Malas pagas

Por Eduardo Martínez Benavente

La Cegaip pronunció el 27 de febrero una resolución que nos fue notificada esta semana en la que de alguna manera contribuye a garantizar el acceso a la información pública gubernamental al haber desclasificado información que en su momento el Interapas había ordenado reservar, pues conmina al organismo intermunicipal de agua potable a dar a conocer la identidad de los 100 morosos con mayores adeudos del servicio público de agua. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) resolvió que no procede la reserva respecto al nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes, de aquellos que tengan a su cargo créditos fiscales firmes; y le concede tres días para darlos a conocer. El Interapas está obligado a publicar en su página web los nombres de los deudores y el monto de sus créditos para que cualquier interesado pueda consultarlos. Exhibirlos podría servir como medida de apremio para que se pongan al corriente y se incremente la recaudación.

Por otra parte, no hay constancia de que Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V. haya cubierto la contraprestación que debe pagar al Municipio por la concesión que ilegalmente usufructúa desde el 2008 para prestar el servicio de agua potable a la Loma Club de Golf y a otros desarrollos habitacionales ubicados al poniente de la ciudad.

En el convenio que celebró con la administración municipal de Jorge Lozano se pactó una fórmula complicada y tramposa (pág. 15) para calcular el pago de los derechos correspondientes, que consistió en que: "El volumen de extracción de agua que la empresa denominada  Aguas del  Poniente Potosino S.A. de C.V., pague a la Comisión Nacional del Agua se multiplicará por el 14% y el resultado se multiplicará por el costo de la tarifa para uso domestico que autorice el Congreso del Estado al organismo operador de Agua Potable y Alcantarillado. Este importe deberá cubrirse al H. Ayuntamiento en forma bimestral".

Para saber si la concesionaria está cumpliendo con sus obligaciones, un peticionario de información pública solicitó y obtuvo del Interapas una respuesta que emitió el 24 de marzo, en la que le asegura que no se cuenta con ningún documento en el que se pueda consultar la contraprestación o pago realizado a ese organismo por parte de la empresa, ni tiene en sus archivos copia del título de la concesión que le solicita. Sin embargo, el Interapas ha permitido que la empresa cobre a los colonos cuotas y tarifas mayores a las autorizadas por el Congreso del Estado por el servicio de agua que presta y por los medidores que instala. En la cuenta pública del ayuntamiento no se reporta ingreso alguno derivado de la concesión.

El Interapas inicia a partir de abril una promoción para que los usuarios paguen sólo lamitad de sus adeudos, con la expectativa de recuperar 120 millones de pesos. Cualquier estímulo que se otorgue bajo las condiciones económicas que prevalecen es inoperante y seguro que será un fracaso. No quieren entender que la mayoría de las familias potosinas no tienen con qué pagar sus deudas, y que ni se les ocurra cortarles el servicio porque se originaría un problema de salud pública. Se les tiene que dar todo tipo de facilidades para que abonen aunque sea una mínima parte del adeudo. Mejor deberían dirigir sus baterías en contra de los grandes deudores. El Interapas difundió hace un año un listado inútil en el que sólo proporcionaba el saldo deudor de los 100 principales morosos ocultando sus nombres. La deuda mayor era de 8 millones 519 mil pesos y la menor de 202 mil 602 pesos. Si se recuperaran los adeudos de los 400 principales morosos se rebasaría con mucho la meta fijada.

Hace una cuantas semanas un peticionario de información pública logró a través de Infomex romper la secrecía con la que el Municipio de San Luis Potosí guardaba los nombres y montos de los contribuyentes que adeudan el impuesto predial. Nuestra sorpresa fue enorme cuando nos enteramos que existían 80,916 propietarios que le debían 1,663 millones de pesos al 31 de enero de 2014. Una suma equivalente al 83 por ciento de lo que tiene presupuestado gastar para este ejercicio. Pero mayor fue nuestra indignación cuando descubrimos que tan sólo 5 empresas inmobiliarias acumulaban un adeudo superior a todo lo que se había recaudado hasta esa fecha a través del pago de 163 mil contribuyentes que puntualmente habían cumplido con sus obligaciones. No se advierte ninguna acción coactiva por parte del municipio para exigir el pago de los adeudos que servirían para sanear sus pobres finanzas. Nos queda claro que los gobiernos municipales de San Luis Potosí están al servicio de las camarillas de influyentes terratenientes y fraccionadores, y que cualquier candidato viable que pudiera poner en riesgo sus intereses, lo desaparecen.

El 24 de marzo apareció publicado un artículo en eldiario digital Sinembargo, de gran aceptación entre la gente pensante del país, propiedad de Miguel y Pablo Valladares, que nos debe hacer reflexionar y que reproduzco en su parte conducente: "De acuerdo con el Atlas Global de Justicia Ambiental, los pronósticos de la NASA tienen una alta probabilidad al ponerse en evidencia el colapso planetario que ya sumerge a la humanidad en una época crítica, plagada de conflictos medioambientales y desigualdad social que desemboca en una “lucha de clases” producida por la acumulación de poder en un sector minoritario que abusa de sus privilegios perjudicando a las mayorías menos favorecidas, así como a sus ecosistemas".

La transparencia es un instrumento invaluable para ir cerrando los espacios de la corrupción que tanto daño le hacen a México, y el contrato que autorizó el Interapas para que una empresa distinta a la que ganó la licitación -sin experiencia, constituida13 días después de la fecha en la que ésta se celebró y el mismo día en que se firmó el contrato y con un capital de 100 mil pesos- sea la ejecutora que preste los servicios para la mejora integral del organismo es un ejemplo de influyentísimo y corrupción que huele a Salinas.

Fiscalización fallida

Por Eduardo Martínez Benavente

No es lo mismo fijar o determinar sanciones que hacerlas efectivas. El contador Héctor Mayorga en su campaña proselitista para reelegirse como auditor superior del estado y para demostrar que no era ningún "barco" tuvo el descaro de presumir que el organismo a su cargo había impuesto multas que alcanzaban los 70 millones de pesos y que gran parte de ese recurso se había "integrado" (sic) a los municipios o entes que resultaron dañados por las malas administraciones. El boletín de prensa que hizo circular a mediados de enero no detallaba los nombres y cargos de los funcionarios sancionados ni los montos reintegrados a cada uno de los municipios como parte de los resarcimientos a que hacía referencia, por lo que le solicitamos a la Auditoría Superior del Estado (ASE) mayor información que nos fue proporcionada el 13 de febrero y con la que pudimos concluir que Mayorga engañó a la opinión pública pues el documento que nos entregaron en una foja simple denominado "Auxiliar por Cuentas de Registro" sólo reporta un ridículo ingreso de 38 mil 196 pesos por concepto de resarcimientos cobrados en efectivo a varios funcionarios de algunos de los municipios más pobres del estado.

Ante la evidente inoperancia del organismo fiscalizador y ante la indolencia y corrupción que lo caracteriza no podemos esperar que vaya a sancionar a los responsables que han incurrido en graves ilícitos, como son los que desviaron una buena parte del préstamo de los 1,500 millones de pesos, los que se enriquecieron a través de maquinaciones fraudulentas durante la administración de Victoria Labastida y los que han dispuesto arbitrariamente de los ingresos y egresos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como si tratara de un negocio propio, y que han sido exhibidos en los pliegos de observaciones por los auditores que revisaron sus cuentas con el propósito de evitar que sus superiores las vayan a negociar y queden reducidas a nimiedades. Poco o nada se puede esperar del nuevo auditor, José de Jesús Martínez Loredo, pues con los compromisos que asumió para ocupar el cargo, no nos extrañaría que se convirtiera en otro garante de la impunidad y corrupción de la clase política.

La ASE anexó a nuestra solicitud una relación de inmuebles adjudicados en pago por diversos créditos fiscales a favor de 5 municipios afectados que resultó en otro embuste, pues sólo uno, el ubicado en la cabecera municipal de Rioverde fue adjudicado en remate, sin señalar el valor que reportó el avalúo que se tenía que haber practicado. Otros 5 predios, sin necesidad de llegar al remate, se dieron en pago por los presidentes municipales Fausto Izar Charre, de Rioverde, para cubrir un adeudo de la cuenta pública del 2004 por 853 mil 313 pesos; Filemón Pérez Martínez, de Guadalcazar, por 226 mil 983 pesos, correspondiente a la cuenta pública del 2003; Agustín Jaime Rivera Rivera de Tamazunchale, correspondiente a la cuenta pública del 2003, por 933 mil 884 pesos; Edgard Hurtado Migrán, de Coxcatlán por 110 mil 308 pesos, por la cuenta del 2005 y Juan Carlos Cruz Viggiano, de Xilitla, por 180 mil 971 pesos, correspondiente a la también lejanísima cuenta pública del 2003. En todos estos casos tuvo que transcurrir una década para hacer efectivas las multas e indemnizaciones. Dudo mucho que el valor real de esos inmuebles haya alcanzado a cubrir el monto de los adeudos reclamados.

Por otro lado, las multas deben ser proporcionales al daño causado y al monto del patrimonio del funcionario sancionado, pues no se vale engañar a la ciudadanía anunciando sanciones descomunales e impagables como las que la Contraloría General del Estado le impuso a Marcelo de los Santos por casi 8 mil millones de pesos; o a su ex vocera, María Luisa Paulín, por 142 millones.

Se le pidió a la ASE la lista de los servidores públicos sancionados en la que fuera posible consultar el monto de la multa o indemnización impuesta y lo que se había recuperado en cada uno de esos casos. Nos entregaron una larga lista defuncionarios municipales sancionados en la que se advierte que sólo unos cuantos han pagado los créditos que se les reclaman. Para nuestra sorpresa, en el listado de 53 hojas, no aparece un sólo funcionario del gobierno del estado. Entre los sancionados está Jacobo Payán, ex presidente concejal, con una ridícula multa de 30 mil 277 pesos que no ha cubierto y que ni remotamente corresponde a los abusos en que incurrió; el diputado Fernando Pérez Espinosa con una multa de 3 mil 308 pesos, impuesta por la Cegaip, por no haberle entregado a un peticionario la información que le solicitó cuando se desempeñaba como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. A María Luisa Paulín, por el mismo motivo, le aplicaron una multa de 28 mil 400 pesos que le cobraron con lujo de violencia. Sin revelar el nombre de los funcionarios sancionados y sólo haciendo referencia al municipio que pertenecen, destacan los de Ciudad del Maíz con sanciones que suman 17 millones 495 mil pesos; los de Axtla de Terrazas con 13 millones 377 mil pesos y los de San Antonio con 5 millones 564 mil pesos, que sabe la ASE que nunca se los van a pagar. Al ex presidente municipal Octavio Pedroza le fue mejor, pues sólo recibió una amonestación privada que ahora hacemos pública. Los nombres de los demás responsables, cargos y sanciones aplicadas se pueden consultar en el portal de Proyecto Tábano.

Con estos cuantos ejemplos podemos concluir que el sistema de imposición de sanciones que aplica la ASE es un completo y rotundo fracaso, y más el procedimiento coactivo administrativo para hacerlas efectivas. Se tiene que legislar y establecer otras medidas para evitar el peculado, el desvío de recursos y demás ilícitos en que incurren ordinariamente los funcionarios públicos, como serían la fiscalización permanente por parte del organismo revisor de los ingresos y egresos de todos los entes públicos; la capacitación de los que manejan dinero. La intervención de las tesorerías ante la menor sospecha o inobservancia a sus recomendaciones. La obligación de otorgar fianzas para garantizar el manejo de los fondos públicos. La facultad de poder embargar preventivamente los bienes de los funcionarios señalados como presuntos responsables, entre otras muchas medidas. 

Cuentas alegres

Por Eduardo Martínez Benavente

El informe de la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio del 2013, el cuarto que presenta el gobernador Fernando Toranzo, no fue motivo de elogio o reconocimiento alguno, no obstante que presenta un escenario boyante en el que asegura que nos está yendo muy bien a los potosinos. La falta de credibilidad de la que gozan los gobernantes y la percepción ciudadana de que la situación económica es un desastre le dan al traste a las cifras y estimaciones de su gobierno en el sentido de que, con todo y la desaceleración de la economía mundial registrada en el transcurso del año, el crecimiento para San Luis Potosí fue de 2.2 por ciento al cierre del 2013, muy por encima del nacional que apenas alcanzó el 1.2 por ciento. Presume que los índices de desocupación en la entidad son envidiables, pues casi todos los potosinos tenemos una actividad remunerada al registrar 1.5 puntos porcentuales menos que la nacional que se ubica en un 4.6 por ciento. Lo que no ocurre ni en los países más desarrollados del planeta, aunque omite aclarar que el 90 por ciento de esos trabajadores ganan de uno a tres salarios mínimos que no les alcanza para satisfacer la mayoría de sus necesidades. En materia de precios también somos ejemplares, pues la inflación registró en el estado una tasa acumulada al mes de diciembre del 2.18, esto es 1.79 puntos menos que la nacional.

El gobernador alardea en su informe que la estrategia económica del ejercicio fiscal 2013 consistió en consolidar lo realizado en ejercicios fiscales anteriores y avanzar en el cumplimiento de lo señalado en los documentos rectores de desarrollo del Estado, como sería "construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesaria para el desarrollo integral de las cuatro regiones del estado y asegurar un clima de paz y seguridad en la Entidad para combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad". Reporta una inversión de 7 mil 400 millones de pesos destinada a combatir la pobreza que no se refleja por ningún lado, aunque asegura que se redujo el déficit de servicios básicos en las viviendas, la problemática del hacinamiento y la de cocinar con leña en las localidades de muy alta y alta marginación. Es un gobierno que a lo mejor ha pretendido mitigar las expresiones más dolorosas de la pobreza con políticas asistenciales, pero no ha aplicado políticas de Estado con visión de largo plazo para erradicarla. No hay inversiones productivas. Los que hemos tenido la oportunidad de recorrer recientemente algunos municipios del estado somos testigos de la miseria y marginalidad en la que viven la mayoría de los campesinos e indígenas. Igual de extrema que la que veíamos en 1991 cuando acompañamos al doctor Salvador Nava en su gira proselitista por la entidad. Tan útil que sería conocer una versión objetiva y veraz de la situación financiera y social que vivimos en la que se exhibieran todas las carencias y deficiencias de la vida pública.

La cuenta pública es un documento abarrotado de buenas intenciones y números que comprende un mundo de información relacionada con la deuda pública, con las participaciones y fondos municipales y con las dependencias e instancias del gobierno estatal orientado a conocer los ingresos y egresos del ejercicio; y en los anexos, que no se publicaron, deben aparecer las características de las miles de obras y acciones que se ejecutaron, hasta las más insignificantes, así como el gasto asignado a cada una de ellas que nadie tiene capacidad de revisar por lo que nos pueden contar cualquier mentira y que el gobierno difunde con la certeza de que ni los diputados ni los partidos de oposición analizarán, y que la Auditoría Superior del Estado (ASE) aprobará sin mayores complicaciones, y si acaso con algunas observaciones intrascendentes, como ha ocurrido con las últimas cuentas públicas.

Sería muy tedioso tratar de analizar en este espacio los números y operaciones que se declaran en el informe, aunque para darnos una idea de su complejidad basta con comentar brevemente tres asuntos que me llaman la atención y que requieren de una explicación por parte del secretario de Finanzas. El primero son los ingresos por derechos del Hospital Ignacio Morones Prieto, que de 50 millones 658 mil pesos presupuestados, se elevaron a 629 millones 151 mil pesos obtenidos. Ese salto descomunal o manipulación de cifras pesa de manera muy importante en el monto de los excedentes que reporta la contabilidad gubernamental. El segundo se refiere a los 40 millones de pesos de utilidades que se calculó que obtendrían los invernaderos de Santa Rita y que quedaron reducidos a un poco más de 16 millones. La explicación que proporcionan no es suficiente para entender si la diferencia que resultó es la que se reinvirtió en el proyecto. Y en el tercero me quedan varias dudas para reconocer como un resultado positivo de este ejercicio la reducción significativa en el total de los pasivos contabilizados, pues de 9 mil 820 millones de pesos al cierre del ejercicio anterior, quedaron 9 mil 104 millones al 31 de diciembre de 2013.

Es una pena que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no verifique la información, pues por su autonomía y por los recursos humanos y económicos que maneja debería ser una institución con credibilidad para pronunciarse y emitir una opinión en la que avale, explique o desmienta las cuentas alegres del gobernador. Muchos potosinos se preguntan: ¿Dónde están las grandes obras de infraestructura realizadas por esta administración que puedan detonar el desarrollo del estado?  La respuesta es muy sencilla: no existen. Lo único que podría salvar a este gobierno de la mediocridad que lo caracteriza es que la BMW se instalara en la entidad. 

El gobierno del estado tuvo un ingreso histórico en el 2013 que rebasó los 34 mil 743 millones de pesos. Nunca se había captado tanto dinero. Más de 3 mil 737 millones de pesos de la suma originalmente presupuestada que no se tradujeron en obras y beneficios para la sociedad, sino en incrementos a la nómina y gasto corriente que autorizó la Comisión Gasto Financiamiento que controla el contador Jesús Conde Mejía. Los diputados en esta Comisión son inexistentes, no tienen representación, y ni siquiera se les ha ocurrido presentar una iniciativa de ley que los incorpore a  esa tarea, de tal manera que tengan la mayoría de votos para que sean ellos los que decidan el destino de los excedentes.

Huele mal el agua

Por Eduardo Martínez Benavente

Si el ingeniero Héctor Eduardo García Castillo, director del Interapas, contara con argumentos irrebatibles para justificar el motivo por el que aparece la sociedad mercantil denominada "Mejora Integral de San Luis" S.A. de C.V., como beneficiaria de un contrato de prestación de servicios que vale más de 907 millones de pesos, celebrado entre ese organismo y esta empresa; en lugar de haberlo hecho con Cobra Instalaciones México, S.A. de C. V., que fue la sociedad que ganó la Licitación Pública Nacional númeroLA-824028997-N19-2011, que originó este contrato, seguramente que ya habría convocado a una rueda de prensa para demostrar que la operación es legal y que no está encubriendo ningún ilícito. Si dispusiera de documentos indubitables para acreditar la limpieza de la operación no tendría porque esperarse a que se venza el plazo que le otorgó la Cegaip para entregar la información solicitada y no seguiría exponiendo a la institución que representa al descrédito por haberla clasificado ilegalmente como reservada desde el 21 de enero de 2013, 4 días después de que asumió el cargo.

Es importante aclarar que en esta licitación participaron otras 5 empresas y ninguna corresponde a la denominación de la adjudicataria. El director está obligado a explicarnos de qué se valieron para otorgarle a esa empresa el cuantioso contrato. La concursante que cotizó más bajo, en 495 millones de pesos, fue descalificada por baratera. En esa sociedad aparecían los nombres de varios empresarios potosinos que protestaron, pero que no impugnaron el fallo por la vía legal. 

El 10 de julio de 2012, cuando el alcalde interino Luis Miguel Ávalos Oyarvides presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para modificar los decretos legislativos 563 del 27 de diciembre de 2008 y 184 del 6 de mayo de 2010, para que la empresa pudiera operar y mantener los servicios ofrecidos por 12 años, en lugar de 8, como estaba establecido originalmente en la convocatoria de la licitación, nos dimos cuenta que mencionaba a "Mejora Integral de San Luis," S.A. de C.V., como adjudicataria del contrato, que nada tenía que ver en la lista de participantes de la licitación. Avalos Oyarvides también solicitó que se ratificaran las facultades que se le habían dado al INTERAPAS para contratar una línea de crédito por un poco más de 36 millones de pesos que se utilizaría para garantizarle a la empresa el pago de 3 mensualidades, en caso de que el organismo operador no cubriera  oportunamente las contraprestaciones pactadas.

El artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no permite que los derechos y obligaciones derivados de estos contratos puedan cederse a favor de otra persona física o moral, y sólo contempla que, en caso de no firmarse el contrato con el que obtuvo el primer lugar en la licitación, se adjudique al segundo de la lista o a los siguientes si los anteriores no aceptan.

El sustituto del ex director Francisco Muñiz Pereira fue propuesto para ocupar ese cargo por el alcalde Mario García Valdez, presidente de la junta de gobierno del Interapas, quien resultó electo por unanimidad entre una terna que se votó el 18 de diciembre de 2012. El organismo fue notificado el pasado lunes 3 de marzo, por la Cegaip, para que dentro de los siguientes 10 días publique el referido contrato en el que a través de esta modalidad se privatiza una buena parte de los servicios que le corresponde proporcionar.

El contrato comprende la construcción de las obras hidráulicas que se requieren para recibir el agua proveniente del Realito, así como el control y automatización de 103 pozos, la rehabilitación y mejoramiento electromecánico de 84 pozos, la sustitución de 120,000 tomas domiciliarias, la sectorización y rehabilitación de 136 kilómetros de redes de agua potable y la instalación de 151,000 micro-medidores. Abarca también la localización y control de las fugas en tomas y redes; la actualización del padrón de usuarios que está conformado por más de 320,000 domicilios; el procesamiento, lectura y facturación del consumo de agua. Se encargará de la cobranza y recuperación de la cartera vencida, para esto se le faculta a cortar el servicio, si el consumidor no paga sus recibos. Tendrá bajo su responsabilidad la atención a usuarios e implementará las cajas móviles para la cobranza. El prestador de servicios recibirá del INTERAPAS los nombres de los usuarios morosos con adeudos mayores a 3 recibos vencidos para que se haga cargo de la cobranza mediante una remuneración del 20% sobre el monto recuperado. Existen más de 115,850 tomas sin medidor a las que se les aplica arbitrariamente una cuota fija para el cobro del servicio.

Más caos: hay 40,667 medidores que no funcionan, por lo que no es posible conocer con precisión la relación entre el agua consumida y cobrada en estas tomas. Son más de 200 páginas de especificaciones que los diputados debían haber analizado antes de aprobar la iniciativa. Es un compromiso enrome que ha obligado a incrementar las tarifas que deben pagar los usuarios del servicio de agua y que exhibe la incapacidad del organismo para prestar estos servicios que cede a un particular, no obstante que le están encomendados por el decretó que lo creó.

También se compromete a identificar a los 2,380 usuarios más representativos de consumo de agua para recabar los antecedentes de su toma, las descargas, los contratos, los pagos, las lecturas y cualquier información que precise su verdadera situación para realizar los ajustes y monitorearlos permanentemente. Se calcula un período de inversión y construcción de 4 años, y 8 más de operación. Para llevar a cabo estas obras y acciones se le entregarán a la empresa recursos federales por unos 400 millones de pesos de un fondo perdido, más otros 600 millones que tendrá que conseguir para completar la inversión.  El Congreso debería exigirle al INTERAPAS, que una vez que la prestadora de servicios inicie estas funciones, reduzca sustancialmente su nómina y gasto corriente, como un primer paso, antes de que desaparezca por completo.

La glorificación de El Chapo

Por Eduardo Martínez Benavente

La actitud triunfalista y los reconocimientos que ha recibido el gobierno de Enrique Peña Nieto por la captura de narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán tienen una vigencia y validez que muy pronto se disiparán, cuando veamos que la violencia del crimen organizado y la corrupción que la ampara siguen exactamente igual o peor que antes de la caída del líder del Cartel del Sinaloa. El bono de confianza otorgado a su administración es efímero y olvidadizo.

Es muy acertado aquel presagio del capo de la droga, Ismael El Mayo Zambada, que le confió a don Julio Scherer, en aquella entrevista clandestina que le concedió en abril de 2010 y que fue reproducida por Proceso en su edición de hace 8 días: "Si me atrapan o me matan nada cambia". En ese encuentro de gran valor periodístico el amigo y socio de El Chapo, narra escondido en una guarida que si él o su compadre se exhibieran, ya los habrían agarrado por lo que es un mito que éste aparecía en restaurantes pagando las cuentas de los clientes que se encontraban en el lugar o en bodas y otros eventos sociales. Don julio le pregunta que si algunas veces ha sentido cerca al ejército. A lo que responde: "Cuatro veces. El Chapo más". "Tengo pánico de que me encierren". Le pregunta también si sabía que la revista Forbes incluyó a Guzmán entre los grandes millonarios del mundo. "Son tonterías", le asegura. Como tonterías son también las referencias de esa revista que ubica a San Luis Potosí entre las tres mejores capitales del país.

Es imposible valorar el patrimonio de un narcotraficante que no tiene nada a su nombre y que la mayoría de las veces se vale de prestanombres sin vínculo alguno que los pueda identificar. Lo peor que le puede ocurrir en estos momentos a la economía de esa región es que se desate una cacería de brujas en contra de todo lo que huela a inversiones de El Chapo Guzmán. Que se confisquen toda clase de bienes sin más pruebas que el testimonio del detenido que bajo las condiciones a que está sometido es capaz de declarar lo que quieran con tal de que le suavicen el trato inhumano que sufrirá en la cárcel de máxima seguridad en la que seguramente pasará el resto de sus días, si es que antes no lo extraditan al infierno de una de los Estados Unidos. Las fuentes de trabajo deben preservarse a toda costa.

Cualquiera puede hacer sus propias conjeturas sobre la captura del más afamado narco del país. Es un deporte nacional. La versión oficial es que se logró mediante un trabajo coordinado de inteligencia entre agencias del gobierno americano y autoridades mexicanas en las que se captó una llamada del delincuente que pudo rastrearse hasta ubicar exactamente el lugar de donde procedía. Cuesta trabajo aceptar esa historia que sería muy similar a lo que 20 años antes, con mucho menos tecnología que ahora, le ocurrió al más temido y famoso narcotraficante de todos los tiempos, Juan Pablo Escobar. Seguramente que el mexicano conocía ese capítulo de su vida, pues no dudo que hubiera visto la serie colombiana "El Patrón del Mal", que narra todos los detalles de cómo por una llamada que hizo a su hijo a través de un teléfono satelital, la policía dio con él y lo ejecutó al intentar escaparse. No creo que el sinaloense se haya expuesto a repetir el mismo error cuando sabía que estaban encima de él.

El Chapo Guzmán corrió con mejor suerte pues al verse atrapado en su ratonera y saber que ponía en peligro la vida de su esposa e hijas se entregó sin disparar un sólo tiro. Es muy probable que en las siguientes horas haya negociado la liberación de su mujer, de rancia y conocida estirpe criminal, a cambio de no denunciar públicamente a los candidatos que se han visto favorecidos con su dinero en las campañas electorales, así como ocultar los nombres de aquellas autoridades de las que recibió protección y cuidados. Tan se trató de una negociación que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en declaraciones consignadas por Clarín, tuvo el atrevimiento de asegurar que la dama no tenía absolutamente nada que ver respecto a las acciones del delincuente y por eso se le dejaba en libertad, cuando su obligación era ordenar su detención para que se le investigara y en su caso se le consignara ante un juez que resolviera su situación.

Yo creo que su detención obedeció a circunstancias mucho más sencillas y razonables que el cuento que nos quieren hacer creer, creo que fue identificado por algún vecino o paseante que lo denunció. Bajarse de su automóvil en la costera de Mazatlán con su esposa, ex reina de la belleza y conocida por muchos, entrar al lobby del condominio y subir las escaleras o tomar el elevador hasta su piso era un recorrido extremadamente riesgoso. Muchos creíamos que la cirugía plástica lo había transformado y que sería imposible identificarlo. Pero esto no ocurrió. Ni siquiera sufrió mayores cambios por los estragos que hacen los años. Conozco personas que pueden reconocer entre una multitud a alguna celebridad o a un amigo o conocido que no han visto en décadas. Tienen un don especial que nos sorprende. La recompensa de 5 millones de dólares que ofrecía el gobierno americano para el que proporcionara información era muy atractiva como para dejarla pasar. Es muy probable que el denunciante se haya comunicado con la DEA y ésta con la marina de México, la autoridad más confiable para llevar a cabo la operación.

El gobierno federal ha propagado hasta el hastío información relacionada con el patrimonio del narco que se puede interpretar como una apología al delincuente. Lo han glorificado. A tal grado que si se levantara una encuesta, creo que las simpatías de las que goza serían mayores a la puntuación negativa de los que lo aborrecen. Para una sociedad sin valores morales, el poder y riqueza que acumuló son modelo a seguir, sin importar los medios que utilizó para obtenerlos. El gobierno de Peña Nieto debería enfocarse a difundir el dolor y pena que dejó regados en las entidades que controlaba. Exhibir los videos de sus masacres y el testimonio de las madres, esposas e hijos que sufren la pérdida de algún familiar ordenada por este criminal. Así como dar a conocer la disciplina carcelaria a la que estará sometido día y noche, para ver si todavía hay alguien que lo siga admirando.