El linchamiento

Por Eduardo Martínez Benavente

Es tan delicada la situación que vive la iglesia católica en San Luis Potosí que ya no le interesa rescatar al presbítero Eduardo Córdoba Bautista del linchamiento al que ha sido sometido. Hoy, su principal preocupación es salvar el prestigio del arzobispo Carlos Cabrero Romero y el de sus antecesores por los enredos y mentiras en que ha incurrido la arquidiócesis potosina que desde la perspectiva de muchos creyentes y no creyentes se comportó como una encubridora del presunto pederasta. El escándalo se les ha complicado enormemente, no dudo que lo conozca el Papa ahora que los dirigentes del clero mexicano se encuentran en Roma, y alcanza ya dimensiones nacionales y hasta internacionales con ingredientes novedosos que se le suman todos los días. Haga lo que haga, diga lo que diga, la sociedad potosina ha declarado culpable al padre Córdoba, y creo que nadie, ni el mismo inculpado que es abogado saldrán en su defensa. Se anuncia que en los próximos días se acumularán otras denuncias de padres de familia de la Colonia El Paseo que aseguran que sus hijos también fueron víctimas de su reprobable conducta. Está acabado y nadie conoce su paradero.

Después de una serie de declaraciones muy desafortunadas, la arquidiócesis potosina no tuvo más remedio que sacrificarlo ante la enorme presión social y mediática que se ha ejercido, y en un hecho inédito, presentar una denuncia penal en su contra ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos que resulten; de lo que nos enteramos los potosinos este jueves en el espacio televiso de Carmen Aristegui en CNN, por voz del rijoso abogado Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México y apoderado legal del arzobispado, quien en esta ocasión se comportó ecuánime y colaborador con la periodista que el vocero eclesial Juan Jesús Priego había calificado hace apenas unas semanas de "sensacionalista", cuando aseguraba que el sacerdote era inocente.

La crisis por la que atraviesa la arquidiócesis potosina es más seria a la que hace poco sufrió por la inculpación de un sacerdote en la violación y muerte de una adolescente dentro de las instalaciones del colegio salesiano, pues en ese caso, muchísimo más grave que este, no había la certeza de su autoría y el acusado no estaba vinculado al alto clero que también lo defendió, y a quien finalmente no se le pudo comprobar el delito, ordenándose su liberación, no obstante los indicios y señalamientos de su presunta culpabilidad.

Tan distinta que hubiera sido la reacción de la sociedad potosina si desde un principio la Iglesia hubiera aceptado lo que el comunicado oficial del pasado lunes trata de explicar en el sentido de que el 28 de noviembre del 2008, antes de que don Carlos Cabrero asumiera el cargo de máxima autoridad religiosa, el sacerdote Eduardo Córdova Bautista fue declarado “no culpable” de los delitos de abuso sexual que se le atribuían, por el Tribunal de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, que es la instancia a la que según el Derecho Canónico le corresponde conocer y enviar el expediente al Vaticano en caso de encontrar elementos para procesarlo, o bien, ordenar su archivo o sobreseimiento por falta de pruebas, que es lo que finalmente ocurrió; pero que tan pronto como llegó a San Luis, el 16 de mayo de 2012, recibió nuevas denuncias en contra del presbítero, con las que "se crearon las condiciones jurídicas y procesales para comprobar el fundamento de los hechos alegados y así fue convenientemente comunicado al Dicasterio competente de la Santa Sede”, que es la instancia en la que se encuentra el expediente para su resolución. Don Carlos no puede regresar de Roma sin una resolución definitiva, aunque no me queda claro si ya la tiene porque su apoderado así lo dio a entender en la entrevista del jueves; de cualquier manera urge que regrese a su sede y pida perdón a las víctimas por haber permitido que un presunto pederasta frecuentara a menores de edad cuando él y sus antecesores conocían sus antecedentes y a la sociedad por los desaciertos en que incurrieron al tratar este caso.

Por conducto de su apoderado nos enteramos que el arzobispado entregó el jueves, a la (PGJE), la información relacionada con el menor que acusa al sacerdote de haber abusado de él en el 2012 en un hotel de la Ciudad de México, que es el caso que detonó el conflicto. No creo que la victima vaya a ratificar la denuncia si no hay de por medio una reparación económica que la complemente. El abogado aseguró que ya dieron a conocer la identidad del adolescente, pero no los hechos que ocurrieron. Lo más seguro es que este caso, como en casi todas las otras denuncias de pederastia que se presentan quede archivada para siempre en los cajones de la impunidad y el olvido.

Los obispos saben que el Papa Francisco ha ordenado que, ante un delito cometido por un religioso que abuse sexualmente de un menor de edad, la víctima, sus padres o las personas a las que les conste el ilícito deben denunciarlo ante el Obispo y éste ante las autoridades civiles y el Vaticano, una vez que haya escuchado al acusado y valorado la solidez de los hechos porque hay que tener en cuenta que ser señalado como infractor no quiere decir que es culpable.

Sólo alguien con las habilidades que caracterizan al padre Córdoba pudo haberse mantenido durante tantos años en el círculo de confianza y cercanía de los tres arzobispos que conviven con nosotros y a los que sirvió, no obstante que conocían las denuncias que por abusos sexuales pesaban en su contra. Seguramente que siempre los negó. Durante el gobierno de don Luis Morales Reyes, el Tribunal local de la Arquidiócesis reconoció su inocencia. Es muy probable que el arzobispo emérito haya calculado los daños que le causaría a la iglesia potosina un escándalo de esas dimensiones si se reconocía su conducta delictiva y prefirió encubrirlo, declarando el Tribunal local su inocencia. De esta manera la denuncia no se turnó a Roma y se le dio carpetazo. El actual arzobispo heredó el problema, aunque permitió que el presunto delincuente siguiera apareciendo públicamente con él y fungiendo como representante legal de la arquidiócesis. Sin embargo, actuó e integró el expediente, enviándolo a la Santa Sede para que decidiera la suerte del procesado y mientras tanto lo suspendió de sus actividades ministeriales y administrativas.

Pasaron inadvertidos

Por Eduardo Martínez Benavente

No hay crónica legislativa. La información que fluye del Congreso del Estado se centra principalmente en los abusos, chismes y conductas reprobables de los legisladores. Estamos acostumbrados a escuchar y leer las críticas que les dirigen con motivo de sus percepciones, gastos, ausencias, viajes, desplantes y actividades promocionales, pero muy poco de su trabajo legislativo. El repudio de la población es generalizado. No obstante, todos quisieran ser diputados. Muy pocas veces se difunden sus iniciativas y dictámenes. Ni siquiera una síntesis o un comentario. Algunos de enorme importancia para nuestra vida social, política y económica como los que acaban de ser aprobados y que pasaron inadvertidos. Aunque nos debemos de perder de vista que los diputados que las suscriben no son los verdaderos autores o redactores de esos documentos. El trabajo es obra de los despachos de abogados que contratan, de algunos asesores y de los funcionarios del Instituto de Investigaciones Legislativas del propio Congreso, o bien, producto de inocultables plagios de leyes de otros estados y países. Por eso cualquier inepto puede llegar a ser diputado, pues no se requieren mayores conocimientos que saber leer y escribir. Todos conocemos los alcances y cultura jurídica de nuestros representantes y sabemos que con excepción de uno o dos, ningún otro es capaz siquiera de redactar uno de los artículos de las propuestas que presumen como propias; y menos fundar y motivar los dictámenes de las leyes que aprueban o rechazan.

En la Legislatura que me tocó participar (2003-2006) me ofrecían por una módica suma de dinero un paquete de 40 iniciativas de reformas y adiciones a los códigos y leyes del Estado para que figurara como el diputado más productivo por el número de proyectos presentados, a los que sólo les tenía que hacer algunas pequeñas adecuaciones como ordenar la numeración y cambiar el nombre del estado para que no apareciera el de la entidad de origen. Por cierto, hay que reconocer que esa legislatura contó con diputados como Juan Ramiro Robledo, Manuel Medellín, José Luis Ugalde y Oscar Vera que eran capaces de redactar sus propias promociones.

El área de comunicación social del Poder Legislativo es un fracaso. No sabe cómo dar a conocer y difundir los asuntos trascendentes que ahí suceden. Deberían sintetizar y explicar, cada día, por lo menos uno de los decretos aprobados para que los interesados pudieran digerirlos. En la sesión ordinaria y solemne que celebró el Congreso del Estado el martes 13 en Ciudad Valles se aprobaron asuntos tan importantes como la nueva Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que armoniza y homologa la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales; para que de ahora en adelante queden constituidos como entidades paraestatales con personalidad jurídica y patrimonio propios; de tal manera que se abrogan las leyes que actualmente rigen estas materias, así como las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al decreto; y que por su trascendencia merecerían que el Congreso del Estado o la Facultad de Derecho celebraran un foro de análisis en el que se convocara a todos los interesados. Los catastros municipales que no administra el gobierno del Estado seguirán operando como antes y la Ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación.

Otra iniciativa que fue aprobada en esa sesión es una adición a la Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, que es la Ley que rige a los burócratas; en la que se establece que los presidentes municipales y tesoreros están obligados a pagar el importe de los laudos firmes que se hayan originado durante su gestión antes de concluir el trienio, pues de no hacerlo se les fincarán responsabilidades financieras. Esto quiere decir que los créditos laborales no podrán heredarlos a la siguiente administración. Aquí el problema es la insolvencia de los ayuntamientos para hacer frente a esos compromisos, pero es al mismo tiempo un freno para que los alcaldes piensen varias veces las responsabilidades en las que pueden incurrir si despiden injustificadamente a los trabajadores, muchas veces para hacerle espacio a sus amigos y a los que colaboraron en su campaña. La mayoría de los municipios enfrentan enormes pasivos que muchas veces no reportan sus cuentas públicas derivados de las pensiones y el pago de laudos laborales, y que en cualquier momento harán crisis en sus finanzas. Esta legislatura aprobó hace unos meses una reforma en la que el burócrata que demande por despido injustificado sólo podrá recibir los salarios vencidos de un año, independientemente de que el litigio se prolongue por más tiempo; pero si no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagará al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago.

Otra de las reformas y adiciones que se aprobaron se refiere al rezago legislativo de iniciativas de diversos temas que quedan en la congeladora y que a nadie, con excepción de su promovente, les interesa sacar; o alguien, con la influencia y poder necesarios puede detenerlas indefinidamente. El número de iniciativas atoradas desde hace más de 6 meses asciende a 248 y 28 puntos de acuerdo que se irán a la basura. Sucede en muchos casos que la iniciativa es absurda o insustancial y no vale la pena dedicarles una sesión de trabajo en la mesa de las comisiones a las que le corresponde analizar y dictaminar ese asunto. Por lo que se aprobó la figura de la caducidad legislativa, como forma de abortar el proceso. Esto quiere decir que si pasados 6 meses de presentada una iniciativa o punto de acuerdo, no ha sido aprobado o desechado por el Congreso del Estado, se extinguirá el proceso iniciado por el sólo transcurso del tiempo.

¿Petróleo en San Luis?

Por Eduardo Martínez Benavente

La economía no repunta, ni siquiera con el espectacular anuncio que acaba de lanzar el secretario de Hacienda y Crédito Público que prevé una inversión federal  en infraestructura para lo que queda del sexenio de 7.7 billones de pesos en los distintos planes y proyectos que se dan a conocer en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI), y en el que a San Luis Potosí le corresponde una suma difícil de precisar, no obstante que el gobernador del estado -que parece no tener idea de las finanzas públicas- la calcula en unos 35 mil millones de pesos que son los que están expresamente etiquetados, pues no considera las inversiones en las que según el documento participa conjuntamente con el resto de las entidades en una bolsa de dos billones 870 mil millones de pesos destinados al desarrollo de esquemas de financiamiento para la adquisición de nuevas viviendas y apoyos crediticios a trabajadores del sector formal; ni los asignados a programas nacionales de remodelación, construcción y mantenimiento de unidades médicas; así como los recursos dirigidos a actividades turísticas; hidráulicas; y telecomunicaciones y transporte, como el proyecto México Conectado que ofrecerá banda ancha en sitios públicos como escuelas, hospitales, plazas y parques; la instalación de la Red Compartida de Fibra Óptica; paquetes de señalamientos urbanos y el programa nacional de caminos rurales, entre otros muchos.

Habrá que solicitar mayor información para valorar la importancia de cada una de las inversiones y el detalle de las obras y acciones programadas para la entidad.  Nuestro estado congrega al 2.3% de la población nacional y aportó en el 2013 el 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB); de tal manera que, de la inversión billonaria, si se repartiera proporcionalmente entre todas las entidades nos tocarían algo así como 177 mil millones de pesos. La deuda del sector público federal se ha convertido en una bomba de tiempo, y ya es mayor al monto de la inversión programada, pues asciende a la suma de 8 billones 633 mil millones de pesos. Su crecimiento exponencial ha servido principalmente para el cubrir los sobregiros del gobierno y no a inversiones públicas productivas.

Es tal la desconfianza de la población en la política económica del gobierno, tal el descontento por las medidas tributarias impuestas que ni con el monto histórico de las inversiones anunciadas se logró mover a la alza el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Un buen indicador del pesimismo de la clase pudiente. Es más, el anuncio pasó casi inadvertido.

Los planes y proyectos programados para San Luis Potosí deben revisarse. No creo que sean los mejores. Algunos nacieron al calor de los compromisos de la campaña presidencial de Peña Nieto para obtener el voto ciudadano. Por ejemplo, es preferible destinar los 480 millones de pesos presupuestados para el distrito de riego Pujal-Coy en la rehabilitación de vialidades, alumbrado, seguridad pública y transporte de la zona industrial. El Pujal-Coy es un barril sin fondo que se ha caracterizado por su inoperancia y corrupción. Incomparable con la productividad de la zona industrial en la que se genera una cuarta parte del PIB y el 40% de los empleos de área metropolitana.

Aparece en el PNI una partida inexplicable por 21 mil 459 millones de pesos que están proyectados a la exploración y extracción de hidrocarburos en el estado de San Luis Potosí. No sabemos si el destino de esos recursos del sector energía se vayan a orientar a los conceptos antes mencionados o se destinen a la construcción de ductos petroleros, aunque el concepto es muy claro y parece que no caben dudas. Se trataría de una inversión extraordinaria, la más importante y cuantiosa de nuestra historia, que puede responder a las solicitudes que desde diversos frentes se le han planteado al presidente Peña Nieto y al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a fin de incluir en la próxima Reforma Energética un apartado que le dé especial prioridad a rescatar la producción petrolera del municipio de Ebano. Deben existir estudios que justifiquen esa inversión. No han informado qué alcances tienen las reservas en esa región petrolera que comparte con Veracruz. Hasta hace poco sabíamos que los mantos estaban agotados. Ebano merece mejor suerte, pues en 1901 se descubrió en ese municipio uno de los primeros yacimientos petroleros de país llamado La Pez, con una producción de 1,800 barriles diarios, propiedad de una compañía americana. En 1903, la Mexican Petroleum Co. construyó en este lugar la primera refinería dedicada a la producción de asfalto. 

Hay otra inversión programada por 250 millones de pesos que debe revisarse destinada a rehabilitar, recuperar y conservar con el gobierno estatal el Centro Histórico de la capital del estado, pues según la información que se ha dado a conocer, parte de esos recursos se erogarían en la construcción de una biblioteca  -que desgraciadamente muy pocos utilizan- y en un centro de convenciones ubicado en la alameda Juan Sarabia. La obra más urgente para reanimar a este sector de la ciudad es la construcción de dos o tres estacionamientos. Sin estos espacios el centro histórico no tiene futuro.

Se autorizó una partida por 513 millones de pesos para cubrir la parte que le corresponde a la federación en la construcción de 15.6 km del libramiento norponiente que unirá la salida a Matehuala con la carretera libre a Jalisco, sin cruzar la zona urbana de la ciudad que tendrá una longitud de 56 km. La concesionaria de esa vía, una empresa de Vicente Rangel Lozano, se supone que aportará el resto de los recursos cuyo monto no se precisa en el documento. Como tampoco se define si recibirá más aportaciones federales por los otros 40.4 kilómetros. Lo mismo ocurre con los concesionarios del aeropuerto de San Luis que recibirán 3 millones de pesos para su modernización. Se desconoce la cantidad que les corresponde aportar. Se destinan 2 mil 125 millones de pesos para la construcción del libramiento Ciudad Valles y Tamuín, con una longitud de 33.4 kilómetros. Las inversiones deben iniciarse de inmediato para sacar al país de la recesión en la que está sumido.