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sábado, 20 de junio de 2015

La rendición de Sonia


Por Eduardo Martínez Benavente


Lo que más me llamó la atención del desplegado que publicó el pasado martes la ex candidata del PAN a la gubernatura del estado, en el que reconoce que no le favoreció la determinación que tomaron las autoridades electorales, es que en ninguna de las diez irregularidades e ilegalidades que cita en su escrito haga referencia a que el candidato del PRI se haya excedido del tope de gastos de campaña; pues si se queja de que fue vencida en una elección de estado viciada de inequidad, debió haber aportado pruebas fehacientes de que el priista utilizó recursos públicos y se excedió en más del cinco por ciento del tope establecido por el CEEPAC, que en esa elección se le fijó un monto máximo de 17 millones 850 mil 304 pesos y que sería determinante para el resultado de la elección. Además tenía que haber argumentado que la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar fue menor al cinco por ciento, como reportan las cifras oficiales.

Estos hechos conducirían a la nulidad de la elección y a que se convocara a una extraordinaria en la que ya no podría participar el candidato del PRI que originó la nulidad. Creo que la panista no se atreverá a hacer valer este recurso porque también sobrepasó el límite autorizado y, por lo tanto, queda descalificada moral y legalmente para impugnar el resultado. Si hubiera jugado limpio y hubiera registrado y calculado el costo de todos los eventos, publicidad, donativos y otros gastos de Juan Manuel Carreras, que seguramente no aparecerán en su declaración de ingresos y egresos, tendría en un grave aprieto a su opositor y en condiciones de que las autoridades ordenaran la reposición del proceso.

El consejero electoral Ciro Murayama anunció esta semana que el Instituto Nacional Electoral dictaminará el próximo 13 de julio los informes de los gastos de campaña de las elecciones locales que presentaron los partidos, los que obviamente no rebasarán los topes y tendrán debidamente justificadas todas sus entradas y salidas. La revisión de los gastos de campaña es una farsa más de la política mexicana pues las autoridades electorales no tienen personal ni voluntad para auditarlos, ya que tendrían que darle seguimiento a todas las actividades de los candidatos para verificar sus gastos y rastrear los donativos que reciben en especie o efectivo, y con los miles de candidatos que participan en una elección nacional es imposible cumplir con esta obligación. No concibo que un partido como Acción Nacional en San Luis Potosí, con todos los recursos humanos y económicos con que cuenta, no haya tenido el cuidado de ponerle cola y sombra a su principal contrincante y más si estaban ciertos que los beneficios de los programas asistenciales del gobierno se seguirían repartiendo o condicionando y que la compra y coacción del voto serían los instrumentos más efectivos para asegurar su victoria. 

La Ley Electoral del Estado es laxa y permisible, de tal manera que si un partido político infringe las restricciones al financiamiento privado con el doble, triple o más de lo autorizado por el CEEPAC, pero la diferencia entre el primero y segundo lugar es mayor al cinco por ciento de la votación, la elección no se anula; si acaso se multa al partido y si su conducta es reiterativa puede perder el registro. Así es que el partido que pretenda transgredir esta disposición tiene que derrotar a su competencia con un amplio margen de diferencia para que éste no tenga derecho a impugnar la elección, como ocurrió con la elección municipal entre Ricardo Gallardo y el panista Xavier Azuara. El caso de Sonia Mendoza es distinto porque la diferencia que lo separa con Juan Manuel Carreras quedó reducida a un 2,69 por ciento.

No se ha dado a conocer el contenido de las impugnaciones y quejas que presentó la candidata del PAN para anular la elección de gobernador del estado. Creo que debe de existir por lo menos una, pues en el desplegado que publicó advierte que se están procesando sus inconformidades por las vías legales que se tendrían que resolver antes de que concluya el próximo mes de agosto. No sabemos si se refiere a la que presentó durante el proceso electoral quejándose de que el candidato del PRI ya se había excedido de los gastos de campaña y que debió remitirse a los órganos de fiscalización del INE para su estudio y análisis. Entiendo que el representante del PRI hizo otro tanto. Por lo tanto, no se ha declarado la validez de la elección no obstante que el CEEPAC le entregó al priista la constancia de mayoría.

No creo que la senadora cuente con pruebas suficientes para revertir el resultado, pues en su lista de agravios menciona diversas irregularidades e ilícitos que bien podían haber afectado a todos los candidatos y otras que fueron aclaradas puntualmente por el consejero electoral Martin Faz Mora, en su columna que le publica La Jornada San Luis. Sonia se queja: 1.- Del retraso inusual y prolongado en la apertura de más de la mitad de las casillas. 2.- De los paquetes electorales que fueron entregados con posterioridad a la fecha límite y en lugares distintos a los comités y comisiones electorales. 3.- De la sustitución ilegal de funcionarios de casilla. 4.- De la clonación de boletas electorales. 5.- De la compra de credenciales de elector. 6.- Del descubrimiento de material electoral en lugares ocultos en varios municipios de la entidad. 7.- De amenazas y de un clima desmesurado de inseguridad pública que inhibieron la participación y generaron amedrentamiento entre los ciudadanía. 8.- De conteo doble y hasta triple de votos para favorecer claramente al candidato del gobierno. 9.- De un programa de resultados electorales preliminares (PREP) severamente cuestionado y de errores garrafales que lesionaron la confiabilidad de la elección y 10.- De una campaña negra sin precedentes.

Es cierto, como lo asegura la ex candidata del PAN, que los resultados electorales nos mantienen a muchos en estado de sorpresa y merecen un análisis muchas de las actas de escrutinio y cómputo que se levantaron en la entidad. Aunque, por lo pronto, tenemos que agradecer a Dios que los exorcistas de Catedral nos liberaron de unos demonios, sin embargo, sus plegarias no alcanzaron para evitar que llegaran otros.


1 comentario:

  1. Tan malo el Pinto, como el Colorado... Un gobernador panista...y un gobernador priista...la misma porquería...corruptos y ladrones...Unos van a misa y otros a confesarse...Si supieran que dios no existe...! San Luis vive en el Infierno.!!!

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