AVISO

Al estilo Soledad

Por Eduardo Martínez Benavente

El equipo que dirige Proyecto Tábano para investigar asuntos relacionados con actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos se dio a la tarea de revisar todas y cada una de las actas de las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez celebradas a partir del mes de octubre de 2009 hasta septiembre de 2015, que corresponden a los períodos que ocuparon los ex presidentes municipales Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, así como el alcalde sustituto, José Luis Fernández Martínez, ahora presidente estatal del PRD; y encontraron que ningún fraccionamiento o condominio, ni las licencias de uso de suelo habían sido autorizados por el pleno del Cabildo. Es más, ni siquiera pasaron los expedientes por delante de sus narices, infringiendo así diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio, pues estas funciones están reservadas única y exclusivamente para ese cuerpo edilicio. Por lo tanto, todas las autorizaciones que se otorgaron en estas condiciones son nulas de pleno de derecho. No sabemos quién fue el que finalmente asumió esas atribuciones y expidió los permisos y licencias. Es muy probable que los ex presidentes municipales hayan utilizado a los ex directores de Alumbrado y Obras Públicas para estas tareas, por lo que debemos condenar la complicidad o temor de los regidores y síndicos que no se atrevieron a detener y denunciar estos ilícitos, pues es inaceptable que no se hubieran dado cuenta del auge inmobiliario que ocurría en ese municipio y que no se les tomaba en cuenta para aprobar o rechazar los proyectos. Las actas de las sesiones de Cabildo fueron retiradas recientemente del portal de transparencia del Ayuntamiento soledense, sin embargo, pueden consultarse en la página web de Proyecto Tábano (2009-2012 y 2012-2015).

La Auditoría Superior del Estado, en las revisiones practicadas a las cuentas públicas de ese municipio,  así como la contraloría de ese Ayuntamiento, fieles a su vocación encubridora y corrupta, en ningún caso hicieron las observaciones correspondientes y permitieron que esos ilícitos siguieran ocurriendo durante todos estos años. Ante estas omisiones no hay constancia de que los desarrolladores inmobiliarios hayan cedido el 15% de las superficies vendibles que le corresponden al municipio, y si cumplieron con todos los demás requisitos, aunque aquí habría que destacar que el títere que ahora ocupa la presidencia municipal no hará absolutamente nada para investigar estas autorizaciones y menos para recuperar el patrimonio inmobiliario que le pudo haber sido escatimado.

El alcalde Ricardo Gallardo Juárez pretende, esta vez, por la vía legal, que el Congreso del Estado reforme la fracción XXII del inciso c) del artículo 31 y la fracción XXXV del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para despojar al Cabildo de tan importantes atribuciones, de tal manera que se transfieran a los alcaldes para que a través de un subordinado autorice las licencias de uso del suelo y la división y subdivisión de inmuebles en fraccionamientos y condominios. Para lograr ese objetivo, el alcalde presentó el pasado 17 de marzo una iniciativa en la que argumenta que con esta medida se podrán "reducir los ámbitos de discrecionalidad, abatir la sobrerregulación de los servicios públicos, propiciar la eliminación de los espacios de corrupción y procurar la agilización de los trámites". No nos resulta difícil imaginarnos el control y poder que tendría el presidente municipal sobre la propiedad inmobiliaria de los potosinos si se aprueba su iniciativa. La discrecionalidad y facilidades para autorizar las solicitudes que le presenten dependerían, en buena medida, de las buenas relaciones que podría tener con los propietarios, pero sobre todo a los arreglos extralegales que llegaría con ellos. Los diputados no pueden permitir que se exponga a la sociedad a un riesgo de esta naturaleza.

La larga lista de columnistas reconocidos e independientes, que difícilmente se prestarían a campañas de grupos oscuros, y que hoy le señalan sus yerros no tiene más origen que una observación crítica de los cotidianos excesos en que incurre, especialmente cuando tienen características que permiten calificarlos como actos delictivos. Por ejemplo, esta semana salió a flote, a través de una profunda y bien documentada investigación del periodista Jaime Nava de La jornada San Luis, que del 9 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, el Ayuntamiento que preside Ricardo Gallardo Juárez había emitido cheques que suman más de 34 millones 700 mil pesos a una presunta proveedora de nombre Sandra Sánchez Ruíz, por concepto de medicamentos para personal de confianza. Creo que lo más grave de este señalamiento es que las adquisiciones no se licitaron y nadie, ni el mismoalcalde, nos pudo informar quién es esta persona. Sin embargo, en la misma entrevista en la que no quiso dar explicaciones sobre este asunto, se atrevió a advertirle al ex presidente municipal Mario García Valdés, que debería estar preocupado por haber pagado 25 millones de pesos a los directores de la Foto multa, así como otras cantidades millonarias a varios proveedores y constructores por diversos conceptos, aún cuando no los hubiera autorizado y declarara que nadie tiene que ver con esas operaciones. Porque entonces, concluye el soledense: ¿quién autorizo?" "¿quién firmó?". "Cuando menos por omisión sí debe estar preocupado Mario”. Creo que los mismos cuestionamientos que le dirige al ex rector debería hacérselos él mismo por las adquisiciones que celebró su administración con una persona que a lo mejor ni existe.

Otra que también parece preocupada, es la titular del Comité de Adquisiciones del municipio de la capital, Laura Gama Basarte, al advertir que están investigando qué es lo que pasó con estasadquisiciones. Nos narra Angélica Campillo, del mismo diario, que su entrevistada reconoció que "únicamente tiene registradas dos licitaciones llevadas a cabo durante esta administración municipal: una para fierros y aceros en diciembre, y la otra fue la correspondiente al seguro para el parque vehicular del ayuntamiento".

Y al tercer día... reculó

Por Eduardo Martínez Benavente

El acuerdo que tomó el Cabildo capitalino el pasado viernes 4 de marzo para demandar la invalidez y nulidad de los acuerdos de los Cabildos de las cuatro últimas administraciones municipales (2003-2015), que se refieren al cambio de uso de suelo o de densidad de población de 134 inmuebles ubicados principalmente en el poniente de la capital, y en el que se acusa a sus propietarios de haber incurrido en presuntas irregularidades para obtenerlos, no tuvo mayores efectos ni duración, pues tres días después, el siguiente lunes, el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez se desistió de la acción intentada sin siquiera consultar a sus regidores y síndicos "borreguitos". No aguantó las presiones y reclamos de un grupo de abogados y dirigentes empresariales que le advirtieron de las consecuencias que tendría esta decisión y de la incertidumbre jurídica que había provocado, por lo que anunció sin ninguna reserva o condición que "No se verá afectado ningún permiso que ya fue dado en administraciones pasadas para los desarrollos habitacionales o comerciales u otros trámites que fueron librados en aquellas épocas, porque es un derecho que ya ganaron". (Pulso, edición del 8 de marzo de 2016). En la misma entrevista explicaba que "He recibido abogados que han visto la forma de litigar lo que se da de permisos y tienen razón, porque los permisos que ya fueron dados no los puedo cancelar porque el municipio va a perder si demanda y no me puedo meter en esa dinámica".

Este acuerdo, que votaron en contra los regidores del PRI y PAN, no es más que una medida preparatoria para acudir más tarde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y demandar las nulidades. Sus efectos no son inmediatos ni automáticos. Para cada caso en lo específico, debería emitirse la correspondiente resolución que se generaría a partir de este acuerdo y que debe estar debidamente fundado y motivado para que prospere. Por lo pronto el precio de los lotes de terreno señalados han perdido más del 50% de su valor, según el cálculo de un grupo de agentes inmobiliarios que fueron consultados. El principal argumento que sirvió para tomar esta medida es que los permisos fueron emitidos con violación a la Ley de Desarrollo Urbano, mediante los cuales se pretendió modificar el Plan de Centro de Población Estratégico de las ciudades de San Luis Potosí y Soledad, sin la participación de este último Ayuntamiento y la SEDUVOP.  

No es la primera vez en la que el alcalde recula o falla. Estas conductas han ocurrido en repetidas ocasiones hasta convertirse en el sello de la casa, y como ejemplo podemos citar los siguientes casos: 1).- Su iniciativa para incrementar los valores catastrales de los inmuebles de la capital fue desechada por el Congreso del Estado por no cumplir con las formalidades que señala la Ley. 2).- Tuvo que dar marcha atrás a la amenaza de retirar por la fuerza al comercio informal del centro histórico de la ciudad, pues no midió la reacción de los afectados. 3).- Lo mismo ocurrió con el compromiso de cancelar laconcesión de las luminarias otorgada a Panevi. No sabemos qué fue lo que negoció para nunca más volver a tocar el tema, no obstante que había denunciado que esa operación era fraudulenta porque la administración de Mario García Valdés había aceptado pagar más de 1,300 millones de pesos, que ni remotamente corresponden al valor del servicio prestado. 4).- El cobro de los adeudos del Impuesto Predial a los grandes deudores es otro fiasco. Su recuperación no se ha reflejado en los ingresos municipales, no obstante las facilidades y descuentos que se otorgaron. Los pagos que realizó la principal deudora, Inmobiliaria Peña Blanca, durante el mes de enero, de acuerdo a la relación de recibos de entero, suman menos de 652 mil pesos. 5).- No ha podido cobrar un peso de la contraprestación que le corresponde pagar a Aguas del Poniente al municipio por la concesión que usufructúa desde la administración de Jorge Lozano, pues de acuerdo a la información que se obtuvo a través de un peticionario no han podido calcular el monto de los adeudos. 6).- El Rastro TIF no ha iniciado operaciones. Su venta o concesión es otro fracaso pues no se puede concretar porque según el alcalde no se cuenta con 6 millones de pesos para completar la inversión calculada. 

7).- El pleito que sostiene con la empresa Vigue-Red Ambiental está a punto de perderlo. A tal grado que un juez federal amparó a Vigue para que de manera exclusiva proporcione el servicio. Es tal el derrotismo de Gallardo que ordenó la devolución de los camiones que le facilitaron en comodato para atender la emergencia. No sabemos qué es lo que persigue la empresa si el municipio no está dispuesto a pagar el servicio y menos los adeudos acumulados durante la administración de su antecesor. Por lo que no me extrañaría que un juez ordene el embargo de las cuentas bancarias municipales y otros activos.  8).- Es muy probable que el Congreso delEstado niegue la solicitud del Cabildo para cancelar o revocar la concesión a la empresa encargada del servicio de recolección de basura en la capital. La mayoría de los diputados está convencido que no tienen facultades para emitir un dictamen de esta naturaleza. 9).- El presidente municipal no ha conseguido la autorización del gobierno federal para darle un uso distinto al edificio conocido como Subcomandancia Centro, ubicado en la calle de Reforma, no obstante que se comprometió a destinarlo como guardería infantil para los hijos de los policías ante la oposición de los vecinos que no quieren correr riesgos por la inseguridad que representa un sitio como el Charco Verde. 10).- No ha concretado con un acuerdo de Cabildo el compromiso de sus integrantes para que acepten una reducción de hasta el 30 por ciento en sus prestaciones. Debemos reconocer que todos estos ofrecimientos le han servido como publicidad para acaparar la atención de los potosinos y ganar simpatías para su proyecto político reeleccionista, aunque sus desaciertos y mentiras sean mucho mayores que sus pobres y escasos resultados.

Los resabios de un insulto

Por Eduardo Martínez Benavente

Recuerdo que durante la administración del ex gobernador Fernando Toranzo se adquirió, sin haberse licitado, un sofisticado y caro equipo de intervención telefónica a un proveedor ajeno a esta actividad cuyas características fueron dadas a conocer en su momento y que sólo podía utilizarse mediante mandato judicial para investigar asuntos relevantes del crimen organizado, como aquellos vinculados con el narcomenudeo y secuestro. Desde entonces debió quedar bajo el resguardo de la Procuraduría General de Justicia. La adquisición del aparato venía envuelta en un velo de presumible corrupción que nunca fue investigada, no obstante que se trataba de un activo que se pagó con recursos federales.

Es tan fácil y barato hacerse de un equipo para escuchar llamadas que no creo que el aparato que sirvió como herramienta para infiltrarse en las conversaciones del secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, con el director de un medio de comunicación de la huasteca potosina, a principios del 2015, cuando fungía como responsable de los ingresos y egresos del candidato del PRI a la gubernatura del Estado, haya sido el mismo que el que ahora no se atreven a exhibir los funcionarios del área de seguridad estatal. En el internet se ofrecen estos dispositivos entre 5 y 300 mil pesos, dependiendo del tipo de equipo que se pretende instalar. El ocultamiento del interceptor y las contradicciones y mentiras en que han incurrido los representantes del gobierno del estado han prorrogado los efectos de un escándalo político que por su levedad debía haber terminado hace más de una semana, independientemente de que el ofendido no le dio mayor importancia al agravio. Sin embargo, todos los días se suman nuevos elementos que hacen difícil de olvidar la filtración, pero que han servido como distractor de los verdaderos problemas que aquejan a la entidad, como es la preocupación social por el incremento en el número de ejecuciones que han venido ocurriendo.

Creo que alguien próximo a Ugalde fue el que grabó la conversación para más tarde sacarle provecho o cobrarle una cuenta pendiente; pues si se tratara de un complot diseñado especialmente para espiarlo, el operador debía haber estado todo el tiempo escuchando y seleccionando las llamadas hasta obtener la información que realmente lo comprometiera. No podemos olvidar que el ahora responsable de las finanzas públicas del estado, al iniciarse esta administración, exhibió públicamente al ex gobernador Fernando Toranzo como un deudor contumaz e irresponsable que le sumó más de 6 mil millones de pesos a los pasivos que tanto le criticó a Marcelo de los Santos. En un principio estimé que esta denuncia respondía a un rompimiento o por lo menos a un deslinde con el gobierno anterior, pero no, la actitud protectora de Juan Manuel Carreras me indicó que estaba equivocado al asegurar que la deuda era"manejable". Desde entonces no se ha vuelto a tocar el tema de los descomunales pasivos que heredaron y el secretario, que no puede ni quejarse de esta situación, quedó expuesto a toda clase de represalias. Me aseguran que su relación con la mayoría  de los propietarios de los medios de comunicación no es la mejor en este momento, pues no han podido negociar los contratos de prestación de servicios que cada año celebran con el gobierno del estado para darle cobertura noticiosa a sus eventos y reducir o desaparecer las críticas.

No me queda claro si el contador Ugalde se adelantó a que un tercero diera a conocer la conversación en las redes sociales y para eso convocó a una rueda de prensa en la que difundió el audio y denunció que fue dolosamente editado. En todo caso, por los asuntos que manejó durante la contienda electoral parece que no hay más grabaciones, pues si existieran, seguramente habríamos conocido la identidad de los principales cooperadores y el monto real de los recursos que se aportaron. Creo que también habría quedado constancia de los apoyos gubernamentales que ilegalmente recibió el candidato. Los topes autorizados por el Consejo Estatal Electoral para la elección gubernamental fueron rebasados sin ningún recato por Carreras, quien declaró 13millones 868 mil pesos de aportaciones y otro tanto de gastos o egresos; y los auditores del Instituto Nacional Electoral aceptaron sin cuestionamientos sus cifras y no hicieron nada para sancionar a los delincuentes electorales. Ante tal impunidad, Juan Manuel Carreras no le dio ninguna importancia a la advertencia de su tesorero en el sentido de que las miles de camisetas que se repartieron en un evento deportivo en el estadio Alfonso Lastras, con el logotipo del Club Atlético San Luis y su nombre podían ser motivo para cancelar su registro, pues está especialmente prohibido en la Ley Electoral que las personas morales contribuyan a los gastos de campaña, señalándose penas severísimas a los infractores y al candidato beneficiario.

No me cabe la menor duda que la persona que filtró la llamada lo hizo con el propósito de enemistarlo con su jefe para que lo cesara. Sin embargo, no consideró que el carácter apacible y cerebral del gobernador, ajeno a la promoción de conflictos, evitaría el rompimiento. Es obvio que la relación con su empleado quedó definitivamente dañada, por más útil que pueda resultarle en el puesto que desempeña, como lo demostró con la reestructuración de la deuda bancaria que negoció, en la que, en el caso de Santander, logró un ahorro en Flujo de 388 millones de pesos para la presente administración y de 291 millones para el próximo sexenio; y en el crédito de Banorte consiguió un ahorro en Flujo de 576 millones para este sexenio y 630 millones para el siguiente. Lo que se puede corroborar en el informe que rindió al Congreso del Estado, el pasado 28 de diciembre. Independientemente de haber logrado que los diputados aprobaran por unanimidad los presupuestos de ingresos y egresos del 2016.

Es muy incómodo querer aparentar que no pasó nada, por más que los dos jueguen a los desentendidos, pues cada vez que el contador se presente ante su jefe, le vendrá a éste a la cabeza los adjetivos calificativos que le endilgó y la manera como lo festejó con su interlocutor. Aunque creo que los ofensores se equivocaron porque el término correcto para calificar a una persona que no tiene arrojo ni carácter para tomar decisiones difíciles es acusarlo de pusilánime, anodino o negligente, pero no de pendejo, raro o ingenuo; y menos de crecido. 

¿Qué quiso decir el Papa?

Por Eduardo Martínez Benavente

Sería muy presuntuoso de mi parte querer ofrecer en este breve espacio un análisis completo de la visita del Papa Francisco a nuestro país, cuando abordó tantos temas y pronunció más de una docena de discursos y homilías que habrá que examinar con todo detenimiento para entenderlos, por lo que me veo reducido a comentar dos o tres eventos de este histórico acontecimiento. Creo que algunos de sus pronunciamientos sólo son comprensibles para los grupos privilegiados de la sociedad, e incomprensibles para la mayoría de los mexicanos que a duras penas subsisten con las miserias que reciben por su trabajo. Por ejemplo, cuando hace referencia a las familias: "Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar, a una familia y sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. ¿Cuántos chicos tenés? No, no tenemos porque claro nos gusta salir de vacaciones, ir al turismo...". En la primera parte de su exposición creo que todos podríamos coincidir, pero nunca en la segunda porque existe un distanciamiento abismal, en lo económico y social, entre los que se pueden dar estos gustos y las decenas de millones de mexicanos que ni piensan en ellos porque son totalmente ajenos a los mismos. La información que originó su visita es muy abundante y difícil de interpretar en muchas partes. Para algunos de nosotros que hemos perdido la fe o para los no creyentes resulta inaccesible el lenguaje religioso y en concreto las referencias teológicas, incompatibles con las verdades científicas. ¿Cómo puede ser que a través de la oración pueda alcanzarse tal o cual objetivo?

Entendemos que no haya hecho alusiones personales en sus intervenciones, aunque como nos hubiera gustado que las hiciera, pues su recorrido pastoral por el país disfrazado de visita de Estado no se lo permitía. Tuvo que ser en el vuelo de regreso a Roma para referirse indirectamente al sensacionalista y xenófobo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de quien se lamentó que "no es cristiano" que una persona solo piense en construir muros. El trabajo de identificación de los personajes que criticó el Papa corresponderá hacerlo a los analistas y al clero comprometido con los problemas sociales, quienes tendrán la oportunidad de exhibir a éstos y a otros más citando los textos del Papa para darle credibilidad y fuerza a sus denuncias. No me cabe la menor duda que en este encuentro el Presidente de la República y el Obispo de Roma se utilizaron. Los dos sacaron provecho de la visita, aunque creo que el Papa Francisco sacó la mejor tajada, pues sus intervenciones y recorridos tuvieron una difusión e importancia extraordinaria que llegaron a todos los rincones de la República y a otros países. Peña Nieto tendrá que esperar la evaluación trimestral que practican las casas encuestadoras con mayor credibilidad para ver si sus bonos subieron con el protagonismo desaforado y ofensivo de los seis encuentros en los que se lució al lado del Papa. La aprobación ciudadana al mexiquense había caído al 35% a la mitad del sexenio e iba en picada. Sería muy triste que los mensajes y enseñanzas del Pontífice pronto se olvidaran.

Creo que muchos mexicanos seguimos lamentando que el primer Papa latinoamericano no haya escuchado a los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ni a las víctimas de los clérigos pederastas, aunque más tarde quiso justificarse en la rueda de prensa que dio en el vuelo que lo llevó de Ciudad Juárez a Roma, argumentando que se produjo algún intento por su parte, pero que se descartó después de constatar la cantidad de grupos que se decían representar a las 43 familias, “incluso enfrentados entre ellos”, y de que resultara “prácticamente imposible recibir a todos”. Me extraña esta explicación porque la Procuraduría General de la República no ha tenido problemas para reconocer a los representantes de ese grupo en las múltiples ocasiones en que se han reunido para informarles de los avances de la investigación. Creo, más bien, que el gobierno lo engañó con esta versión para que no los recibiera en audiencia privada. El silencio que guardó durante su gira para condenar públicamente a los clérigos pederastas y sus encubridores quedó reparado con la advertencia que les hizo a los obispos en el mismo vuelo, en el sentido de que debían renunciar a sus cargos aquellos que movieran a los pederastas de una parroquia a otra. 

¿A qué conflicto se refería José Mario Bergoglio cuando en la Catedral Metropolitana llamó a la unidad del Episcopado?  "Si tienen que pelearse, peléense, si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara y como hombres de Dios que después van a rezar juntos". Ha trascendido que el motivo del regaño fueron las intrigas por el desplazamiento del Cardenal Norberto Rivera de la organización de la gira papal que quiso aprovechar en beneficio propio y de sus amigos de las elites empresariales y políticas del país. En ese mismo evento pidió a los obispos no tener miedo a la transparencia, pues La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Creo que su exhorto está dirigido a que contribuyan con las autoridades cada vez que reciban una denuncia en contra de algún presunto cura pederasta para que se les investigue; y no a ventilar sus ingresos y egresos, a lo que no están obligados mientras no reciban recursos del gobierno. La Iglesia es muy reservada en esta materia, aunque debo reconocer que el arzobispo emérito Luis Morales Reyes ordenó al patronato que se encargó de recaudar fondos para la adquisición del carrillón o grupo de campanas musicales  de Catedral, que nos entregara la información con los nombres y montos de los donantes, entre los que aparecían el gobierno de Toranzo y Victoria Labastida, como los contribuyentes más generosos.

A pesar de todas las críticas que se le puedan hacer al Papa por su visita a nuestro país y de que la pareja presidencial se haya montado sin ningún pudor en varios de los eventos, podemos concluir que su presencia fue positiva y muy alentadora para la mayoría de los mexicanos.

¡Bienvenido a la antesala del infierno!

Por Eduardo Martínez Benavente

Es muy aventurado poder opinar sobre el éxito o fracaso de la visita papal a nuestro país cuando esta columna la estoy enviando para su publicación una hora antes de su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, me atrevo a predecir que nada extraordinario va a ocurrir y que todo se va a desarrollar normalmente de acuerdo al programa establecido. Cuando mucho recibirá en audiencia privada, y fuera de la agenda, a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Es un encuentro que no puede eludir pues sabe que este suceso ha calado profundamente en amplios sectores de la sociedad y ha acaparado la atención de todo el mundo. Sería un agravio no escucharlos y dirigir -por lo menos- una oración por sus hijos. No dudo que de la misma manera reciba a un grupo de víctimas de la pederastia clerical. Les pedirá perdón e insistirá en la vergüenza que provocan estas conductas para la Iglesia y su compromiso de cero tolerancia para los agresores sexuales y sus encubridores. Es imposible satisfacer todas las demandas de los católicos, desde los más conservadores a los que les gustaría que la misa se volviera a impartir en latín, hasta los más radicales que están a favor de la aprobación del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sería muy decepcionante que sus mensajes no estuvieran acordes a las circunstancias que vive el país cuando está bien informado de lo que ocurre y sabe que se adentra a una tierra de volcanes en erupción. Francisco encontrará una nación convulsionada y dolida por la violencia, la pobreza y la corrupción. Aunque creo que la mayoría de los mexicanos quedará contento con su visita una vez que el jesuita se arrodille a los pies de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac y exprese su cariño por México. Pocos entenderán el contenido de sus impecables discursos y homilías. Sería un desperdicio si no aprovecha la oportunidad para improvisar o comentar sus intervenciones cuando comparte la misma lengua que el auditorio. Verlo pasar en el papamóvil será motivo de regocijo para millones de admiradores y curiosos que saldrán a su encuentro y más para aquellos que asistan a alguno de sus eventos y lo vean de cerca o hagan contacto con él. Su presencia es para muchos sobrecogedora y hasta motivo de llanto. Repruebo, creo que como muchos otros mexicanos, la apropiación y desmedida cobertura que ha hecho Televisa y otros medios de comunicación de la figura papal, como si se tratara de un bien de su propiedad o de un medio para distraer al pueblo de sus verdaderos problemas. Confío en que máxima autoridad de la Iglesia Católica no permitirá que Norberto Rivera y la pareja presidencial se exhiban junto a él más allá del tiempo indispensable. Son personajes incómodos para la mayoría de los mexicanos y Francisco conoce las acusaciones que pesan sobre el arzobispo primado de México por encubrimiento y por su comprometedora relación con la clase política y empresarial; así como de la investigación donde se documenta y expone con gran detalle, la fórmula con la que la cúpula eclesiástica, encabezada por el Cardenal, incurrió en múltiples irregularidades y alteraciones para anular el matrimonio de la actriz Angélica Rivera permitiéndole contraer matrimonio religioso con quien se perfilaba para ser presidente de la República, como parte de un espectáculo que tenía la finalidad de granjear las simpatías de los católicos mexicanos.

Nada de descortesías ni mensajes cifrados ofensivos. Nada parecido a aquel incidente en el que el sacerdote y revolucionario sandinista Ernesto Cardenal fue increpado severamente por Juan Pablo II durante su visita oficial a Managua en 1983, frente a las cámaras de televisión que transmitían el evento a todo el mundo. El partidario de "una revolución desprovista de venganza" y defensor de la Teología de la Liberación narra que el Papa se le acercó y no le permitió que le besara el anillo y blandiendo el dedo como si fuera un bastón le dijo en tono de reproche: "Usted debe regularizar su situación". Un año más tarde el Papa lo suspendía a divinis del ejercicio del sacerdocio por desempeñar al mismo tiempo el cargo de Ministro de Cultura de ese gobierno. Treinta años después, el Papa argentino desautorizaba el castigo y derogaba el decreto. Es comprensible la actitud del polaco por provenir de un país que había sufrido la opresión y cancelación de todas las libertades, primero con los nazis que invadieron su patria e inmediatamente después con los rusos que implantaron el comunismo. Nadie mejor que él sabía lo que era padecer regímenes totalitarios y bárbaros. Por eso su tenaz oposición a cualquier intento de darle cabida a movimientos de esa naturaleza.

La beatificación de monseñor Oscar Romero, acusado por la ultraderecha de agitador y subversivo, y quien fuera arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980 en plena misa por un francotirador a sueldo y elevado a los altares el pasado 23 de mayo, es otro acto de justicia con el que el Papa Francisco reivindica a aquellos sectores progresistas de la Iglesia Católica que fueron satanizados y valora la opción preferencial y solidaria por los pobres como un instrumento al que tantos le dedicaron lo mejor de sus vidas. Este reconocimiento que tuvo un claro trasfondo político nos llenó de alegría y satisfacción a millones de creyentes y no creyentes -a los que hace 36 años nos conmocionó el magnicidio- porque consideramos que se trata de un revés que le dio a la derecha que tanto daño le ha hecho a la Institución. Después de varias décadas en las que las elites más conservadores se dieron a la tarea de excluir de la jerarquía eclesiástica a los sacerdotes identificados con esta corriente, renace la esperanza de que el grupo de luchadores sociales que sobrevive salgan del aislamiento al que han sido relegados y le den a la Iglesia una orientación de acuerdo al verdadero cristianismo. Su próxima visita a San Cristóbal de las Casas y su compromiso de rezar ante la tumba del obispo don Samuel Ruíz, defensor de los pueblos indígenas en Chiapas, confirma esta teoría porque repara de alguna manera las afrentas que sufrió el religioso por parte del alto clero mexicano, a quien se le impidió llevar adelante su labor pastoral indigenista desde su cultura. 

¿De dónde viene el dinero?

Por Eduardo Martínez Benavente

Hay una pregunta que cada vez más potosinos nos hacemos: ¿De dónde provienen los recursos que se están aplicando para atender los programas asistenciales que ha activado el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, si el Cabildo municipal sólo le autorizó una partida presupuestal destinada a "ayudas sociales a personas" por 4 millones 427 mil pesos para todo el ejercicio fiscal del 2016, y otros 8 millones 955 mil pesos que se distribuirán entre becas y programas de capacitación, ayudas a instituciones de enseñanza y a instituciones sin fines de lucro; así como ayudas a entidades de orden público y para desastres naturales y otros siniestros? ¿Cómo es posible entonces que en los tres primeros meses de la administración gallardista, con las finanzas quebradas, haya gastado casi 320 mil pesos diarios en "ayudas sociales a personas"?  Veintiséis veces más de lo que se podría erogar mensualmente con los recursos autorizados para el 2016; como se puede verificar en el informe financiero municipal correspondiente al cuarto trimestre del 2015. La cantidad autorizada para gastar en el 2016 es evidentemente falsa e insostenible, así como la del último presupuesto de egresos del ex alcalde Mario García Valdés, que se modificó dos meses antes de que concluyera su mandato destinando una partida de casi 107 millones de pesos para cubrir las "ayudas sociales a personas". Para alcanzar esa cifra se sumaron arbitrariamente los descuentos otorgados a los contribuyentes por concepto de Impuesto Predial y multas de tránsito, como si se tratara de un egreso, lo que les permitió falsear la contabilidad gubernamental. El presupuesto de egresos debe ser un cálculo razonable de lo que se pretende gastar. Nunca un disparate. Debe coincidir con el presupuesto de ingresos. Y el inmediato anterior, una vez actualizado o modificado, debe servir de referencia para elaborar el nuevo.

Las pistas que va dejando el dinero son los medios más efectivos para ir conociendo los aspectos oscuros de esta administración que desde un principio ha mostrado su rechazo a la transparencia y rendición de cuentas, al grado de negarle a un peticionario de información pública algo tan elemental como son los nombres de los representantes de las empresas que pagaron el programa "Fiesta de Luz", y por haber prorrogado el plazo para contestar otra solicitud con el que quiere ganar tiempo para calificarla como reservada. En esta solicitud se le pidió una copia simple de la relación de empresas y/o empresarios que aportaron recursos, en especie o en efectivo, para la realización del programa "Posadas Navideñas 2015", mediante el cual se repartieron 40 mil cobijas, 200 mil juguetes y un número indeterminado de despensas en distintas colonias de la ciudad. El presidente municipal manifestó que no tiene por qué transparentar los recursos que utilizó para realizar las fiestas navideñas, pues aseguró que fueron donativos de empresarios que no salieron del erario municipal, cuando debería saber o alguien informarle que el artículo 115 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que la Hacienda Pública está integrada, entre otros bienes, por las donaciones que recibiera, y por lo tanto, debieron ingresar a la contabilidad municipal y rendir cuentas de las mismas.

La falta de una respuesta transparente y satisfactoria con la que se pueda justificar todos los ingresos y egresos que no constan en los presupuestos nos permite exteriorizar a los ciudadanos toda clase de conjeturas sobre quiénes son los que aportan esos recursos y, lo más importante: ¿Qué les va a dar a cambio? Por lo pronto sabemos que unos de los bienhechores de la política asistencial de Gallardo es la empresa propietaria del desarrollo inmobiliario "El Gran Peñón". Se trata de una inversión que ha sido duramente criticada por la forma en la que obtuvo el permiso para el cambio de uso de suelo y porque la superficie que excede a la anchura reglamentaria de la principal vialidad, que tiene una longitud de 10 kilómetros, desde la prolongación de la avenida Juárez hasta la Zona Industrial, se le tomó en cuenta como si se tratara de una área de donación, independientemente de que el costo de esa vía correrá por cuenta del gobierno.

Es difícil calcular el valor de los cientos de miles de garrafones de agua, despensas, kilos de tortilla y otros bienes que sin costo alguno proyecta distribuir el alcalde entre decenas de miles de potosinos de las colonias más pobres de la ciudad durante su trienio, cuando ni siquiera se conoce el padrón de beneficiados. Sabemos que un kilo de tortilla anda entre 11 y 13 pesos, dependiendo del sector de la ciudad, aunque parece que este programa entrará en vigor hasta el 2017; y llenar un garrafón con agua purificada tiene un costo de 8 pesos. Si se tienen programadas 15 plantas que beneficiarían a 4 mil familias cada una, como lo ha presumido Gallardo, nos dan 60 mil familias beneficiadas con derecho a abastecerse de 4 garrafones por semana. Serían 240 mil garrafones semanales por 52 semanas del año, suman 12 millones 480 mil garrafones por 8 pesos cada uno; nos dan un costo de 99 millones 840 mil pesos. 

Este sólo programa le permitiría asegurar una clientela electoral cautiva que le allane el camino para incursionar con éxito en futuras aventuras políticas y afiance su cacicazgo regional. Sabemos que nadie, absolutamente nadie, le prestaría ayuda económica sin el interés inmediato de obtener un favor a cambio. Así se trate de "amigos", proveedores, fraccionadores, constructores, dueños de giros negros y otras actividades lícitas o ilícitas. Es evidente que cientos de millones de pesos están circulando fuera de las estrictas normas de la contabilidad gubernamental, pero lo peor del caso es que los órganos de fiscalización no hacen absolutamente nada para impedirlo. No estoy en contra de que el municipio apoye a ese sector de la población con programas asistenciales en la medida de sus posibilidades y sin desatender los servicios públicos que debe prestar. Lo que condeno es la falta de transparencia en el gasto público y el protagonismo del alcalde que quiere que le aplaudan cada vez que tapa un hoyo o le sale un diente.