Sin pesos ni contrapesos

Por Eduardo Martínez Benavente

El desplegado que publicó el pasado martes el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, y que suscribieron todos los integrantes del Cabildo, marca un salto preocupante en el carácter autoritario que está imponiendo el edil a su administración; pues pasó de un padre amoroso y preocupado que trata de ganar simpatías entre sus seguidores exhibiéndose en notas periodísticas y videos como víctima con motivo de los trámites previos a la excarcelación de su hijo, a un personaje siniestro que hace explícita su advertencia-amenaza en contra no sólo de quienes no piensen como él sino también de cualquiera que se atreva a revisar sus actos. 

Si Mario García Valdez justificó su fracaso administrativo en el desorden financiero que le dejaron, Gallardo Juárez apalanca sus escasos y cuestionables resultados en que los logra a pesar de ese “quebranto financiero que nos heredaron”. Pero lo que ahora nos preocupa es que dentro del Cabildo no tiene contrapesos, pues los ocho regidores de "oposición" que firmaron ese documento plagado de mentiras y demagogia, seguramente lo hicieron por sumisión y miedo a confrontarlo. Recientemente ocurrió algo similar en el Cabildo soledense con la inadmisible propuesta de cambiar la denominación de la avenida san Pedro por la de su hijo, que también se aprobó por unanimidad y sin cuestionamientos. 

El mensaje que publicó el pasado martes deja más dudas que información sobre lo que realmente ocurre con la administración municipal. Gallardo Juárez debe explicar a los contribuyentes cumplidos la confesión de su convencimiento de que “la política distributiva es dispareja, injusta e inequitativa”, lo que acredita con una medida que premia a los incumplidos y deja intocados a los grandes morosos del impuesto predial y aquellos que sin importar el número de viviendas que tengan se verán beneficiados con el perdón de los adeudos que hayan acumulado durante los ejercicios fiscales del 2011, 2012, 2013 y 2014, si pagan lo correspondiente al 2015 y 2016. Los regidores de "oposición" debieron exigirle al tesorero un informe del impacto financiero que representa esta medida, así como los nombres y montos de los principales beneficiados. No sería un disparate que un grupo de contribuyentes cumplidos se organizara e intentara una acción legal para reclamar al municipio la devolución de las contribuciones que han pagado, pues ahora son víctimas de su insensible parcialidad, disfrazada de una magnanimidad que no pasa las pruebas de la justicia y equidad, y sí en cambio lo apuntan como un político oportunista e irresponsable en busca de popularidad. Los regidores de "oposición" no han denunciado que la iniciativa que presentaron para incrementar los valores catastrales fue desechada por el Congreso del Estado, no por falta de interés de los diputados, si no porque al alcalde se le ocurrió implementar a última hora un ajuste general del 4% contraviniendo el procedimiento que marca la Ley de la materia. 

Son tantas las ocasiones en que se ha intentado desalojar al comercio informal del centro de la ciudad, que resultan inoportunos los señalamientos triunfalistas a que se refiere el desplegado, porque no es lo mismo echar mano de todo el aparato de inspección y seguridad para retirar por unas horas las estructuras de los comerciantes, en un horario en el que no están presentes, a confrontarlos directamente, como hubiera ocurrido si el municipio se hubiera sostenido y no se hubiera doblado con el pretexto de la tregua navideña. Los quiero ver si el 7 de enero se atreven a retirarlos para siempre. Si el refrán dice que tolerar una injusticia es provocar otra, la tolerancia que se pactó con el comercio informal, que ha vuelto al centro, pone en duda el cacareado “firme propósito de rescatar y conservar como área protegida el primer cuadro y el centro histórico de nuestra ciudad”. Afirmar que no renunciarán a poner orden no deja de ser una promesa fallida como ocurrió hace unos días con la intentona de mover a los comerciantes de Las Vías a los terrenos de la Feria Nacional Potosina. 

Resulta insuficiente la afirmación de que los propósitos para el incremento de las multas de tránsito sean reducir accidentes, disminuir la contaminación e impedir que se infrinja la ley impunemente sin aportar evidencia que lo respalde. Son 21 casos en los que las multas de tránsito para el 2016 aumentan en un promedio del 102% y que muy pronto notarán los infractores. En cuanto al número de accidentes, vale mencionar que el promedio mensual de percances automovilísticos disminuyó en la ciudad de 177 en 2012 a 160 este año, sin los desproporcionados incrementos en las multas, según cifras de la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal reveladas vía transparencia el pasado 27 de octubre. Los problemas de contaminación no han representado un asunto preocupante a ese grado, según confirma la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado, que informa que en todo este año, sólo el 19 de enero se reportó un nivel superior al mínimo tolerable en la calidad del aire y sólo por dos horas, de siete a nueve de la mañana. 

Llama la atención que en el desplegado se hagan alusiones oscuras sobre el conflicto que representan las empresas Vigue y Panavi, concesionarias del servicio de limpia y luminarias respectivamente, porque no las señalan por su nombre, lo que deja ver el tono general del documento, en cuyo contenido manifiesto podrían identificarse mensajes cifrados con distintos destinatarios. Antes de firmarlo, los regidores de "oposición" debieron investigar qué fue lo que negoció el alcalde con Panavi para nunca volver a tocar el tema de la rescisión del leonino contrato; por qué cesó en sus amenazas y qué beneficio personal obtuvo; así como el motivo por el que se desistió de cancelar la concesión con la empresa colectora de basura. Más que un desplegado para informar a la ciudadanía, tiene todos los elementos de una estrategia embaucadora que contradice su llamado a desterrar juegos de intereses, y apunta más a mostrar que incurren en la confusión que dicen querer evitar: sólo desde el autoritarismo se puede considerar como intimidación y amedrentamiento el ejercicio democrático de la crítica y la discusión pública de los temas que surgen desde una administración municipal. 

El Gran Recaudador

Por Eduardo Martínez Benavente

La capital del estado se podría convertir en una especie de ciudad policial si el Congreso del Estado le aprueba al alcalde Ricardo Gallardo Juárez, en los términos que lo solicita, la Ley de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal del 2016,  pues requeriría de cientos de cobradores y tránsitos que pulularían por plazas, calles y avenidas para hacer efectivas las sanciones y contribuciones que pretende implementar. Tendría que mantener un estricto control sobre la sociedad y un gran despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia para recaudar los recursos que ambiciona, particularmente sobre los vendedores ambulantes y conductores de vehículos, con la certeza de que los índices de corrupción se dispararían por las nubes debido al valor y diversidad de las multas que se establecerían, y más si se  obliga a los inspectores y policías a entregar una cuota a sus superiores en ese esquema de distribución de beneficios diseñado para que el chorro más abundante de dinero llegue a los de mero arriba.

El redactor de la iniciativa identificó 35 actividades comerciales que se pueden desarrollar en la vía pública y que estarían permitidas para eventos especiales, de temporada, fiestas patronales y eventos deportivos que se gravarían con distintas cuotas referidas en salarios mínimos, que van desde la venta de globos hasta la de elotes y jugos que pagarían por adelantado un impuesto de más de 70 pesos diarios, exceptuando a los tianguistas. Sólo ellos saben si sus utilidades les permitirían cumplir con estas obligaciones. Los franeleros, limosneros, traga fuegos, sexoservidoras y otros trabajadores que se ganan el sustento en la calle deben agradecerle al alcalde que por ahora no se fijó en ellos.

El también empresario soledense prometió esta semana que acabará con la corrupción que existe en ese sector de la administración pública pues la recaudación por concepto de multas es muy baja debido a que muchas se quedan en el camino; y en una declaración que corresponde más a alguien que ha caído en el abismo del hartazgo e impotencia que a una autoridad obligada a vigilar el buen manejo de los recursos públicos, sentenció que "lo que hicieron no meinteresa", para que a nadie se le ocurra pedirle que investigue los latrocinios de sus antecesores. En esa misma conferencia anunciaba la creación de 200 nuevas plazas para la Policía Vial y las Fuerzas municipales que se encargarán de estas tareas. La cantidad que se proyecta recaudar por multas de policía y tránsito asciende a la suma de 45 millones de pesos. Son 223 infracciones las que se castigan con una sanción administrativa que va desde un día de salario mínimo para los ciclistas que circulan en aceras o lugares de uso exclusivo de peatones hasta las más altas que se castigan con 150 DSM al que choque y participe en un hecho de tránsito que cause una muerte; o 10 mil 224 pesos al que maneje en estado de ebriedad, o 2 mil 523 pesos al que maneje con aliento alcohólico y 1,051 pesos al que use el teléfono celular mientras conduce.

Ante el temor exhibido por el presidente municipal de reclamar a los principales fraccionadores de la ciudad la devolución o pago de las valiosas áreas de donación que le han escatimado al municipio para no confrontarse con ellos, y ante su incapacidad para cobrar el impuesto predial a los grandes deudores, como es el caso del Chato López que hace unos días lo mandó por un tubo alegando que no debía nada, y que si existía algún crédito se lo cobrara a sus clientes; o el caso del falaz Oficial Mayor del Gobierno del Estado, el segundo en la lista de deudores, que también se niega a pagar los adeudos de su representado, argumentando que los bienes del dominio público están exentos de esa contribución, cuando debe saber que el gobierno estatal también es dueño de bienes del dominio privado que no gozan de ese beneficio, como son el fraccionamiento de Ciudad Satélite o la Casa de Gobierno, entre otros muchos; ha tomado la decisión de irse en contra del ambulantaje al que pretende cobrarle por adelantado diferentes cuotas por utilizar la vía pública para fines comerciales. Se trata de un ingreso que no pinta para salir de la crisis financiera que sufre el municipio, aunque muchos potosinos estaríamos de acuerdo en que ese sector del comercio también contribuya al gasto público municipal, pero no sin antes cobrarle a los grandes deudores y evasores de las áreas de donación que son los únicos que pueden sanear las finanzas públicas. El tesorero municipal debe explicarnos el motivo por el que se reduce el monto total de los ingresos presupuestados para el 2016 que quedan en menos de 2 mil 344 millones de pesos, cuando el presupuesto del 2015, que se modificó en julio de ese año, fue de casi 3 mil millones de pesos y que debió servir de referencia para proyectar el del siguiente ejercicio. Creo que se trata de una manipulación presupuestal que le permitirá a Gallardo utilizar discrecionalmente los excedentes para promover su proyecto político.

La iniciativa de la Ley de Ingresos que se está dictaminando en el Congreso del Estado nos hace ver que las autoridades municipales tienen muy pocas esperanzas de recuperar los adeudos del impuesto predial, pues proyectan un ingreso de 50 millones de pesos por concepto de rezagos prediales, cuando son más de mil los que se adeudan. Es injusto para los propietarios de bienes inmuebles que cumplen puntualmente con esta obligación, y además es violatorio de la Constitución local y federal lo que establece el artículo cuarto transitorio de la iniciativa al condonar o extinguir los adeudos prediales originados durante los ejercicios fiscales del 2011, 2012, 2013 y 2014 de los inmuebles destinados a casa habitación, sin importar el valor de éstos, si el contribuyente cubre el pago correspondiente al 2015 y 2016.

Los diputados están obligados a revisar si se justifica el beneficio adicional que en esta ocasión se otorga a los causantes del impuesto predial que cubran en el mes de enero sus contribuciones, pues el descuento que se les autoriza se incrementa al 25%, y no queda en el 15% como se ha aplicado en los últimos años. El tesorero debe informar el monto de lo que el municipio dejaría de recibir si se aprueban estas ofertas.