Todo tiene un precio

SEGUNDA PARTE 

Por Eduardo Martínez Benavente

La envidiable ubicación geográfica de la capital del estado, sus vías de comunicación, la funcionalidad de sus servicios, su clima benigno, la estabilidad de sus instituciones, sus sindicatos protectores de los intereses patronales, así como la mano de obra barata, dócil y eficiente de los obreros y empleados potosinos deberían ser incentivos más que suficientes para atraer capitales, o por lo menos para atenuar las pretensiones desmedidas de la inversión extranjera. Los estímulos y subsidios a que se comprometió el gobierno de Fernando Toranzo para la instalación de la BMW en Villa de Reyes rebasan con mucho nuestra capacidad económica y no corresponden a los posibles beneficios que la entidad puede recibir de los alemanes. Es cierto que todo tiene un precio, pero en este caso el costo beneficio es inaceptable, ilegal e injusto; y el que suceda a Toranzo se verá obligado a renegociar o cancelar el convenio, si es que para entonces los europeos no han abandonado el proyecto. 

La irresponsabilidad del gobernador del estado al crear pasivos por más de 3 mil millones de pesos sin partida presupuestal completa y con una disponibilidad financiera que apenas alcanza los 750 millones de pesos, producto de un crédito bancario en el que se señaló como fuente de pago una parte de los ingresos del Impuesto sobre la Nómina, debe ser uno de los principales asuntos por debatir con motivo de las campañas electorales que se avecinan; por lo que resulta inaceptable que el convenio sólo lo pueda conocer el candidato que se alce con la victoria, quien -de conformidad con la cláusula trigésima cuarta- recibirá un reporte de las obligaciones pendientes a cumplir dentro de los 45 días naturales anteriores a la fecha en que tome posesión de su cargo. El secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, violó el artículo 53 de la Constitución del Estado porque en el último informe financiero trimestral que presentó el pasado 15 de enero no reportó la situación real que guarda la hacienda pública al omitir los pasivos contraídos con la empresa. El Congreso del Estado debe sancionarlo.

La BMW engaña a los potosinos al lanzar una convocatoria en su página electrónica invitando a los interesados a laborar en la empresa a que aporten sus datos personales cuando faltan 5 años para el inicio de operaciones y, esto, siempre y cuando el gobierno cumpla con todos los requisitos a que se obligó. La armadora podría arrancar en esa fecha abriendo una sección de la planta que sólo ocupara a una tercera parte de los 1,500 trabajadores a que se comprometió contratar, pues de conformidad con la cláusula vigésima del convenio, la contratación total del personal vence en el 2024, una vez que las instalaciones se encuentren completamente terminadas y en plena operación; sin embargo, en la cláusula décima novena los compromisos alemanes se aplazan injustificadamente hasta el 2029. Que bien les queda a los alemanes la máxima de su compatriota Friedrich Nietzsche, cuando sentencia que "Sin el autoengaño no nos levantaríamos de la cama". 

Una de las pocas cláusulas del convenio que podrían parecer contrarias a los intereses de los europeos es la que acepta compensar al Estado con una multa de 50 mil dólares por cada uno de los 1,500 empleos que no se crean. Cuando el compromiso debería ser la ocupación de por lo menos 1,500 trabajadores de manera fija y permanente, porque crear plazas para después desparecerlas puede ser una estrategia tramposa y fácil de alcanzar para cumplir con la obligación. Los alemanes están creando falsas expectativas entre las decenas de miles de jóvenes que aspiran a un empleo que creen que será bien remunerado, de tal manera que hasta hace unas dos semanas iban 29 mil personas interesadas en ocupar un puesto. En su publicidad no señalan el monto de las remuneraciones que se obligan a pagar ni las prestaciones que ofrecen. Es muy probable que los inversionistas, ante la falta de solidez del proyecto, estén colaborando políticamente con el gobierno de Toranzo para justificar con esta invitación la colocación de la primera piedra del edificio que le daría puntos a los candidatos de su partido, dando a entender que la apertura de la BMW es algo inminente y seguro. Creo que ninguna empresa confiable y seria iniciaría operaciones para contratar a sus trabajadores con tanto tiempo de anticipación e incertidumbre, si no se tratara de un embuste. 

A los directivos de la empresa no les preocupan las críticas que se han originado con motivo de la revelación del convenio que suscribieron porque su inversión se inicia una vez que el gobierno del estado esté bien metido en gastos y haya erogado más del 50% de lo ofrecido. Mientras tanto no corren riesgos. Los compromisos acordados por el gobierno potosino con la automotriz alemana deben conocerlos los potosinos para juzgar la irresponsabilidad de sus gobernantes. Los incentivos impactarán gravemente en las finanzas públicas de ésta y de las siguientes administraciones de tal manera que obligarán a cancelar o reducir una serie de gastos e inversiones ineludibles para el buen funcionamiento de la administración pública. Por lo pronto, se anuncia que ya no habrá recursos para apoyar la instalación de otras empresas y menos para regenerar la zona industrial de la capital, que es la principal demanda de los empresarios de esa zona. Los negociadores potosinos aceptaron cuanto requisito y capricho les exigieron y que  de una lectura cuidadosa del convenio podemos señalar los siguientes: son a cargo del gobierno del estado los gastos que origine la preparación, levantamiento y nivelación de las 300 hectáreas sobre  las que se asentará la empresa y que según la cláusula octava del convenio están calculados en más de 972 millones de pesos. La obra la podrá realizar directamente el gobierno o adjudicarla a un tercero mediante una licitación nacional. Sin embargo, esta cantidad sólo es un estimado, pues el gobierno del estado se obliga a aportar los recursos que se requieran, sin precisar de dónde se pueden tomar.

El candidato de Toranzo

Por Eduardo Martínez Benavente

La designación de Juan Manuel Carreras López como candidato del PRI a la gubernatura del estado no fue la decisión política más acertada que pudo haber tomado la cúpula de ese partido, en el camino se quedaron otras opciones más sólidas y atractivas, su nombramiento responde, más bien, al sobresaliente curriculum vitae  que lo respalda, muy superior al de los otros aspirantes. Carreras es un político serio, educado, inteligente, deportista y moderado que cumple con el perfil adecuado para ocupar el cargo. El candidato tiene una personalidad introvertida y acartonada al que le costará mucho trabajo aproximarse a la gente. Sus declaraciones son prudentes y sin florituras como las de un vocero profesional. Difícilmente lo oiremos decir algo fuera de lugar. No se le conocen enemigos potenciales, quizás porque no los tiene. Ni los grupos de maestros disidentes que hasta hace poco se manifestaban con frecuencia y vehemencia lo han molestado. Su gobierno -si gana la elección- navegaría entre las aguas de la mediocridad y la inoperancia por los compromisos y limitaciones económicas a las que se verá sometido y porque poco habrá que destacar de sus actividades cotidianas pues no se le dan las confrontaciones ni lamentaciones. Encubrirá los ilícitos e irregularidades de la administración que ahora deja. Toranzo y sus colaboradores pueden dormir tranquilos. Sus diplomas universitarios y posiciones que ha ocupado dentro de la función pública -por lo menos en el papel- son envidiables y seguramente fueron determinantes para su designación. Carreras López representa, aunque obviamente no se promocionará así, una garantía de continuidad en las políticas gubernamentales de Toranzo. No se le conoce ninguna actividad productiva que haya desempeñado fuera del ámbito de la burocracia. Ni siquiera un despacho jurídico y menos una empresa. 

El proceso de selección nos indica que no se evaluaron los resultados de su gestión al frente de la Secretaría. No consideraron que su ex titular no pudo con el compromiso de mejorar el sistema de educación en el estado, ni suprimir las remuneraciones de aquellos maestros que cobran sin trabajar y que están comisionados en sindicatos y partidos políticos. Como tampoco pudo hacer valer su autoridad ante dirigentes y caciques magisteriales que son los que realmente mandan en esa dependencia. La designación del profesor Vito Lucas, como nuevo titular de la SEGE, es la prueba más palpable. Pero la omisión más grave es que no calcularon los daños que la imagen del candidato puede sufrir por las observaciones financieras que seguramente le fincará la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de millones de pesos que se tomaron de diversas partidas etiquetadas y que se aplicaron para cubrir la nómina magisterial, como expresamente lo reconoció el gobernador Fernando Toranzo en la entrevista que "Pulso" publicó el pasado 10 de abril, quien explicó que "debido a que las aportaciones federales para el pago de la nómina no llegaron, la entidad acumuló en tan sólo 2 años 4 mil millones de pesos en déficit, por lo que el gobierno estatal se vio obligado a tomar dinero de otras partidas para cubrirla". Y advirtió para justificar su ilícito que el estado no cuenta con recursos suficientes para enfrentar las negociaciones salariales con el sindicato de maestros (SNTE), por lo que no es posible decirle a los profesores "te pago el mes que entra". Cualquier funcionario sabe que desviar recursos públicos es un delito.

Como titular de la Secretaría de Educación no dejó pasar la oportunidad de congraciarse con el magisterio, uno de los gremios con mayor capacidad operativa en cuestiones de movilización electoral, con el reparto de compensaciones salariales por casi un millón 500 mil pesos mensuales para un grupo de 302 privilegiados, de los cuales sólo entre 36 personas de mandos medios y superiores se llevan cada mes 786 mil pesos. Si bien puede argumentar que los atractivos bonos que reciben los mandos medios y superiores de la SEGE, hasta hace unos días a su cargo, provienen de un esquema de compensaciones creado en administraciones anteriores, no podrá negar que mantenerlos resulta una omisión convenenciera de su parte al evitar confrontar al magisterio con una acción de regularización de los ingresos de una casta a la que le preservó sus privilegios y en la que seguramente tendrá ahora uno de sus principales bastiones para la campaña electoral que se aproxima. Pocas esperanzas quedan, pues, de que se trate de un gobernador que llegue a poner orden en la administración pública estatal, cancele privilegios y canonjías de una clase política acostumbrada a beneficiarse del erario, antes que enfocarse en encontrar la manera en que éste reporte mayores beneficios para los potosinos.

Al conocerse las condiciones del convenio celebrado con la BMW para la instalación de su planta en la entidad, el ahora candidato se apresuró a declarar que su intervención fue exclusivamente en el tema educativo y no en el financiero, como si el documento se hubiese firmado en capítulos por separado. Su firma avaló las condiciones abusivas de la armadora. Sabe muy bien que el convenio no puede entrar en vigor hasta que se publique en el Periódico Oficial del Estado y que cualquier erogación que se haga es ilegal. Y se ha quedado callado. Para cuando se dio la firma, Carreras López ya era consciente de sus aspiraciones por la gubernatura, por lo que resulta doblemente irresponsable que argumente desconocer los compromisos económicos implicados al suscribir el convenio que compromete seriamente las finanzas estatales que le tocarían administrar en caso de obtener el triunfo el próximo 7 de junio. Como uno de los funcionarios que consintió el atropello alemán con su firma queda en condiciones muy desventajosas para la necesaria renegociación del convenio que obliga a mucho más que las dos mil becas de capacitación para adiestrar a los posibles empleados de la empresa. El candidato del PRI personifica una preocupante combinación de omisiones previsibles. Por un lado, los grupos de poder que mantienen una relación de privilegios en la administración pública y por el otro un necesario encubrimiento de los ilícitos cometidos por los actuales servidores públicos.

Todo tiene un precio

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

A la memoria de don Prisciliano Pérez, célebre comunista potosino, por su congruencia entre el decir y el hacer.

Ya se les olvidó a los alemanes lo que es firmar un compromiso en el que el consentimiento de una de las partes está viciado de nulidad por las presiones que se ejercen sobre su persona, y se ve obligada a aceptar los términos y condiciones injustos y arbitrarios que se le imponen, como ocurrió con el convenio que celebraron con el gobierno del estado de San Luis Potosí para que una de las plantas de la armadora de vehículos de la BMW se instalara en la entidad con la obligación de invertir 1,000 millones de dólares y crear 1,500 empleos directos, no permanentes, a cambio de un largo listado de incentivos económicos valuados en más de 3,000 millones de pesos, más otras prestaciones difíciles de cuantificar, pero que podrían alcanzar varios cientos de millones de pesos, como son la exención del impuesto sobre la nómina por 10 años, los estudios de viabilidad del terreno, los incentivos adicionales para la planta de motores, el inmueble para el centro de capacitación, la condonación del 100% del impuesto predial por 10 años, el 80% del pago de traslado de dominio, el valor de las licencias de construcción, el de las autorizaciones ambientales, el costo de los exámenes médicos de los trabajadores y otros muchos beneficios.

Los alemanes han vivido sucesos especialmente trágicos y dolorosos como las derrotas que sufrieron en la primera y segunda guerras mundiales que los obligaron a firmar capitulaciones humillantes e inaceptables para terminar con los conflictos; por lo que deberían de ser compasivos y razonables en sus negociaciones con los potosinos que requieren urgentemente de sus fuentes de trabajo. Ya se les olvidó lo que es ser pobre y jodido. El Tratado de Versalles de 1919 que puso fin al conflicto bélico entre Alemania y los países aliados, estableció que los alemanes debían aceptar toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Se les desarmó, cedieron sus colonias e importantes superficies de su país a los vencedores, además de que tuvieron que pagar  exorbitantes indemnizaciones económicas que finalmente no pudieron cubrir y que provocaron la inflación y pobreza más severas de su historia.

La rendición incondicional de todas las fuerzas de tierra, mar y aire del alto mando militar del ejército nazi, firmada el 7 de mayo de 1945, para terminar con la masacre de la población y la destrucción total de sus ciudades tuvo consecuencias apocalípticas, como el desmembramiento de su territorio, el pago de cientos de miles de millones de dólares por concepto de indemnizaciones que los vencedores cobraron mediante el desmantelamiento y saqueo de lo que quedó de las fábricas, maquinaria, patentes y científicos que fueron trasladados a sus países. Parte de esas reparaciones fueron cubiertas mediante trabajos forzados en los que participaron más de 4 millones de prisioneros de guerra y civiles alemanes en condiciones infrahumanas. La población sufrió lo indecible como consecuencia de la venganza de los rusos. A los alemanes ya se les olvidó lo que es suscribir compromisos vergonzantes y desventajosos, como -guardando todas las proporciones- lo hicieron los representantes del gobierno de San Luis Potosí ante la necesidad apremiante de crear fuentes de trabajo y ante la desesperación del doctor  Fernando Toranzo que, en el ocaso de su mandato, le urgía presumir alguna obra o gestión importante con la que pudiera ser reconocido. Seguramente que el presidente Peña Nieto lo presionó o animó para no dejar que los alemanes se fueran a otro país, pues ninguna de las entidades que en un principio parecían estar interesadas en que la empresa se instalara en sus plazas aceptó las condiciones leoninas de la empresa. El monto de los ilegales incentivos y donativos ofrecidos provocarán una grave crisis en las finanzas gubernamentales, cuyo costo político y responsabilidades administrativas y hasta penales perseguirán al doctor Toranzo por muchos años. Es cierto que la BMW salvó a su administración de la mediocridad y parálisis que la caracterizaba y, aunque ya no le corresponderá inaugurarla, le servirá para promover a los candidatos de su partido una vez que se coloque la primera piedra que puede anunciarse en cualquier momento. Es muy importante aclarar que la inversión total y la generación de los 1,500 empleos directos están proyectados hasta finales del 2029, independientemente de que la fábrica inicie operaciones en el 2019, como está programado, si es que el gobierno del estado cumple con todas las condiciones.

No nos opondríamos a la instalación de la BMW en la entidad y a lo que ésta puede significar en la multiplicación de otras empresas proveedoras de bienes y servicios si no hubiera razones de peso para rechazarla. El convenio debe revisarse y renegociarse en otros términos: justos y apropiados a nuestro presupuesto. El principal problema es que no hay disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos, ni partida presupuestal autorizada. Se trata de un desembolso inaccesible a nuestra capacidad económica que tendrán que pagar -en gran medida- las siguientes administraciones, independientemente de que el convenio está sostenido con alfileres y puede cancelarse por cualquier motivo que alegue la empresa sin resarcir daños y pagar indemnizaciones. Basta con una simple notificación por escrito para abortarlo. No se midió el impacto que representa esa erogación para las finanzas públicas. Son más de 300 requisitos que tendrá que cumplir el gobierno para satisfacer sus exigencias. Es una operación en la que se violan disposiciones constitucionales como la prohibición de otorgar exenciones de impuestos municipales relacionados con la propiedad inmobiliaria y el hecho de no haberlo publicado en el Periódico Oficial del Estado, requisito sin el cual no le permite que entre en vigor. Además de que el gobernador del estado ha pretendido engañarnos al asegurar que no dejará compromisos financieros que afecten al erario público porque argumenta que el préstamo de los 750 millones de pesos que obtuvo "se pagará sólo". Dando a entender que con esa cantidad basta para cumplir con todas las obligaciones contraídas.

No le fue tan mal

A la memoria de don Julio Scherer García, la conciencia crítica de México.

Por Eduardo Martínez Benavante

Todavía no se pueden evaluar los daños causados por la aprehensión, exhibición y consignación del alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona. Le pudo haber ido peor si le hubieran armado un expediente que lo vinculara con actividades del crimen organizado. Seguramente que no lo hicieron porque no le encontraron nada o lo que le tenían era demasiado endeble, no obstante que tuvieron más de dos años para investigar los graves señalamientos que existían sobre su persona, aunque el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, aclaró que se siguen realizando investigaciones para determinar si hay nexos con el narcotráfico.

Hasta después de la jornada electoral del primer domingo de junio se sabrá quiénes fueron los que se beneficiaron y quiénes los que salieron perdiendo con la eliminación de los Gallardo, padre e hijo, del escenario político de San Luis Potosí, quienes a través de programas asistenciales, oficio político y millones de pesos pagados a los medios de comunicación se colocaron como punteros en las preferencias del electorado, lo que obligó al PRI -que regresó al poder con todas sus vicios y mañas- a cortarles las piernas para detenerlos, coludido en esta ocasión con lo más perverso y negociador del PRD. No tengo el más mínimo interés en defenderlos, pero creo que es justo señalar que en un país democrático no se vale utilizar el aparato de procuración de justicia para eliminar a los adversarios políticos. Se equivocó el gobierno de Peña Nieto, así como el PRD, si creían que con la remisión de un pez chico a un penal de máxima seguridad iban a ganar credibilidad y respeto, si antes no lo hacían con los grandes capos de la política nacional como Arturo Montiel, Humberto Moreira, Carlos Romero Deschamps y muchos otros que en verdad han agraviado a los mexicanos.

En la encuesta externa que se practicó el pasado mes de diciembre a solicitud del Partido Acción Nacional para definir a su candidato a la gubernatura del estado, y en la que participaron 1,200 encuestados distribuidos en toda la entidad, se llegó a un empate técnico en las preferencias electorales entre Alejandro Zapata por el PAN, Juan Manuel Carreras por el PRI y Ricardo Gallardo Cardona por el PRD. Hasta hace poco era impensable que algún candidato de la izquierda se colocara en esa posición. Como alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el perredista Ricardo Gallardo Cardona obtenía a principios de diciembre pasado 75 puntos de opinión “buena y muy buena” entre los ciudadanos encuestados por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica. La oposición en ese municipio estaba anulada. No existían contrapesos. El gasto en múltiples programas asistenciales y eventos musicales y deportivos hizo que comenzaran a circular rumores sobre el posible uso de dinero ilícito, con el cual pretendía hacerse de suficiente capital político para controlar el partido, como finalmente lo logró.

Fue desconcertante que en el espacio de preguntas y respuestas que abrió el titular de la (AIC) después de que explicó en una rueda de prensa los motivos del arresto del perredista, las dudas de los periodistas asistentes se hayan desviado a otros temas. Sólo uno le formuló una pregunta insustancial relacionada con el arresto. Todos creíamos que se trataba de otro golpe espectacular en contra del crimen organizado, si no de las dimensiones del de "Chapo" Guzmán, si por lo menos de uno que mereciera la atención y seguimiento de la opinión pública nacional, por lo que no descarto que se haya llegado a una negociación en la que los soledenses se retiran de cualquier actividad política a cambio de que la presunta responsabilidad que se le imputa al alcalde con licencia quede reducida a una operación con recursos de procedencia ilícita por 209 millones de pesos.

Se requiere de mayor información para saber quién tiene la razón en las posiciones encontradas entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y las de la Auditoría Superior del Estado, porque el titular del organismo fiscalizador potosino asegura que no falta nada por justificar en la cuenta pública de Ricardo Gallardo y que todo está en regla, no obstante que la SHCP detectó operaciones financieras con “montos inusuales” de transferencias bancarias y con dinero en efectivo superiores a los 209 millones de pesos “presumiblemente con origen ilícito, que eran trianguladas a través de diversas cuentas para esconder su origen y su destino”. Las transferencias se registraron desde octubre de 2012, cuando se inició la administración gallardista, hasta agosto del año pasado. En la cuenta pública del 2012 las observaciones financieras que señaló el auditor Héctor Mayorga apenas rebasaron los 2 millones de pesos. En el 2013 las observaciones financieras de la cuenta pública municipal alcanzaron los 40 millones de pesos, correspondiendo casi 17 millones de pesos a pagos de servicios médicos a la Clínica de Especialidades Wong, S. A. de C. V., que hasta junio del 2014 no se habían justificado con la documentación correspondiente.

Resulta muy extraño el monto de las triangulaciones que señala la SHCP y que éstos provengan de la hacienda municipal porque existe un contrato de prestación de servicios médicos y farmacia que celebró el municipio con la Clínica, el cual, según el ente auditado, se preste o no el servicio, la empresa debe facturar la cantidad de 70 millones 543 mil pesos anuales. Si en el 2014 se renovó el contrato por un valor similar al anterior, resulta difícil de entender cómo es que, además de pagar por la prestación de los servicios médicos, haya habido excedentes por 209 millones de pesos, que según Hacienda se transfirieron a 13 empresas en las que participa la familia Gallardo, a menos que se haya utilizado a esa clínica como instrumento para lavar dinero proveniente de otros ingresos. Es muy probable que al avicultor se le dicte el lunes un auto de formal prisión por haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y alcance su libertad bajo fianza para seguir el juicio fuera de prisión, lo que implicaría la suspensión de sus derechos políticos y, por lo tanto, la cancelación de su participación como candidato para cualquier puesto de elección popular.