Ensuciando la basura
Por
Eduardo Martínez Benavente
A través de
declaraciones y desplegados contradictorios y falsos que han estado apareciendo
en los medios de comunicación, relativos a la suspensión del servicio de
recolección de basura y disposición final de los desechos urbanos domésticos
que desde el pasado jueves 21 padece la capital del estado, la administración
del alcalde Ricardo Gallardo Juárez nos quiso hacer creer que el adeudo por
casi 78 millones de pesos que acumuló hasta junio el gobierno del ex alcalde
Mario García Valdés con la concesionaria del servicio, Vigue-Red Ambiental,
había sido negociado y pagado con un inmueble, pues se había llegado a un
acuerdo en el que el Ayuntamiento reconocía los pasivos y fijaba una fecha de
vencimiento para el pago, en el entendido de que éste no se iba a ocurrir
porque sus finanzas no se lo permitirían y así se quedarían con el predio
embargado.
El presidente
municipal en un desplegado que mandó publicar el pasado jueves 21 confirma este
señalamiento al manifestar que: "Toda vez que al iniciar la presente administración,
se tenían grandes deudas con proveedores, se le dijo a Vigue que dispusiera de
los terrenos (embargados) para saldar el adeudo”. Tan es así que en el
presupuesto de egresos del 2016, que autorizó el Cabildo el 14 de diciembre
pasado, no se destinó partida presupuestal alguna para cubrir la deuda
millonaria porque Gallardo había aceptado que el compromiso quedaba saldado con
el inmueble que en su oportunidad se adjudicarían. Esta es una de las tantas
incongruencias en que ha incurrido el alcalde porque ahora acusa a su antecesor
de haber permitido que se despojara al municipio de una valiosa propiedad
ubicada en la calle de Sierra Vista Poniente sin número, en el fraccionamiento
Privadas del Pedregal, con una superficie de un poco más de 100 mil metros
cuadrados, y que según el diputado perredista Guadalupe Torres Sánchez tiene un
valor de 300 pesos el metro cuadrado. Todo indica que a los directivos de la
empresa les proporcionaron las características e inscripción en el Registro
Público de la Propiedad del lote de terreno que más tarde embargarían y que esa
información privilegiada se las hizo llegar un alto funcionario municipal en un
acto de corrupción para que la utilizara cuando se emplazó al Ayuntamiento y se
embargó el inmueble.
No sabemos el
motivo por el que Gallardo cambió su estrategia denunciando ahora ser víctima
de las arbitrariedades de la concesionaria y respondiendo con una campaña de
amenazas para rescindir la concesión cuando sabía que el pago no se había
realizado, ni había voluntad de hacerlo. Es entendible que ningún proveedor de
bienes y servicios soportaría esta insolvencia por tanto tiempo; y más cuando
sabe que las finanzas municipales no le permitirán adquirir una flotilla de
camiones para recolectar la basura ni habilitar un sitio en el cual confinar
los deshechos de la ciudad; por lo que no me extraña que el alcalde pudo haber
recibido una atractiva oferta para que alguna otra empresa prestadora del
servicio se quedara con el negocio, como podría ser GEN de Monterrey, que hace
siete años incursionó por tierras potosinas con este propósito.
Vale la pena
reproducir una fracción del artículo que acaba de publicar el periodista
Victoriano Martínez en la última edición de la revista Reflexión Ciudadana,
porque repasa de una manera breve y exacta las incongruencias y contradicciones
en que ha incurrido el alcalde, al señalar que: "se exhibe como un
político urgido de golpes espectaculares en aras de reforzar una imagen
artificial que se ha forjado a base de manipulación y dádivas, pero que ha
resultado errática cuando se trata de conflictos de fondo como el ambulantaje,
los grandes deudores del predial, la compra de luminarias LED y ahora la
recolección de basura". Yo agregaría que además de errática su conducta es
falsa y temerosa, pues ahora, en lugar de iniciar un proceso para rescindir la
concesión, como lo había ofrecido, anuncia con resignación que: "Vamos a
ver la posibilidad de que haya un arreglo y buscar la forma de pagar lo que se
debe, ya sea con los terrenos o como las autoridades determinen con respecto al
embargo, o bien la venta de los terrenos y con lo que se obtenga pagar el
adeudo, a mí lo que me interesa es la ciudadanía". (PULSO 30-I-16).
Seguramente que nadie se atreve a advertirle que esto último no es posible
porque el Congreso del Estado nunca le autorizaría una enajenación en la que el
producto de la venta se destinara al
pago de pasivos.
Ante la
inminencia de un arreglo entre las partes, sale sobrando la propuesta que hizo el abogado Juan Ramiro Robledo en un artículo que publicó esta semana, en el
sentido de que a solicitud del alcalde, el gobernador del estado puede declarar
la ocupación temporal del terreno e instalaciones en las que VIGUE deposita la
basura, así como el equipo de transporte, pues se trata de una causa de
utilidad pública para impedir la propagación de enfermedades por las toneladas
de basura que se están acumulando. Es un caso urgente y apremiante en el que se
puede aplicar esta solución legal. El municipio tendría un plazo de 45 días
para empezar a pagar una indemnización o renta mensual que fijaría un juez.
No sabemos si el ex tesorero municipal, José Bolaños Guengorena, quien fue el que suscribió
el convenio que serviría de base para la demanda lo hizo con el consentimiento
del alcalde o si actuó por iniciativa propia. Lo que podemos advertir es que a
la concesionaria le hicieron creer que el proceso judicial se iría en rebeldía
y podría hacerse de la propiedad sin mayores complicaciones; pero no contaban
con que la síndico municipal, María Eugenia Rivera Fernández, contestaría la
demanda negando que el Ayuntamiento hubiera celebrado un reconocimiento de
adeudo, pues quien lo aceptó, según se desprende del propio documento, fue el
tesorero municipal, que no tiene facultades para representarlo y aunado a lo
anterior, señaló que el convenio no era un título ejecutivo porque carecía de
las formalidades que señala la ley para los documentos que traen aparejada
ejecución, por lo que era improcedente la vía que habían elegido. Por lo pronto,
el expediente se encuentra en una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, en espera de que se resuelva el recurso de apelación que presentó
la abogada.
