Con las manos vacías

Por Eduardo Martínez Benavente

Uno se pregunta si era realmente necesario que el gobernador del estado se desplazara hasta Alemania acompañado de un grupo de funcionarios e invitados, cuyo número, nombres y actividades desconocemos para cerrar un convenio con Grupo Ronal, que según la información oficial se ha comprometido a instalar una empresa dedicada a la producción de rines en territorio potosino; o si su viaje sirvió de escenario para proyectar la imagen de un exitoso negociador al que le bastó una breve visita por Europa para persuadir a los alemanes a invertir en San Luis Potosí porque ya todo estaba concertado con la empresa, pues en ninguno de los boletines de prensa en los que se anunciaba su incursión por esas tierras se hacía referencia a esta operación, y sí a un encuentro con los directivos de la BMW que parece que no han definido el sitio en el que tienen proyectado construir su armadora de vehículos; y que no sabemos cómo le fue ni a qué nivel lo recibieron; aunque si sabemos que se presentó con las manos vacías.

El gobernador debe saber que un paquete de incentivos para que una empresa con tantas pretensiones como la BMW elija a San Luis Potosí vale unos mil millones de pesos, como los que destinó el gobierno de Marcelo de los Santos para traer a la General Motors, en el que debe estar incluido un terreno de unas 300 hectáreas con infraestructura y servicios; y el gobierno del estado no cuenta con reservas territoriales y menos con dinero o crédito para complacer esas exigencias. Así es que poco o nada podemos hacer para competir contra otros estados de la República que si los ofrecen, porque la ubicación; vías de acceso; mano de obra barata, dócil y capacitada; sindicatos blancos y algunos beneficios fiscales que ofrecemos los potosinos como gancho para atraer inversiones también los ofrecen otras ciudades interesadas en la BMW, aunque el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Macías Moreno, asegure que la Secretaría de Economía interviene para evitar la competencia desleal entre las entidades y resulte costeable la inversión. Por lo pronto no le importó al doctor Fernando Toranzo que San Luis se posesionara en el primer lugar de casos confirmados de influenza para realizar su viaje; en cambio, el gobernador de Guanajuato canceló una visita a París que en los mismos días tenía programada para traer a León el Congreso Mundial del Calzado 2014. Prefirió quedarse y atender la información y acciones de prevención de las enfermedades respiratorias que con menos intensidad sufren los guanajuatenses.

Es falso que el Municipio de la capital esté en condiciones de donarle a la armadora un predio con esas dimensiones como presume el alcalde Mario García Valdez, pues en el listado de sus bienes inmuebles, que se puede consultar en su página electrónica, no existe ninguno con una superficie mayor a 10 mil metros cuadrados. Lo que no fue impedimento para que la síndico Paulina Casteló Campos le siguiera el juego a su jefe al declarar que están a la espera de que el gobierno del estado o la empresa le soliciten la donación para atenderlos.

El presidente municipal de Villa de Reyes, José Piedad Galicia Chiquito, también se ha apuntado con el mismo ofrecimiento, señalando que cuenta con un terreno de 300 hectáreas que está dispuesto a ceder a los alemanes, ubicado en el parque Logistik. Pero esa superficie tampoco existe, pues si revisamos la página web de la Manifestación de Impacto Ambiental de Desarrollo Logistik, podemos constatar que el desarrollo habitacional e industrial que proyecta levantar en una superficie de casi 7 millones de metros cuadrados, no cuenta con una área de donación como la que se ofrece para ese objetivo. Seguramente que el alcalde no se ha dado cuenta que en el condominio que les autorizó no aparece un sólo metro cuadrado del que pueda disponer libremente. Lo engañaron, pues ni modo de regalarles los 336 mil metros cuadrados destinados a banquetas, o los 359 mil de áreas verdes frontales, o los 51 mil de camellones, o los 18 mil de glorietas, o los 963 mil de pavimentos o los 217 mil de guarniciones a que se hace referencia en el documento. El área vendible autorizada es de 5 millones 143 mil metros cuadrados. Al municipio debía corresponderle una superficie de 771 mil metros cuadrados urbanizados. Un poco más de 77 hectáreas que deberían localizarse al exterior del condominio.

¿Qué apoyos económicos, subsidios, exenciones y otros beneficios les ofreció el gobernador del estado al Grupo Ronal para que eligieran a nuestra entidad como plaza para desarrollar su proyecto?  ¿De dónde aportará recursos el gobierno para que la empresa le pague a Logistik el terreno que le compró en Villa de Reyes? Porque  si revisamos la partida presupuestal del 2014 destinada a la Secretaría de Desarrollo Económico, que es de donde debería salir ese apoyo, nos encontramos que los poco más de 34 millones de pesos que se le asignaron no le alcanzarán ni para cubrir su gasto corriente. ¿Se atrevería el doctor Fernando Toranzo, sin necesidad de que se le solicite, a publicar los detalles de su agenda y los compromisos que suscribió con la empresa, así como a dar a conocer el nombre de sus acompañantes y un informe pormenorizado de los gastos y viáticos que erogó por ese continente? ¿Viajó en primera clase como su antecesor? ¿Se hospedó en hoteles de lujo como lo hacía el panista? ¿Cuántos gorrones lo acompañaron? ¿También les pagó las cuentas de cigarros y cortes de pelo?

Mayorga o similares

Por Eduardo Martínez Benavente

La designación de la persona responsable de fiscalizar las cuentas públicas por los próximos siete años sería motivo de atención y participación ciudadana en cualquier país democrático que presumiera de serlo para obligar a los diputados, a los que les corresponde esa función, a elegir al candidato más probo, capaz y autónomo que se atreviera a sancionar a cualquier funcionario que infringiera la ley, sin importar el cargo que desempeñara. Pero para nuestra desgracia y atraso, en San Luis Potosí es muy probable que resulte reelecto por una amplia mayoría y por un período que se inicia el próximo 20 de febrero y concluye el 19 de febrero de 2021, el auditor Héctor Mayorga Delgado, o cualquiera otro que como él garantice a los gobernantes impunidad y condescendencia.

Cualquier aspirante que pretenda acceder a ese cargo con la sana intención de combatir la corrupción y cuidar el manejo de los dineros públicos sabe que está descartado, por más apto y honesto que sea, y no debería exponerse a que lo masacren y humillen con una votación en la que hará el peor de los ridículos. Cualquier pretendiente serio y ubicado sabe que esa posición será negociada entre las fracciones mayoritarias del Congreso del Estado, de tal manera que el que resulte electo proteja y cuide sus intereses, sin importarles la honestidad y oficio de la persona que designen. Necesitan un auditor con el que se pueda enmendar cualquier cuenta, hasta la más sucia y escandalosa, y que no moleste o persiga a los altos funcionarios sino sólo a aquellos que hayan caído en desgracia, no tengan padrinos que los defiendan o que sean insignificantes en el aparato de la burocracia. Alguien lo suficientemente cínico y encubridor como el contador Mayorga, experto blanqueador de cuentas y enderezador de torceduras, quien después de 3 años y seis meses que han transcurrido no ha dado a conocer el fallo final de las responsabilidades financieras en que incurrieron las administraciones de Marcelo de los Santos y de Fernando Toranzo, respecto al desvío de recursos del préstamo de los 1,500 millones de pesos que obtuvo el gobierno del panista en el 2009; y que según el auditor, ambos aplicaron, por lo menos en una buena parte, en gastos que no fueron identificados, y en otros que nada tenían que ver con inversiones públicas productivas como ordenaba el decreto legislativo. Ahora no sabe cómo desactivar esa bomba porque retractarse, negar, o argumentar que sus observaciones no son válidas porque se equivocó, merecerían fincarle un juicio político para proceder penalmente en su contra por los ilícitos en que incurriría, tales como uso y falsificación de documentos, encubrimiento, falsos testimonios, asociación delictuosa porque con él participaron otros auditores y supervisores, y ejercicio indebido de la función pública.

Se requiere de alguien como Mayorga, y si es él, mejor, que no le interese cerrar el caso y que esté dispuesto a dilatarlo hasta que a todo mundo se le olvide. Alguien barco y facilito que actúe como si la Auditoría Superior del Estado (ASE) fuera una posición política que sirve para encubrir las fechorías de los gobernantes. Alguien como Mayorga que sistemáticamente obstruye el ejercicio de la información pública que se le solicita hasta que es obligado a entregarla porque un juez de distrito se lo ordena. Alguien como Mayorga que, como si se tratara de un despacho privado, no publica los informes finales de los resultados de las auditorías que practica ni le da seguimiento a las recomendaciones que dirige a los funcionarios públicos, como tampoco lo hace con las sanciones que les aplica.

Los 5 millones 604 mil pesos que logró cobrar el auditor superior del estado por multas, indemnizaciones y créditos fiscales fincados a funcionarios estatales y municipales en sus primeros cuatro años de ejercicio son la mejor demostración de la inoperancia de su oficina y de su subordinación a los intereses de la clase política a la que no se atreve a tocar. El garante de la impunidad en el estado, en cada ejercicio fiscal tiene el atrevimiento de clasificar como reservada la información relativa a las auditorías que practica con la intención de que nadie se entere de su contenido. Esta información la tenemos que conseguir a través de otros medios y en algunas ocasiones de manera poco ortodoxa. Es inconstitucional bloquear la información derivada de las revisiones de las cuentas públicas, una vez que éstas hayan sido entregadas por la ASE a la Comisión de Vigilancia. ¿Pero qué caso tiene rendir un dictamen de auditoría en el que se pueda mostrar de manera indubitable información contable falsa y pagos arbitrarios e irracionales si nadie la atiende ni le da seguimiento? ¿Qué caso tiene presentar un informe con estas características si el auditor protege a los infractores, no les finca responsabilidades, ni se empeña en recuperar los recursos aplicados ilegalmente?

El registro de candidatos a dirigir la ASE concluye el próximo martes y el Congreso del Estado está obligado a publicar en su sitio de internet la lista con los nombres de todos aquellos que se inscribieron, en el entendido de que la documentación que acompañaron será de acceso público para que cualquier interesado pueda revisarla. Es muy probable que ninguno de los tres candidatos que se propongan al Pleno del Congreso resulte electo en el primer intento si antes no se ponen de acuerdo por lo menos 18 de los 27 diputados que asistan a la sesión. Y si no hay acuerdo, el nombramiento puede diferirse meses y crear un peligroso vacío que no está previsto en la ley cómo llenarlo porque Mayorga no puede seguir actuando más allá del próximo 20 de febrero, y las relaciones de un buen número de legisladores son muy tirantes con el resto de sus colegas como para alcanzar el número de votos que se necesitan y no se diga con el gobierno del Estado para que arme los consensos; por lo que no dudo que los dictámenes de las auditorías del ejercicio fiscal 2013 saldrán limpios de culpas y responsabilidades, pues las cuentas públicas son una valiosa mercancía para negociar cualquier propuesta y ablandar a los inconformes.

LA HIJA DEL REY

Por Eduardo Martínez Benavente

Sentar a la hija del Rey de España en el banquillo de los acusados por su presunta participación en la comisión de una serie de delitos es un hecho singular y memorable que honra y le da credibilidad a la justicia española, fortalece su sistema democrático y es un ejemplo a seguir por otros países, como México, en el que sólo a los políticos en desgracia se les juzga y castiga, no obstante las evidencias de la enorme corrupción y enriquecimiento ilícito en el que éstos y sus familiares se ven implicados.

El caso Iñaki Urdangarin, que retiene la atención de los españoles, ahora mejor conocido como el de la infanta Cristina de Borbón, se centra en un fraude fiscal y blanqueo de capitales, en el que ésta, junto con su marido, participa como condueña en una sociedad vinculada a otras en la que se exhiben actividades ilícitas de la pareja, así como una serie de correos que balconean sus gastos y gustos personales. Todavía no se puede medir el daño que provocará en la Casa del Rey si se prueba la culpabilidad de su descendiente. Una sociedad vapuleada por la crisis, con 5 millones de parados y desencantada de sus gobernantes, espera con ansiedad que caiga la guillotina y rueda la cabeza de la princesa. El solo hecho de que la justicia haya fincado una sospecha formal sobre una integrante de la casa real constituye un golpe devastador para la imagen de la institución monárquica española, sometida a un pronunciado desgaste y a una pérdida de simpatías y popularidad entre la sociedad.

Los escándalos y frivolidades de la nobleza motivan entre la mayoría de las personas una morbosa y fascinante curiosidad, por lo que cualquier chisme, desgracia o evento social que les ocurra es noticia universal, por más obsoletas y disfuncionales que para muchos parezcan las monarquías. Pero en esta ocasión se trata de un evento extraordinario por la imputación de un delito a un miembro de la descendencia directa del Rey, hasta ahora intocable, quienes según el juez de la causa "Están llamados a observar un especial cuidado para no situarse en órbitas comprometedoras".

La historia comienza en febrero de 2006, cuando un diputado socialista del Parlamento Balear, Antonio Diéguez, observa un pago irregular por 1 millón 200 mil euros en un convenio sin concurso público para organizar en 2005 un Fórum que duró un fin de semana, adjudicado directamente a dos empresas dependientes del Govern balear, y al Instituto Nóos, una sociedad en la que descubre que es presidida por el yerno del Rey; lo que lo anima a denunciar el hallazgo en una concurrida rueda de prensa a la que asiste la dirigencia de su partido. La acusación causa revuelo en La Moncloa y los asesores de la Corona le piden a Urdangarín que se retire a vivir lejos de España, en Washington, en donde se incorpora como ejecutivo de una empresa telefónica. El consorte de la infanta había iniciado sus actividades privadas en el mundo del marketing deportivo y la imagen hacia 2003 junto a un tal Diego Torres, quien fuera profesor en una prestigiosa escuela de negocios donde el duque de Palma obtuvo la titulación que le faltaba, un máster en Administración de Empresas. A partir de esa fecha, Urdangarin preside exitosamente el Instituto Nóos, una consultora creada en 1999 por Torres, donde los clientes son atraídos por un personaje con un perfil envidiable: deportista, medallista olímpico, guapo, elegante, noble y candidato a ejercer la presidencia del Comité Olímpico Español.

Los socialistas llegan al poder y exhiben los dispendios sin control de la administración anterior. Cuatro años después, el juez abre el expediente número 25 del sumario de corrupción y tráfico de influencias de que se les acusa, orientado a investigar los pagos del Govern al Instituto Nóos. A pesar de que el fiscal general del Estado intenta abortar la investigación, una maniobra del juez José Castro lo impide. Urdangarin creía que estaba blindado. Nadie más había vuelto a preguntar por él, y de Diego Torres no quería saber nada. El abogado de éste se presenta ante el juez y aporta información comprometedora porque cree que es mejor cooperar y enfrentar la situación. En los ordenadores que entrega hay material explícito sobre la vida privada, gastos y actividades del yerno del Rey como socio y gestor de varias empresas relacionadas con el Instituto Nóos, sin fines de lucro, aunque las ganancias no las puede ocultar porque al año de crear la sociedad compra una lujosa mansión en Barcelona, valorada en seis millones de euros.

Urdangarín para eludir las acusaciones que pesan en su contra establece una estrategia equivocada pues responsabiliza de todo a Diego Torres y su esposa, quienes ya han sido interrogados por el juez Castro e imputados como presuntos delincuentes. En el discurso navideño del 2011, Juan Carlos I afirma que “la justicia es igual para todos”. Y sus asesores hacen públicas por vez primera los ingresos y egresos de la Casa del Rey, y aclaran que el yerno nunca ha recibido dinero de la Corona. Un día después, la pieza 25 del sumario deja de ser secreta y el cónyuge de la infanta  también es imputado. El intento de aislarlo dejó de funcionar. En abril del 2013 se detectan varios correos electrónicos en los que se demuestra que el duque es parte activa de cuanto sucede en Nóos y sus sociedades, y que la Infanta es socia y está enterada de sus actividades. Desde entonces, la investigación se centra de forma exclusiva en las finanzas de la Infanta, quien se retira a Suiza con su esposo e hijos para escapar del escarnio público.

El juez José Castro ha citado a la primera infanta con título universitario y octava en la línea de sucesión como imputada para el 8 de marzo próximo, para ser interrogada sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en que “hubiera podido incurrir a raíz de su participación en la entidad Aizoon pues llevaron a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos de esa sociedad para atender gastos personales". Esa entidad es una empresa privada propiedad a partes iguales de Urdangarin y su mujer a la que fueron a parar muchos de los fondos que supuestamente obtuvo el marido de la infanta de manera ilícita. De esos fondos se aprovechó no sólo Urdangarín sino también la hija del Rey.