Desmenuzando a la víctima

Por Eduardo Martínez Benavente

Todos los actores políticos del estado empequeñecen ante el montón de notas periodísticas -la mayoría negativas- que origina el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, quien ahora se queja de ser víctima de una campaña de desprestigio orquestada por voces que se empeñan en confundir a la población, y cuyas identidades no se atreve a revelar. Es cierto que sus desaciertos lo han convertido en el villano favorito de los medios de comunicación más objetivos e influyentes del estado. Es tanto su protagonismo, tantos sus errores e incongruencias que resulta inevitable analizar sus actuaciones y propuestas; y escribir sobre el empresario soledense con mayor frecuencia que la que uno desearía, pues es la autoridad más cercana a los potosinos. 

Confieso que no tengo nada personal en contra del alcalde, sin embargo, no creo en él. Le reconozco el mérito de haberse convertido en la figura política más relevante de la zona metropolitana de San Luis Potosí, venciendo resistencias y obstáculos como la de haber participado en un proceso electoral con la pena de tener a su hijo encerrado en una cárcel de máxima seguridad y con el temor de que las órdenes de aprehensión se extendieran a otros familiares y colaboradores, así como haber contendido por un partido que hasta hace muy poco era inimaginable que pudiera ganar la alcaldía de la capital. No deja de sorprenderme el fenómeno Gallardo y parece que nada le ha sido fácil. 

Este martes subió a su cuenta personal de Facebook un video en el que lee un mensaje quejándose de las críticas que ha recibido. Me parece que es una estrategia tramposa con un discurso que, ante la falta de resultados, busca congraciarse con la clientela que tiene bajo control con las dádivas que ha repartido y a quienes tiene sometidos con la promesa de los garrafones de agua, tortillas baratas, despensas y otras ayudas. Ante ellos se hace la víctima con la afirmación de que "mi gobierno es revisado con lupa con intereses que buscan cuestionar y descalificar todo lo que hace el Ayuntamiento". 

Es tramposa la estrategia porque en otro video, que publicó el 3 de noviembre, afirma que “en este gobierno no se despilfarrará el dinero en publicidad para mi persona o para mi administración”. Un hecho es que lo está haciendo por vías distintas, pero seguramente igual de onerosas. A partir de que tomó posesión ha publicado en su cuenta de Facebook 19 videos, cuya producción no es gratuita y menos los "me gusta" y comentarios zalameros que recibe. En 12 de ellos, él es la figura central con un afán protagónico en el que destaca el del 24 de octubre, de apenas 23 segundos, en el que sólo pronunció las siguientes 52 palabras: “Ciudadanos, buenas tardes. Les habla su amigo Ricardo Gallardo para comunicarles, me da gusto, que este huracán ha sido benigno y qué bueno, demos gracias a Dios y nos seguimos reportando. A continuación por ahí les van a dar detalles de lo que está haciendo su administración. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto”  

Otro elemento, presente en sus videos, es la movilización que hace de sus seguidores para que lo acompañen a sus eventos, lo que tampoco resulta gratis. Vale mencionar los casos de la inauguración del paso peatonal frente a la Plaza Sendero y el inicio de la repavimentación de la Avenida Universidad. Parte de la trampa de su estrategia es que aparentemente no incurre en una promoción personalizada en medios de comunicación, con lo que no estaría violando el artículo 134 de la Constitución federal. Sin embargo, los videos que ha publicado cierran con el logo de su administración, y no sólo incluyen su imagen, sino también su voz, con casos extremos como el que publicó el 6 de octubre, en el que aparece rodeado de gente agradeciendo las “muestras de cariño” por su cumpleaños. En cuanto a lo que señala en los mensajes del 3 y 23 de noviembre, puede decirse que tienen un tono de “curarse en salud”, además de advertencia-amenaza en contra no sólo de quienes no piensen como él sino también de cualquiera que se atreva a revisar sus actos. Aunque dice que acepta la crítica, en el propio mensaje se desmiente. 

Es un mal orador y peor comunicador, y para su desgracia no tiene quien le estructure mensajes consistentes. Nada de lo que afirma lo sustenta con datos específicos, como sí sólo bastara con el hecho de que él lo diga para que todo mundo lo apoye y deba seguirlo. Un mensaje sin fundamentos que apela al fanatismo, cuyas manifestaciones están a la vista, entre las que sobresale el cambio de la denominación de la avenida san Pedro hoy convertida en avenida Ricardo Gallardo Cardona, que promovió a pesar de las innumerables críticas recibidas. 

El 24 de noviembre publicó un segundo mensaje con ese mismo tono de confrontación contra enemigos que sólo él pretende señalar como tales, pues las críticas que se le hacen no obedecen a un plan diseñado en su contra, sino a la existencia de conflictos y errores que el mismo ha originado. Lo único que muestra al no aceptar los señalamientos es su carácter autoritario que acredita con sus mensajes y con conductas como la que esta semana le señaló Pulso sobre la falta de licitación de la obra de la avenida Universidad y su ilegal asignación a una de sus constructora favoritas, que no mereció explicación alguna de su parte. 

Adicionalmente, se trata de un discurso oscuro que deja abierto un gran espacio a la ambigüedad y oculta lo que no le conviene. No dice, por ejemplo, en qué ha consistido la limpieza de la casa que lo está logrando “y va muy bien”. Afirma que genera ahorros, gestiona recursos y paga deudas, pero no aporta pruebas al respecto. Ninguna de sus afirmaciones es acompañada por datos concretos, lo que vuelve su discurso amañado y falso. Los videos e imágenes que ha publicado tienen un sentido propagandístico que nos permiten deducir que sólo cambió el estilo de su promoción personal a plataformas distintas a los medios de comunicación convencionales. En resumen, lo que Gallardo hace es una variante de la misma propaganda que lo ha caracterizado y que en su momento le dio tan buenos resultados, sólo que ahora la traslada a cuando menos dos plataformas: las redes sociales vía Internet y la movilización de su clientela a eventos para su promoción personal.

Las declaraciones de Carreras

Por Eduardo Martínez Benavente

Fiel a su estilo de andar de puntillas para pasar inadvertido, Juan Manuel Carreras difundió hace unas semanas un breve y discreto aviso en el que comunicaba que había subido a la página web del gobierno del estado su declaración patrimonial, la de conflicto de intereses y la fiscal; como lo había prometido si resultaba electo gobernador del estado. Creo que a nadie le interesó adentrarse en esas páginas y verificar la información que había soltado, pues el conflicto originado durante el pasado proceso electoral por la inexactitud o falsedad de su declaración patrimonial hizo crisis, y hasta ahí llegó, cuando sus contrincantes políticos exhibieron el inventario y avalúo de sus bienes como si hubieran sido mal adquiridos, denunciando que había omitido declarar otras propiedades y que la valuación de los mismos no correspondía ni remotamente a los valores reales del mercado inmobiliario.

Su declaración patrimonial es oscura e imprecisa porque siendo uno de los asuntos más delicados que se le han señalado debió esmerarse en transparentarla  y proporcionar toda la información actualizada de sus bienes, sin importar que la deficiente normatividad que regula esta obligación no se lo exija. Me refiero principalmente a los inmuebles que ocupan los dos planteles de la Universidad IDEP, el de la calle de Madero y el de la avenida de Venustiano Carranza, que hasta hace poco eran de su propiedad y ahora no aparecen en su inventario. Todo indica que se deshizo de ellos a través de una donación a favor de sus descendientes, así como de las partes sociales que representaba en la sociedad civil propietaria de ese centro educativo. No aclara cuándo formalizó su renuncia a seguir formando parte del consejo directivo de esa institución. Hubiera sido muy ilustrativo que en un anexo aclarara todas esas dudas. 

Salta también la adquisición de su casa habitación ubicada en el Club Campestre de Golf, pues insiste en que el valor de los tres lote de terreno que suman una superficie de 664.87 metros cuadrados, sobre los que está construida, tuvieron un precio de 273 mil 386 pesos, conforme a las tres escrituras públicas de compra venta que celebró hace varios años en distintas fechas. La declaración no precisa la ubicación del inmueble, aunque por los antecedentes del caso podemos concluir que se refiere a esa finca. El  valor de las construcciones no está actualizado pues apunta que tuvieron un costo de 1 millón 764 mil pesos. Reconoce que él y su cónyuge son copropietarios de dos departamentos, uno en la Ciudad de México, adquirido en el 2011, con un costo de 3 millones 291 mil pesos, y otro en San Luis Potosí, en el que no señala el valor porque una mitad indivisa la adquirió por donación y la otra mitad por compra venta, en la que necesariamente se tuvo que pagar un precio. Declara que al 26 de septiembre tenía dos inversiones bancarias, una con un saldo entre 100 mil y 500 mil pesos y la otra con un saldo mayor a medio millón de pesos. Se confirma que no recibió contraprestación alguna por la enajenación de los predios donde se ubican los dos planteles de la Universidad IDEP, pues de lo contrario se verían reflejados esos ingresos en otras inversiones. De la larga lista de inmuebles que le señalaron los panistas durante la contienda electoral sólo quedan tres propiedades a su nombre y al de su cónyuge: su casa habitación y los dos departamentos. En su declaración de conflicto de intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en sus decisiones públicas como gobernador del estado, reconoce la participación accionaria de sus hijos en un sector de la educación. Seguramente se refiere a esa Universidad.

Cabe destacar que cuando se desató el escándalo de su declaración patrimonial, los panistas le señalaron propiedades que calcularon en un valor de 60 millones de pesos, ahora ni a Sonia Mendoza le interesa el tema, sin embargo, el ex candidato del PRI aclaró en esa ocasión que junto con su esposa, el valor de sus inmuebles ascendía a la suma de 13 millones 728 mil pesos, y que no poseía ningún bien que le generara ingresos y que pudiera influir en el desempeño de sus funciones. El ex secretario de Educación Pública sigue sin revelar el monto de las remuneraciones que le han correspondido por los diversos cargos públicos que ha ocupado, no obstante que era un requerimiento medular de la información solicitada por el Instituto Mexicano para la Competividad, A.C. (IMCO),  que junto con otras destacadas personalidades de la sociedad civil presentaron la plataforma electrónica CandidatoTrasnsparente.mx (iniciativa #3de3). En las declaraciones fiscales correspondientes a los ejercicios del 2013 y 2014, no acompaña los anexos que revelen el monto de lo que pagó por concepto de Impuesto sobre la Renta, ni la relación de sus ingresos y egresos. Se trata de dos acuses de recibo de las declaraciones de impuestos federales. La del 2013 reporta una cantidad a pagar por 27 mil 891 pesos; y la del 2014, un saldo a su favor por 21 mil 943 pesos. También manifiesta que no tiene deudas ni vehículos a su nombre o al de su esposa y que el maneje de casa lo estima en un valor de 250 mil pesos. 

Lo anterior viene al caso porque hace dos días el gobierno del estado, a través de la Contraloría General, celebró un Foro Ciudadano de Expertos en Gobierno Abierto, Honesto y Eficaz, en las instalaciones de la CANACINTRA, para integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en el que participé como invitado en la mesa de trabajo denominada "Gobierno Cerrado". En un principio llegué a creer que con esa denominación su subconsciente los había traicionado y que iba a estar acompañado de los personajes más radicales de la ciudad, más cual va siendo mi sorpresa que la formaban principalmente funcionarios de gobierno y de instituciones públicas, algunos, por cierto, con diagnósticos muy acertados. Se escucharon propuestas muy valiosas como la del doctor David Arellano Gault, profesor e investigador del CIDE, que trató el tema de la corrupción, pero que sólo quedarán apiladas en ese montón de planes y programas gubernamentales que nunca aterrizan. Se concluyó que la transparencia gubernamental es uno de los instrumentos más efectivos para combatir la corrupción.  

Se le advirtió que San Luis no es Soledad

Por Eduardo Martínez Benavene

Debe ser muy penoso para un funcionario público como el hiperactivo alcalde capitalino, quien -según sus allegados- no admite réplica ni permite el aplazamiento de la ejecución de las órdenes que dicta, ver que nada o casi nada de lo que ha ofrecido lo ha podido concretar. Son ya muchos los fracasos y contradicciones en que ha incurrido durante los cuarenta y cinco días en que ha estado al frente del Ayuntamiento, que su credibilidad y liderazgo se han visto seriamente dañados. 

Si tuviera como consejero a alguien que actuara con serenidad e inteligencia y le hiciera caso, seguramente le habría recomendado que antes de que le rechazaran su propuesta y sufriera la humillación de la negativa, le pidiera al Cabildo retirar la solicitud que presentó al Congreso del Estado para incrementar los valores catastrales de los inmuebles de la ciudad, ya que era previsible que las comisiones de Hacienda y Desarrollo Municipal se la iban a rechazar porque la oposición era generalizada; y porque se había conducido con falsedad al asegurar que el aumento sólo era del cuatro por ciento para todos predios y, además, porque la iniciativa estaba viciada de origen al haberse omitido un estudio técnico que la justificara; independientemente de que el reclamo ciudadano era y sigue siendo en el sentido de que primero le cobre a los grandes deudores y después le cargue la mano a los contribuyentes cumplidos. 

En Soledad de Graciano Sánchez las circunstancias son muy distintas, ahí gobernaba sin que nadie lo cuestionara, como ocurre ahora con el alcalde que lo sustituyó, quien en el colmo de la adulación que le rinde, y para que a nadie le quepa la menor duda de quién manda en ese territorio, permitió que se insertara en la papelería oficial y publicidad del Ayuntamiento un texto que dice: "UN GOBIERNO CON GALLARDÍA". En Soledad nadie objeta los incrementos catastrales que se solicitan. No sabemos si también fueron rechazados. Que necesario es que la sociedad civil se organice para frenar los excesos de las autoridades. Deben renacer aquellas asociaciones de usuarios de servicios públicos que en las dos primeras décadas de la segunda mitad del siglo pasado existieron en San Luis Potosí para exigir mejores servicios y oponerse a los incrementos en el pago de la luz, agua, predial y transporte. Recordamos con especial afecto a la asociación civil del incansable luchador social, Salomón H. Rangel, la voz que clamaba en el desierto; así como a la "Liga de Propietarios de Predios Urbanos del Estado de San Luis Potosí", que fundó el doctor Mario Tello Campos. Sin la participación ciudadana el descontento es nulo, aislado y fácilmente superado.

La postura del diputado Gerardo Serrano Gaviño, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, responsable de dictaminar la solicitud, era desde un principio en contra de los aumentos, al advertirle a Gallardo que buscara otras estrategias que mejoraran la recaudación, como cobrarle a los grandes deudores, no obstante que su padre es amigo personal y empleado de confianza de Carlos López Medina, y que no recurriera a la aplicación de incrementos que laceran el bolsillo de los potosinos. Sólo con la intervención del gobernador del estado, la mayoría de los diputados podrían votar el próximo jueves en el Pleno en contra del dictamen que rechazó la propuesta municipal y devolverla a comisiones para que emitan una nueva en los términos que se les ordene. No podemos olvidar que el triunfo electoral que le permitió a Juan Manuel Carreras alcanzar la gubernatura del estado se lo debe en buena medida a las negociaciones que celebró con el perredista. Un aumento en los valores catastrales no sólo impactaría en el pago del impuesto predial, sino también en el traslado de dominio, derechos de registro público, expedición de avalúos y hasta en el ISR por la adquisición. 

Muchos de los incrementos a los valores catastrales del suelo aprobados por el Consejo Técnico Catastral (CTC) y por el Cabildo estarían plenamente justificados si se hubiera cumplido con los requisitos que señala la ley de la materia, como serían los que se localizan en el corredor de la avenida Sierra Vista al poniente de ciudad, que aumentarían, según la propuesta, de un mil a tres mil pesos el metro cuadrado; o los del corredor de la avenida Chapultepec, entre Paseo del Pedregal y avenida Sierra Vista que subirían de 2 mil a 3 mil 500 pesos el metro cuadrado. Todavía muy lejos de los valores reales del mercado inmobiliario que es lo que pretende la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado. Por otra parte, hay reducciones a los valores en la zona de los antros que no se pueden justificar, como es el caso del corredor de la Cordillera de los Himalayas, que va de la Cordillera de los Alpes a la avenida Sierra Vista, pues decrecen de 4 mil pesos a 3 mil 500 pesos el metro cuadrado. 

Creo que lo más controvertido y confuso de la iniciativa que rechazaron las comisiones es que en la Minuta de la Reunión de Trabajo del 27 de octubre del CTC que se acompañó, pareciera que quedaron sin efecto los 585 incrementos a los valores unitarios del suelo que también se anexaron a la solicitud, pues el presidente municipal presentó en esa misma sesión una propuesta distinta que no cumplía con los requisitos legales y que fue aprobada por unanimidad. Esta consistía en que sólo habría un incremento general del cuatro por ciento con base al índice inflacionario para todos los predios. No sabemos cuál prevaleció. 

Una buena parte de la culpa de todo este desbarajuste la tienen los integrantes del CTC, cuyos nombres no aparecen en el acta, pues debían saber antes de votar a favor de la ilegal ocurrencia que  presentó el presidente municipal, que la determinación de los valores catastrales del suelo se haría atendiendo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado, que señala, entre otros, los siguientes requisitos: Las características de los servicios públicos y del equipamiento urbano. El estado y tipo de desarrollo urbano, en el cual deberá considerarse el uso actual y potencial del suelo y la uniformidad de los inmuebles edificados y el índice socioeconómico de los habitantes. Nada de esto se cumplió.

Gallardo aumenta el predial 

Por Eduardo Martínez Benavente

A las decenas de miles de propietarios de bienes inmuebles de la capital del estado que aparecen en la lista de deudores del impuesto predial, muchos con varios años de retraso, los tiene sin cuidado si se incrementa la tasa del impuesto y si se actualizan o no los valores unitarios de suelo y construcción de sus inmuebles; pues en ningún caso tienen la menor intención de pagarlo, y cuando se vean obligados a hacerlo porque van a celebrar una operación traslativa de dominio se acogerán a las "ofertas" y descuentos en multas, recargos y actualizaciones que periódicamente promueve el Ayuntamiento de la capital, por cierto, con muy pobres resultados; independientemente de que también podrían obtener otros beneficios porque aquellos créditos que cumplan más de cinco años de antigüedad quedan extinguidos. 

Ante estas circunstancias es preferible evadir las obligaciones fiscales y correr los riesgos que esta acción conlleva, y más cuando está de por medio una autoridad condescendiente e inepta como la municipal. Así de injusta es la política fiscal en San Luis Potosí, pues premia a los incumplidos y castiga con más impuestos a los propietarios que cubren puntualmente sus contribuciones. Reconocemos que los propietarios de viviendas de interés social o popular son los que mejor cumplen con el pago de sus contribuciones, ya que en la mayoría de los casos el impuesto predial que les corresponde se reduce a una cuota anual de cuatro salarios mínimos. Ese sector de la sociedad se verá mínimamente afectado con los nuevos valores catastrales que se proponen. Y como ejemplo podemos citar los siguientes casos: las construcciones catalogadas como habitacional antiguo económico, habitacional moderno de interés social, edificio habitacional económico y medio de cuatro o más niveles, mantendrán, según la propuesta municipal enviada al Congreso del Estado, los mismos valores que han regido durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. No así lo habitacional y comercial moderno bueno, superior y superior de lujo, en el que el metro cuadrado construido se eleva hasta en un 13 por ciento. La construcción comercial especial de lujo se incrementa de 6 mil 804 pesos a 8 mil 350 pesos el metro cuadrado. Se fija un valor de 8 mil pesos el metro cuadrado, el más alto, para los edificios habitacionales antiguos de lujo y para los de más de cuatro niveles que también tengan la característica de especiales de lujo. 

A estos incrementos habría que agregarle el valor del suelo, al que según el acuerdo tomado se le aplicará un aumento general del cuatro por ciento, con base al índice inflacionario, como propuesta ocurrente y cuestionable del presidente municipal, Ricardo Gallardo, por haberse brincado las trancas del procedimiento a que obliga la ley de la materia. Además de que no es cierto que el incremento sea parejo para todos los terrenos de la ciudad, pues en muchos áreas los aumentos resultaron mayores a ese porcentaje, independientemente de que la propuesta debía acompañarse de un estudio técnico que fundara y motivara los incrementos al valor de los solares, lo que únicamente se cumplió con las construcciones; por lo que de conformidad con la nueva ley catastral no tendrán validez y pueden ser impugnados. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Consejo Técnico Catastral del Municipio, el pasado 27 de octubre. La tasa que se aplica para calcular el Impuesto Predial también podría verse incrementada en un cuatro por ciento, si el Congreso del Estado aprueba la iniciativa que presentó el presidente municipal para modificar la Ley de Ingresos. Proyecto Tábano sube a su página web la propuesta municipal con los nuevos valores catastrales y sus anexos.

Dictamen sobre valores catastrales

Propuesta de valores unitarios

Acta de Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez

Decreto 504 Bis

Los diputados deberían rechazar los incrementos que solicita el Ayuntamiento, si antes no acredita que ha hecho un verdadero esfuerzo para que los morosos se pongan al corriente. No estoy en contra de la actualización de los valores catastrales, muchos de ellos desfasados y ridículamente bajos como los terrenos ejidales que se han incorporado al desarrollo urbano, pero estoy en contra de que los incrementos sólo recaigan en ese 60% de propietarios registrados en el padrón catastral que cumple religiosamente con la obligación constitucional de contribuir al gasto público. 

Las omisiones en que incurrieron los diputados para adicionar un párrafo a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Catastro, que les permite a los ayuntamientos presentar su propuesta de nuevos valores unitarios de suelo y construcción hasta el 31 de octubre, y no el 14 de ese mes, y sólo en el primer ejercicio de su administración, les da elementos a los que se puedan sentir afectados para recurrir al juicio de amparo y pedir su nulidad porque no se cumplió con el procedimiento legislativo, ya que innovaron una figura inexistente en la normatividad que rige al Congreso del Estado: los citatorios "a prevención" para las reuniones de comisiones. Fue una forma de evadir la obligación de citar a las comisiones con 48 horas de anticipación, conforme al reglamento del Poder Legislativo, para tratar los asuntos que les son turnados. Un procedimiento ilegal para el que crearon la coartada de citar “a prevención”, que también utilizaron para aprobarle a Juan Manuel Carreras su propuesta de reestructuración de la deuda pública.

Creo que la medida más efectiva para que los morosos acudan a las cajas registradoras a pagar sus adeudos es embargando y rematando las propiedades de algún centenar de los principales deudores y otro tanto de los de en medio, para que con este antecedente y la correspondiente exhibición de estas personas, muchos otros reaccionen y se acerquen a negociar sus pendientes. Los diputados deben entender que el incremento en los valores catastrales, también repercutirá en aumentos en el pago del Impuesto de Traslado de Dominio, en los derechos de Registro Público por la inscripción de esas operaciones, en el pago por la expedición del avalúo y hasta en el Impuesto sobre la Renta, cuando el valor del avalúo resulte mayor al de la operación.