Se vale todo

Por Eduardo Martínez Benavente

Los recursos de que se vale el gobierno de Fernando Toranzo para seguir ocultando el convenio que celebró con la BMW para la instalación de su ensambladora en territorio potosino son tramposos y arbitrarios pues está utilizando a un particular que no tiene vela en el entierro para retrasar indefinidamente una resolución que el organismo responsable de garantizar el acceso a la información pública (CEGAIP) tenía que haber pronunciado desde hace más de 300 días, y como si estos no fueran suficientes, el Pleno del organismo, en su último boletín de prensa anuncia que en sesión extraordinaria se determinó que el expediente se sometería a un estudio pormenorizado por cada uno de los comisionados para estar en condiciones de emitir un resultado. 

El gobierno se resiste a dar a conocer el monto y conceptos de los subsidios y apoyos concedidos a la empresa que fueron autorizados sin que existiera disponibilidad financiera, mismos que ascienden a más de tres mil millones de pesos. Se trata de la erogación más cuantiosa que se haya comprometido en el sexenio e, inexplicablemente, no ha despertado el interés de los diputados, partidos políticos y organismos empresariales por conocer su contenido, Ni siquiera les interesa indagar de cuál partida presupuestal saldrán los recursos, pues el crédito bancario por 750 millones de pesos que se autorizó para ese fin es notoriamente insuficiente. En el entendido de que la quinta parte del Impuesto sobre la Nómina que se recauda sólo sirve como fuente de pago del referido empréstito y no se puede incrementar el patrimonio del fideicomiso público destinado al fomento de actividades empresariales. 

Darle entrada a una solicitud de audiencia presentada por Desarrollo Logistik, la empresa fraudulenta que vendió o comprometió dos veces a distintos adquirentes una misma fracción de terreno sobre la que se proyecta construir la planta automotriz es inadmisible y rebasa cualquier argumento legal y razonable porque lo único que tiene que hacer la CEGAIP en este caso es resolver si la información que se solicita es pública o debe seguir reservada, ya que no es la instancia para dirimir el conflicto que se suscitó entre Desarrollo Logistik y Constructora Comebi, quien justamente reclama una indemnización por los daños y perjuicios que ha sufrido por las actuaciones ilícitas de la vendedora. 

Desarrollo Logistik, S.A. de C.V. argumenta que el derecho de audiencia que solicita a la CEGAIP es “…para estar en posibilidad de acreditar la afectación que pudiera implicar la determinación de publicar información solicitada por el quejoso...”, y reproducen las siguientes dos citas: "...incidiría indudablemente en la parcialidad al resolver las controversias judiciales que actualmente se encuentran en trámite en diversas instancias...", y "... que tienen como finalidad dilucidar cuestiones referentes a derechos adquiridos por Sociedad Desarrollo Logistik S.A. DE C. V. en relación con la propiedad de los terrenos que fueron contemplados para la construcción de la planta industrial por parte de la empresa BMW, dentro del Parque Industrial Logistik II, en el Estado de San Luis Potosí..."

El pasado 11 de agosto, el Pleno de la CEGAIP acordó aplazar la resolución del expediente de queja que habíamos iniciado un año antes y en la que solicitamos se desclasificara la información y se diera a conocer el convenio con sus anexos. La CEGAIP debió rechazar la solicitud de Desarrollo Logistik,  pues una vez que había ordenado la elaboración del proyecto de resolución no podía admitir ninguna promoción y menos la de un extraño que no es parte en el expediente. 

El gobierno del estado tenía conocimiento exacto de que más de 100 de las 300 hectáreas de los terrenos ofrecidos a la BMW estaban comprometidos con la constructora de la familia del Valle López y que el uso del suelo le permitía construir viviendas; sin embargo, el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Macías Morales, ha manifestado que desconocía esa situación y que el gobierno no puede involucrarse en un conflicto entre particulares, no obstante que fue el que provocó el problema. Es muy probable que por esta causa no se haya podido formalizar el título de propiedad a favor de la ensambladora. Por cierto, si Desarrollo Logistik hubiera cedido el quince por ciento de la superficie vendible a que estaba obligado por la autorización del fraccionamiento, que según su página web abarca una superficie de dos mil hectáreas, el gobierno del estado, a través del Ayuntamiento de Villa de Reyes, podría haber dispuesto de esa reserva territorial para donarla a la empresa y no tener que pagar por ella. La Auditoría Superior del Estado no ha observado este ilícito en las auditorías que le ha practicado a su cuenta pública. 

La Secretaría de Finanzas debe requerir a Desarrollo Logistik para que le acredite el pago del impuesto del diez por ciento sobre el precio de operación o valor catastral, el que resultó mayor, a que se refiere la Ley de Hacienda para el Estado, por la adquisición de los terrenos que fueron desincorporados del régimen ejidal. Se calcula que los ejidatarios recibieron unos 15 pesos por metro cuadrado, aunque no me extrañaría que en la escritura se haya asentado un valor muy superior como estrategia fiscal para aminorar el impacto del ISR cuando enajenen.  Estos chanchullos y mentiras son los que ponen en riesgo la inversión alemana y no la difusión de los documentos que se solicitan y que extraoficialmente difundió Proyecto Tábano y otros medios de comunicación desde el 14 de diciembre de 2014, sin que a los europeos les haya molestado. No me cabe la menor duda que la mayor parte de los recursos que se están destinado a la BMW y los que faltan por entregar provienen de fondos federales, pues las finanzas potosinas no tienen capacidad para cubrir todos los compromisos contraídos; y cancelar el proyecto por falta de dinero le daría al país, no a San Luis Potosí, una imagen de insolvencia y desconfianza que ahuyentaría la inversión extranjera.

¡Hasta el primer domingo de octubre!

Santos contra pecadores

Por Eduardo Martínez Benavente

Las dos marchas que partieron el pasado fin de semana del Jardín de Tequisquiapan fueron un fracaso. Porque las presencié desde una prudente distancia me atrevo a calcular que no más de 800 personas participaron en la que organizó la Iglesia y otros grupos de derecha que se oponen a los matrimonios entre personas del mismo sexo y más al derecho que les asiste para adoptar a menores de edad; y conté unos 300 asistentes a la que convocaron las asociaciones que están a favor de la legalización de estas innovaciones jurídicas. Creía que la concurrencia iba a ser mucho mayor por la amplia difusión que se hizo de los eventos en los medios de comunicación y redes sociales; y por el interés que han despertado estas reformas en una buena parte de la sociedad. Algunos optimistas habían pronosticado que a la caminata convocada por la Iglesia asistirían unas 30 mil personas, considerando que hace menos de un año, el 19 de septiembre de 2014, el clero enseñó músculo al congregar en el estadio Alfonso Lastras a unos 40 mil fieles que participaron en la magna celebración con la que se festejó el 160 aniversario de la fundación de la diócesis potosina. En esa ocasión partieron del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe miembros de diferentes parroquias y movimientos apostólicos liderados por el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero que atravesaron las calles de la ciudad con el Santísimo en procesión hasta las instalaciones del Atlético San Luis. Sería muy interesante que alguien autorizado nos explique porque las bases de la Iglesia potosina no respondieron ahora a esta invitación que se lanzó desde los púlpitos de las parroquias. Sólo dos organizaciones, -que yo recuerde- la Iglesia Católica potosina y los antorchistas, han logrado llenar las graderías y la cancha de fútbol de ese enorme espacio deportivo.

Era predecible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciara por el reconocimiento de los derechos a las parejas del mismo sexo, por más protestas e inconformidades que se presentaran. Los ministros de la SCJN ya habían fallado a favor de declarar inconstitucional las leyes de los estados que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer por considerarlo discriminatorio para los derechos que garantiza la Constitución a todos sus habitantes. Desde el 12 de junio de 2015, el matrimonio entre homosexuales se puede realizar en todos las entidades de la República, y obliga a los jueces a seguir este criterio en los amparos que los interesados interpongan en cualquier parte del territorio nacional y en donde aún no se hayan legalizado, como es el caso de nuestra entidad. Antes sólo se podían celebrar en el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila. Con la resolución que emitió este martes la SCJN, declarando la inconstitucionalidad de la prohibición que establecían las leyes del estado de Campeche en el sentido de que los matrimonios entre personas del mismo sexo no podían adoptar menores, se obliga, de igual manera, a los jueces de distrito a amparar a estas uniones cuando pretendan adoptar menores en cualquier lugar de México.

Debe ser muy difícil para una pareja de homosexuales tomar una decisión de esta naturaleza pues independientemente de que están obligados a cumplir con una serie de intrincados requisitos y pagar los honorarios de un abogado que los asista; tienen que evaluar las consecuencias del rechazo social que seguramente sufrirán sus hijos por parte de amplios sectores de la población, empezando por el de sus propios compañeros de escuela. No podemos ignorar que los niños son crueles y se requiere de mucho valor y fortaleza para superar sus burlas, exclusiones y agresiones. La discriminación es el tramo más delicado de la adopción. Va a ser muy penosa su aceptación social y más en sociedades conservadoras como la potosina, cuando la mayoría rechaza estas reformas, principalmente la que se refiere a la adopción de menores. Sin embargo, bajo cualquier circunstancia y contrariedad, vale la pena que lo intenten los que quieran correr con esos riesgos. Están en su derecho. La Constitución federal garantiza que los matrimonios entre personas del mismo sexo deben ser totalmente equivalentes -con los mismos derechos y obligaciones- que los matrimonios heterosexuales. Nos guste o no nos guste. Como ocurre, hasta ahora, en más de veinte países.

A los diputados no les queda otra opción que dictaminar la iniciativa permitiendo los matrimonios igualitarios en San Luis Potosí, sin trampas ni condiciones, como las que pretende imponer el timorato diputado panista Miguel Maza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, quien acaba de anunciar que heredará a la siguiente Legislatura el compromiso de dictaminar la iniciativa de las adopciones; y que en todo caso resolverá por separado, antes de que concluya su período, la de los matrimonios entre personas del mismo sexo. No entiende que la reforma es inevitable porque el pleno de la SCJN se pronunció en su mayoría en el sentido de que las personas que viven en sociedades de convivencia (entre personas del mismo sexo o heterosexuales), matrimonios y concubinato tienen los mismos derechos que quienes viven en matrimonio o concubinato, incluida la posibilidad de adoptar. Cualquier institución, independientemente de su denominación, llámese sociedad de convivencia, uniones civiles o como sea, son discriminatorias y crean ciudadanos de segunda clase si no otorgan los mismos derechos que los matrimonios tradicionales.

Para emitir este dictamen no se requiere de mayor ciencia ni estudio más que reproducir el decreto legislativo de otro estado que se haya pronunciado en este sentido, pues ya vimos que no valieron las endebles consideraciones que emitió en el Pleno de la SCJN, el ministro Eduardo Medina Mora, el único de los diez presentes que votó en contra de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandando la invalidez de la ley chiapaneca que prohíbe a las parejas del mismo sexo la adopción de menores.

Nos rendimos

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Con especial indignación nos enteramos esta semana que la CEGAIP, a través de su ex comisionado presidente Alejandro Serment, limosneó apoyos económicos por 31 mil 460 pesos a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para pagar los viáticos y traslados de los ponentes foráneos que participaron en los eventos conmemorativos que organizó con motivo del 5° aniversario de la promulgación de la Ley de Transparencia. La dádiva que recibió es una prueba irrebatible de los compromisos que existen entre el organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental (CEGAIP) y los entes obligados a transparentar sus actuaciones, independientemente de ser una conducta ilegal que conlleva a un inevitable intercambio de favores. Hoy por ti, mañana por mí. Cualquier funcionario que se atreve a pedir un favor de esta naturaleza queda obligado a corresponder con otro tanto, como sería, en el caso que nos ocupa, el emitir una resolución que confirme que la información solicitada se encuentra debidamente cumplida con los documentos que nos entregaron; aunque estos no hayan sido los que solicitamos o estén incompletos. Esta es la oportunidad para que el hoy comisionado de Transparencia y ex empleado de la Secretaría de Finanzas, Oscar Alejandro Mendoza García, quien tuvo a su cargo nada menos que el módulo de transparencia de esa dependencia, nos aclare la versión que existe en el sentido de que recibió dinero de Jesús Conde Mejía para asistir a un evento a la Ciudad de México relacionado con su nueva actividad, ante la supuesta falta de recursos de la CEGAIP que no quiso apoyarlo. 

Casos como estos confirman lo que denunciaba en mi columna anterior: que ante la evidente parcialidad  y complicidad de los comisionados de la CEGAIP era inútil y desgastante seguir indagando el destino que se le dio a los 1,500 millones de pesos que el ex gobernador Marcelo de los Santos obtuvo a través de un crédito bancario, pues no había manera de que la Secretaría de Finanzas ni la Auditoría Superior del Estado (ASE) nos entregaran la información solicitada consistente en los registros contables, pólizas, cheques y facturas de los gastos relacionados con las observaciones que el auditor superior del estado, Héctor Mayorga, determinó en la cuenta pública del 2009; asegurando que el gobierno de Fernando Toranzo había recibido un remanente de casi 562 millones de pesos derivado de ese empréstito, que hasta la fecha no ha sido fehacientemente aclarado; y advirtiéndonos además que no podía identificar en qué se lo había gastado. Así de grave era la acusación del responsable de fiscalizar las cuentas públicas, y es, por lo tanto, la verdad legal que prevalece. A pesar de lo anterior, el secretario de Finanzas, Conde Mejía, recurrió a toda clase de artimañas para ocultar la información en lugar de exhibir de inmediato los documentos que demostraran que el gobierno del estado no dispuso de esos recursos. 

Explicaba en mi colaboración anterior que a los que participamos en el equipo de Proyecto Tábano nos queda claro que la información completa y veraz del destino que se le dio a ese dinero jamás será revelado porque las dos últimas administraciones, la panista y la priista, dispusieron indebidamente de la mayor parte de esos recursos. Estimaba que cualquier auditor habría dictaminado en unos cuantas semanas la procedencia y justificación de las erogaciones o, en su caso, el desvío de recursos que pudo haber existido; por lo que era inaceptable que la ASE no hubiera emitido una resolución definitiva después de más de cinco años de la fecha en la que notificó sus observaciones.

También anunciaba que el pasado 16 de julio nos notificó la CEGAIP una resolución aberrante en la que da por concluido este asunto, pues determina que es válida y definitiva la información que nos entregó la ASE, sin atender la queja que oportunamente le presentamos en el sentido de que nunca recibimos los registros contables, pólizas, cheques y facturas de los 562 millones de pesos motivo de la controversia, y que los documentos que nos entregó no correspondían a los solicitados. 

El periodista Victoriano Martínez nos recuerda que "el 24 de enero de 2013, cuando estaba por resolverse este expediente, Oscar Alejandro Mendoza García se excusó con el argumento de que él participó en el proceso de la respuesta con la que la Secretaría de Finanzas negó la información En su momento fue parte del equipo que determinó reservar los documentos. Hoy es parte del trío de comisionados que decide dar carpetazo al asunto y, con ello, mantenerlos ocultos".

"Era la segunda ocasión en que se le requería a la ASE los registros contables. Las peticiones previas comenzaron en 2010 y se presentaron ante esa autoridad y la Secretaría de Finanzas que, al igual que el organismo fiscalizador, negó la información con el argumento de que se trataba de información reservada. Hasta el 31 de enero de 2013 la CEGAIP resolvió la queja iniciada dos años atrás. Ordenó a la ASE proporcionar las copias de los registros contables requeridos, pero ésta en lugar de cumplir con la resolución comenzó una serie de maniobras que la Cegaip toleró: insistió en hacer valer su acuerdo de reserva y, ante una amonestación, recurrió a un amparo para retrasar su cumplimiento".

"Una vez declarado improcedente el amparo, la ASE se vio obligada a proporcionar los documentos solicitados. No obstante, evadió la entrega mediante dos acciones tramposas: argumentó no contar con los registros contables completos a pesar de que en el acuerdo de reserva señaló que formaban parte del expediente reservado y proporcionó un documento distinto al requerido. En junio de 2013 hicimos notar las inconsistencias. Desde entonces la CEGAIP dejó inactivo el expediente hasta que hace unos días nos notificó que la resolución estaba debidamente cumplida. Así, el crédito de los mil 500 millones de pesos se vuelve emblemático de las complicidades entre éste y el gobierno anterior, siendo la CEGAIP el instrumento que han utilizado para dar por sepultado el secreto del destino final que le dieron a ese dinero". 

Nos rendimos

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

No tiene ningún sentido seguir indagando en dónde quedaron los mil 500 millones de pesos que el ex gobernador Marcelo de los Santos obtuvo a través de un crédito bancario a unos cuantos días de que concluyera su mandato con el que disparó la deuda pública. Reconocemos que nuestro trabajo ha sido inútil y desgastante. A los que formamos el equipo de Proyecto Tábano nos queda claro que la información completa y veraz del destino que se le dio a ese dinero jamás será revelado y seguirá siendo un secreto cuidadosamente guardado en los cajones de la impunidad y corrupción del gobierno del estado porque las dos últimas administraciones, la panista y la priista, dispusieron indebidamente de la mayor parte de esos recursos para reponer dinero faltante, cubrir compromisos de gasto corriente y otras erogaciones injustificables que nada tenían que ver con las inversiones públicas productivas a que se refería el incierto decreto legislativo del 2009. 

Si el gobierno de Fernando Toranzo no tuviera cola que le pisaran en este asunto, habría sido el primer interesado en transparentar toda la información solicitada, sin embargo, a través de resoluciones arbitrarias que han pronunciado los sumisos organismos responsables de la fiscalización y transparencia en el estado, ante los que inevitablemente tenemos que recurrir, ha negado los registros contables, pólizas, cheques y comprobantes de pago de cada uno de los movimientos que se realizaron, bajo el pretexto de que la información es reservada y así deberá mantenerse hasta que concluya el interminable litigio que sostienen con el ex gobernador del estado. Como si no entendieran que nuestro interés es conocer en qué se gastaron esos recursos públicos y no el contenido de los expedientes judicial y administrativo con los que nos han venido entreteniendo. La dispersión del crédito original en nueve cuentas bancarias desde las que se giraron cientos de cheques hasta agotar su importe, así como la reestructuración que celebró Toranzo con otro banco, sirvieron para desaparecer el pasivo que nunca debió autorizarse porque a los diputados no les interesó conocer los pormenores de los conceptos de la inversión ni los montos que se destinarían a cada uno de ellos. Cualquier auditor de medio pelo habría dictaminado en unos cuantas semanas la procedencia y justificación de las erogaciones o, en su caso, el desvío de recursos que pudo haber existido; por lo que es inaceptable que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no haya emitido una resolución definitiva después de más de cinco largos años de la fecha en la que notificó sus observaciones para dar por concluido este asunto. 

En el 2013 nos hicieron creer -con la documentación parcial que nos entregó la ASE- que los casi 562 millones de pesos de presuntos excedentes, que el ex gobernador le dejó en la contabilidad a su sucesor, eran en realidad reposiciones de fondos ajenos y federales que el panista había tomado y gastado antes de que le llegara el préstamo y que de ninguna manera podían considerarse como sobrantes líquidos y efectivos del crédito que el nuevo gobierno podría utilizar en los conceptos que el Congreso había autorizado. Uno de los mejores auditores de la ASE y de todas las confianzas de Héctor Mayorga, recurrió a nosotros inmediatamente después de que a su jefe le tendieron una trampa para que no resultara reelecto como auditor superior del estado, para hacernos ver el error en que habíamos incurrido al cargarle la totalidad de la disposición del crédito a Marcelo de los Santos, y confiándonos que el dictamen definitivo, que hasta la fecha no ha sido notificado, venía en el sentido de que Toranzo había dispuesto indebidamente de la suma anterior para cubrir una serie de gastos no autorizados; lo que nos motivó a seguir insistiendo en la entrega de la documentación completa. 

El caso es que el pasado 16 de julio, fuimos sorprendidos con una resolución inaceptable de la CEGAIP en la que determina que es válida y suficiente la información incompleta y oscura que la ASE nos entregó hace dos años: “esta Comisión… determina que en la especie la resolución se encuentra debidamente cumplida, ya que (la ASE) acató la instrucción señalada en la resolución de mérito”. Bajo este criterio los entes obligados pueden entregar como respuesta cualquier documento sin importar que esté incompleto o no corresponda a lo solicitado. Si el peticionario expone ante la CEGAIP la discrepancia entre el documento pedido y el entregado, se topará con el criterio del organismo garante presentado en este caso, que dice: “Este Órgano Colegiado no es un organismo fiscalizador de la información, ya que en caso de existir inconsistencias el quejoso deberá hacerlas valer ante las instancias competentes, dado que el objetivo de este órgano colegiado se enfoca en la entrega de la información”.

Nada mejor para entender este asunto que transcribir algunos comentarios del artículo que publicó el 23 de julio el periodista Victoriano Martínez, en la página web de Proyecto Tábano: "La protagonista y presunta autora del nuevo capítulo es la comisionada Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, quien como ponente sustituta de Alfonso Serment Gómez, llevó al pleno una resolución que fue aprobada a pesar de que los documentos proporcionados no corresponden a lo solicitado para dar por cumplida la orden de que sean revelados los registros contables utilizados por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la Cuenta Pública 2009."

"Se trata de un capítulo más de esta larga historia que inició a principios de 2010, y del que este episodio específico comenzó el 14 de abril de 2011, cuando se inició una queja en contra de la ASE por haberse negado a proporcionar la información que se le solicitó en los siguientes términos: “Copias simples de los registros contables en los que basó su observación en el Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2009 en la que afirma que de acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de $1,500.000.000.00 es de $561,976,348.40, mismos que no es posible identificar a cuáles Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración (la de Toranzo) de acuerdo al Decreto 819 de autorización".