La misma historia pero con diferentes actores

SEGUNDA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Es imposible analizar en este espacio todos los asuntos que uno considera de trascendencia dentro del voluminoso informe de la auditoría que la ASE le practicó a la cuenta pública del alcalde Mario García Valdez, sin saturar al lector de números, conceptos y antecedentes que fácilmente lo pueden confundir en este mar de información que suma cientos de observaciones financieras y administrativas detectadas en los primeros 15 meses de su gestión, independientemente de otras operaciones irregulares que se pueden señalar y que no fueron observadas por el auditor. Es tanta la información que se recopila que nos vemos obligados a escoger sólo unos cuantos casos y remitir al lector al portal de Proyecto Tábano que cuenta ya con una copia completa de la auditoría para que la consulte y examine, ante la negativa del Congreso del Estado de subir los dictámenes a su página transparencia.

Todo indica que quienes manejan al auditor superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo, le han ordenado que se ensañe en contra del ex rector para que aborte su proyecto político de alcanzar la gubernatura, pues es inexplicable que las cuentas del Poder Ejecutivo y las de Soledad, que en otra oportunidad analizaremos y que también se pueden consular en la página web de Proyecto Tábano, hayan salido limpias, si acaso con unas cuantas observaciones intrascendentes, lo que el "suavecito" del auditor también podía haber hecho con la de García Valdez. Me sorprende de manera especial el informe final de la auditoría del municipio de Soledad porque en los pliegos de observaciones u hojas de trabajo que hace unos cuantos meses nos hicieron llegar los auditores había asuntos que resultaban imposibles de aclarar, y ahora ni se mencionan.

En los últimos días se ha suscitado un gran revuelo sobre el monto de las compensaciones pagadas a los integrantes del Cabildo. Por una parte la regidora Nadya Edith Rangel niega haber recibido alguna cantidad extra aparte de las percepciones a que tiene derecho, aunque no precisa a cuánto ascienden éstas, y acusa al tesorero José Bolaños de desviar recursos advirtiéndole que interpondrá una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por involucrarla en algo que considera deshonesto. El tesorero, por su parte, niega que los miembros delcabildo hayan recibido  compensaciones adicionales a sus sueldos y que son cifras que dolosamente manejan los medios de comunicación. Lo cierto es, como se puede consultar en las páginas 64 y 65 del informe de la ASE, que el presidente municipal recibió por concepto de compensaciones ordinarias y complementarias durante el 2013, la suma de 1 millón 541 mil 892 pesos; la primera síndico 857 mil 248 pesos; la segunda síndico, una suma ligera e inexplicablemente mayor que la anterior de 867 mil 248 pesos; y 678 mil 083 pesos cada uno de los 15 regidores. Lo que hace un total de 13 millones 314 mil pesos. El auditor no juzga si las remuneraciones son excesivas y si se ajustaron al compromiso de austeridad y racionalidad del gasto público al que se comprometió esta administración, pues sólo advierte que las compensaciones complementarias fueron determinadas y pagadas directamente por la Tesorería Municipal, mismas que fueron incluidas en el pliego de observaciones porque el cálculo de las nóminas le corresponde a la Oficialía Mayor, aunque más adelante señala lo más grave: no se presentó la documentación comprobatoria del gasto.

Para darnos una idea de los excesos en que está incurriendo la administración de Mario García Valdez es necesario comparar el monto total de las compensaciones que pagó el gobierno de Victoria Labastida a su Cabildo en el 2011 (pág. 31),  el último ejercicio de 12 meses, con el del actual alcalde. La auditoría que se practicó ese año registra un egreso total por concepto de compensaciones que ascendió a la suma de 9 millones 742 mil 727 pesos. 3 millones 572 mil pesos menos de lo que cobró el Cabildo del ex rector en el 2013, distribuido de la siguiente manera: la presidente municipal 960 mil 549 pesos; cada síndico 675 mil 939 pesos y un promedio de 530 mil pesos para cada uno de los 14 regidores.

El Ayuntamiento sigue falseando información, pues en el análisis de las cuentas de balance (página 51) considera dentro de las cuentas por cobrar a corto plazo un crédito fiscal que se le exigió a Telmex desde la administración anterior por 533 millones de pesos por concepto de derechos derivados de la introducción, reparación y mantenimiento de sus redes de servicios que fue declarado improcedente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa demanda sólo prosperó un crédito de 108 millones que debe cubrir la empresa al municipio por concepto de derechos por publicidad y anuncios, y que el auditor, en su dictamen, estaba obligado a informar del estado que guarda el litigio y las gestiones se han realizado para recuperar el dinero, en el entendido de que la telefónica otorgó una fianza por ese monto para garantizar el pago que hasta la fecha no se ha hecho efectivo.

Sin embargo, en las cuentas por cobrar a corto plazo no se incluyeron los más de 1 mil 600 millones de pesos que por concepto de Impuesto Predial debían al municipio 80,915 potosinos morosos. Ni siquiera se molestó el auditor en investigar qué gestiones de cobro se habían realizado para recuperar los adeudos de los 5 mayores deudores que juntos debían una cantidad superior a los 177 millones de pesos que era el monto de lo recaudado por este concepto hasta el 31 de enero de 2014.

Pudiera justificarse que el municipio de la capital regale 3 millones 618 mil pesos a los grupos de presión que se plantan en la Plaza de Armas exigiendo obras y servicios para quitárselos de encima; pero es inaceptable que a laBarra de Abogados de San Luis Potosí (pág. 75), a la que pertenece la elite de la abogacía, le done 89 mil pesos como apoyo para que asistan a un congreso nacional y festejen el Día del Abogado. El derroche, la publicidad y el clientelismo son factores sustanciales de la estrategia del alcalde por alcanzar la nominación de su partido a la gubernatura del estado que día a día se le va desvaneciendo.

La misma historia pero con diferentes actores

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

No es un asunto menor el desfavorable resultado de la auditoría que el órgano fiscalizador del Congreso del Estado le practicó al Ayuntamiento de San Luis Potosí por el período que abarca del 1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, y que el tesorero municipal José Bolaños Guangorena trata de justificar argumentando falsamente que es ajeno a ese problema porque las observaciones financieras que se le fincan por el mal manejo de 390 millones de pesos, más las 361 observaciones administrativas que no pudo desahogar se deben a la "pésima" administración anterior, cuando el lapso auditado comprende los primeros 15 meses del gobierno que preside el alcalde Mario García Valdez y no el que estuvo a cargo de la señora Victoria Labastida. 

Tan fácil e irresponsable que es echarle la culpa a otros de los errores e ilícitos en que uno incurre, lo que en este caso es doblemente reprobable porque el tesorero no ha podido solventar las inconsistencias observadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las dos ocasiones que se le concedieron antes de emitir el dictamen. Aunque creo que todo esto no debe preocuparle mayor cosa porque sabe que en la tercera y última oportunidad quedarán desvanecidos ya que el titular de la ASE, en una actitud complaciente y encubridora como la de su antecesor, los ha minimizado a simples errores que se pueden corregir ya que "ni siquiera es por descuido, fue por la necesidad de dinero al encontrar las arcas vacías", como recientemente declaró para tranquilidad del alcalde y tesorero. 

Lo cierto es que el municipio no tiene ni tendrá dinero para reponer los millones de pesos faltantes de los fondos etiquetados que el tesorero se atrevió a tomar y que no se trata de "simples errores" sino de asuntos mucho más graves que no hay manera de corregirlos. Como por ejemplo: los adeudos a proveedores, acreedores, impuestos por pagar, fondos ajenos, cadenas productivas y otros pasivos a corto plazo que suman más de 785 millones de pesos al 31 de diciembre de 2013 (páginas 51 y 52 del informe), más otros 471 millones de deuda bancaria reestructurada a largo plazo. El total de los pasivos asciende a 1 mil 256 millones de pesos, cifra muy superior a los 853 millones que a finales del 2012 se detallaban en la página de transparencia del municipio, y a los casi 730 millones que se reconocían como saldo al 31 de mayo de 2013. Se debe una cantidad considerablemente mayor a la que heredaron de la administración anterior. Los pasivos se han incrementado de una manera irresponsable e impagable y el auditor no los observa ni justifica. Con el agravante de que la línea de crédito que se les otorgó para que arrancara este gobierno debía ser cubierta antes del 31 de diciembre de 2012, pues de lo contrario se convertiría en deuda pública y se requeriría la autorización del Congreso del Estado, y no se hizo. Este otro ilícito tampoco fue observado por el auditor. 

Se perdieron 17 millones 749 mil pesos correspondientes a una reserva de un crédito a favor de Bansi porque el Municipio no gestionó su bonificación y ahora resulta imposible recuperarlo. Hay más de 416 millones de pesos de traspasos bancarios  y disposición de recursos realizados de las cuentas de Ramo 33 a las cuentas de la Tesorería, así como otras movimientos que no fueron reintegradas al término del ejercicio. Lo mismo de lo que se le acusa a la administración Labastidista.

No existe evidencia documental que acredite el destino de los préstamos bancarios a largo plazo que forman parte del crédito de 300 millones de pesos autorizado en la sesión de cabildo del 11 de octubre de 2012. La ASE no ha podido verificar hasta ahora que el municipio haya registrado en su Cuenta Pública la totalidad de las cuentas bancarias utilizadas en el manejo de los recursos obtenidos. Lo mismo de lo que se le acusa al gobierno de Marcelo de los Santos por la dispersión del crédito de los 1,500 millones de pesos que sólo él, Mayorga, Conde, Azuara y Toranzo saben dónde quedaron.

La combativa regidora panista Nadya Edith Rangel Zavala le ha recriminado al tesorero municipal que: "Ya basta de mentiras, Señor tesorero, estamos a mitad del trienio y usted sigue culpando de todo a los funcionarios que ya se fueron, y que deberán pagar por sus propios desvíos en que incurrieron. De no enmendarse las cosas en el actual Ayuntamiento, dentro de año y medio estaremos lamentándonos de otros desfalcos, escandalizados, y persiguiendo a otros malos funcionarios". La regidora se queja en otro comunicado del pasado 29 de mayo que la contralora, el tesorero y el oficial mayor han ignorado al secretario del Ayuntamiento, quien desde el 30 de abril, en sesión de cabildo, dispuso que respondieran a 35 oficios donde se les requiere de información sobre la forma en que están manejando el dinero de los potosinos, sin que le hayan hecho caso.  

Es muy probable que el ex tesorero municipal Juan Ramón Nieto Navarro le haya pedido a su jefe que lo reemplazara de esa responsabilidad y lo ubicara en cualquiera otra área de la administración en la que no manejara dinero porque advirtió desde un principio los problemas en los que se metería por el uso discrecional de los recursos públicos que estaba administrando. Las presiones ejercidas por proveedores y acreedores que exigían sus pagos, la situación financiera del municipio que estuvo a punto de declararse en bancarrota, y el derroche y descontrol presupuestal en que se incurrió porque que no se aplicaron medidas extremas de austeridad que hubieran sido incompatibles con el proyecto político del ex rector los obligaba a cometer toda clase de ilícitos. Era imposible no saltarse las trancas e incurrir permanentemente en desvíos de recursos etiquetados y realizar gastos injustificables tomando dinero de donde hubiera y como se pudiera. Sabía que infringir las estrictas normas de la contabilidad gubernamental que rigen para el manejo de los recursos públicos trae aparejado una serie de responsabilidades y sanciones que en cualquier momento le iban reventar y prefirió dejar el cargo.

LAS REGLAS PARA EL 2015

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE 

Por Eduardo Martínez Benavente

Las reformas constitucionales que aprobó el Congreso del Estado el jueves 29 de mayo eliminan a dos de los nueve consejeros electorales. No se sabe quiénes serán los excluidos. La decisión depende del Instituto Nacional Electoral (INE) que también puede ratificar o separar al resto de los consejeros. Se desaprovechó la oportunidad de legislar en el sentido de que esos cargos, con excepción de la presidencia, fueran honoríficos y sin retribución económica alguna, como era el espíritu de la propuesta original que el doctor Salvador Nava planteó hace más de dos décadas. Las adecuaciones  a la Ley Electoral del Estado deben quedar listas para antes de que concluya el mes de junio a fin de que armonicen con las reformas constitucionales.  

También se tendrá que adecuar la Ley Electoral del Estado a las disposiciones de la Ley General de los Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial el pasado 23 de mayo. Sus normas contienen preceptos novedosos en materia de transparencia, publicidad, fiscalización y financiamiento público que afectarán de manera considerable las finanzas del Estado porque se duplican los recursos ordinarios y extraordinarios que reciben los partidos. Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que se aprobaron en la sesión del pasado 13 de mayo no fueron suficientes para detener esta clase de arbitrariedades, pues en esa ocasión sólo se estableció que las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo del Estado deberían adjuntar para su aprobación, de un dictamen sobre el posible impacto presupuestario que originarían. Todas las otras iniciativas que puedan afectar el presupuesto estatal no requieren de este requisito. La sociedad debe organizarse para que de ninguna manera se paguen esos incrementos.

No me extrañaría que la iniciativa que presentó el diputado panista Alejandro Lozano González para suprimir 6 de las 12 diputaciones plurinominales haya sido desdeñada por absurda e incoherente y por eso ni siquiera se molestaron en desecharla formalmente. Tendríamos que revisar el diario de debates para saber si el legislador defendió su propuesta. Pudo haber sido una buena iniciativa si hubiera planteado una solución integral para evitar la sobre-representación o sub-representación de los partidos políticos en el Poder Legislativo que de aprobarse en los términos solicitados hubiera provocado un grave conflicto político.

Creo que el siguiente ejemplo ilustra lo que podría ocurrir si el PRI ganara la elección de diputados en 14 de los 15 distritos electorales del estado con una ligera ventaja en cada uno de ellos sobre el partido que más se le aproximara, y que éste sólo triunfara en una de esas demarcaciones; de tal manera que el computo final arrojara los siguientes resultados: el PRI se alzaría con el 39% de la votación; el PAN con el 37%; el PRD con el 5%; el Verde con el 4%; Conciencia Popular con el 5%; Morena con el 6%;  Convergencia con el 2.5% y el PT con el 1.5%. Con estos resultados el Congreso del Estado quedaría integrado por 15 diputados priistas que es el máximo que permite la Ley: 14 de mayoría y uno plurinominal. El PAN con dos: uno de mayoría y otro plurinominal; y los otros cuatro partidos a los que se les reconocería una votación superior al 3% les tocaría a cada uno un diputado plurinominal. Que absurdo e injusto sería que con un resultado tan apretado entre el PRI y el PAN, uno sumara 15 diputados y el otro apenas dos en un escenario realista que se puede dar en el proceso electoral del 2015. El PRI representaría el 71.43% de los escaños, un porcentaje muy superior al de los sufragios obtenidos que alcanzarían el 39% de la votación. El PAN, en cambio, lograría el 9.52% de los escaños con el 37% de la votación. En ningún caso, un partido político podrá exceder de ocho puntos porcentuales su representación por ambos principios. El sistema de representación proporcional es el más democrático hasta ahora conocido porque tanto las minorías como las mayorías están representadas equitativamente en el Congreso. No quiero ni imaginarme el pleito que se armaría si el PT y Convergencia superarán también la barrera del 3% de la votación y ya no hubiera diputaciones plurinominales por repartir.

Hasta ahora nos enteramos que el dictamen que se aprobó el 29 de mayo sufrió algunas modificaciones que no han sido oficialmente difundidas por lo que tenemos serias dudas si se realmente se dieron, como es la reelección de diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores que correrán a partir del 2018 y no del 2015, como era la propuesta original; y que la edad mínima para contender por la gubernatura disminuye de 35 a 30 años. 

Con las recientes reformas constitucionales quedan definidas algunas de las reglas del juego para los siguientes procesos electorales. El Tribunal Electoral se reduce a una sola instancia y no dependerá más del Poder Judicial del Estado. Sus integrantes serán designados por el Senado de la República. Se incrementa del 2 al 3 por ciento de la votación válida el porcentaje que deben obtener los partidos políticos para conservar el registro y recibir financiamiento del gobierno del Estado. Se garantiza la paridad de géneros para todas las candidaturas. Se establece como causa de nulidad de una elección el hecho de que algún candidato se exceda en un 5% del monto total autorizado para los gastos de campaña, siempre y cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. Se introduce la noción de máxima publicidad en materia electoral. Queda como una opción y no una obligación el procedimiento para que los partidos políticos puedan realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campañas electorales por conducto del INE. La ley establecerá las materias, requisitos, alcances, términos y procedimientos para llevar a cabo el plebiscito y referendum. Sobre las candidaturas independientes, la reforma constitucional se limita a abrir la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar con ese carácter, no obstante que la Ley Electoral del Estado se reformó desde el 3 de agosto de 2013 precisando todos los requisitos para su funcionamiento que quedaron suficientemente claros y explícitos, aunque muy difíciles de cumplir.

Las reglas del juego para el 2015

Primera parte

Por Eduardo Martínez Benavente

Después de 22 años de que se aprobó la ciudadanización de los organismos electorales somos testigos de las resistencias que existen para limpiar de vicios e injerencias nocivas a las instituciones responsables de organizar los procesos electorales, pues sus integrantes responden a la repartición de un sistema de cuotas entre los principales partidos políticos y a los intereses de los gobernadores; por lo que resulta esperanzador que de ahora en adelante sea una instancia autónoma y federal, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la encargada de designar a los consejeros ciudadanos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y no el Congreso del Estado; y no porque el INE vaya a ser una institución incorruptible e imparcial, sino porque será más cuidadoso en los nombramientos que otorgue y con muy poco interés o ninguno en los asuntos políticos que ocurren en San Luis, pues somos una entidad insignificante y con muy poco peso político a nivel nacional como para preocuparles.

Creo también que si el PAN no se equivoca de candidato a la gubernatura del estado, no se fracciona y aprovecha la desastrosa imagen que proyecta la administración de Fernando Toranzo por su desempeño; puede recuperar esa posición que perdió hace cinco años por la soberbia y errores en que incurrió Alejandro Zapata. Creo que el único panista que puede derrotar al PRI con estas condiciones es Octavio Pedroza, y no porque sea una eminencia política o un exitoso emprendedor, sino porque es el menos malo de los aspirantes de ese partido, y además porque como candidato a senador ganó una elección en el estado. Es más, no me extrañaría que pudiera contender como abanderado de una coalición formada por el PRD y el blanquiazul. La mediocridad de los priistas que se apuntan para ocupar ese cargo es otro factor para la derrota. Ninguno sobresale, independientemente de que en una negociación entre el PAN y el PRI, éste, para no levantarse con "el carro completo" en el 2015 y seguir jugando a la democracia, se podría comprometer a ceder dos o tres gubernaturas absteniéndose de utilizar recursos humanos y económicos ilegales para comprar el voto ciudadano en esas entidades. Ninguno de los aspirantes del PRI vale una misa y son cómodamente canjeables.

Otra reforma electoral a nivel federal que se aplicará para cualquier elección y que debemos aplaudir se deriva del descrédito en el que cayeron los resultados electorales, pues en lo sucesivo será causal de nulidad el hecho de que alguien "adquiera" bajo cualquier concepto cobertura informativa o tiempos de radio y televisión para favorecer a un candidato. Este término había sido eliminado por los diputados en la reciente reforma político electoral en la que sólo habían dejado la palabra "compre", que entrañaba una circunstancia difícil de comprobar. La aplicación de esta reforma que acaba de aprobar el Senado seguramente contribuirá a darle equidad a las contiendas y a dificultar la creación de candidatos vacíos que la radio y televisión proyectan como súper hombres a cambio de poder y dinero. En el ámbito nacional tenemos el ejemplo de Peña Nieto; en el local, los soledenses a Ricardo Gallardo y los de la capital potosina a Mario García Valdez. Sólo falta que nuestras timoratas autoridades se atrevan a aplicar las sanciones.

Las reformas y adiciones a la Constitución del Estado que se aprobaron este jueves revisten una especial importancia para el destino de San Luis Potosí porque permiten la reelección de los diputados hasta por tres períodos consecutivos y el de los presidentes municipales, regidores y síndicos por otros tres años. Esto quiere decir que los que resulten electos el primer domingo de junio del próximo año podrían, en el primer caso, permanecer en sus cargos ininterrumpidamente hasta septiembre de 2027, y los segundos hasta octubre de 2021. Los ciudadanos corremos un enorme riesgo de que funcionarios ineptos y corruptos se eternicen en sus puestos porque a más de un diputado o presidente municipal, con la influencia política y recursos con que cuentan, no se les dificultará manipular a los electores y hacerse de una clientela que les asegure ganar las siguientes elecciones, además  de que a sus contendientes les llevarán una ventaja difícil de superar. Sólo en los países cultos y democráticos se puede justificar la reelección de sus autoridades.

Con la reforma al artículo 138 de la Constitución Política del Estado, aprobada en la sesión del 22 de septiembre de 2011, ya no es necesario que los ayuntamientos se pronuncien a favor o en contra de las adiciones y reformas constitucionales cuando son ordenadas por la Constitución General de la República y deban constar en la Constitución del Estado, pues hasta antes de la reforma se requería para que éstas surtieran efectos, además del voto, cuando menos, de las dos terceras partes de los diputados, el de la mayoría de los ayuntamientos del estado. En esta ocasión les bastó con el voto de más de las dos terceras partes de la Legislatura estatal para que las reformas político electorales que se acaban de aprobar se integraran a la Constitución del Estado. Es cierto que el trámite legislativo era ocioso, pues no recuerdo que alguno hubiera votado en contra de alguno de los dictámenes que recibía, o que por lo menos hubiera argumentado motivos para oponerse o abstenerse, aunque era muy común que por su falta de interés se entretuvieran meses en aprobarlos o simplemente no contestaban los oficios, no obstante que el Congreso del Estado les proporcionaba el texto del acta que había de aprobar en una sesión de cabildo. Creo que algunas de las adicionas y reformas aprobadas esta semana, que se analizarán en las siguientes entregas, no tienen concordancia con las reformas y adiciones que sufrió la Constitución federal, por lo que sería obligatorio someterlas a la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, que de acuerdo a la reforma ocurrida en el 2011 tendrían un plazo no mayor de tres meses para aprobarlas o rechazarlas, pues de no pronunciarse en ese término sus integrantes serían sujetos de responsabilidad administrativas.