Contrapesos

Entre auditores te veas

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Si estuviera en los zapatos del alcalde Mario García Valdez le aconsejaría a los funcionarios de mi administración que bajo ningún motivo se presenten a solventar las observaciones derivadas de la revisión que practicó el auditor superior del estado a la cuenta pública del Ayuntamiento porque no ha sido parejo con los entes auditados. A unos les cargala mano y a otros les tapa sus tropelías. Declararía la rebeldía del municipio a atender cualquier requerimiento emanado de esa autoridad y les ordenaría a mis subalternos que queda expresamente prohibido comparecer ante esa instancia. En pocas palabas, les pediría que lo manden al diablo. De cualquier manera saben que no serán sancionados y que si algún día les aplica una multa no podrá hacerla efectiva porque no tendrán nada a su nombre. El mejor ejemplo de la impunidad que campea en el estado es el trato que se le ha dado a los funcionarios del gobierno de Victoria Labastida, que a pesar de los delitos en que incurrieron y que han quedado debidamente acreditados, no serán castigados. La negativa a presentarse ante el auditor superior, como una acción de protesta, se justifica plenamente por la parcialidad con la que se ha conducido y la selectividad con la que opera al dictaminar observaciones financieras en la cuenta pública del ex rector que a otros presidentes municipales, como el de Soledad de Graciano Sánchez, perdona.

No se vale que a su administración le haya señalado, dentro de las observaciones financieras no desahogadas, el gasto que registró por 4 millones 484 mil pesos en la adquisición de 40,599 despensas, a un costo de 110 pesos con 44 centavos cada una, porque no presentó los acuses de recibo firmados por los beneficiarios ni la copia de las identificaciones oficiales para cotejar sus firmas; mientras que al Municipio de Soledad, que preside otro de los aspirantes a la gubernatura del estado, no le hizo una sola observación por ese concepto, no obstante que entre enero y noviembre de 2013 repartió más de 94 mil despensas con un valor superior a los 21 millones 200 mil pesos que ni siquiera están contabilizados, a un costo que varía entre 203 y 285 pesos cada una, como se hizo ver en las hojas de trabajo que los auditores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) nos hicieron llegar ante el temor fundado de que sus observaciones serían eliminadas, como finalmente ocurrió. En estos documentos se asienta que se desconoce el contenido de la canasta alimentaria y que no se acompañó la documentación de los beneficiarios, como sería la solicitud, carta de agradecimiento, recibo e identificación, ni estudio socioeconómico. Los auditores también observaron que por el importe de la adquisición debió realizarse una licitación nacional que no se acreditó y que sólo 174 despensas se las compraron a un proveedor distinto a la señora Judith Trinidad Torres Pachicano. Es inocultable el uso político que los alcaldes de Soledad y San Luis Potosí hacen de estos donativos que distribuyen con la finalidad de engrosar su base social para que los apoyen en sus incursiones electorales y que las autoridades electorales impunemente permiten. Esto es sólo un ejemplo de las distintas varas que utiliza para medir una misma malversación de recursos, pero suficiente para que García Valdez se declare en rebeldía.

Otro gasto que no se puede explicar por las diferencias que existen en el número de empleados entre estos municipios es el relativo a la prestación de los servicios médicos que celebró el Ayuntamiento de Soledad con la Clínica de Especialidades Wong, que con 1,367 burócratas que tiene registrados en su nómina pagó facturas en el 2013, sin contar medicamentos, por más de 61 millones de pesos; mientras que el municipio de la capital, con 5 mil 77 trabajadores reporta un gasto por atención hospitalaria de 76 millones de pesos, también sin medicinas, más otros 40 millones que se cubrieron por exceder la cobertura de la póliza de seguro.

El auditor no verificó en las actas de cabildo de los ayuntamientos de San Luis y Soledad si los fraccionadores cumplieron con la obligación de ceder al municipio las áreas de donación que tenían que haber entregado por la autorización de sus proyectos inmobiliarios, y si esas superficies corresponden a las que señala la Ley de Desarrollo Urbano. Ahora, con motivo del pleito que ha protagonizado la familia Schekeiban Sarquis contra Industrial Minera México (IMMSA) por el desalojo violento de un predio que reclaman de su propiedad y en el que acusan en un desplegado publicado hace unos días de que el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Unzueta, se vale de sus relaciones políticas e influencias para arrebatarles el predio; salta oportunamente un tema que es del interés de los potosinos y que merece la pena investigarlo, y es el que se refiere a la autorización de un ambicioso desarrollo urbano proyectado en los terrenos que ocupaba su planta de cobre en la fracción de Morales. Para esto estamos solicitando al municipio de la capital, en ejercicio de la Ley de Transparencia, que nos proporcione  una copia del acuerdo de Cabildo y de la Comisión de Alumbrado y Desarrollo Urbano en la que conste la autorización que se le dio a IMMSA para el cambio de uso de suelo de los terrenos correspondiente a ese inmueble; así como una copia de la autorización municipal para subdividir su propiedad, pues en este caso tenía que haber cedido el 10% de la superficie total al Ayuntamiento. Es un hecho público y notorio que, por lo menos, se han segregado dos fracciones de ese inmueble; el primero, en el que se construyó el Teatro Bicentenario de la UASLP; y el segundo, en el que se levanta la Escuela Bancaria y Comercial, Campus San Luis. Estamos seguros de que la empresa no cumplió con estos requisitos pues en el inventario de bienes inmuebles del municipio no aparece ninguna propiedad ubicada en ese sitio.