Y al tercer día... reculó

Por Eduardo Martínez Benavente

El acuerdo que tomó el Cabildo capitalino el pasado viernes 4 de marzo para demandar la invalidez y nulidad de los acuerdos de los Cabildos de las cuatro últimas administraciones municipales (2003-2015), que se refieren al cambio de uso de suelo o de densidad de población de 134 inmuebles ubicados principalmente en el poniente de la capital, y en el que se acusa a sus propietarios de haber incurrido en presuntas irregularidades para obtenerlos, no tuvo mayores efectos ni duración, pues tres días después, el siguiente lunes, el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez se desistió de la acción intentada sin siquiera consultar a sus regidores y síndicos "borreguitos". No aguantó las presiones y reclamos de un grupo de abogados y dirigentes empresariales que le advirtieron de las consecuencias que tendría esta decisión y de la incertidumbre jurídica que había provocado, por lo que anunció sin ninguna reserva o condición que "No se verá afectado ningún permiso que ya fue dado en administraciones pasadas para los desarrollos habitacionales o comerciales u otros trámites que fueron librados en aquellas épocas, porque es un derecho que ya ganaron". (Pulso, edición del 8 de marzo de 2016). En la misma entrevista explicaba que "He recibido abogados que han visto la forma de litigar lo que se da de permisos y tienen razón, porque los permisos que ya fueron dados no los puedo cancelar porque el municipio va a perder si demanda y no me puedo meter en esa dinámica".

Este acuerdo, que votaron en contra los regidores del PRI y PAN, no es más que una medida preparatoria para acudir más tarde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y demandar las nulidades. Sus efectos no son inmediatos ni automáticos. Para cada caso en lo específico, debería emitirse la correspondiente resolución que se generaría a partir de este acuerdo y que debe estar debidamente fundado y motivado para que prospere. Por lo pronto el precio de los lotes de terreno señalados han perdido más del 50% de su valor, según el cálculo de un grupo de agentes inmobiliarios que fueron consultados. El principal argumento que sirvió para tomar esta medida es que los permisos fueron emitidos con violación a la Ley de Desarrollo Urbano, mediante los cuales se pretendió modificar el Plan de Centro de Población Estratégico de las ciudades de San Luis Potosí y Soledad, sin la participación de este último Ayuntamiento y la SEDUVOP.  

No es la primera vez en la que el alcalde recula o falla. Estas conductas han ocurrido en repetidas ocasiones hasta convertirse en el sello de la casa, y como ejemplo podemos citar los siguientes casos: 1).- Su iniciativa para incrementar los valores catastrales de los inmuebles de la capital fue desechada por el Congreso del Estado por no cumplir con las formalidades que señala la Ley. 2).- Tuvo que dar marcha atrás a la amenaza de retirar por la fuerza al comercio informal del centro histórico de la ciudad, pues no midió la reacción de los afectados. 3).- Lo mismo ocurrió con el compromiso de cancelar laconcesión de las luminarias otorgada a Panevi. No sabemos qué fue lo que negoció para nunca más volver a tocar el tema, no obstante que había denunciado que esa operación era fraudulenta porque la administración de Mario García Valdés había aceptado pagar más de 1,300 millones de pesos, que ni remotamente corresponden al valor del servicio prestado. 4).- El cobro de los adeudos del Impuesto Predial a los grandes deudores es otro fiasco. Su recuperación no se ha reflejado en los ingresos municipales, no obstante las facilidades y descuentos que se otorgaron. Los pagos que realizó la principal deudora, Inmobiliaria Peña Blanca, durante el mes de enero, de acuerdo a la relación de recibos de entero, suman menos de 652 mil pesos. 5).- No ha podido cobrar un peso de la contraprestación que le corresponde pagar a Aguas del Poniente al municipio por la concesión que usufructúa desde la administración de Jorge Lozano, pues de acuerdo a la información que se obtuvo a través de un peticionario no han podido calcular el monto de los adeudos. 6).- El Rastro TIF no ha iniciado operaciones. Su venta o concesión es otro fracaso pues no se puede concretar porque según el alcalde no se cuenta con 6 millones de pesos para completar la inversión calculada. 

7).- El pleito que sostiene con la empresa Vigue-Red Ambiental está a punto de perderlo. A tal grado que un juez federal amparó a Vigue para que de manera exclusiva proporcione el servicio. Es tal el derrotismo de Gallardo que ordenó la devolución de los camiones que le facilitaron en comodato para atender la emergencia. No sabemos qué es lo que persigue la empresa si el municipio no está dispuesto a pagar el servicio y menos los adeudos acumulados durante la administración de su antecesor. Por lo que no me extrañaría que un juez ordene el embargo de las cuentas bancarias municipales y otros activos.  8).- Es muy probable que el Congreso delEstado niegue la solicitud del Cabildo para cancelar o revocar la concesión a la empresa encargada del servicio de recolección de basura en la capital. La mayoría de los diputados está convencido que no tienen facultades para emitir un dictamen de esta naturaleza. 9).- El presidente municipal no ha conseguido la autorización del gobierno federal para darle un uso distinto al edificio conocido como Subcomandancia Centro, ubicado en la calle de Reforma, no obstante que se comprometió a destinarlo como guardería infantil para los hijos de los policías ante la oposición de los vecinos que no quieren correr riesgos por la inseguridad que representa un sitio como el Charco Verde. 10).- No ha concretado con un acuerdo de Cabildo el compromiso de sus integrantes para que acepten una reducción de hasta el 30 por ciento en sus prestaciones. Debemos reconocer que todos estos ofrecimientos le han servido como publicidad para acaparar la atención de los potosinos y ganar simpatías para su proyecto político reeleccionista, aunque sus desaciertos y mentiras sean mucho mayores que sus pobres y escasos resultados.

Los resabios de un insulto

Por Eduardo Martínez Benavente

Recuerdo que durante la administración del ex gobernador Fernando Toranzo se adquirió, sin haberse licitado, un sofisticado y caro equipo de intervención telefónica a un proveedor ajeno a esta actividad cuyas características fueron dadas a conocer en su momento y que sólo podía utilizarse mediante mandato judicial para investigar asuntos relevantes del crimen organizado, como aquellos vinculados con el narcomenudeo y secuestro. Desde entonces debió quedar bajo el resguardo de la Procuraduría General de Justicia. La adquisición del aparato venía envuelta en un velo de presumible corrupción que nunca fue investigada, no obstante que se trataba de un activo que se pagó con recursos federales.

Es tan fácil y barato hacerse de un equipo para escuchar llamadas que no creo que el aparato que sirvió como herramienta para infiltrarse en las conversaciones del secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, con el director de un medio de comunicación de la huasteca potosina, a principios del 2015, cuando fungía como responsable de los ingresos y egresos del candidato del PRI a la gubernatura del Estado, haya sido el mismo que el que ahora no se atreven a exhibir los funcionarios del área de seguridad estatal. En el internet se ofrecen estos dispositivos entre 5 y 300 mil pesos, dependiendo del tipo de equipo que se pretende instalar. El ocultamiento del interceptor y las contradicciones y mentiras en que han incurrido los representantes del gobierno del estado han prorrogado los efectos de un escándalo político que por su levedad debía haber terminado hace más de una semana, independientemente de que el ofendido no le dio mayor importancia al agravio. Sin embargo, todos los días se suman nuevos elementos que hacen difícil de olvidar la filtración, pero que han servido como distractor de los verdaderos problemas que aquejan a la entidad, como es la preocupación social por el incremento en el número de ejecuciones que han venido ocurriendo.

Creo que alguien próximo a Ugalde fue el que grabó la conversación para más tarde sacarle provecho o cobrarle una cuenta pendiente; pues si se tratara de un complot diseñado especialmente para espiarlo, el operador debía haber estado todo el tiempo escuchando y seleccionando las llamadas hasta obtener la información que realmente lo comprometiera. No podemos olvidar que el ahora responsable de las finanzas públicas del estado, al iniciarse esta administración, exhibió públicamente al ex gobernador Fernando Toranzo como un deudor contumaz e irresponsable que le sumó más de 6 mil millones de pesos a los pasivos que tanto le criticó a Marcelo de los Santos. En un principio estimé que esta denuncia respondía a un rompimiento o por lo menos a un deslinde con el gobierno anterior, pero no, la actitud protectora de Juan Manuel Carreras me indicó que estaba equivocado al asegurar que la deuda era"manejable". Desde entonces no se ha vuelto a tocar el tema de los descomunales pasivos que heredaron y el secretario, que no puede ni quejarse de esta situación, quedó expuesto a toda clase de represalias. Me aseguran que su relación con la mayoría  de los propietarios de los medios de comunicación no es la mejor en este momento, pues no han podido negociar los contratos de prestación de servicios que cada año celebran con el gobierno del estado para darle cobertura noticiosa a sus eventos y reducir o desaparecer las críticas.

No me queda claro si el contador Ugalde se adelantó a que un tercero diera a conocer la conversación en las redes sociales y para eso convocó a una rueda de prensa en la que difundió el audio y denunció que fue dolosamente editado. En todo caso, por los asuntos que manejó durante la contienda electoral parece que no hay más grabaciones, pues si existieran, seguramente habríamos conocido la identidad de los principales cooperadores y el monto real de los recursos que se aportaron. Creo que también habría quedado constancia de los apoyos gubernamentales que ilegalmente recibió el candidato. Los topes autorizados por el Consejo Estatal Electoral para la elección gubernamental fueron rebasados sin ningún recato por Carreras, quien declaró 13millones 868 mil pesos de aportaciones y otro tanto de gastos o egresos; y los auditores del Instituto Nacional Electoral aceptaron sin cuestionamientos sus cifras y no hicieron nada para sancionar a los delincuentes electorales. Ante tal impunidad, Juan Manuel Carreras no le dio ninguna importancia a la advertencia de su tesorero en el sentido de que las miles de camisetas que se repartieron en un evento deportivo en el estadio Alfonso Lastras, con el logotipo del Club Atlético San Luis y su nombre podían ser motivo para cancelar su registro, pues está especialmente prohibido en la Ley Electoral que las personas morales contribuyan a los gastos de campaña, señalándose penas severísimas a los infractores y al candidato beneficiario.

No me cabe la menor duda que la persona que filtró la llamada lo hizo con el propósito de enemistarlo con su jefe para que lo cesara. Sin embargo, no consideró que el carácter apacible y cerebral del gobernador, ajeno a la promoción de conflictos, evitaría el rompimiento. Es obvio que la relación con su empleado quedó definitivamente dañada, por más útil que pueda resultarle en el puesto que desempeña, como lo demostró con la reestructuración de la deuda bancaria que negoció, en la que, en el caso de Santander, logró un ahorro en Flujo de 388 millones de pesos para la presente administración y de 291 millones para el próximo sexenio; y en el crédito de Banorte consiguió un ahorro en Flujo de 576 millones para este sexenio y 630 millones para el siguiente. Lo que se puede corroborar en el informe que rindió al Congreso del Estado, el pasado 28 de diciembre. Independientemente de haber logrado que los diputados aprobaran por unanimidad los presupuestos de ingresos y egresos del 2016.

Es muy incómodo querer aparentar que no pasó nada, por más que los dos jueguen a los desentendidos, pues cada vez que el contador se presente ante su jefe, le vendrá a éste a la cabeza los adjetivos calificativos que le endilgó y la manera como lo festejó con su interlocutor. Aunque creo que los ofensores se equivocaron porque el término correcto para calificar a una persona que no tiene arrojo ni carácter para tomar decisiones difíciles es acusarlo de pusilánime, anodino o negligente, pero no de pendejo, raro o ingenuo; y menos de crecido.