles nuevos intentos de cruzar la línea de la legalidad.   

Los diputados, entre las limitadas facultades que les restan en materia de fiscalización, tienen derecho a solicitar los pliegos de las observaciones u hojas de trabajo de los auditores y las pruebas de desahogo que hicieron valer los servidores públicos para reducir o desaparecer los señalamientos de su revisión. Los diputados debieron registrar las múltiples denuncias que se presentan a través de los medios de comunicación y ordenar su investigación. Para eso tienen asesores que los auxilian y cuentan con la infraestructura y personal de sus partidos que, en teoría, deberían estar atentos a todas estas quejas.