Contrapesos

Santos contra pecadores

Por Eduardo Martínez Benavente

Las dos marchas que partieron el pasado fin de semana del Jardín de Tequisquiapan fueron un fracaso. Porque las presencié desde una prudente distancia me atrevo a calcular que no más de 800 personas participaron en la que organizó la Iglesia y otros grupos de derecha que se oponen a los matrimonios entre personas del mismo sexo y más al derecho que les asiste para adoptar a menores de edad; y conté unos 300 asistentes a la que convocaron las asociaciones que están a favor de la legalización de estas innovaciones jurídicas. Creía que la concurrencia iba a ser mucho mayor por la amplia difusión que se hizo de los eventos en los medios de comunicación y redes sociales; y por el interés que han despertado estas reformas en una buena parte de la sociedad. Algunos optimistas habían pronosticado que a la caminata convocada por la Iglesia asistirían unas 30 mil personas, considerando que hace menos de un año, el 19 de septiembre de 2014, el clero enseñó músculo al congregar en el estadio Alfonso Lastras a unos 40 mil fieles que participaron en la magna celebración con la que se festejó el 160 aniversario de la fundación de la diócesis potosina. En esa ocasión partieron del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe miembros de diferentes parroquias y movimientos apostólicos liderados por el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero que atravesaron las calles de la ciudad con el Santísimo en procesión hasta las instalaciones del Atlético San Luis. Sería muy interesante que alguien autorizado nos explique porque las bases de la Iglesia potosina no respondieron ahora a esta invitación que se lanzó desde los púlpitos de las parroquias. Sólo dos organizaciones, -que yo recuerde- la Iglesia Católica potosina y los antorchistas, han logrado llenar las graderías y la cancha de fútbol de ese enorme espacio deportivo.

Era predecible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciara por el reconocimiento de los derechos a las parejas del mismo sexo, por más protestas e inconformidades que se presentaran. Los ministros de la SCJN ya habían fallado a favor de declarar inconstitucional las leyes de los estados que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer por considerarlo discriminatorio para los derechos que garantiza la Constitución a todos sus habitantes. Desde el 12 de junio de 2015, el matrimonio entre homosexuales se puede realizar en todos las entidades de la República, y obliga a los jueces a seguir este criterio en los amparos que los interesados interpongan en cualquier parte del territorio nacional y en donde aún no se hayan legalizado, como es el caso de nuestra entidad. Antes sólo se podían celebrar en el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila. Con la resolución que emitió este martes la SCJN, declarando la inconstitucionalidad de la prohibición que establecían las leyes del estado de Campeche en el sentido de que los matrimonios entre personas del mismo sexo no podían adoptar menores, se obliga, de igual manera, a los jueces de distrito a amparar a estas uniones cuando pretendan adoptar menores en cualquier lugar de México.

Debe ser muy difícil para una pareja de homosexuales tomar una decisión de esta naturaleza pues independientemente de que están obligados a cumplir con una serie de intrincados requisitos y pagar los honorarios de un abogado que los asista; tienen que evaluar las consecuencias del rechazo social que seguramente sufrirán sus hijos por parte de amplios sectores de la población, empezando por el de sus propios compañeros de escuela. No podemos ignorar que los niños son crueles y se requiere de mucho valor y fortaleza para superar sus burlas, exclusiones y agresiones. La discriminación es el tramo más delicado de la adopción. Va a ser muy penosa su aceptación social y más en sociedades conservadoras como la potosina, cuando la mayoría rechaza estas reformas, principalmente la que se refiere a la adopción de menores. Sin embargo, bajo cualquier circunstancia y contrariedad, vale la pena que lo intenten los que quieran correr con esos riesgos. Están en su derecho. La Constitución federal garantiza que los matrimonios entre personas del mismo sexo deben ser totalmente equivalentes -con los mismos derechos y obligaciones- que los matrimonios heterosexuales. Nos guste o no nos guste. Como ocurre, hasta ahora, en más de veinte países.

A los diputados no les queda otra opción que dictaminar la iniciativa permitiendo los matrimonios igualitarios en San Luis Potosí, sin trampas ni condiciones, como las que pretende imponer el timorato diputado panista Miguel Maza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, quien acaba de anunciar que heredará a la siguiente Legislatura el compromiso de dictaminar la iniciativa de las adopciones; y que en todo caso resolverá por separado, antes de que concluya su período, la de los matrimonios entre personas del mismo sexo. No entiende que la reforma es inevitable porque el pleno de la SCJN se pronunció en su mayoría en el sentido de que las personas que viven en sociedades de convivencia (entre personas del mismo sexo o heterosexuales), matrimonios y concubinato tienen los mismos derechos que quienes viven en matrimonio o concubinato, incluida la posibilidad de adoptar. Cualquier institución, independientemente de su denominación, llámese sociedad de convivencia, uniones civiles o como sea, son discriminatorias y crean ciudadanos de segunda clase si no otorgan los mismos derechos que los matrimonios tradicionales.

Para emitir este dictamen no se requiere de mayor ciencia ni estudio más que reproducir el decreto legislativo de otro estado que se haya pronunciado en este sentido, pues ya vimos que no valieron las endebles consideraciones que emitió en el Pleno de la SCJN, el ministro Eduardo Medina Mora, el único de los diez presentes que votó en contra de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandando la invalidez de la ley chiapaneca que prohíbe a las parejas del mismo sexo la adopción de menores.