Contrapesos

Mayorga o similares

Por Eduardo Martínez Benavente

La designación de la persona responsable de fiscalizar las cuentas públicas por los próximos siete años sería motivo de atención y participación ciudadana en cualquier país democrático que presumiera de serlo para obligar a los diputados, a los que les corresponde esa función, a elegir al candidato más probo, capaz y autónomo que se atreviera a sancionar a cualquier funcionario que infringiera la ley, sin importar el cargo que desempeñara. Pero para nuestra desgracia y atraso, en San Luis Potosí es muy probable que resulte reelecto por una amplia mayoría y por un período que se inicia el próximo 20 de febrero y concluye el 19 de febrero de 2021, el auditor Héctor Mayorga Delgado, o cualquiera otro que como él garantice a los gobernantes impunidad y condescendencia.

Cualquier aspirante que pretenda acceder a ese cargo con la sana intención de combatir la corrupción y cuidar el manejo de los dineros públicos sabe que está descartado, por más apto y honesto que sea, y no debería exponerse a que lo masacren y humillen con una votación en la que hará el peor de los ridículos. Cualquier pretendiente serio y ubicado sabe que esa posición será negociada entre las fracciones mayoritarias del Congreso del Estado, de tal manera que el que resulte electo proteja y cuide sus intereses, sin importarles la honestidad y oficio de la persona que designen. Necesitan un auditor con el que se pueda enmendar cualquier cuenta, hasta la más sucia y escandalosa, y que no moleste o persiga a los altos funcionarios sino sólo a aquellos que hayan caído en desgracia, no tengan padrinos que los defiendan o que sean insignificantes en el aparato de la burocracia. Alguien lo suficientemente cínico y encubridor como el contador Mayorga, experto blanqueador de cuentas y enderezador de torceduras, quien después de 3 años y seis meses que han transcurrido no ha dado a conocer el fallo final de las responsabilidades financieras en que incurrieron las administraciones de Marcelo de los Santos y de Fernando Toranzo, respecto al desvío de recursos del préstamo de los 1,500 millones de pesos que obtuvo el gobierno del panista en el 2009; y que según el auditor, ambos aplicaron, por lo menos en una buena parte, en gastos que no fueron identificados, y en otros que nada tenían que ver con inversiones públicas productivas como ordenaba el decreto legislativo. Ahora no sabe cómo desactivar esa bomba porque retractarse, negar, o argumentar que sus observaciones no son válidas porque se equivocó, merecerían fincarle un juicio político para proceder penalmente en su contra por los ilícitos en que incurriría, tales como uso y falsificación de documentos, encubrimiento, falsos testimonios, asociación delictuosa porque con él participaron otros auditores y supervisores, y ejercicio indebido de la función pública.

Se requiere de alguien como Mayorga, y si es él, mejor, que no le interese cerrar el caso y que esté dispuesto a dilatarlo hasta que a todo mundo se le olvide. Alguien barco y facilito que actúe como si la Auditoría Superior del Estado (ASE) fuera una posición política que sirve para encubrir las fechorías de los gobernantes. Alguien como Mayorga que sistemáticamente obstruye el ejercicio de la información pública que se le solicita hasta que es obligado a entregarla porque un juez de distrito se lo ordena. Alguien como Mayorga que, como si se tratara de un despacho privado, no publica los informes finales de los resultados de las auditorías que practica ni le da seguimiento a las recomendaciones que dirige a los funcionarios públicos, como tampoco lo hace con las sanciones que les aplica.

Los 5 millones 604 mil pesos que logró cobrar el auditor superior del estado por multas, indemnizaciones y créditos fiscales fincados a funcionarios estatales y municipales en sus primeros cuatro años de ejercicio son la mejor demostración de la inoperancia de su oficina y de su subordinación a los intereses de la clase política a la que no se atreve a tocar. El garante de la impunidad en el estado, en cada ejercicio fiscal tiene el atrevimiento de clasificar como reservada la información relativa a las auditorías que practica con la intención de que nadie se entere de su contenido. Esta información la tenemos que conseguir a través de otros medios y en algunas ocasiones de manera poco ortodoxa. Es inconstitucional bloquear la información derivada de las revisiones de las cuentas públicas, una vez que éstas hayan sido entregadas por la ASE a la Comisión de Vigilancia. ¿Pero qué caso tiene rendir un dictamen de auditoría en el que se pueda mostrar de manera indubitable información contable falsa y pagos arbitrarios e irracionales si nadie la atiende ni le da seguimiento? ¿Qué caso tiene presentar un informe con estas características si el auditor protege a los infractores, no les finca responsabilidades, ni se empeña en recuperar los recursos aplicados ilegalmente?

El registro de candidatos a dirigir la ASE concluye el próximo martes y el Congreso del Estado está obligado a publicar en su sitio de internet la lista con los nombres de todos aquellos que se inscribieron, en el entendido de que la documentación que acompañaron será de acceso público para que cualquier interesado pueda revisarla. Es muy probable que ninguno de los tres candidatos que se propongan al Pleno del Congreso resulte electo en el primer intento si antes no se ponen de acuerdo por lo menos 18 de los 27 diputados que asistan a la sesión. Y si no hay acuerdo, el nombramiento puede diferirse meses y crear un peligroso vacío que no está previsto en la ley cómo llenarlo porque Mayorga no puede seguir actuando más allá del próximo 20 de febrero, y las relaciones de un buen número de legisladores son muy tirantes con el resto de sus colegas como para alcanzar el número de votos que se necesitan y no se diga con el gobierno del Estado para que arme los consensos; por lo que no dudo que los dictámenes de las auditorías del ejercicio fiscal 2013 saldrán limpios de culpas y responsabilidades, pues las cuentas públicas son una valiosa mercancía para negociar cualquier propuesta y ablandar a los inconformes.