Contrapesos

Sin gallardía

A la memoria del padre Darío Pedroza, por su valiosa participación en el extinto Centro Potosino de Derechos Humanos y por haber denunciado, junto con otros sacerdotes, el fraude electoral de 1991.

Por Eduardo Martínez Benavente

No dejan de sorprenderme las declaraciones del alcalde Ricardo Gallardo Juárez, en las que exhibe su manifiesto autoritarismo caciquil y, en esta ocasión, la protección y entendimiento al que ha llegado con su antecesor cuando advierte que el juicio político que pretenden realizar en contra de Mario García Valdez le corresponde a la Auditoría Superior del Estado: “yo confío en que pueda hacer un buen trabajo, y si Mario está mal que lo llamen a cuentas, pero la Auditoría, porque anteriormente decían que Ricardo Gallardo lo iba a llamar a cuentas, pero yo no soy fiscal, yo solo aporto pruebas, y es mi obligación no ser tapadera de nadie y si algo está mal que lo turnen a la Procuraduría”.

Su explicación se produce en medio de una severa crisis financiera que no sabe cómo resolver y con motivo de la auditoría externa que mandó practicar a la administración del ex rector que detectó diversas "anomalías" por más de mil 100 millones de pesos. Me llama la atención que en dos semanas los auditores hayan concluido con el trabajo que se les encomendó. Son miles de documentos y operaciones los que tuvieron que revisar y evaluar para llegar a esa conclusión. El empresario metido exitosamente en política no detalla los conceptos y montos de cada una de las observaciones y menos la gravedad de estas. Simple y sencillamente para él todas fueron "anomalías". Subterfugio con el que pretende reducir los ilícitos de la administración que acaba de concluir a irregularidades o fallas administrativas, fáciles de reparar y sin mayores consecuencias. Nos previene que no son todas y a manera de ejemplo cita otros rubros que incrementan los pasivos y que no se tenían contabilizados, como las indemnizaciones laborales, que pueden alcanzar la suma de 60 millones de pesos. 

Esperábamos que nos explicara los pormenores que originaron la bancarrota municipal y la situación financiera que encontró. Así como el monto exacto de la deuda pública y demás pasivos que lo abruman y lo tienen paralizado, al grado de convocar a la población para que le ayuden a bachear las destrozadas calles. Los dispendios y abusos en que incurrieron los priistas. Los contratos que adjudicaron sin licitar y los sobreprecios que se pagaron. Los nombres, montos, conceptos e identificaciones de los beneficiarios de las ayudas sociales que supuestamente entregaron y que no se vieron reflejadas en la votación que obtuvo ese partido. Las trampas con las que se maquilló la contabilidad gubernamental. La situación que guarda el litigio con las constructoras que no concluyeron las obras de urbanización de la alameda Juan Sarabia y las avenidas Universidad y Salk, entre otras. Los fraccionamientos y condominios autorizados en ese trienio que no cumplieron con la obligación de ceder y escriturar al Ayuntamiento el 15% de las superficies vendibles. 

La auditoría debía comprender el contrato que celebró el Ayuntamiento con una empresa a la que se favoreció para la instalación y mantenimiento de las más de 47 mil luminarias de la capital. Los auditores tenían que emitir un dictamen sobre la legalidad del mismo y si sus compromisos se ajustan a los lineamientos que autorizó el Congreso del Estado. También debieron informar si la ex contralora municipal remitió al Congreso del Estado, al término de su encargo, el informe final de las acciones que tomó y las observaciones que durante su gestión quedaron resueltas, o que se encuentran en trámite. El monto de la asignación de remuneraciones extraordinarias a funcionarios por el término de su gestión. Gallardo debió informar si el presupuesto de egresos se ejerció correctamente de acuerdo con los programas aprobados por el Ayuntamiento y si los comprobantes respectivos cumplieron todos los requisitos. Las responsabilidades en que incurrieron por haber gastado más de lo que ingresó. El incremento desmesurado de la nómina municipal. Un análisis de los principales deudores del impuesto predial y las gestiones que se han realizado para lograr su cobranza. Los nombres, montos y conceptos de los acreedores y proveedores del municipio a los que no se les ha pagado. La verificación de lo recaudado por las fotomultas y parquímetros. El estado que guarda la concesión de la empresa que surte de agua potable a varias colonias del poniente de la ciudad y las gestiones que se han hecho para cobrarle las contraprestaciones que adeuda.  El pasado 17 de septiembre, el Ayuntamiento le comunicó a un peticionario de información pública que a la fecha no se ha firmado el contrato/título con Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V., entre otras razones,  porque no se han determinado -después de siete largos años- las obligaciones económicas de ésta con el Interapas y el Ayuntamiento, y porque los bienes que en su oportunidad debe transmitirle se encuentran a nombre de otras personas. 

Es cierto que a Gallardo no le corresponde presentar las denuncias y querellas en contra de los funcionarios públicos por los delitos en que pudieron haber incurrido, pero alguien debió informarle que los síndicos de su cabildo están obligados a presentarlas ante el Ministerio Público, dentro de los treinta días siguientes a la expedición de los dictámenes o resoluciones que emita la Contraloría Interna Municipal, cuando se presuma la probable comisión de un delito. En todo caso, el también ex presidente municipal de Soledad debió informar al Cabildo -en el que no identificó a nadie que pueda servir de contrapeso- el resultado de la auditoría y éste turnarlo al contralor para que revisara el resultado y, si procedía, lo hiciera suyo para que los síndicos formalizaran la denuncia. Esta disposición nace de una reforma que sufrió la Ley Orgánica del Municipio Libre, el pasado 23 de julio, por lo que no tiene que esperarse a que la Auditoría Superior del Estado emita un dictamen y presente la denuncia correspondiente, pues como todos sabemos, la Procuraduría no le hará caso, a menos que exista una enorme presión social.