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sábado, 17 de enero de 2015

Todo tiene un precio

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

A la memoria de don Prisciliano Pérez, célebre comunista potosino, por su congruencia entre el decir y el hacer.

Ya se les olvidó a los alemanes lo que es firmar un compromiso en el que el consentimiento de una de las partes está viciado de nulidad por las presiones que se ejercen sobre su persona, y se ve obligada a aceptar los términos y condiciones injustos y arbitrarios que se le imponen, como ocurrió con el convenio que celebraron con el gobierno del estado de San Luis Potosí para que una de las plantas de la armadora de vehículos de la BMW se instalara en la entidad con la obligación de invertir 1,000 millones de dólares y crear 1,500 empleos directos, no permanentes, a cambio de un largo listado de incentivos económicos valuados en más de 3,000 millones de pesos, más otras prestaciones difíciles de cuantificar, pero que podrían alcanzar varios cientos de millones de pesos, como son la exención del impuesto sobre la nómina por 10 años, los estudios de viabilidad del terreno, los incentivos adicionales para la planta de motores, el inmueble para el centro de capacitación, la condonación del 100% del impuesto predial por 10 años, el 80% del pago de traslado de dominio, el valor de las licencias de construcción, el de las autorizaciones ambientales, el costo de los exámenes médicos de los trabajadores y otros muchos beneficios.

Los alemanes han vivido sucesos especialmente trágicos y dolorosos como las derrotas que sufrieron en la primera y segunda guerras mundiales que los obligaron a firmar capitulaciones humillantes e inaceptables para terminar con los conflictos; por lo que deberían de ser compasivos y razonables en sus negociaciones con los potosinos que requieren urgentemente de sus fuentes de trabajo. Ya se les olvidó lo que es ser pobre y jodido. El Tratado de Versalles de 1919 que puso fin al conflicto bélico entre Alemania y los países aliados, estableció que los alemanes debían aceptar toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Se les desarmó, cedieron sus colonias e importantes superficies de su país a los vencedores, además de que tuvieron que pagar  exorbitantes indemnizaciones económicas que finalmente no pudieron cubrir y que provocaron la inflación y pobreza más severas de su historia.

La rendición incondicional de todas las fuerzas de tierra, mar y aire del alto mando militar del ejército nazi, firmada el 7 de mayo de 1945, para terminar con la masacre de la población y la destrucción total de sus ciudades tuvo consecuencias apocalípticas, como el desmembramiento de su territorio, el pago de cientos de miles de millones de dólares por concepto de indemnizaciones que los vencedores cobraron mediante el desmantelamiento y saqueo de lo que quedó de las fábricas, maquinaria, patentes y científicos que fueron trasladados a sus países. Parte de esas reparaciones fueron cubiertas mediante trabajos forzados en los que participaron más de 4 millones de prisioneros de guerra y civiles alemanes en condiciones infrahumanas. La población sufrió lo indecible como consecuencia de la venganza de los rusos. A los alemanes ya se les olvidó lo que es suscribir compromisos vergonzantes y desventajosos, como -guardando todas las proporciones- lo hicieron los representantes del gobierno de San Luis Potosí ante la necesidad apremiante de crear fuentes de trabajo y ante la desesperación del doctor  Fernando Toranzo que, en el ocaso de su mandato, le urgía presumir alguna obra o gestión importante con la que pudiera ser reconocido. Seguramente que el presidente Peña Nieto lo presionó o animó para no dejar que los alemanes se fueran a otro país, pues ninguna de las entidades que en un principio parecían estar interesadas en que la empresa se instalara en sus plazas aceptó las condiciones leoninas de la empresa. El monto de los ilegales incentivos y donativos ofrecidos provocarán una grave crisis en las finanzas gubernamentales, cuyo costo político y responsabilidades administrativas y hasta penales perseguirán al doctor Toranzo por muchos años. Es cierto que la BMW salvó a su administración de la mediocridad y parálisis que la caracterizaba y, aunque ya no le corresponderá inaugurarla, le servirá para promover a los candidatos de su partido una vez que se coloque la primera piedra que puede anunciarse en cualquier momento. Es muy importante aclarar que la inversión total y la generación de los 1,500 empleos directos están proyectados hasta finales del 2029, independientemente de que la fábrica inicie operaciones en el 2019, como está programado, si es que el gobierno del estado cumple con todas las condiciones.

No nos opondríamos a la instalación de la BMW en la entidad y a lo que ésta puede significar en la multiplicación de otras empresas proveedoras de bienes y servicios si no hubiera razones de peso para rechazarla. El convenio debe revisarse y renegociarse en otros términos: justos y apropiados a nuestro presupuesto. El principal problema es que no hay disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos, ni partida presupuestal autorizada. Se trata de un desembolso inaccesible a nuestra capacidad económica que tendrán que pagar -en gran medida- las siguientes administraciones, independientemente de que el convenio está sostenido con alfileres y puede cancelarse por cualquier motivo que alegue la empresa sin resarcir daños y pagar indemnizaciones. Basta con una simple notificación por escrito para abortarlo. No se midió el impacto que representa esa erogación para las finanzas públicas. Son más de 300 requisitos que tendrá que cumplir el gobierno para satisfacer sus exigencias. Es una operación en la que se violan disposiciones constitucionales como la prohibición de otorgar exenciones de impuestos municipales relacionados con la propiedad inmobiliaria y el hecho de no haberlo publicado en el Periódico Oficial del Estado, requisito sin el cual no le permite que entre en vigor. Además de que el gobernador del estado ha pretendido engañarnos al asegurar que no dejará compromisos financieros que afecten al erario público porque argumenta que el préstamo de los 750 millones de pesos que obtuvo "se pagará sólo". Dando a entender que con esa cantidad basta para cumplir con todas las obligaciones contraídas.


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