¿Qué mosquito le picó?

Por Eduardo Martínez Benavente

Pronto sabremos qué es lo que realmente pretende el empresario Carlos Gerardo López Medina, representante de Urbanizadora Peña Blanca S.A. de C.V., con la demanda que entabló en contra del Municipio de San Luis Potosí y del periodista José Victoriano Martínez Guzmán, director editorial del sitio de internet Proyecto Tábano; así como la inserción que hace de esta última entidad en su pleito, de quien solicita su clausura definitiva y la aplicación de una multa por las infracciones en que supuestamente incurrió. 

No creo que al fraccionador le preocupe mayor cosa la revelación de sus adeudos fiscales que califica como una calumniosa publicación que no sólo implica un daño y un perjuicio extrapatrimonial para su representada, sino que también se traduce en un factor que induce antipatía y desinterés en los compradores de los bienes inmuebles que tiene en venta su condominio y que en conjunto integran el mercado del cual provienen sus ingresos. López Medina sabe que a sus clientes los tiene sin cuidado si paga o no sus contribuciones y que ninguna de sus amistades y relaciones políticas le retiraría el saludo o le rechazaría una invitación para asistir a sus eventos sociales por este motivo. 

Lo que si debe preocuparle es el fracaso de su inversión inmobiliaria que obedece principalmente a una errónea planeación de mercado que obliga a sus clientes a adquirir una membrecía del Club de Golf La Loma, diseñado para adultos, con la compra de un lote de terreno y a pagar una cuota de mantenimiento, aunque no hagan uso de sus instalaciones. Esto ha ahuyentado a muchos compradores de ese exclusivo desarrollo habitacional y deportivo; y no la difusión de sus adeudos prediales. La plusvalía de su condominio ha sido mínima pues todavía se consiguen traspasos entre particulares que se quieren deshacer de su inversión en menos de 4 mil pesos el metro cuadrado, cuando un inmueble de esa calidad con frente a un campo de golf en cualquier otro lugar de la país valdría por lo menos el doble de ese precio, independientemente de que los adquirentes de los lotes de terreno están obligados a pagar las cuotas de mantenimiento que fija la asamblea de condóminos, aunque no hayan construido su vivienda. Una acción de ese Club de Golf, que podría competir con los mejores del país, se cotiza en una décima parte  o menos de lo que se paga en otras entidades. 

López Medina con su demanda intimidatoria también pretende coartar la libertad de expresión y el derecho a la información de los usuarios de esta página web, en la que se pueden consultar cientos de documentos de mucha relevancia, así como las opiniones de sus colaboradores en asuntos que han impactado a la sociedad potosina, como puede ser el convenio que celebró el gobierno del estado con la BMW para la instalación de su planta y que han tratado de ocultarnos. Los informes finales de las auditorías de las cuentas públicas del gobierno del estado y municipios de ejercicios anteriores al 2013, que hasta el 2014, el Congreso del Estado ha hecho públicas. El pliego de observaciones sobre la cuenta pública del 2009 del gobierno del estado, que tras tres años de litigio tuvieron que desclasificarlo y en el que se observa el destino del crédito de los 1,500 millones de pesos del ex gobernador Marcelo de los Santos. El expediente de la licitación y contrato sobre el Programa de Mejora Integral de la Gestión de Interapas (MIG) que no ha podido arrancar, y las reveladoras hojas de trabajo de los auditores de la ASE en las que constan las observaciones de la cuenta pública del ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, entre otros muchos documentos que este reducido espacio no nos permite referir

Urbanizadora Peña Blanca reclama una indemnización después de quince meses de que un peticionario de información pública, ajeno a Proyecto Tábano, solicitó y obtuvo a través de InfomexSLP los nombres y montos de 80,916 deudores del impuesto predial que proporcionó el municipio, con corte al 31 de enero de 2014, en el que la inmobiliaria de López Medina encabeza la lista con un adeudo de 66 millones de pesos, derivado de 437 cuentas sin pagar. Es una demanda que, por su parte, también tendrá que contestar el Ayuntamiento porque se les señala que "son responsables del resguardo de toda información personal que tengan en su posesión, incluyendo las deudas de carácter fiscal, que tienen la calidad de información confidencial al ser un dato personal relativo al patrimonio". 

La indemnización que exige la inmobiliaria por concepto de daños y perjuicios se origina, según su escrito, porque Proyecto Tábano "se ha tomado la libertad de publicar en la primera página de su sitio web. una lista de supuestos deudores del impuesto predial". Este reclamo no tendría razón de existir si el deudor hubiera cumplido con sus obligaciones fiscales. Revivir el tema de los adeudos del pago del impuesto predial obliga al municipio a exigirle a éste y a los otros grandes evasores que se pongan al corriente en sus contribuciones; así como a verificar las donaciones de las áreas municipales, pues a muchos de ellos se les permitió escatimar el 15% de la superficie vendible que de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano le corresponden al municipio. "Pulso" identificó en el plano oficial de este fraccionamiento una “pedacería” de lotecitos que no se pueden comercializar ni utilizar para construir obras de infraestructura urbana y que aparecen en el interior del condominio esparcidos sobre toda la superficie. Sin embargo, el proyecto fue aprobado ilegalmente en la administración del nefasto concejal Jacobo Payán. El menoscabo patrimonial que sufrió el municipio se calcula en más de diez hectáreas de las tierras más cotizadas de la ciudad que bien podrían ayudarle ahora a resolver su grave crisis financiera. 

Es muy probable que este conflicto se resuelva durante el trienio del presidente municipal electo Ricardo Gallardo, con quien seguramente el empresario intentará negociar alguno o algunos de los asuntos que le interesan, como lo hizo con el ex presidente municipal Jorge Lozano, quien a cambio de desistirse de una demanda similar a ésta, logró que le concesionaran el servicio de agua potable en varias colonias del poniente de la ciudad. Tenemos información de que el fraccionador no mantiene una buena relación con el soledense, pues se le señala como uno de los promotores del grupo de "notables" que acudió a la Ciudad de México a tocar puertas para detener la amenaza que significaba para ellos que Gallardo se hiciera de la presidencia municipal.

La rendición de Sonia

Por Eduardo Martínez Benavente

Lo que más me llamó la atención del desplegado que publicó el pasado martes la ex candidata del PAN a la gubernatura del estado, en el que reconoce que no le favoreció la determinación que tomaron las autoridades electorales, es que en ninguna de las diez irregularidades e ilegalidades que cita en su escrito haga referencia a que el candidato del PRI se haya excedido del tope de gastos de campaña; pues si se queja de que fue vencida en una elección de estado viciada de inequidad, debió haber aportado pruebas fehacientes de que el priista utilizó recursos públicos y se excedió en más del cinco por ciento del tope establecido por el CEEPAC, que en esa elección se le fijó un monto máximo de 17 millones 850 mil 304 pesos y que sería determinante para el resultado de la elección. Además tenía que haber argumentado que la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar fue menor al cinco por ciento, como reportan las cifras oficiales.

Estos hechos conducirían a la nulidad de la elección y a que se convocara a una extraordinaria en la que ya no podría participar el candidato del PRI que originó la nulidad. Creo que la panista no se atreverá a hacer valer este recurso porque también sobrepasó el límite autorizado y, por lo tanto, queda descalificada moral y legalmente para impugnar el resultado. Si hubiera jugado limpio y hubiera registrado y calculado el costo de todos los eventos, publicidad, donativos y otros gastos de Juan Manuel Carreras, que seguramente no aparecerán en su declaración de ingresos y egresos, tendría en un grave aprieto a su opositor y en condiciones de que las autoridades ordenaran la reposición del proceso.

El consejero electoral Ciro Murayama anunció esta semana que el Instituto Nacional Electoral dictaminará el próximo 13 de julio los informes de los gastos de campaña de las elecciones locales que presentaron los partidos, los que obviamente no rebasarán los topes y tendrán debidamente justificadas todas sus entradas y salidas. La revisión de los gastos de campaña es una farsa más de la política mexicana pues las autoridades electorales no tienen personal ni voluntad para auditarlos, ya que tendrían que darle seguimiento a todas las actividades de los candidatos para verificar sus gastos y rastrear los donativos que reciben en especie o efectivo, y con los miles de candidatos que participan en una elección nacional es imposible cumplir con esta obligación. No concibo que un partido como Acción Nacional en San Luis Potosí, con todos los recursos humanos y económicos con que cuenta, no haya tenido el cuidado de ponerle cola y sombra a su principal contrincante y más si estaban ciertos que los beneficios de los programas asistenciales del gobierno se seguirían repartiendo o condicionando y que la compra y coacción del voto serían los instrumentos más efectivos para asegurar su victoria. 

La Ley Electoral del Estado es laxa y permisible, de tal manera que si un partido político infringe las restricciones al financiamiento privado con el doble, triple o más de lo autorizado por el CEEPAC, pero la diferencia entre el primero y segundo lugar es mayor al cinco por ciento de la votación, la elección no se anula; si acaso se multa al partido y si su conducta es reiterativa puede perder el registro. Así es que el partido que pretenda transgredir esta disposición tiene que derrotar a su competencia con un amplio margen de diferencia para que éste no tenga derecho a impugnar la elección, como ocurrió con la elección municipal entre Ricardo Gallardo y el panista Xavier Azuara. El caso de Sonia Mendoza es distinto porque la diferencia que lo separa con Juan Manuel Carreras quedó reducida a un 2,69 por ciento.

No se ha dado a conocer el contenido de las impugnaciones y quejas que presentó la candidata del PAN para anular la elección de gobernador del estado. Creo que debe de existir por lo menos una, pues en el desplegado que publicó advierte que se están procesando sus inconformidades por las vías legales que se tendrían que resolver antes de que concluya el próximo mes de agosto. No sabemos si se refiere a la que presentó durante el proceso electoral quejándose de que el candidato del PRI ya se había excedido de los gastos de campaña y que debió remitirse a los órganos de fiscalización del INE para su estudio y análisis. Entiendo que el representante del PRI hizo otro tanto. Por lo tanto, no se ha declarado la validez de la elección no obstante que el CEEPAC le entregó al priista la constancia de mayoría.

No creo que la senadora cuente con pruebas suficientes para revertir el resultado, pues en su lista de agravios menciona diversas irregularidades e ilícitos que bien podían haber afectado a todos los candidatos y otras que fueron aclaradas puntualmente por el consejero electoral Martin Faz Mora, en su columna que le publica La Jornada San Luis. Sonia se queja: 1.- Del retraso inusual y prolongado en la apertura de más de la mitad de las casillas. 2.- De los paquetes electorales que fueron entregados con posterioridad a la fecha límite y en lugares distintos a los comités y comisiones electorales. 3.- De la sustitución ilegal de funcionarios de casilla. 4.- De la clonación de boletas electorales. 5.- De la compra de credenciales de elector. 6.- Del descubrimiento de material electoral en lugares ocultos en varios municipios de la entidad. 7.- De amenazas y de un clima desmesurado de inseguridad pública que inhibieron la participación y generaron amedrentamiento entre los ciudadanía. 8.- De conteo doble y hasta triple de votos para favorecer claramente al candidato del gobierno. 9.- De un programa de resultados electorales preliminares (PREP) severamente cuestionado y de errores garrafales que lesionaron la confiabilidad de la elección y 10.- De una campaña negra sin precedentes.

Es cierto, como lo asegura la ex candidata del PAN, que los resultados electorales nos mantienen a muchos en estado de sorpresa y merecen un análisis muchas de las actas de escrutinio y cómputo que se levantaron en la entidad. Aunque, por lo pronto, tenemos que agradecer a Dios que los exorcistas de Catedral nos liberaron de unos demonios, sin embargo, sus plegarias no alcanzaron para evitar que llegaran otros.

¿Qué pasó el 7 de junio?

Por Eduardo Martínez Benavente

La primera advertencia que tendríamos que dirigirle al próximo alcalde de la capital y al grupo de soledenses que seguramente llegará con él es que la Muy Noble y Leal Ciudad de San Luis Potosí no es Soledad de los Ranchos. Si entienden y atienden el sentido de esta exhortación su paso por el Ayuntamiento será menos penoso y accidentado para todos. Que no se les olvide que la capital del estado es muy distinta a esa demarcación que en las últimas décadas ha sufrido las arbitrariedades de los concesionarios de las aguas negras, el abuso político de los líderes de la CTM, la corrupción y autoritarismo de los ex presidentes municipales, el miedo a las mafias que usufructúan los giros negros y otras actividades ilícitas y, últimamente, el padrinazgo caciquil de la familia Gallardo, aceptado y aclamado -hay que reconocerlo- por decenas de miles de soledenses y capitalinos. El fenómeno Gallardo debe ser materia de un estudio serio y analítico. Estamos muy sorprendidos por los resultados atípicos de la jornada electoral del domingo pasado. 

Muchos tememos que la presencia de Ricardo Gallardo Juárez en San Luis Potosí sea una grave amenaza para la seguridad de los potosinos y un riesgo de perder nuestras libertades de expresión, manifestación y asociación que con tanto sacrificio hemos conquistado los potosinos de la ciudad capital; y que sus custodios, jefes policiacos y allegados nos hagan recordar los días aciagos que padecimos con el prepotente convoy que implementó el ex gobernador Carlos Jonguitud con el propósito de amedrentar a sus gobernados. Los potosinos apreciamos la conducta del alcalde Mario García Valdez porque no lo podemos tildar de violento, intolerante o represor, lo que le permitirá transitar sin sobresaltos en las plazas y calles de la ciudad. Gallardo sabe que la mayoría de los potosinos le tienen miedo y desconfianza. Sólo el 19.18% del listado nominal de electores votó por él. No sabemos qué tanto de lo que se dice de él es mito y cuánto es verdad. 

Nos preocupa que pretenda dividir a la sociedad entre pobres y ricos, no obstante que el candidato electo es un acaudalado empresario que tiene su residencia en Las Lomas. Ya lo vimos con el candidato Sergio Dessfasiux del PRD, que gracias a su cobijo y recursos alcanzó la diputación por el VIII distrito electoral que le permitirá tener un ingreso anual de 3 millones de pesos, al sentenciar en un mitin celebrado en la Ciudad 2000, que se comprometía a que las aguas pútridas, fétidas, malolientes y negras que atraviesan esa paupérrima colonia se las mandaría de regreso "a esos desgraciados de Las Lomas", en un arranque de odio y demagogia que desafiaba la ley de la gravedad y sin percibir que las palabras son como flechas que se clavan en el corazón. El odio es el gran motor de la historia. El discurso del odio ha sido motivo de luchas fratricidas y de otras muchas desgracias que siempre habremos de lamentar. En un mensaje que el hijo del virtual alcalde envió unos días antes de la jornada electoral desde el penal en el que está recluido, y que fue ampliamente difundido a través de las redes sociales, le pide a los gallardistas en un tono amenazador y arrogante que "hagan temblar a todos", invitando a sus seguidores a salir a votar. 

Nadie me quita de la cabeza que al candidato del PRI a la presidencia municipal de la capital, Manuel Lozano Nieto, así como al del PRD al gobierno del estado, Fernando Espinosa Pérez les jugaron chueco. Los embaucaron pues. Creo firmemente que hubo una negociación entre los personajes más pérfidos e insidiosos del priismo con el ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez, en la que se sacrificó al primero quien desde un principio estaba destinado a perder la elección ante el infranqueable estorbo que representa el desprestigio que arrastra el actual presidente municipal y su antecesora, a cambio de que los grupos que obedecen a Gallardo en la capital votaran a favor del candidato del PRI, Juan Manuel Carreras y no por Calolo. Los priistas por su parte no votarían por Meme Lozano a quien dejaron sólo y sin apoyos económicos, sino por el empresario avícola para mandar a Xavier Azuara al segundo lugar. Aunque la parte fundamental del compromiso consistía en impedir, a como diera lugar, que Sonia Mendoza y su camarilla se alzaran con la gubernatura. Calculaban que el ex secretario de Educación difícilmente remontaría en las preferencias de los electores, pues la panista le llevaba una buena ventaja desde que arrancó la contienda, y de igual manera que Lozano Nieto, el hartazgo al gobierno de Peña Nieto, Toranzo y Mario García, le eran un obstáculo que parecía imposible de superar con sus propias fuerzas.  

Hay varios indicios que fortalecen mi conjetura: los priistas nunca atacaron a Gallardo, no obstante que tenían información como para hacerlo pedazos. Todos sus esfuerzos estuvieron dirigidos a denigrar a Sonia Mendoza y de vez en cuando a Xavier Azuara. Los perredistas fueron los primeros en reconocer el triunfo de Carreras. El PRI y sus satélites no cuestionaron el registro de Gallardo como candidato de la alianza formada por el PRD y socios, a pesar de que en los dos últimos años había realizado actos anticipados de campaña. El tope de gastos de campaña para el candidato del PRD autorizado por el CEEPAC no debía rebasar un millón 893 mil pesos. Cualquiera que le haya dado seguimiento podrá advertir que ese límite quedó rebasado con mucho. Hay quien calcula que erogó entre 50 y 100 millones de pesos. Al candidato del PRI, Manuel Lozano, lo dejaron abandonado a su suerte, ni siquiera los dirigentes de las juntas de mejoras de las colonias lo acompañaron a sus eventos, no obstante que los priistas las controlan desde el municipio. El apoyo que recibió Gallardo desde el municipio de la capital le servirá al ex rector como moneda de cambio para que el perredista no sea tan severo con sus cuentas públicas. Todo indica que el PRI cumplió con su compromiso y le sumó a Gallardo miles de votos dejando a Lozano con menos del 12.5% del total de la votación emitida en la capital. Los que no cumplieron fueron los seguidores de Gallardo que votaron por Calolo y no por Carreras, como estaba convenido, mandándolo al tercer sitio en las preferencias electorales de los capitalinos. El número de votos que sumó en esta plaza el ex secretario de Educación anda alrededor de los 61 mil, los mismos que obtuvieron los diputados federales de su partido por los distritos de la capital.