Contrapesos

La Ford en San Luis

 

Por Eduardo Martínez Benavente

El gobierno de Juan Manuel Carreras ha sido muy cauteloso con la información que ha dado a conocer la agencia denoticias Reuters, reconocida a nivel internacional por su seriedad y profesionalismo, anunciando como un hecho que la nueva planta de la Ford Motors Company se instalará en San Luis Potosí, con una inversión de 1,500 millones de dólares. Esta cuantiosa inversión y el número de empleos que se crearían en su ámbito serían una excelente noticia para los potosinos si el Gobierno del Estado contara con los recursos necesarios para hacer frente a los enormes compromisos que se le vendrían encima una vez que se formalizara la operación; o bien, que el gobierno federal le garantizara a la entidad, con un fondo especial, que cada vez que se le atorara la carreta saldría al quite para financiarlo, con tal de que la planta se quede en el país; como creo que ha sido la solución con la ensambladora de la BMW, pues de otra manera no me explico cómo sigue adelante el proyecto cuando no se le asignaron recursos a esta obra en el Presupuesto de Egresos del 2016 y el importe del préstamo de los 750 millones de pesos destinados a ese objetivo, y que maneja un fideicomiso público, es insuficiente. La revista digital de Proceso nos saca de dudas al confirmar esta teoría, pues a propósito de las diferencias que han surgido entre el Gobierno de Nuevo León y la fabricante de autopartes KIA por los incentivos otorgados ilegalmente por la administración anterior, que pretende ahora renegociar el gobierno de El Bronco, han obligado a los coreanos a reconocer que "el gobierno federalcontribuyó con 3 mil millones de pesos para nivelar la propiedad que hoy ocupa KIA".

Las finanzas del Estado son tan limitadas que no puede, por falta de presupuesto, concluir los trabajos de modernización y ampliación del bulevar del Río Santiago hasta desembocarlo con el anillo periférico, no obstante que se trata de una vialidad prioritaria para la ciudad que se inició hace más de seis años. Estas obras salvarían al gobierno de Carreras del descrédito en que ha caído por su reprobable inactividad. Hay quien me asegura que el motivo principal por el que nos negaron la información del convenio celebrado con la BMW se debe a que si las otras entidades se enteran que San Luis Potosí está recibiendo recursos extraordinarios para cumplir con los compromisos contraídos con los inversionistas extranjeros, le exigirían a la federación un trato igualitario. No me cabe la menor duda que los negociadores de la FORD conocen a detalle todos los incentivos ofrecidos a la BMW y a otras armadoras de vehículos, pues además de existir espionaje industrial, no es la primera inversión que realizan en México y seguramente que recorrieron otras entidades en las que les hicieron ofrecimientos similares o mejores a los nuestros.

La prudencia y moderación que caracterizan al gobernador del estado han evitado el festejo anticipado por la probable instalación de la inversión americana en nuestro territorio, pues falta que el gobierno acepte las condiciones leoninas de los incentivos y demás apoyos que ordinariamente se otorgan en este tipo de negociaciones, como sería la donación de un terreno con características similares al de la BMW, con todas las obras de infraestructura y demás apoyos y subsidios fiscales que podrían sumar más de 3 mil millones de pesos. Sabemos que el principal impedimento para que aterrice el proyecto en la entidad es de índole financiero, como lo advirtió el propio gobernador en una reciente declaración: "que peleará para atraer la inversión de FORD al estado, pero no empeñará a San Luis Potosí". Esta advertencia nos indica que el gobierno de Peña Nieto no le ha asegurado los apoyos clandestinos o disfrazados para la inversión.

El gobernador sabe que las finanzas públicas del Estado no le permiten contraer un compromiso de ese tamaño ni tiene margen de acción para endeudarlo con nuevos empréstitos. Sabe que su gobierno no puede comprar todo lo que le ofrecen, por más atractiva que parezca la adquisición, como sería la planta de la FORD en nuestro territorio. Sin embargo, el gobierno de Carreras podría hacerse de importantes reservas territoriales y recursos propios que ofrecer a los inversionistas si aplica la Ley. Para esto tendría que exigirle a los fraccionadores, a través de los Ayuntamientos de Villa de Reyes y San Luis Potosí, las áreas de donación que le corresponden al municipio por los fraccionamientos y subdivisiones autorizados en esa zona; y atreverse a cobrar las Contribuciones de Mejoras a que se refiere el artículo 94 y demás relativos de la Ley de Hacienda para el Estado, por la ejecución de las obras públicas que beneficiarán a los propietarios de los inmuebles ubicados dentro de esa área geográfica que hasta poco eran terrenos ejidales de escaso valor. La enorme plusvalía que han alcanzado esos bienes se debe a la inversión estatal en obras de infraestructura que se están desarrollando y a las fábricas anclas que han conseguido las administraciones de Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo. El Ejecutivo del Estado, previos los estudios y avalúos de las dependencias involucradas, puede determinar el costo de las obras y si los sujetos de la contribución deben cubrir el costo total o solamente parte de éste y el plazo para el pago de la contribución.

Es previsible que el Gobierno del Estado esconda de nueva cuenta la información relativa al convenio que podría suscribir con la FORD y consecuentemente los montos e incentivos que ofrece, argumentando, como le hizo con la BMW, que de darse a conocer el documento se complicarían las negociaciones con otras empresas y se afectaría el crecimiento económico y el empleo en la entidad, lo que constituye, según los acuerdos de reserva que emitió la Secretaría de Desarrollo Económico, un asunto de interés público que justifica la restricción al acceso a la información pública. Lo que es totalmente improcedente e infundado, pues confiamos que la justicia federal falle a nuestro favor en el amparo que presentamos el pasado miércoles, resolviendo que la información relacionada con el uso de los recursos públicos, por mandato constitucional, no puede ser reservada por las autoridades.