Después no vale quejarse

A la memoria del notario Alfonso Leal Varela, hombre íntegro

Por Eduardo Martínez Benavente

En un arranque de desahogo o sinceridad, el presidente municipal Mario García Valdez reconocióel pasado 3 de marzo, ante un grupo de empresarios con los que se reunió, que "literalmente el Ayuntamiento está quebrado" y que la alcaldía deberá pagar cuando menos 580 millones de pesos antes de que concluya el trienio. En el audio que ha sido ampliamente difundido advirtió que por falta de dinero no se realizarán más obras que las que corran a cargo de la federación y que las finanzas del gobierno del estado están en iguales condiciones que las suyas.

El candidato que resulte electo como presidente municipal queda advertido que recibirá un municipio en bancarrota y que su principal preocupación será la de administrar las penurias y pasivos que le dejen, por lo que cualquier queja con la que pretenda justificar su inoperancia y fracaso será inútil e inaceptable. El próximo alcalde debe saber que los proveedores ya no le surten al municipio a menos que pague por adelantado. Que los acreedores lo abruman todos los días exigiendo sus pagos. Debe saber que ya no es sujeto de crédito para contraer nuevos empréstitos. Debe saber que enfrentará una situación de desastre, y si no lo sabe es mejor que analice la dimensión y gravedad del problema para que más adelante no se lleve la sorpresa de su vida. También debe entender que ni la federación ni el gobierno del estado, ni nadie saldrá en su ayuda, y que su paso por el ayuntamiento será su tumba política y el causante de su desprestigio y rechazo social. Pero si alguno tiene la menor duda de que esto pueda ocurrir, le recomiendo que le pregunte al actual alcalde, a Victoria Labastida y al ex panista Jorge Lozano cómo les ha ido. Sólo un irresponsable, un soñador, un masoquista o un corrupto que quiera sacar provecho de las miserias que se administran podría aspirar a un cargo de tal naturaleza en estas condiciones.

Que útil sería para la credibilidad del proceso electoral y para que los electores contaran con elementos de peso para elegir a la mejor opción que los candidatos debatieran sobre la situación real del municipio analizando sus informes financieros y la enorme lista de pendientes y obligaciones que tienen encima, así como las limitaciones presupuestales a las que el alcalde tendrá que enfrentarse, en lugar de hacer falsas y rutinarias promesas de campaña. Que propusieran una solución justa a la ocupación de las plazas y vías públicas del centro histórico de la capital por parte del comercio informal. Alguien que nos informara cómo va el litigio en contra de Telmex y las posibilidades de recuperar el crédito fiscal por más de 100 millones de pesos a que fue condenada la empresa. ¿Cómo es posible que no hayan hecho efectivo el pago después de 3 años de que se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación dándole la razón al municipio?

Necesitamos un alcalde que le cobre a Aguas del Poniente, propiedad de Carlos Gerardo López Medina, los adeudos millonarios que le debe al municipio como contraprestación por la concesión del servicio de agua potable que usufructúa desde la administración de Jorge Lozano en una amplia zona del poniente de la ciudad. El 14% de lo que ha recibido le corresponde al municipio de la capital. ¿Cómo es posible que nadie lo haya tocado?

Necesitamos un presidente municipal que nos explique la situación jurídica que guardan los litigios derivados de las obras públicas inconclusas o mal terminadas, así como los pleitos en los que los constructores reclaman diferencias que no les han sido pagadas por sobreprecios, tardanzas o modificaciones de los trabajos que les encomendaron.

Necesitamos un presidente municipal con credibilidad y autoridad que ponga en orden tanta anarquía y nos informe si los fraccionadores del Gran Peñón cumplieron con todos los requisitos que señalan la leyes de la materia y si es legal que el excedente de la superficie de la amplia avenida proyectada sobre ese desarrollo inmobiliario se puede tomar como área de donación. Que nos diga si el Ayuntamiento sigue obligado a pagar el costo de la urbanización de la prolongación de la avenida Chapultepec hasta al pie del condominio Monterra, como se estableció en el contrato que celebró con esa empresa cuando se le adjudicó el inmueble en un remate abusivo e ilegal.

Los candidatos deberían revisar el contrato para el servicio de cambio y mantenimiento de las más de 47 mil luminarias de la ciudad que en una licitación amañada se le adjudicó a Panavi, único participante sobre el que recaen duras críticas por la calidad de sus productos (notas: A, B, C, D y E). La empresa se obligó a instalarlas antes del 10 de julio. Se trata de un convenio en el que sólo se destacan las bondades de la operación como es el ahorro de hasta un 50% de la factura que paga el Ayuntamiento a la Comisión Federal de Electricidad. Es un compromiso que supera los más de 1,300 millones de pesos que se cubrirán durante los próximos 15 años, en el que el municipio aceptó pagar a Panavi la totalidad del saldo insoluto si por cualquier causa incumple el contrato.

Ahora es la oportunidad para revisar si Industrial Minera México cumplió con el pago del impuesto por el cambio de uso de suelo de industrial a habitacional y comercial, y si cedió el 15% de la superficie vendible a que tiene derecho el municipio. No pueden autorizarle la construcción de ninguna obra si antes no acredita que cumplió con todas las normas ambientales para el saneamiento y recuperación del vasto terreno contaminado sobre el que se asentaba la vieja planta de cobre de la Asarco.

No me cabe la menor duda que en el proceso de entrega recepción le ocultarán o minimizarán al receptor algunos pasivos y compromisos que después irá descubriendo o dimensionando. El próximo presidente municipal debe saber que la única manera de salir de la crisis es cobrando a los principales deudores delimpuesto predial los cientos de millones de pesos que adeudan, y reclamando o negociando las áreas de donación que le han escatimado los constructores y fraccionadores a los que se les han autorizado lucrativos negocios inmobiliarios; aunque, para nuestra desgracia, creo que ninguno de los candidatos viables a la presidencia municipal tiene el valor y coraje suficientes para enfrentarse con todo en contra de estos evasores.

Apetito inmobiliario

Por Eduardo Martínez Benavente

No es satisfactoria la aclaración que hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que ni él, ni su cónyuge, ni ninguno de sus familiares es o ha sido dueño de alguna de las dos fincas ubicadas en una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de México -que según la revista Proceso "hizo suyas"- porque calla en su réplica una serie de circunstancias fundamentales que tenía la obligación de aclarar si es que le interesa quedar libre de sospechas y en condiciones de aspirar a la presidencia de la República en el 2018. De acuerdo a las conclusiones difundidas hace ocho días por el semanario, se pudo haber incurrido en actos que implican conflictos de interés porque el propietario es un contratista que se ha visto beneficiado con la obra pública gubernamental del estado Hidalgo desde que el encargado de la política interior del país fue gobernador de esa entidad.

Pero tampoco son exactos los señalamientos que denuncia la publicación que fundó don Julio Scherer en 1976, por lo menos, en la parte relativa a que el inmueble es propiedad de la señora de Osorio Chong. La investigación requiere de precisiones y correcciones para que se ajuste exactamente a la verdad de los hechos. Los periodistas que firmaron el reportaje, Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa, debieron ser más cuidadosos en la búsqueda de la información y más meticulosos en la redacción. El medio para evitar caer en las inexactitudes es único e infalible: no publicar nombres, datos, cifras, números, frases, afirmaciones si sobre ellos cabe alguna duda. No entendieron ni consultaron los alcances y consecuencias legales del primer aviso preventivo que presentó el notario público número 19 de Pachuca, Hidalgo al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, comunicando la intención de la esposa del hidalguense de celebrar un contrato de compraventa con un crédito hipotecario para la adquisición del inmueble ubicado en Paseo de las Palmas 1380 de las Lomas de Chapultepec, cerca de la polémica Casa Blanca, propiedad de la esposa del presidente.

Es falso que la mujer del secretario haya adquirido la propiedad del inmueble, como lo asegura Proceso en el tercero y décimo párrafos del reportaje, aunque es cierto que el secretario y su familia ocupan la finca como inquilinos desde julio de 2014, sin que ninguna de las partes haya exhibido el contrato y acreditado con comprobantes fiscales el importe que se cubre por este concepto. Los números que maneja Proceso son meras especulaciones. Con anterioridad, el mismo arrendador -que ha sido su proveedor inmobiliario- les dio en arrendamiento otra casa ubicada por el mismo rumbo que habitaron desde agosto de 2011 a junio de 2014. No me extrañaría que las hayan ocupado gratuitamente o bien, le hayan pagado una renta muy por debajo de lo que corresponde. Mientras que no se dé a conocer toda la información seguirán siendo operaciones sospechosas que pueden estar relacionadas con el pago de favores recibidos.

Creo que el primer aviso preventivo que presentó el notario el pasado 29 de mayo para bloquear la inscripción mediante una anotación marginal y continuar con los trámites notariales los confundió y creyeron que la operación se había concretado. Sin embargo, el primer aviso dejó de tener vigencia 10 meses antes de que se publicara el reportaje y el segundo aviso preventivo no se presentó dentro del plazo que marca la ley porque no se firmó la escritura. De haberse firmado, el notario tenía la obligación de indicar la fecha en que esto ocurrió y el número del instrumento que le correspondió. Pero si el notario presentó el primer aviso preventivo al Registro Público de la Propiedad es porque tenía el expediente con la documentación necesaria para protocolizar la compraventa y el crédito hipotecario; y lo más importante, tenía la anuencia de las partes para formalizar los contratos porque previamente habían acordado el precio y condiciones de la transacción. El secretario de gobernación está obligado a explicarnos el motivo por el que abortó la operación. Puede haber sucedido que alguien le haya advertido que el equipo de Carmen Aristegui estaba investigando la compra de la casa de la señora Angélica Rivera, ya que las pesquisas se habían iniciado varios meses antes de que estallara el escándalo, y entonces decidió cancelar o suspender la adquisición para no verse involucrado en un lío similar al de la pareja presidencial, al de Luis Videgaray y al de los otros personajes de la elite gubernamental que, como él, nunca serán investigados ni sancionados.

Osorio Chong tenía que haber justificado que sus ingresos y los de su esposa eran suficientes para cubrir el importe de las mensualidades del crédito hipotecario que se le autorizó, así como de todos los demás gastos que origina su alta posición socio económica. Es muy probable que el préstamo que se le concedió haya andado por los 40 millones de pesos ya que el inmueble que se iba a dar en garantía, según el avalúo que ordenó Proceso, tiene un valor aproximado a los 50 millones de pesos,. En estas condiciones tendría que haber pagado al banco la  cantidad de 400 mil pesos mensuales durante 10 años por concepto de intereses y abono a capital. Como secretario de Gobernación su salario y demás prestaciones en efectivo no llegan a los 140 mil pesos mensuales. Su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, como directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibe un ingreso mayor al de su cónyuge que suma entre salario y compensaciones casi 190 mil pesos. Sus ingresos como servidores públicos no alcanzarían a cubrir las amortizaciones bancarias a menos que tuvieron otros ingresos que no se revelan en su declaración patrimonial. Osorio elude el dato principal de este conflicto que es la relación que ha tenido con el empresario hidalguense desde hace varios años y que corresponde al patrón de conducta o sello de la casa que caracteriza a varios de los funcionarios más próximos al presidente.

¿Por qué Gallardo... ?

Por Eduardo Martínez Benavene

Tuvo que haber existido una negociación entre la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y las dirigencias nacionales del PRI, PRD y Partido del Trabajo para permitir que Ricardo Gallardo Juárez participara como candidato a la presidencia municipal de la capital potosina por estos dos últimos partidos sin que fuera impugnado o amenazado. No concibo que el ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, a pesar de la vulnerabilidad de su situación personal y del estado de ánimo que seguramente lo aflige por el encarcelamiento de su hijo en una prisión de máxima seguridad, se haya animado a contender en una elección que sabe que va a perder y que la mayor parte de los recursos que se destinen provendrán de su bolsillo; si no recibió a cambio la promesa de la pronta excarcelación de su vástago que puede ocurrir este mismo año y la garantía de que no se investigará más si hubo nexos con el crimen organizado, como no lo descartó el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, cuando anunció en una rueda de prensa la detención de su hijo. Por otro parte es una incongruencia que las ordenes de aprensión no se hayan extendido a todas las personas que señaló la PGR como probables responsables o implicados en el delito de utilización de recursos de procedencia ilícita mediante una triangulación financiera que es la falta por la que se procesa al  alcalde con licencia.  

No me extrañaría que en el paquete de arreglos políticos que celebraron se haya incluido también el compromiso de trasladarlo a una prisión menos severa y más cercana a la entidad. El interés que creo que movió a los dirigentes del partido en el gobierno para instrumentar una estrategia de esta naturaleza es el de restarle votos al candidato del PAN con la participación electoral del empresario soledense ante el temor fundado de que su abanderado a la alcaldía municipal, Manuel Lozano Nieto, pierda con mucho la elección contra Xavier Azuara Zúñiga. Saben que su candidato no repunta ni repuntará pues arrastra el lastre y desprestigio de las dos últimas administraciones municipales y la mala imagen del presidente Enrique Peña Nieto. Es evidente el derrumbe en la percepción de la figura presidencial. La evaluación de su desempeño es reprobatorio. Sólo el 39% de la población lo avala. Los abusos de la cónyuge e hijo del gobernador del estado que han salido a flote en los últimos días también dañan la imagen de los candidatos del PRI y contribuyen a su derrota.

Los priistas saben que el voto duro que controlan es insuficiente para derrotar al ex director del Instituto Potosino de la Juventud, estrechamente vinculado al ex gobernador Marcelo de los Santos y dos veces diputado. Calculan que el margen de acción para imponer a su candidato mediante un fraude electoral es muy limitado en la zona urbana de la capital. Presienten que la mayoría de los electores indecisos, así como los que rara vez salen a votar lo harán principalmente por el candidato de Acción Nacional. Por eso es el interés de presentar una opción distinta a estos grupos de electores. Una opción que para muchos de ellos resulta atractiva y viable porque las autoridades se han encargado convertirlo en una víctima de los excesos del poder; independientemente de los millones de pesos que se han gastado en promover su imagen y los programas asistenciales con los que se ha beneficiado a miles de personas. De tal manera que lo han elevado a la categoría de un político exitoso y trabajador que ha dado buenos resultados y que es ampliamente conocido. El proselitismo político de Gallardo Juárez en la capital potosina en busca de la alcaldía viene desarrollándose desde hace casi dos años a través de visitas domiciliarias. Durante este tiempo se ha reunido con miles de potosinos para darse a conocer y plantear sus compromisos como si estuviera en plena campaña por la presidencia municipal. Ahora, el motivo de su participación es restarle votos al candidato del PAN dividiendo la votación, de por sí fraccionada entre los nueve candidatos registrados. Entre más se divida el voto, más posibilidades tiene el candidato del PRI de alzarse con la victoria pues la infraestructura y organización de su partido, así como la capacidad de movilizar a sus simpatizantes durante la jornada electoral es muy superior a lo que pueden hacer los activistas de Acción Nacional. El abstencionismo también favorece al PRI. 

Un elemento que viene a fortalecer mi tesis de la negociación cupular es la pasividad de los medios de comunicación que no han cuestionado el registro de un candidato que según la versión de la PGR está vinculado como padre y cónyuge con los accionista o administradores de las 13 sociedades que se beneficiaron con los recursos públicos que se desviaron a través de una triangulación que se llevó a cabo entre el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la Clínica de Especialidades Wong y estas empresas. La PGR reveló que las transferencias se registraron desde octubre de 2012, cuando se inició la última administración perredista, hasta agosto del año pasado. La SHCP detectó operaciones financieras con “montos inusuales” de transferencias bancarias y con dinero en efectivo superiores a los 209 millones de pesos “presumiblemente con origen ilícito, que eran trianguladas a través de diversas cuentas para esconder su origen y su destino”. 

Es inocultable la línea editorial de la mayoría de los medios de comunicación que tienen una tendencia favorable a los candidatos del PRI. No tengo la menor duda que el PRD y su candidato a la presidencia municipal de la capital sumarán en esta coyuntura un número de votos -no mayor del 14%- que nunca antes habían obtenido en la capital potosina, pues en la elección del 2009 sacaron el 7.07% de la votación y en el 2012 el 7.06%; y así todos contentos, menos los panistas que se podrían llevar una desagradable sorpresa si no se les ocurre algo inteligente para contrarrestar esta candidatura.