Santos contra pecadores

Por Eduardo Martínez Benavente

Las dos marchas que partieron el pasado fin de semana del Jardín de Tequisquiapan fueron un fracaso. Porque las presencié desde una prudente distancia me atrevo a calcular que no más de 800 personas participaron en la que organizó la Iglesia y otros grupos de derecha que se oponen a los matrimonios entre personas del mismo sexo y más al derecho que les asiste para adoptar a menores de edad; y conté unos 300 asistentes a la que convocaron las asociaciones que están a favor de la legalización de estas innovaciones jurídicas. Creía que la concurrencia iba a ser mucho mayor por la amplia difusión que se hizo de los eventos en los medios de comunicación y redes sociales; y por el interés que han despertado estas reformas en una buena parte de la sociedad. Algunos optimistas habían pronosticado que a la caminata convocada por la Iglesia asistirían unas 30 mil personas, considerando que hace menos de un año, el 19 de septiembre de 2014, el clero enseñó músculo al congregar en el estadio Alfonso Lastras a unos 40 mil fieles que participaron en la magna celebración con la que se festejó el 160 aniversario de la fundación de la diócesis potosina. En esa ocasión partieron del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe miembros de diferentes parroquias y movimientos apostólicos liderados por el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero que atravesaron las calles de la ciudad con el Santísimo en procesión hasta las instalaciones del Atlético San Luis. Sería muy interesante que alguien autorizado nos explique porque las bases de la Iglesia potosina no respondieron ahora a esta invitación que se lanzó desde los púlpitos de las parroquias. Sólo dos organizaciones, -que yo recuerde- la Iglesia Católica potosina y los antorchistas, han logrado llenar las graderías y la cancha de fútbol de ese enorme espacio deportivo.

Era predecible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciara por el reconocimiento de los derechos a las parejas del mismo sexo, por más protestas e inconformidades que se presentaran. Los ministros de la SCJN ya habían fallado a favor de declarar inconstitucional las leyes de los estados que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer por considerarlo discriminatorio para los derechos que garantiza la Constitución a todos sus habitantes. Desde el 12 de junio de 2015, el matrimonio entre homosexuales se puede realizar en todos las entidades de la República, y obliga a los jueces a seguir este criterio en los amparos que los interesados interpongan en cualquier parte del territorio nacional y en donde aún no se hayan legalizado, como es el caso de nuestra entidad. Antes sólo se podían celebrar en el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila. Con la resolución que emitió este martes la SCJN, declarando la inconstitucionalidad de la prohibición que establecían las leyes del estado de Campeche en el sentido de que los matrimonios entre personas del mismo sexo no podían adoptar menores, se obliga, de igual manera, a los jueces de distrito a amparar a estas uniones cuando pretendan adoptar menores en cualquier lugar de México.

Debe ser muy difícil para una pareja de homosexuales tomar una decisión de esta naturaleza pues independientemente de que están obligados a cumplir con una serie de intrincados requisitos y pagar los honorarios de un abogado que los asista; tienen que evaluar las consecuencias del rechazo social que seguramente sufrirán sus hijos por parte de amplios sectores de la población, empezando por el de sus propios compañeros de escuela. No podemos ignorar que los niños son crueles y se requiere de mucho valor y fortaleza para superar sus burlas, exclusiones y agresiones. La discriminación es el tramo más delicado de la adopción. Va a ser muy penosa su aceptación social y más en sociedades conservadoras como la potosina, cuando la mayoría rechaza estas reformas, principalmente la que se refiere a la adopción de menores. Sin embargo, bajo cualquier circunstancia y contrariedad, vale la pena que lo intenten los que quieran correr con esos riesgos. Están en su derecho. La Constitución federal garantiza que los matrimonios entre personas del mismo sexo deben ser totalmente equivalentes -con los mismos derechos y obligaciones- que los matrimonios heterosexuales. Nos guste o no nos guste. Como ocurre, hasta ahora, en más de veinte países.

A los diputados no les queda otra opción que dictaminar la iniciativa permitiendo los matrimonios igualitarios en San Luis Potosí, sin trampas ni condiciones, como las que pretende imponer el timorato diputado panista Miguel Maza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, quien acaba de anunciar que heredará a la siguiente Legislatura el compromiso de dictaminar la iniciativa de las adopciones; y que en todo caso resolverá por separado, antes de que concluya su período, la de los matrimonios entre personas del mismo sexo. No entiende que la reforma es inevitable porque el pleno de la SCJN se pronunció en su mayoría en el sentido de que las personas que viven en sociedades de convivencia (entre personas del mismo sexo o heterosexuales), matrimonios y concubinato tienen los mismos derechos que quienes viven en matrimonio o concubinato, incluida la posibilidad de adoptar. Cualquier institución, independientemente de su denominación, llámese sociedad de convivencia, uniones civiles o como sea, son discriminatorias y crean ciudadanos de segunda clase si no otorgan los mismos derechos que los matrimonios tradicionales.

Para emitir este dictamen no se requiere de mayor ciencia ni estudio más que reproducir el decreto legislativo de otro estado que se haya pronunciado en este sentido, pues ya vimos que no valieron las endebles consideraciones que emitió en el Pleno de la SCJN, el ministro Eduardo Medina Mora, el único de los diez presentes que votó en contra de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandando la invalidez de la ley chiapaneca que prohíbe a las parejas del mismo sexo la adopción de menores.

Nos rendimos

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Con especial indignación nos enteramos esta semana que la CEGAIP, a través de su ex comisionado presidente Alejandro Serment, limosneó apoyos económicos por 31 mil 460 pesos a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para pagar los viáticos y traslados de los ponentes foráneos que participaron en los eventos conmemorativos que organizó con motivo del 5° aniversario de la promulgación de la Ley de Transparencia. La dádiva que recibió es una prueba irrebatible de los compromisos que existen entre el organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental (CEGAIP) y los entes obligados a transparentar sus actuaciones, independientemente de ser una conducta ilegal que conlleva a un inevitable intercambio de favores. Hoy por ti, mañana por mí. Cualquier funcionario que se atreve a pedir un favor de esta naturaleza queda obligado a corresponder con otro tanto, como sería, en el caso que nos ocupa, el emitir una resolución que confirme que la información solicitada se encuentra debidamente cumplida con los documentos que nos entregaron; aunque estos no hayan sido los que solicitamos o estén incompletos. Esta es la oportunidad para que el hoy comisionado de Transparencia y ex empleado de la Secretaría de Finanzas, Oscar Alejandro Mendoza García, quien tuvo a su cargo nada menos que el módulo de transparencia de esa dependencia, nos aclare la versión que existe en el sentido de que recibió dinero de Jesús Conde Mejía para asistir a un evento a la Ciudad de México relacionado con su nueva actividad, ante la supuesta falta de recursos de la CEGAIP que no quiso apoyarlo. 

Casos como estos confirman lo que denunciaba en mi columna anterior: que ante la evidente parcialidad  y complicidad de los comisionados de la CEGAIP era inútil y desgastante seguir indagando el destino que se le dio a los 1,500 millones de pesos que el ex gobernador Marcelo de los Santos obtuvo a través de un crédito bancario, pues no había manera de que la Secretaría de Finanzas ni la Auditoría Superior del Estado (ASE) nos entregaran la información solicitada consistente en los registros contables, pólizas, cheques y facturas de los gastos relacionados con las observaciones que el auditor superior del estado, Héctor Mayorga, determinó en la cuenta pública del 2009; asegurando que el gobierno de Fernando Toranzo había recibido un remanente de casi 562 millones de pesos derivado de ese empréstito, que hasta la fecha no ha sido fehacientemente aclarado; y advirtiéndonos además que no podía identificar en qué se lo había gastado. Así de grave era la acusación del responsable de fiscalizar las cuentas públicas, y es, por lo tanto, la verdad legal que prevalece. A pesar de lo anterior, el secretario de Finanzas, Conde Mejía, recurrió a toda clase de artimañas para ocultar la información en lugar de exhibir de inmediato los documentos que demostraran que el gobierno del estado no dispuso de esos recursos. 

Explicaba en mi colaboración anterior que a los que participamos en el equipo de Proyecto Tábano nos queda claro que la información completa y veraz del destino que se le dio a ese dinero jamás será revelado porque las dos últimas administraciones, la panista y la priista, dispusieron indebidamente de la mayor parte de esos recursos. Estimaba que cualquier auditor habría dictaminado en unos cuantas semanas la procedencia y justificación de las erogaciones o, en su caso, el desvío de recursos que pudo haber existido; por lo que era inaceptable que la ASE no hubiera emitido una resolución definitiva después de más de cinco años de la fecha en la que notificó sus observaciones.

También anunciaba que el pasado 16 de julio nos notificó la CEGAIP una resolución aberrante en la que da por concluido este asunto, pues determina que es válida y definitiva la información que nos entregó la ASE, sin atender la queja que oportunamente le presentamos en el sentido de que nunca recibimos los registros contables, pólizas, cheques y facturas de los 562 millones de pesos motivo de la controversia, y que los documentos que nos entregó no correspondían a los solicitados. 

El periodista Victoriano Martínez nos recuerda que "el 24 de enero de 2013, cuando estaba por resolverse este expediente, Oscar Alejandro Mendoza García se excusó con el argumento de que él participó en el proceso de la respuesta con la que la Secretaría de Finanzas negó la información En su momento fue parte del equipo que determinó reservar los documentos. Hoy es parte del trío de comisionados que decide dar carpetazo al asunto y, con ello, mantenerlos ocultos".

"Era la segunda ocasión en que se le requería a la ASE los registros contables. Las peticiones previas comenzaron en 2010 y se presentaron ante esa autoridad y la Secretaría de Finanzas que, al igual que el organismo fiscalizador, negó la información con el argumento de que se trataba de información reservada. Hasta el 31 de enero de 2013 la CEGAIP resolvió la queja iniciada dos años atrás. Ordenó a la ASE proporcionar las copias de los registros contables requeridos, pero ésta en lugar de cumplir con la resolución comenzó una serie de maniobras que la Cegaip toleró: insistió en hacer valer su acuerdo de reserva y, ante una amonestación, recurrió a un amparo para retrasar su cumplimiento".

"Una vez declarado improcedente el amparo, la ASE se vio obligada a proporcionar los documentos solicitados. No obstante, evadió la entrega mediante dos acciones tramposas: argumentó no contar con los registros contables completos a pesar de que en el acuerdo de reserva señaló que formaban parte del expediente reservado y proporcionó un documento distinto al requerido. En junio de 2013 hicimos notar las inconsistencias. Desde entonces la CEGAIP dejó inactivo el expediente hasta que hace unos días nos notificó que la resolución estaba debidamente cumplida. Así, el crédito de los mil 500 millones de pesos se vuelve emblemático de las complicidades entre éste y el gobierno anterior, siendo la CEGAIP el instrumento que han utilizado para dar por sepultado el secreto del destino final que le dieron a ese dinero". 

Nos rendimos

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

No tiene ningún sentido seguir indagando en dónde quedaron los mil 500 millones de pesos que el ex gobernador Marcelo de los Santos obtuvo a través de un crédito bancario a unos cuantos días de que concluyera su mandato con el que disparó la deuda pública. Reconocemos que nuestro trabajo ha sido inútil y desgastante. A los que formamos el equipo de Proyecto Tábano nos queda claro que la información completa y veraz del destino que se le dio a ese dinero jamás será revelado y seguirá siendo un secreto cuidadosamente guardado en los cajones de la impunidad y corrupción del gobierno del estado porque las dos últimas administraciones, la panista y la priista, dispusieron indebidamente de la mayor parte de esos recursos para reponer dinero faltante, cubrir compromisos de gasto corriente y otras erogaciones injustificables que nada tenían que ver con las inversiones públicas productivas a que se refería el incierto decreto legislativo del 2009. 

Si el gobierno de Fernando Toranzo no tuviera cola que le pisaran en este asunto, habría sido el primer interesado en transparentar toda la información solicitada, sin embargo, a través de resoluciones arbitrarias que han pronunciado los sumisos organismos responsables de la fiscalización y transparencia en el estado, ante los que inevitablemente tenemos que recurrir, ha negado los registros contables, pólizas, cheques y comprobantes de pago de cada uno de los movimientos que se realizaron, bajo el pretexto de que la información es reservada y así deberá mantenerse hasta que concluya el interminable litigio que sostienen con el ex gobernador del estado. Como si no entendieran que nuestro interés es conocer en qué se gastaron esos recursos públicos y no el contenido de los expedientes judicial y administrativo con los que nos han venido entreteniendo. La dispersión del crédito original en nueve cuentas bancarias desde las que se giraron cientos de cheques hasta agotar su importe, así como la reestructuración que celebró Toranzo con otro banco, sirvieron para desaparecer el pasivo que nunca debió autorizarse porque a los diputados no les interesó conocer los pormenores de los conceptos de la inversión ni los montos que se destinarían a cada uno de ellos. Cualquier auditor de medio pelo habría dictaminado en unos cuantas semanas la procedencia y justificación de las erogaciones o, en su caso, el desvío de recursos que pudo haber existido; por lo que es inaceptable que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no haya emitido una resolución definitiva después de más de cinco largos años de la fecha en la que notificó sus observaciones para dar por concluido este asunto. 

En el 2013 nos hicieron creer -con la documentación parcial que nos entregó la ASE- que los casi 562 millones de pesos de presuntos excedentes, que el ex gobernador le dejó en la contabilidad a su sucesor, eran en realidad reposiciones de fondos ajenos y federales que el panista había tomado y gastado antes de que le llegara el préstamo y que de ninguna manera podían considerarse como sobrantes líquidos y efectivos del crédito que el nuevo gobierno podría utilizar en los conceptos que el Congreso había autorizado. Uno de los mejores auditores de la ASE y de todas las confianzas de Héctor Mayorga, recurrió a nosotros inmediatamente después de que a su jefe le tendieron una trampa para que no resultara reelecto como auditor superior del estado, para hacernos ver el error en que habíamos incurrido al cargarle la totalidad de la disposición del crédito a Marcelo de los Santos, y confiándonos que el dictamen definitivo, que hasta la fecha no ha sido notificado, venía en el sentido de que Toranzo había dispuesto indebidamente de la suma anterior para cubrir una serie de gastos no autorizados; lo que nos motivó a seguir insistiendo en la entrega de la documentación completa. 

El caso es que el pasado 16 de julio, fuimos sorprendidos con una resolución inaceptable de la CEGAIP en la que determina que es válida y suficiente la información incompleta y oscura que la ASE nos entregó hace dos años: “esta Comisión… determina que en la especie la resolución se encuentra debidamente cumplida, ya que (la ASE) acató la instrucción señalada en la resolución de mérito”. Bajo este criterio los entes obligados pueden entregar como respuesta cualquier documento sin importar que esté incompleto o no corresponda a lo solicitado. Si el peticionario expone ante la CEGAIP la discrepancia entre el documento pedido y el entregado, se topará con el criterio del organismo garante presentado en este caso, que dice: “Este Órgano Colegiado no es un organismo fiscalizador de la información, ya que en caso de existir inconsistencias el quejoso deberá hacerlas valer ante las instancias competentes, dado que el objetivo de este órgano colegiado se enfoca en la entrega de la información”.

Nada mejor para entender este asunto que transcribir algunos comentarios del artículo que publicó el 23 de julio el periodista Victoriano Martínez, en la página web de Proyecto Tábano: "La protagonista y presunta autora del nuevo capítulo es la comisionada Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, quien como ponente sustituta de Alfonso Serment Gómez, llevó al pleno una resolución que fue aprobada a pesar de que los documentos proporcionados no corresponden a lo solicitado para dar por cumplida la orden de que sean revelados los registros contables utilizados por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la Cuenta Pública 2009."

"Se trata de un capítulo más de esta larga historia que inició a principios de 2010, y del que este episodio específico comenzó el 14 de abril de 2011, cuando se inició una queja en contra de la ASE por haberse negado a proporcionar la información que se le solicitó en los siguientes términos: “Copias simples de los registros contables en los que basó su observación en el Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2009 en la que afirma que de acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de $1,500.000.000.00 es de $561,976,348.40, mismos que no es posible identificar a cuáles Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración (la de Toranzo) de acuerdo al Decreto 819 de autorización".

¡Ahí vienen los ingleses!

Por Eduardo Martínez Benavente

Los escolares de Estados Unidos recitan un poema sobre la hazaña de Paul Revere, el héroe americano que cabalgó durante la madrugada del 18 de abril de 1775 para alertar a los insurgentes de Lexington, Massachusetts con el grito: ¡The british are coming! ¡The british are coming!, pues se aproximaban las tropas británicas a esa plaza y debían prepararse para la batalla. Lo anterior viene a colación por el posible arribo de 330 ingleses y sus familias a San Luis Potosí ante la inminente clausura de la planta Goodyear en Wolverhampton, Reino Unido. El caso es que a los trabajadores de esa nonagenaria fábrica de neumáticos les están proponiendo emigrar a la capital potosina, en la que se instalará la nueva planta, si quieren mantener sus empleos. No sabemos si la oferta va en serio o si es otra más de las perfidias de sus paisanos para calmar los ánimos de esos centenares de futuros desocupados. 

Según el sensacionalista tabloide británico The Mirror, la propuesta no ha gustado a los trabajadores, como tampoco ha sido del agrado del dirigente cetemista Emilio de Jesús Ramírez, quien ha manifestado que a esa empresa sólo ingresarán los agremiados a su sindicato ante el riesgo de que personas extrañas e incontrolables le alboroten la paz de su gallinero, y sin que se haya concretado la negociación para que la CTM sea la titular de ese contrato colectivo con la empresa. El corresponsal de ese diario viajó a la capital potosina para escribir un reportaje del lugar que les proponen. Describe a San Luis Potosí como una ciudad próspera, llena de historia y bullicio, con centros comerciales como los de ellos y con una población que los recibiría con los brazos abiertos. Con sol garantizado y temperaturas que alcanzan los 37 grados centígrados y con un equipo en segunda división como el de su localidad, en el que no sería necesario asistir al estadio con sombrilla. La parcialidad y exageraciones de su crónica no le permitieron narrar la inseguridad, pobreza y las abismales diferencias sociales que prevalecen en el lugar que visitó. 

De cualquier manera sería ilegal la contratación de ese grupo de asalariados porque la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean; aunque el obstáculo insalvable para que los ingleses se animen a venir a San Luis Potosí es el que se refiere a las remuneraciones salariales porque la Constitución federal dispone que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad, y un obrero inglés gana siete veces más de los 6 mil pesos mensuales que percibe un obrero potosino bien remunerado, pues la mayoría no alcanza ni los dos salarios mínimos diarios. Reducir los gastos de operación pagando salarios bajos y acercarse al mercado americano y a las armadoras de automóviles del centro y bajío del país, son la causa del cierre de la fábrica inglesa y el aliciente para invertir en la capital potosina 550 millones de dólares y crear más de 1,000 empleos directos. Las limitaciones para que los extranjeros trabajen en el país no son aplicables a los directores y administradores de la empresa, siempre y cuando obtengan la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Gobernación. Es muy probable que el gobierno potosino, dentro del paquete de subsidios que otorgó a la empresa se haya comprometido a pagar el terreno, exentarla del pago de impuestos estatales y municipales y cubrir el valor de las becas de capacitación para los futuros operarios, entre otros estímulos. 

El gobernador violó una vez más la Constitución del Estado porque no ordenó la publicación del convenio en el Periódico Oficial. Las cláusulas de confidencialidad no pueden ir por encima de esta norma. No sabemos cuánto pagó por los 405 mil metros cuadrados sobre los que se desarrollará la inversión de la Goodyear, ni de que partida presupuestal dispuso para cubrir ese gasto; aunque parece que las exigencias de nuestros nuevos huéspedes no han sido tan abusivas como las de los alemanes con la BMW. 

Por cierto que el inmueble sobre el que se levantará la llantera tiene un historial de corrupción y defraudación fiscal porque durante la administración de Victoria Labastida se permitió que las propietarias del desarrollo inmobiliario recuperaran las dos superficies de terreno que habían donado al municipio y que sumaban más de 263 mil metros cuadrados, mediante el pago de 8 millones 200 mil pesos, cuando el representante de la empresa en la que participaba el empresario Vicente Rangel Lozano reconoció públicamente que el metro cuadrado lo estaban vendiendo a 29 dólares, la misma cantidad que habían cubierto al municipio, pero en pesos mexicanos. 

El próximo alcalde de la capital tiene materia para reclamar a los propietarios de la inmobiliaria una justa compensación por el precio lesivo y bajo que pagaron por las áreas de donación, con el agravante de que la transacción fue nula de pleno derecho y nunca debió celebrarse porque la Ley de Desarrollo Urbano sólo permite que los fraccionadores recobren los inmuebles que donan a los municipios si cumplen con todos los requisitos de un procedimiento de transferencia, y siempre y cuando la superficie cedida no exceda de 500 metros cuadrados. De haber sido así, el precio que se debía cubrir al municipio por parte del fraccionador sería el mayor que resultara de un avalúo catastral y uno practicado por un perito valuador. Lo que no ocurrió en esta negociación porque el valor lo determinó arbitraria y unilateralmente el representante de las empresas adquirentes. Las dos superficies donadas fueron aceptadas ilegal e irresponsablemente por las administraciones municipales de Octavio Pedroza Gaitán y Jorge Lozano Armengol, una el 31 de agosto de 2004 y la otra el 23 de noviembre de 2003, pues al existir un litigio con un grupo de ejidatarios no se pudieron escriturar ni el municipio estaba en condiciones de tomar posesión de las mismas. Las áreas ofrecidas y aceptadas no se ubicaban dentro de los fraccionamientos autorizados, sino en otro predio sin servicios municipales distinto al de Parque Logístico Interpuerto y Parque Logístico fase II.

Gallardo y las luminarias

Por Eduardo Martínez Benavente

Hasta hace unos días creía que el presidente municipal electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, se había doblado ante el primer enfrentamiento librado con el alcalde Mario García Valdez, desistiéndose del intento de detener la instalación de las 47,861 luminarias de tecnología LEDS por las lámparas de vapor de sodio existentes en la ciudad, que mediante un contrato ilegal y abusivo de prestación de servicios, por un valor de 1,301 millones de pesos, le adjudicó la administración priista a la sociedad mercantil Panevi, única postora de una licitación pública nacional a la que habrían concurrido otros muchos interesados si no le hubieran impuesto a la convocatoria tantos requisitos insalvables; por lo que no hubo oportunidad de conocer otras cotizaciones ni de fraccionar el contrato entre varios proveedores. Todo estaba proyectado para que esta empresa se quedara con el negocio.

Al alcalde se le había advertido que ya no le correspondía formalizar un compromiso de esa naturaleza que trasciende a las cinco siguientes administraciones cuando está a punto de concluir su mandato, siendo a su sucesor al que, en todo caso, le tocaría analizar las ventajas e inconvenientes de esa pesada carga financiera y tomar una decisión con su cabildo; independientemente de que no era un asunto inaplazable que había que resolver de inmediato. El servicio de alumbrado público funciona bien en la ciudad, lo que nos hace sospechar que más de un funcionario pudo haber recibido una tajada del pastel por aterrizar la operación; por más que se argumente el beneficio económico de abaratar el recibo de la luz que paga el municipio a la Comisión Federal de Electricidad. 

Inmediatamente después de haber recibido la constancia de mayoría que lo acreditaba como presidente municipal electo, el soledense le pidió a García Valdez, en términos amenazadores, que suspendiera el proyecto pues no le temblaría la mano si insistía en seguir adelante con el cambio de las luminarias, tras asegurar que estaba pagando 25 mil pesos por cada una, cuando su precio real no correspondía ni a la mitad de esa cifra, y que además seguía endeudando a San Luis. El ex rector no se amedrentó ante la amenaza y en seguida convocó a los directores de los medios de comunicación a una reunión, en la que José Ignacio Nátera Ramírez, representante de la empresa Led Lúmina aseguró que el costo de las luminarias de la capital será menor al que hace más de un año pagó el hijo de Gallardo Juárez en Soledad de Graciano Sánchez, pues calculó que cada una tenía un valor de 35 mil 290 pesos, mientras que el costo de las adquiridas por el ex aspirante a la gubernatura del estado andarían en 23 mil 593 pesos por unidad; y en abono del alcalde potosino, el gerente de la empresa que atenderá a ambos municipios,  explicó que el proyecto era un modelo ejemplar de asociación público-privada, innovador y generador de ahorros millonarios para el municipio que originaría menos contaminación y garantizaría un servicio de calidad.

Parecía que el vulnerable y temido ex presidente municipal de Soledad no insistiría más en su empeño por detener la instalación de las luminarias ante la contundencia de los argumentos expresados por el alcalde y su acompañante. Sin embargo, el 7 de julio, a través de uno de sus operadores políticos presentó una solicitud ante el Congreso del Estado, con la que pretende revocar la autorización que el Poder Legislativo le otorgó al Ayuntamiento capitalino para celebrar el contrato. Se trata de una petición muy bien fundada y motivada en la que el abogado redactor desmenuza y hace pedazos el contrato de prestación de servicios para el cambio y mantenimiento de las luminarias que los diputados deben resolver lo más pronto posible, pues ya se inició la colocación de las nuevas lámparas y si se tardan en dictaminarla se enfrentarían ante hechos consumados imposibles de reparar; por lo que es previsible que en cualquier momento el solicitante interponga un amparo ante el juez de distrito, reclamando a los diputados la inmediata resolución de su petición.

Entre algunas de las causas que generan la revocación de la autorización están las siguientes: El Ayuntamiento no entregó al Legislativo dentro del término establecido en el decreto 953, el nombre de la empresa favorecida por la licitación, ni el contrato y sus anexos  previamente autorizados por los integrantes del Cabildo. El promovente denuncia que la operación es ruinosa para la hacienda municipal porque no obstante que se estableció que el pago total que se haría a la empresa por la prestación del servicio nunca podría ser superior al doble de la inversión que realizara por la colocación de las luminarias; tal condición no fue cumplida porque la empresa incluyó en el precio total el costo de otros conceptos no autorizados como son la instalación y mantenimiento de las mismas que suman más de 158 millones de pesos. Por problemas de espacio no puedo seguir explicando otra docena de motivos que generan la nulidad del contrato.

Hay una gran expectación por lo que va a hacer o dejar de hacer el próximo alcalde de la capital, a quien sus allegados conceptúan como un dirigente autoritario, astuto, trabajador, inflexible y con don de mando; a quien se le puede cincelar aquella expresión totalitaria: "Aquí nada más mis chicharrones truenan". Creo que su administración será un fracaso y muy pronto decepcionará a sus simpatizantes por la sencilla razón de que no hay dinero, y lo que se capte en el 2016 será para cubrir el gasto corriente, pagar pasivos y, si acaso, sostener los deficientes servicios municipales; pero no para mejorarlos y tapar los baches de la ciudad. Los programas asistenciales a que se ha comprometido se verán seriamente afectados por el mismo motivo. El municipio se encuentra en bancarrota y ni él ni nadie podrá hacer mayor cosa si no le cobra a los grandes deudores del impuesto predial y recupera el patrimonio inmobiliario que le han birlado. Nunca podrá enderezar las finanzas públicas con el esquema convencional de ingresos que existe y con la infructuosa política de austeridad que ha anunciado. 

El lado oscuro de Carreras

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Hay dos asuntos que últimamente han sacado de quicio al candidato electo a la gubernatura del estado y ambos tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas. El primero se refiere a su declaración patrimonial que se resiste a dar a conocer y de manera especial el capítulo que contiene el inventario y avalúo de sus bienes inmuebles que fueron machaconamente exhibidos por sus contrincantes políticos durante el pasado proceso electoral como si fueran mal habidos; y eso que no repararon en el valor comercial que deben tener las partes sociales de la boyante sociedad civil denominada Instituto de Educación Productiva (IDEP), que de acuerdo a la escritura constitutiva le pertenecen. En esa ocasión sus rivales políticos le señalaron propiedades que calcularon que podían valer 60 millones de pesos; sin embargo, el candidato del PRI aclaró, que junto con su esposa, el valor de sus inmuebles ascendía a la suma de 13 millones 728 mil pesos, y que no poseía ningún bien que le generara ingresos y pudiera influir en el desempeño de sus funciones. La historia se ventiló en la prensa nacional y en las redes sociales se hizo todo el escándalo que fue posible porque no había dicho la verdad a los electores. Ante tales señalamientos no le quedó más remedio que reconocer que además de los bienes que le publicaban, también era dueño de un condominio en la Ciudad de México y una finca en la capital del estado en la que residía su madre.  

No entiendo qué es lo que motiva al candidato electo a seguir ocultando su declaración patrimonial, si sus activos han sido ampliamente difundidos, a menos que haya omitido otros bienes que no quiere revelar. La revista Forbes México dio a conocer las declaraciones patrimoniales de siete de los nueve candidatos recientemente electos a las gubernaturas de sus estados que promovió el Instituto Mexicano para la Competividad, A.C. (IMCO), junto con destacadas personalidades de la sociedad civil que presentaron la plataforma electrónica CandidatoTrasnsparente.mx (iniciativa #3de3), que buscó que cada candidato pusiera en manos del elector y de la opinión pública información relacionada con tres documentos básicos de interés general: (1) La Declaración patrimonial o carta de compromiso de hacerla pública en caso de resultar electo. Ha transcurrido casi un mes de que el candidato de Fernando Toranzo recibió la constancia de mayoría y sigue sin presentar su declaración patrimonial. El 6 de mayo dirigió un desplegado "A quien corresponda", que publicaron los organizadores del evento, en el que de una manera mañosa y vaga se compromete "ante la ciudadanía en general a que al resultar electo en el cargo para el cual competiré en las próximas elecciones de fecha 7 de junio de 2015, presentaré mis Declaraciones Patrimoniales como Servidor Público durante toda mi administración con apego a los principios de transparencia, legalidad, honestidad y publicidad, conforme lo determinen las leyes y disposiciones aplicables...". 

De esta manera sus declaraciones quedarán en la secrecía de una caja de seguridad a la que nadie, más que el contralor general, puede tener acceso, cuando el reto era la presentación de la declaración de sus bienes ante esa organización ciudadana para hacerla pública, como lo permitieron sus otros siete colegas que aceptaron el desafío. Juan Manuel Carreras es un mal ejemplo para el resto de los funcionarios potosinos porque de igual manera esconderán sus declaraciones patrimoniales en un momento en que la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública son algunas de las demandas más sentidas de la sociedad. 

El ex secretario de Educación Pública presentó el 8 de junio, al día siguiente de la jornada electoral, la información sobre sus intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en sus decisiones públicas como gobernador del estado. (Documento 2). Reconoció en el formulario que CandidatoTrasnsparente.mx subió a su página web, la participación que tuvo como miembro del consejo directivo del Instituto de Educación Productiva, S.C., manifestando bajo protesta de decir verdad no haber recibido remuneración alguna porque se trataba de una función voluntaria. El hermético ex director del Seguro Popular y doctor en derecho por la UNAM ocultó el monto de las remuneraciones que le han correspondido por los diversos cargos públicos que ha desempeñado, no obstante que era un requisito imprescindible para darle sentido a la información solicitada. 

La declaración fiscal de los candidatos electos (Documento 3) es una información incompleta e inútil porque sólo exhibe la carátula del acuse de recibo que expide el Sistema de Administración Tributaria (SAT). En el caso de Juan Manuel Carreras se reporta un saldo a su favor por 21 mil 943 pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2014. No se acompañan los anexos que justifiquen cómo se llegó a esa cifra, ni la relación de ingresos y egresos declarados y menos el monto de los impuestos pagados por el contribuyente.

El gobernador electo, como muestra de su interés por transparentar el gasto público y deslindarse de la política oscurantista de su antecesor, debe ordenar en los primeros días de su mandato que se libere toda la información relacionada con los diversos convenios que el gobierno del estado ha celebrado con distintas empresas. Me refiero a los convenios y obras para la instalación de las plantas de la General Motors, BMW y Goodyear Oxxo, entre otros asuntos, y publicarlos en el Periódico Oficial del Estado, como dispone nuestra Constitución para que sean válidos.

El otro asunto que hizo tambalear al brillante ex alumno de la Escuela Libre de Derecho fue la denuncia que presentó un grupo de senadores panistas por un probable conflicto de interés que se derivó de dos contratos de prestación de servicios en materia de seguridad pública que le fueron asignados directamente a su universidad por parte del gobierno del estado, por un valor de 4 millones 814 mil pesos. A raíz de ese incidente me impresionó una fotografía en la que el candidato del PRI aparece crispado y apretando exageradamente los labios ante las preguntas que le formula un periodista. Sus aclaraciones no fueron satisfactorias para acreditar que su empresa no fue favorecida en su crecimiento mientras fungía como funcionario público federal en el 2012. 

Casi perfecta

Por Eduardo Martínez Benavente

Los diez diputados que votaron en contra del informe final de la auditoría de la cuenta pública estatal del ejercicio fiscal de 2014, practicada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), debieron señalar los casos concretos que no observó el auditor y aquellos sobre los que exista alguna duda. No basta con reprobar el dictamen porque tienen la percepción del que monto observado no corresponde a la realidad con la que los funcionarios públicos manejan el dinero en San Luis Potosí; o porque el resultado es inverosímil, como argumenta el diputado panista Miguel Maza Hernández, quien sólo apunta uno de los actos de corrupciónrecientemente denunciado en la Secretaría de Salud y que no consta en el documento; o porque las observaciones son mínimas, pues explican que no es posible que con un presupuesto cercano a los 34 mil millones de pesos, que en realidad fueron más de 37 mil 500 los que se ejercieron, sólo se hayanobservado 10 millones 906 mil pesos, correspondiendo el 85% del monto anterior a obra pública administrada por Servicios de Salud y el 15% restante a SEDUVOP. Todas las otras oficinas de gobierno resultaron perfectas con cero observaciones financieras. Una de las observaciones administrativas de mayor trascendencia que no quedó solventada es la que se refiere a las retenciones y aportaciones patronales que el gobierno de Toranzo no entregó a la Dirección de Pensiones.

El auditor superior del estado ha sido muy obsequioso con los funcionarios públicos auditados porque les acepta cualquier gasto o comprobante sin analizar la racionalidad del mismo y sin importarle si esa erogación cumple con los compromisos de austeridad que se han establecido. Nos saldría más barato y efectivo eliminar a la ASE y encomendarle esta tarea a despachos externos de contadores, que seguir sosteniendo a un aparato injustificadamente caro e inútil.

Cabe la aclaración que en la muestra anterior no se revisaron los recursos del Ramo 33 y otros programas federales que suman 15 mil millones 800 mil pesos que serán dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación hasta febrero de 2016. Los diputados estaban obligados a denunciar en tribuna los abusos e ilícitos en que incurrió la administración de Fernando Toranzo, quienes por su posición privilegiada tienen acceso inmediato a la información pública gubernamental y atribuciones para llamar a comparecer a cualquier funcionario, quien bajo protesta de decir verdad debe responder a los cuestionamientos que les hagan y aclarar las dudas que existan sobre sus actuaciones.  Era la oportunidad para saber a quién y cómo se le adjudicó la obra de mayor cuantía del sexenio que el auditor no toca en su informe. Me refiero a la preparación, levantamiento y nivelación de las 300 hectáreas sobre las que se asentará la ensambladora de la BMW en el municipio de Villa de Reyes. Es inexplicable que ni los diputados, ni los partidos políticos, ni los organismos empresariales se hayan interesado en conocer los pormenores de esa licitación o adjudicación directa, que de acuerdo al convenioque firmó el gobierno estatal con la empresa alemana vale más de 1 mil millones de pesos. El auditor debió observar que el convenio carece de validez porque no se publicó en el Periódico Oficial del Estado como lo dispone la Constitucióndel Estado, y sin embargo se han erogado cantidades millonarias no presupuestadas para esa inversión a través del Fideicomiso Público del Fondo de Fomento Económico del Estado, cuyo comité técnico preside Fernando Toranzo. Los legisladores debían haber denunciado el desvío de más de 3 mil millones de pesos que reconoce el gobernador del estado que destinó al pago de nómina del magisterio, cuando estaban etiquetados para cubrir otros gastos. El informe no revela el monto del desvío que correspondió al ejercicio fiscal del 2014, ni los programas y obras que se vieron afectados.

La auditoría no hizo una evaluación exhaustiva de los acuerdos tomados por la Comisión Gasto Financiamiento a la que le perdonó todas las observaciones que le hizo. Esta instancia es la responsable de autorizar las ampliaciones presupuestales, que en ese ejercicio ascendieron a miles de millones de pesos. Como tampoco analizó la legalidad y monto de los estímulos y subsidios fiscales que otorgó el gobierno del estado. Si los diputados realmente consideran que el auditor es un falsario y lavador de cuentas deberían promover un juicio político para cesarlo del cargo.

El manejo inmaculado de las finanzas públicas no ocurre ni en Finlandia que es el país con menos corrupción en el planeta. La ausencia de esta calamidad es casi absoluta, pues esta nación encabeza la lista de la honestidad con una calificación de 9,7 sobre un ideal de 10 puntos, según estudios del Foro Económico Mundial y otras 15 instituciones de gran prestigio y seriedad que coinciden. Finlandia es una sociedad participativa y educada, con bajas disparidades de ingresos y salarios adecuados. La corrupción es incidental, no endémica. Es una sociedad con valores éticos y morales que se inculcan desde la niñez, como la moderación, el autocontrol y el bien común que impone límites importantes a la búsqueda de beneficios privados a expensas de otros. No existe analfabetismo. Uno de los últimos casos de corrupción en el gobierno, de escasa trascendencia, ocurrió cuando un grupo de funcionarios del transporte naval aceptó unos pasajes de avión que les obsequiaron unos proveedores de ese organismo. Intervino la Suprema Corte de Justicia y falló en contra de los burócratas. No hubo cárcel, pero fueron despedidos y obligados a devolver el regalo. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto con el estigma social de estar involucrados en un caso de corrupción, resultó muy disuasivo frente a posibles nuevos intentos de cruzar la línea de la legalidad.   

Los diputados, entre las limitadas facultades que les restan en materia de fiscalización, tienen derecho a solicitar los pliegos de las observaciones u hojas de trabajo de los auditores y las pruebas de desahogo que hicieron valer los servidores públicos para reducir o desaparecer los señalamientos de su revisión. Los diputados debieron registrar las múltiples denuncias que se presentan a través de los medios de comunicación y ordenar su investigación. Para eso tienen asesores que los auxilian y cuentan con la infraestructura y personal de sus partidos que, en teoría, deberían estar atentos a todas estas quejas.