La tumba de gallardo

Al columnista e historiador Óscar G. Chávez, en reconocimiento a su valor periodístico.

Por Eduardo Martínez Benavente

El protagonismo que caracteriza al alcalde Ricardo Gallardo Juárez lo ha llevado a ocupar todos los días importantes espacios en los medios de comunicación. Ha logrado reducir al gobernador del estado a un papel segundón en su desmedido afán de destacar y llamar la atención con fulminantes declaraciones, compromisos inalcanzables y temerarias amenazas como si todavía estuviera en plena campaña electoral. Bien podríamos decir que casi lo ha borrado del escenario político, como parece que a Juan Manuel Carreras le gusta mantenerse. Sus allegados y colaboradores no se atreven a advertirle que las expectativas que generó como candidato tienen una fecha de vencimiento y ésta no puede prolongarse más allá del primer trimestre del próximo año para que sus simpatizantes vean resultados concretos. Esta semana reconoció que será difícil cumplir con sus compromisos de campaña a corto plazo y que hasta enero o febrero próximos iniciará la pavimentación de algunas calles porque no ha recibido recursos federales. 

Sabe que si no cumple con su larga lista de compromisos y ayudas sociales se le revertirán las simpatías en airadas reclamaciones y decepciones de ese amplio sector de la sociedad que lo apoyó para que alcanzara la alcaldía. La presidencia municipal será su tumba política. La falta de dinero y su arrogancia le harán morder el polvo. Aunque no se lo deseo, porque si le va mal a él, también le irá mal al resto de los capitalinos. Su fracaso e inoperancia no podrá justificarlos con el argumento de que recibió al municipio con las arcas vacías y en completa bancarrota. Sabía a lo que le entraba y así aceptó competir por la alcaldía en una contienda que inició dos años antes y en la que arrolló a sus contrincantes, por lo que ahora no vale quejarse ni lamentarse. Su autoritarismo caciquil no le permite compartir responsabilidades con el resto del Cabildo que pareciera no existir. En ninguna ocasión se le ha escuchado decir que someterá tal o cual de sus ocurrencias al análisis y votación de ese órgano colegiado pues cree que todavía gobierna en Soledad, sin crítica ni oposición enfrente.

Miente cuando asegura que no incrementará los impuestos para el próximo año y que sólo se afectará "un poquito" a las empresas y propietarios de residencias con un valor superior a los 5 millones de pesos con los nuevos valores catastrales. El aumento es general para toda la zona poniente de la ciudad con un 30% que se verá reflejado no sólo con esa contribución, sino también en los traslados de dominio, avalúos y derechos de registro público. En las zonas populares habrá una reducción que aún no he calculado, pero que no tendrá ningún beneficio en el pago del impuesto predial porque la mayoría de esas viviendas pagan cuatro salarios mínimos, y éste se incrementó el 1 de octubre y volverá a aumentar el próximo 1 de enero;  por lo que el recibo de pago del predial será mayor en el 2016 que el que cubrieron en el 2015. 

El descalabro más notorio y vergonzoso que hasta ahora le podemos señalar es que no se atrevió a detener la instalación de las más de 47 mil luminarias de tecnología LEDS por las lámparas de vapor de sodio existentes en la ciudad, que mediante un contrato ilegal y abusivo de prestación de servicios, por un valor de 1,301 millones de pesos, le adjudicó la administración del ex rector a la sociedad mercantil Panevi, única postora de una licitación pública nacional a la que podrían haber concurrido otros muchos interesados si no les hubieran impuesto requisitos insalvables; por lo que no hubo oportunidad de conocer otras cotizaciones ni de fraccionar el contrato entre varios proveedores, pues todo estaba preparado para que esta empresa se quedara con el negocio. Y para que no quedara ninguna duda de su derrota, el ex alcalde mandó instalar en los últimos días de su gestión un enorme espectacular sobre el camellón de la avenida Himalaya en el que presumía la instalación de las primeras 40 mil luminarias. De esta manera demostraba que las amenazas del soledense en el sentido de que no le temblaría la mano si insistía en seguir adelante con el proyecto eran meras fanfarroneadas. Sólo los principales protagonistas de esta historia saben qué es lo que se negoció para que el nuevo alcalde, instalado en la presidencia municipal reculara y se olvidara de la acusación. 

Pero no todo lo que ocurre en esta administración es negativo. Habría que reconocer como un gesto de buena voluntad la reducción ofrecida de hasta un 30% en las remuneraciones de los funcionarios, que aunque que no pinta mayor cosa en el rescate de las finanzas públicas sirve para avalar un programa de austeridad. Reconocemos también el recorte de cientos de trabajadores que no tienen base y que fueron contratados bajo el fraudulento esquema de honorarios asimilables a salarios, pero siempre y cuando se trate de empleados que realmente salgan sobrando o de tramposos aviadores y no vayan a ser sustituidos por otros con los que Gallardo y su gente puedan tener algún compromiso. Aún no se sabe qué tanto impactará en la nómina municipal esta medida, como tampoco sabemos los recursos que se tendrán que desembolsar para la liquidar a todos esos trabajadores. Es previsible que muchos de ellos se inconformen y recurran a los tribunales a demandar su reinstalación o una mejor indemnización que la ofrecida por el patrón. He señalado en repetidas ocasiones que la única manera de sanear al erario es cobrándole a los grandes deudores lo que le deben y recobrando o negociando el valor de las áreas de donación que muchos constructores y fraccionadores no cedieron al municipio. Esperamos que con el proceso que el Ayuntamiento inicia en contra del fraccionamiento residencial La Vista, propiedad de Jorge Abud, se abra un resquicio de esperanza para reclamarle a otros muchos desarrolladores las áreas de donación que le han escatimado a los potosinos; aunque apuesto, doble sobre sencillo, que también reculará ante estos defraudadores.

Entre pitazos y balazos

Por Eduardo Martínez Benavente

Las órdenes de aprehensión no se anuncian, se ejecutan. La filtración que sufrió el acuerdo del Juez Sexto Penal que ordena la detención de la ex alcaldesa Victoria Labastida y otros cuatro implicados en diversos delitos que se les imputan fue un sorpresivo pitazo que los puso sobre aviso para evitar la acción de la justicia. La Procuraduría General de Justicia no tuvo la precaución de ubicarlos hasta conseguir el oficio del juez que obsequió el arresto. Las autoridades sabían que los acusados cuentan con recursos económicos que les permiten cambiar de residencia a cualquier otro lugar y desaparecer del escenario por muchos años. La información que se filtró y que Pulso dio a conocer en exclusiva, muestra en el mejor de los casos una imperdonable falla en la secrecía de la averiguación y el sigilo necesario; aunque creo que más bien se trata de un arreglo político entre la ex presidenta municipal y el gobierno de Juan Manuel Carreras para que el nuevo titular del Poder Ejecutivo gane legitimidad y simpatías al tomar una decisión largamente esperada y demandada por los potosinos, pues el gobernador del estado es el único que le podía dar luz verde a una acción de esta envergadura, evitando de esta manera que se le tache de encubridor u obstructor de la justicia, como a su antecesor. Tan es así que sólo se les busca por los delitos de peculado y uso indebido de la función pública, y no por el de asociación delictuosa que queda perfectamente tipificado y por el que no alcanzarían la libertad bajo caución. 

Es oportuno recordar cómo se cumplimentan las órdenes de aprehensión para entender la maniobra, y para esto tenemos el caso del ex presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona, a quien el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo engañó dos días antes de que lo detuviera asegurándole que no existía ninguna orden en su contra. Confiado en su palabra regresó tranquilo a su terruño para que en un operativo rudo y espectacular lo detuvieran, exhibieran y trasladaran a la Ciudad de México. Qué no hubiera dado el joven alcalde si le hubieran advertido que iban por él. Ahora, en el colmo de la insensatez y desmesura pretenden reivindicarlo y honrarlo cambiando el nombre de la avenida principal de esa cabecera municipal por el suyo, en un acuerdo de cabildo que bien podría interpretarse como una apología del delito, pues sobre el procesado pesa un auto de formal prisión y aún no se ha dictado una sentencia definitiva que lo declare culpable o inocente. 

El gobierno de Juan Manuel Carreras se inicia entre pitazos y balazos, estos últimos ocurridos en el centro histórico de la ciudad en el segundo día de su mandato, y en un ambiente de preocupación e inseguridad porque los homicidios se han incrementado alarmantemente en el estado. Los delincuentes no le dado un momento de tregua para que se instale en paz. El control que ejerce su gobierno sobre la mayoría de los medios de comunicación le ha permitido minimizar la gravedad de los acontecimientos. La balacera entre asaltantes y policías registrada el pasado lunes en la tarde en una bodega de cereales ubicada a unos pasos de la alameda Juan Sarabia, antes de que cerraran los comercios y oficinas, nos recordó por su duración e intensidad la perpetrada durante la administración del ex gobernador Marcelo de los Santos frente al edificio de la Acción Católica, por lo que no es creíble que sólo se hayan reportado dos policías heridos y un delincuente detenido. 

No se conocen los ilícitos que se les imputan a los ex funcionarios en la averiguación, aunque deben corresponder a algunas de las observaciones de las auditorías que no fueron solventadas. El abuso y desorden financiero que caracterizó a esa administración fue escandaloso. Los pasivos se incrementaron ilegal e irresponsablemente. Varios créditos bancarios no se pagaron al término del trienio. Una buena parte de la obra pública quedó inconclusa y con graves señalamientos de corrupción. Un gasto que indignó a los potosinos fue el de los casi 40 millones de pesos que se pagaron por concepto de cirugías plásticas practicadas a algunos empleados y funcionarios municipales para levantarles los glúteos, reducir las narices y desparecer papadas y arrugas.. 

Algunos de los indiciados y otros que aún no han sido incluidos en la lista de los más buscados operaron para que el grupo constructor ISCAMAPI se hiciera de los terrenos donde se construye el fraccionamiento Monterra, siendo el único postor de un inmueble de 20 hectáreas que presentó su oferta en el último momento de la subasta, justo antes de que ésta se cerrara, y una vez que le filtraron información privilegiada que le aseguraba que nadie más se había presentado;  lo que le permitió ofrecer lo mínimo por el terreno y solicitar además una serie de facilidades que debieron ser rechazadas, como pagar el precio en cómodas mensualidades, que por cuenta del Ayuntamiento corrieran los gastos de la escritura, que le acercaran sin costo alguno los servicios municipales, que no le cobraran intereses y que le agilizaran todos los trámites administrativos para estar en condiciones de comercializar de inmediato el inmueble. Algunos pagos se hicieron mediante una triangulación inexplicable con depósitos de recursos provenientes de los parquímetros. 

La mayoría de los integrantes del cabildo autorizaron un dictamen que presentó el regidor Luis Miguel Avalos Oyarvides, en el que se avaló una negociación ilegal que permitió a Parque Logístico recuperar dos superficies de terreno que suman más de 263 mil metros cuadrados a un precio absurdamente bajo y lesivo a los intereses del municipio. No se pagó ni una décima parte de su valor real. Ejemplos de la incontenible y burda rapiña hay muchos otros que se irán integrados a la averiguación. 

Se vale todo

Por Eduardo Martínez Benavente

Los recursos de que se vale el gobierno de Fernando Toranzo para seguir ocultando el convenio que celebró con la BMW para la instalación de su ensambladora en territorio potosino son tramposos y arbitrarios pues está utilizando a un particular que no tiene vela en el entierro para retrasar indefinidamente una resolución que el organismo responsable de garantizar el acceso a la información pública (CEGAIP) tenía que haber pronunciado desde hace más de 300 días, y como si estos no fueran suficientes, el Pleno del organismo, en su último boletín de prensa anuncia que en sesión extraordinaria se determinó que el expediente se sometería a un estudio pormenorizado por cada uno de los comisionados para estar en condiciones de emitir un resultado. 

El gobierno se resiste a dar a conocer el monto y conceptos de los subsidios y apoyos concedidos a la empresa que fueron autorizados sin que existiera disponibilidad financiera, mismos que ascienden a más de tres mil millones de pesos. Se trata de la erogación más cuantiosa que se haya comprometido en el sexenio e, inexplicablemente, no ha despertado el interés de los diputados, partidos políticos y organismos empresariales por conocer su contenido, Ni siquiera les interesa indagar de cuál partida presupuestal saldrán los recursos, pues el crédito bancario por 750 millones de pesos que se autorizó para ese fin es notoriamente insuficiente. En el entendido de que la quinta parte del Impuesto sobre la Nómina que se recauda sólo sirve como fuente de pago del referido empréstito y no se puede incrementar el patrimonio del fideicomiso público destinado al fomento de actividades empresariales. 

Darle entrada a una solicitud de audiencia presentada por Desarrollo Logistik, la empresa fraudulenta que vendió o comprometió dos veces a distintos adquirentes una misma fracción de terreno sobre la que se proyecta construir la planta automotriz es inadmisible y rebasa cualquier argumento legal y razonable porque lo único que tiene que hacer la CEGAIP en este caso es resolver si la información que se solicita es pública o debe seguir reservada, ya que no es la instancia para dirimir el conflicto que se suscitó entre Desarrollo Logistik y Constructora Comebi, quien justamente reclama una indemnización por los daños y perjuicios que ha sufrido por las actuaciones ilícitas de la vendedora. 

Desarrollo Logistik, S.A. de C.V. argumenta que el derecho de audiencia que solicita a la CEGAIP es “…para estar en posibilidad de acreditar la afectación que pudiera implicar la determinación de publicar información solicitada por el quejoso...”, y reproducen las siguientes dos citas: "...incidiría indudablemente en la parcialidad al resolver las controversias judiciales que actualmente se encuentran en trámite en diversas instancias...", y "... que tienen como finalidad dilucidar cuestiones referentes a derechos adquiridos por Sociedad Desarrollo Logistik S.A. DE C. V. en relación con la propiedad de los terrenos que fueron contemplados para la construcción de la planta industrial por parte de la empresa BMW, dentro del Parque Industrial Logistik II, en el Estado de San Luis Potosí..."

El pasado 11 de agosto, el Pleno de la CEGAIP acordó aplazar la resolución del expediente de queja que habíamos iniciado un año antes y en la que solicitamos se desclasificara la información y se diera a conocer el convenio con sus anexos. La CEGAIP debió rechazar la solicitud de Desarrollo Logistik,  pues una vez que había ordenado la elaboración del proyecto de resolución no podía admitir ninguna promoción y menos la de un extraño que no es parte en el expediente. 

El gobierno del estado tenía conocimiento exacto de que más de 100 de las 300 hectáreas de los terrenos ofrecidos a la BMW estaban comprometidos con la constructora de la familia del Valle López y que el uso del suelo le permitía construir viviendas; sin embargo, el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Macías Morales, ha manifestado que desconocía esa situación y que el gobierno no puede involucrarse en un conflicto entre particulares, no obstante que fue el que provocó el problema. Es muy probable que por esta causa no se haya podido formalizar el título de propiedad a favor de la ensambladora. Por cierto, si Desarrollo Logistik hubiera cedido el quince por ciento de la superficie vendible a que estaba obligado por la autorización del fraccionamiento, que según su página web abarca una superficie de dos mil hectáreas, el gobierno del estado, a través del Ayuntamiento de Villa de Reyes, podría haber dispuesto de esa reserva territorial para donarla a la empresa y no tener que pagar por ella. La Auditoría Superior del Estado no ha observado este ilícito en las auditorías que le ha practicado a su cuenta pública. 

La Secretaría de Finanzas debe requerir a Desarrollo Logistik para que le acredite el pago del impuesto del diez por ciento sobre el precio de operación o valor catastral, el que resultó mayor, a que se refiere la Ley de Hacienda para el Estado, por la adquisición de los terrenos que fueron desincorporados del régimen ejidal. Se calcula que los ejidatarios recibieron unos 15 pesos por metro cuadrado, aunque no me extrañaría que en la escritura se haya asentado un valor muy superior como estrategia fiscal para aminorar el impacto del ISR cuando enajenen.  Estos chanchullos y mentiras son los que ponen en riesgo la inversión alemana y no la difusión de los documentos que se solicitan y que extraoficialmente difundió Proyecto Tábano y otros medios de comunicación desde el 14 de diciembre de 2014, sin que a los europeos les haya molestado. No me cabe la menor duda que la mayor parte de los recursos que se están destinado a la BMW y los que faltan por entregar provienen de fondos federales, pues las finanzas potosinas no tienen capacidad para cubrir todos los compromisos contraídos; y cancelar el proyecto por falta de dinero le daría al país, no a San Luis Potosí, una imagen de insolvencia y desconfianza que ahuyentaría la inversión extranjera.

¡Hasta el primer domingo de octubre!

Santos contra pecadores

Por Eduardo Martínez Benavente

Las dos marchas que partieron el pasado fin de semana del Jardín de Tequisquiapan fueron un fracaso. Porque las presencié desde una prudente distancia me atrevo a calcular que no más de 800 personas participaron en la que organizó la Iglesia y otros grupos de derecha que se oponen a los matrimonios entre personas del mismo sexo y más al derecho que les asiste para adoptar a menores de edad; y conté unos 300 asistentes a la que convocaron las asociaciones que están a favor de la legalización de estas innovaciones jurídicas. Creía que la concurrencia iba a ser mucho mayor por la amplia difusión que se hizo de los eventos en los medios de comunicación y redes sociales; y por el interés que han despertado estas reformas en una buena parte de la sociedad. Algunos optimistas habían pronosticado que a la caminata convocada por la Iglesia asistirían unas 30 mil personas, considerando que hace menos de un año, el 19 de septiembre de 2014, el clero enseñó músculo al congregar en el estadio Alfonso Lastras a unos 40 mil fieles que participaron en la magna celebración con la que se festejó el 160 aniversario de la fundación de la diócesis potosina. En esa ocasión partieron del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe miembros de diferentes parroquias y movimientos apostólicos liderados por el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero que atravesaron las calles de la ciudad con el Santísimo en procesión hasta las instalaciones del Atlético San Luis. Sería muy interesante que alguien autorizado nos explique porque las bases de la Iglesia potosina no respondieron ahora a esta invitación que se lanzó desde los púlpitos de las parroquias. Sólo dos organizaciones, -que yo recuerde- la Iglesia Católica potosina y los antorchistas, han logrado llenar las graderías y la cancha de fútbol de ese enorme espacio deportivo.

Era predecible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciara por el reconocimiento de los derechos a las parejas del mismo sexo, por más protestas e inconformidades que se presentaran. Los ministros de la SCJN ya habían fallado a favor de declarar inconstitucional las leyes de los estados que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer por considerarlo discriminatorio para los derechos que garantiza la Constitución a todos sus habitantes. Desde el 12 de junio de 2015, el matrimonio entre homosexuales se puede realizar en todos las entidades de la República, y obliga a los jueces a seguir este criterio en los amparos que los interesados interpongan en cualquier parte del territorio nacional y en donde aún no se hayan legalizado, como es el caso de nuestra entidad. Antes sólo se podían celebrar en el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila. Con la resolución que emitió este martes la SCJN, declarando la inconstitucionalidad de la prohibición que establecían las leyes del estado de Campeche en el sentido de que los matrimonios entre personas del mismo sexo no podían adoptar menores, se obliga, de igual manera, a los jueces de distrito a amparar a estas uniones cuando pretendan adoptar menores en cualquier lugar de México.

Debe ser muy difícil para una pareja de homosexuales tomar una decisión de esta naturaleza pues independientemente de que están obligados a cumplir con una serie de intrincados requisitos y pagar los honorarios de un abogado que los asista; tienen que evaluar las consecuencias del rechazo social que seguramente sufrirán sus hijos por parte de amplios sectores de la población, empezando por el de sus propios compañeros de escuela. No podemos ignorar que los niños son crueles y se requiere de mucho valor y fortaleza para superar sus burlas, exclusiones y agresiones. La discriminación es el tramo más delicado de la adopción. Va a ser muy penosa su aceptación social y más en sociedades conservadoras como la potosina, cuando la mayoría rechaza estas reformas, principalmente la que se refiere a la adopción de menores. Sin embargo, bajo cualquier circunstancia y contrariedad, vale la pena que lo intenten los que quieran correr con esos riesgos. Están en su derecho. La Constitución federal garantiza que los matrimonios entre personas del mismo sexo deben ser totalmente equivalentes -con los mismos derechos y obligaciones- que los matrimonios heterosexuales. Nos guste o no nos guste. Como ocurre, hasta ahora, en más de veinte países.

A los diputados no les queda otra opción que dictaminar la iniciativa permitiendo los matrimonios igualitarios en San Luis Potosí, sin trampas ni condiciones, como las que pretende imponer el timorato diputado panista Miguel Maza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, quien acaba de anunciar que heredará a la siguiente Legislatura el compromiso de dictaminar la iniciativa de las adopciones; y que en todo caso resolverá por separado, antes de que concluya su período, la de los matrimonios entre personas del mismo sexo. No entiende que la reforma es inevitable porque el pleno de la SCJN se pronunció en su mayoría en el sentido de que las personas que viven en sociedades de convivencia (entre personas del mismo sexo o heterosexuales), matrimonios y concubinato tienen los mismos derechos que quienes viven en matrimonio o concubinato, incluida la posibilidad de adoptar. Cualquier institución, independientemente de su denominación, llámese sociedad de convivencia, uniones civiles o como sea, son discriminatorias y crean ciudadanos de segunda clase si no otorgan los mismos derechos que los matrimonios tradicionales.

Para emitir este dictamen no se requiere de mayor ciencia ni estudio más que reproducir el decreto legislativo de otro estado que se haya pronunciado en este sentido, pues ya vimos que no valieron las endebles consideraciones que emitió en el Pleno de la SCJN, el ministro Eduardo Medina Mora, el único de los diez presentes que votó en contra de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandando la invalidez de la ley chiapaneca que prohíbe a las parejas del mismo sexo la adopción de menores.

Nos rendimos

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Con especial indignación nos enteramos esta semana que la CEGAIP, a través de su ex comisionado presidente Alejandro Serment, limosneó apoyos económicos por 31 mil 460 pesos a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para pagar los viáticos y traslados de los ponentes foráneos que participaron en los eventos conmemorativos que organizó con motivo del 5° aniversario de la promulgación de la Ley de Transparencia. La dádiva que recibió es una prueba irrebatible de los compromisos que existen entre el organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental (CEGAIP) y los entes obligados a transparentar sus actuaciones, independientemente de ser una conducta ilegal que conlleva a un inevitable intercambio de favores. Hoy por ti, mañana por mí. Cualquier funcionario que se atreve a pedir un favor de esta naturaleza queda obligado a corresponder con otro tanto, como sería, en el caso que nos ocupa, el emitir una resolución que confirme que la información solicitada se encuentra debidamente cumplida con los documentos que nos entregaron; aunque estos no hayan sido los que solicitamos o estén incompletos. Esta es la oportunidad para que el hoy comisionado de Transparencia y ex empleado de la Secretaría de Finanzas, Oscar Alejandro Mendoza García, quien tuvo a su cargo nada menos que el módulo de transparencia de esa dependencia, nos aclare la versión que existe en el sentido de que recibió dinero de Jesús Conde Mejía para asistir a un evento a la Ciudad de México relacionado con su nueva actividad, ante la supuesta falta de recursos de la CEGAIP que no quiso apoyarlo. 

Casos como estos confirman lo que denunciaba en mi columna anterior: que ante la evidente parcialidad  y complicidad de los comisionados de la CEGAIP era inútil y desgastante seguir indagando el destino que se le dio a los 1,500 millones de pesos que el ex gobernador Marcelo de los Santos obtuvo a través de un crédito bancario, pues no había manera de que la Secretaría de Finanzas ni la Auditoría Superior del Estado (ASE) nos entregaran la información solicitada consistente en los registros contables, pólizas, cheques y facturas de los gastos relacionados con las observaciones que el auditor superior del estado, Héctor Mayorga, determinó en la cuenta pública del 2009; asegurando que el gobierno de Fernando Toranzo había recibido un remanente de casi 562 millones de pesos derivado de ese empréstito, que hasta la fecha no ha sido fehacientemente aclarado; y advirtiéndonos además que no podía identificar en qué se lo había gastado. Así de grave era la acusación del responsable de fiscalizar las cuentas públicas, y es, por lo tanto, la verdad legal que prevalece. A pesar de lo anterior, el secretario de Finanzas, Conde Mejía, recurrió a toda clase de artimañas para ocultar la información en lugar de exhibir de inmediato los documentos que demostraran que el gobierno del estado no dispuso de esos recursos. 

Explicaba en mi colaboración anterior que a los que participamos en el equipo de Proyecto Tábano nos queda claro que la información completa y veraz del destino que se le dio a ese dinero jamás será revelado porque las dos últimas administraciones, la panista y la priista, dispusieron indebidamente de la mayor parte de esos recursos. Estimaba que cualquier auditor habría dictaminado en unos cuantas semanas la procedencia y justificación de las erogaciones o, en su caso, el desvío de recursos que pudo haber existido; por lo que era inaceptable que la ASE no hubiera emitido una resolución definitiva después de más de cinco años de la fecha en la que notificó sus observaciones.

También anunciaba que el pasado 16 de julio nos notificó la CEGAIP una resolución aberrante en la que da por concluido este asunto, pues determina que es válida y definitiva la información que nos entregó la ASE, sin atender la queja que oportunamente le presentamos en el sentido de que nunca recibimos los registros contables, pólizas, cheques y facturas de los 562 millones de pesos motivo de la controversia, y que los documentos que nos entregó no correspondían a los solicitados. 

El periodista Victoriano Martínez nos recuerda que "el 24 de enero de 2013, cuando estaba por resolverse este expediente, Oscar Alejandro Mendoza García se excusó con el argumento de que él participó en el proceso de la respuesta con la que la Secretaría de Finanzas negó la información En su momento fue parte del equipo que determinó reservar los documentos. Hoy es parte del trío de comisionados que decide dar carpetazo al asunto y, con ello, mantenerlos ocultos".

"Era la segunda ocasión en que se le requería a la ASE los registros contables. Las peticiones previas comenzaron en 2010 y se presentaron ante esa autoridad y la Secretaría de Finanzas que, al igual que el organismo fiscalizador, negó la información con el argumento de que se trataba de información reservada. Hasta el 31 de enero de 2013 la CEGAIP resolvió la queja iniciada dos años atrás. Ordenó a la ASE proporcionar las copias de los registros contables requeridos, pero ésta en lugar de cumplir con la resolución comenzó una serie de maniobras que la Cegaip toleró: insistió en hacer valer su acuerdo de reserva y, ante una amonestación, recurrió a un amparo para retrasar su cumplimiento".

"Una vez declarado improcedente el amparo, la ASE se vio obligada a proporcionar los documentos solicitados. No obstante, evadió la entrega mediante dos acciones tramposas: argumentó no contar con los registros contables completos a pesar de que en el acuerdo de reserva señaló que formaban parte del expediente reservado y proporcionó un documento distinto al requerido. En junio de 2013 hicimos notar las inconsistencias. Desde entonces la CEGAIP dejó inactivo el expediente hasta que hace unos días nos notificó que la resolución estaba debidamente cumplida. Así, el crédito de los mil 500 millones de pesos se vuelve emblemático de las complicidades entre éste y el gobierno anterior, siendo la CEGAIP el instrumento que han utilizado para dar por sepultado el secreto del destino final que le dieron a ese dinero". 

Nos rendimos

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

No tiene ningún sentido seguir indagando en dónde quedaron los mil 500 millones de pesos que el ex gobernador Marcelo de los Santos obtuvo a través de un crédito bancario a unos cuantos días de que concluyera su mandato con el que disparó la deuda pública. Reconocemos que nuestro trabajo ha sido inútil y desgastante. A los que formamos el equipo de Proyecto Tábano nos queda claro que la información completa y veraz del destino que se le dio a ese dinero jamás será revelado y seguirá siendo un secreto cuidadosamente guardado en los cajones de la impunidad y corrupción del gobierno del estado porque las dos últimas administraciones, la panista y la priista, dispusieron indebidamente de la mayor parte de esos recursos para reponer dinero faltante, cubrir compromisos de gasto corriente y otras erogaciones injustificables que nada tenían que ver con las inversiones públicas productivas a que se refería el incierto decreto legislativo del 2009. 

Si el gobierno de Fernando Toranzo no tuviera cola que le pisaran en este asunto, habría sido el primer interesado en transparentar toda la información solicitada, sin embargo, a través de resoluciones arbitrarias que han pronunciado los sumisos organismos responsables de la fiscalización y transparencia en el estado, ante los que inevitablemente tenemos que recurrir, ha negado los registros contables, pólizas, cheques y comprobantes de pago de cada uno de los movimientos que se realizaron, bajo el pretexto de que la información es reservada y así deberá mantenerse hasta que concluya el interminable litigio que sostienen con el ex gobernador del estado. Como si no entendieran que nuestro interés es conocer en qué se gastaron esos recursos públicos y no el contenido de los expedientes judicial y administrativo con los que nos han venido entreteniendo. La dispersión del crédito original en nueve cuentas bancarias desde las que se giraron cientos de cheques hasta agotar su importe, así como la reestructuración que celebró Toranzo con otro banco, sirvieron para desaparecer el pasivo que nunca debió autorizarse porque a los diputados no les interesó conocer los pormenores de los conceptos de la inversión ni los montos que se destinarían a cada uno de ellos. Cualquier auditor de medio pelo habría dictaminado en unos cuantas semanas la procedencia y justificación de las erogaciones o, en su caso, el desvío de recursos que pudo haber existido; por lo que es inaceptable que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no haya emitido una resolución definitiva después de más de cinco largos años de la fecha en la que notificó sus observaciones para dar por concluido este asunto. 

En el 2013 nos hicieron creer -con la documentación parcial que nos entregó la ASE- que los casi 562 millones de pesos de presuntos excedentes, que el ex gobernador le dejó en la contabilidad a su sucesor, eran en realidad reposiciones de fondos ajenos y federales que el panista había tomado y gastado antes de que le llegara el préstamo y que de ninguna manera podían considerarse como sobrantes líquidos y efectivos del crédito que el nuevo gobierno podría utilizar en los conceptos que el Congreso había autorizado. Uno de los mejores auditores de la ASE y de todas las confianzas de Héctor Mayorga, recurrió a nosotros inmediatamente después de que a su jefe le tendieron una trampa para que no resultara reelecto como auditor superior del estado, para hacernos ver el error en que habíamos incurrido al cargarle la totalidad de la disposición del crédito a Marcelo de los Santos, y confiándonos que el dictamen definitivo, que hasta la fecha no ha sido notificado, venía en el sentido de que Toranzo había dispuesto indebidamente de la suma anterior para cubrir una serie de gastos no autorizados; lo que nos motivó a seguir insistiendo en la entrega de la documentación completa. 

El caso es que el pasado 16 de julio, fuimos sorprendidos con una resolución inaceptable de la CEGAIP en la que determina que es válida y suficiente la información incompleta y oscura que la ASE nos entregó hace dos años: “esta Comisión… determina que en la especie la resolución se encuentra debidamente cumplida, ya que (la ASE) acató la instrucción señalada en la resolución de mérito”. Bajo este criterio los entes obligados pueden entregar como respuesta cualquier documento sin importar que esté incompleto o no corresponda a lo solicitado. Si el peticionario expone ante la CEGAIP la discrepancia entre el documento pedido y el entregado, se topará con el criterio del organismo garante presentado en este caso, que dice: “Este Órgano Colegiado no es un organismo fiscalizador de la información, ya que en caso de existir inconsistencias el quejoso deberá hacerlas valer ante las instancias competentes, dado que el objetivo de este órgano colegiado se enfoca en la entrega de la información”.

Nada mejor para entender este asunto que transcribir algunos comentarios del artículo que publicó el 23 de julio el periodista Victoriano Martínez, en la página web de Proyecto Tábano: "La protagonista y presunta autora del nuevo capítulo es la comisionada Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, quien como ponente sustituta de Alfonso Serment Gómez, llevó al pleno una resolución que fue aprobada a pesar de que los documentos proporcionados no corresponden a lo solicitado para dar por cumplida la orden de que sean revelados los registros contables utilizados por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la Cuenta Pública 2009."

"Se trata de un capítulo más de esta larga historia que inició a principios de 2010, y del que este episodio específico comenzó el 14 de abril de 2011, cuando se inició una queja en contra de la ASE por haberse negado a proporcionar la información que se le solicitó en los siguientes términos: “Copias simples de los registros contables en los que basó su observación en el Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2009 en la que afirma que de acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de $1,500.000.000.00 es de $561,976,348.40, mismos que no es posible identificar a cuáles Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración (la de Toranzo) de acuerdo al Decreto 819 de autorización".

¡Ahí vienen los ingleses!

Por Eduardo Martínez Benavente

Los escolares de Estados Unidos recitan un poema sobre la hazaña de Paul Revere, el héroe americano que cabalgó durante la madrugada del 18 de abril de 1775 para alertar a los insurgentes de Lexington, Massachusetts con el grito: ¡The british are coming! ¡The british are coming!, pues se aproximaban las tropas británicas a esa plaza y debían prepararse para la batalla. Lo anterior viene a colación por el posible arribo de 330 ingleses y sus familias a San Luis Potosí ante la inminente clausura de la planta Goodyear en Wolverhampton, Reino Unido. El caso es que a los trabajadores de esa nonagenaria fábrica de neumáticos les están proponiendo emigrar a la capital potosina, en la que se instalará la nueva planta, si quieren mantener sus empleos. No sabemos si la oferta va en serio o si es otra más de las perfidias de sus paisanos para calmar los ánimos de esos centenares de futuros desocupados. 

Según el sensacionalista tabloide británico The Mirror, la propuesta no ha gustado a los trabajadores, como tampoco ha sido del agrado del dirigente cetemista Emilio de Jesús Ramírez, quien ha manifestado que a esa empresa sólo ingresarán los agremiados a su sindicato ante el riesgo de que personas extrañas e incontrolables le alboroten la paz de su gallinero, y sin que se haya concretado la negociación para que la CTM sea la titular de ese contrato colectivo con la empresa. El corresponsal de ese diario viajó a la capital potosina para escribir un reportaje del lugar que les proponen. Describe a San Luis Potosí como una ciudad próspera, llena de historia y bullicio, con centros comerciales como los de ellos y con una población que los recibiría con los brazos abiertos. Con sol garantizado y temperaturas que alcanzan los 37 grados centígrados y con un equipo en segunda división como el de su localidad, en el que no sería necesario asistir al estadio con sombrilla. La parcialidad y exageraciones de su crónica no le permitieron narrar la inseguridad, pobreza y las abismales diferencias sociales que prevalecen en el lugar que visitó. 

De cualquier manera sería ilegal la contratación de ese grupo de asalariados porque la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean; aunque el obstáculo insalvable para que los ingleses se animen a venir a San Luis Potosí es el que se refiere a las remuneraciones salariales porque la Constitución federal dispone que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad, y un obrero inglés gana siete veces más de los 6 mil pesos mensuales que percibe un obrero potosino bien remunerado, pues la mayoría no alcanza ni los dos salarios mínimos diarios. Reducir los gastos de operación pagando salarios bajos y acercarse al mercado americano y a las armadoras de automóviles del centro y bajío del país, son la causa del cierre de la fábrica inglesa y el aliciente para invertir en la capital potosina 550 millones de dólares y crear más de 1,000 empleos directos. Las limitaciones para que los extranjeros trabajen en el país no son aplicables a los directores y administradores de la empresa, siempre y cuando obtengan la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Gobernación. Es muy probable que el gobierno potosino, dentro del paquete de subsidios que otorgó a la empresa se haya comprometido a pagar el terreno, exentarla del pago de impuestos estatales y municipales y cubrir el valor de las becas de capacitación para los futuros operarios, entre otros estímulos. 

El gobernador violó una vez más la Constitución del Estado porque no ordenó la publicación del convenio en el Periódico Oficial. Las cláusulas de confidencialidad no pueden ir por encima de esta norma. No sabemos cuánto pagó por los 405 mil metros cuadrados sobre los que se desarrollará la inversión de la Goodyear, ni de que partida presupuestal dispuso para cubrir ese gasto; aunque parece que las exigencias de nuestros nuevos huéspedes no han sido tan abusivas como las de los alemanes con la BMW. 

Por cierto que el inmueble sobre el que se levantará la llantera tiene un historial de corrupción y defraudación fiscal porque durante la administración de Victoria Labastida se permitió que las propietarias del desarrollo inmobiliario recuperaran las dos superficies de terreno que habían donado al municipio y que sumaban más de 263 mil metros cuadrados, mediante el pago de 8 millones 200 mil pesos, cuando el representante de la empresa en la que participaba el empresario Vicente Rangel Lozano reconoció públicamente que el metro cuadrado lo estaban vendiendo a 29 dólares, la misma cantidad que habían cubierto al municipio, pero en pesos mexicanos. 

El próximo alcalde de la capital tiene materia para reclamar a los propietarios de la inmobiliaria una justa compensación por el precio lesivo y bajo que pagaron por las áreas de donación, con el agravante de que la transacción fue nula de pleno derecho y nunca debió celebrarse porque la Ley de Desarrollo Urbano sólo permite que los fraccionadores recobren los inmuebles que donan a los municipios si cumplen con todos los requisitos de un procedimiento de transferencia, y siempre y cuando la superficie cedida no exceda de 500 metros cuadrados. De haber sido así, el precio que se debía cubrir al municipio por parte del fraccionador sería el mayor que resultara de un avalúo catastral y uno practicado por un perito valuador. Lo que no ocurrió en esta negociación porque el valor lo determinó arbitraria y unilateralmente el representante de las empresas adquirentes. Las dos superficies donadas fueron aceptadas ilegal e irresponsablemente por las administraciones municipales de Octavio Pedroza Gaitán y Jorge Lozano Armengol, una el 31 de agosto de 2004 y la otra el 23 de noviembre de 2003, pues al existir un litigio con un grupo de ejidatarios no se pudieron escriturar ni el municipio estaba en condiciones de tomar posesión de las mismas. Las áreas ofrecidas y aceptadas no se ubicaban dentro de los fraccionamientos autorizados, sino en otro predio sin servicios municipales distinto al de Parque Logístico Interpuerto y Parque Logístico fase II.