Contrapesos

Los lacayos del gobernador

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Ante el previsible desencanto de los potosinos por la incapacidad del nuevo gobierno para atender los compromisos de campaña y las múltiples demandas de obras y servicios que se requieren, y ante la insolvencia económica para salir de sus apuros, no habrá nada mejor para justificar su fracaso que responsabilizar a la administración anterior del desastre en el que recibieron las finanzas, y concretamente señalar como responsable al que manejó los dineros públicos; por eso, no me extrañaría que la administración que suceda a la del doctor Fernando Toranzo inicie tan pronto como le sea posible un proceso penal y otro de responsabilidad administrativa en contra del secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, en el que se verá seriamente involucrado el gobernador del estado, por los delitos de desvío de recursos y ejercicio indebido de la función pública y hasta de asociación delictuosa en que han incurrido con motivo de la solicitud y aplicación del préstamo de los 785 millones de pesos, más accesorios financieros, que en el último año de su ejercicio les autorizó el Congreso del Estado y que estarían destinados a cubrir una parte del costo de los compromisos contraídos con la empresa BMW para la instalación de su planta en San Luis Potosí. 

Seguramente que los potosinos volveremos a ser testigos del mismo espectáculo de la aprehensión, exhibición de los procesados tras las rejas y posterior liberación de los principales funcionarios de esta administración, como ocurrió con el responsable de la finanzas y el oficial mayor del gobierno de Marcelo de los Santos, y con el secretario de finanzas del gobierno del priista Fernando Silva Nieto, el contador Olegario Galarza. La historia se repetirá puntual e inexorablemente y, como siempre, no se recuperará un sólo centavo de lo desviado y malgastado. Los 16 diputados que autorizaron el crédito a sabiendas de que contravenían disposiciones insalvables de la Ley de Deuda Pública también son responsables y deben responder por sus actos. Algunos de ellos se aprestan a participar como candidatos a diversos puestos de elección popular, por lo que es necesario que los electores los identifiquen y conozcan sus hazañas para que puedan ponderar el voto cuando se los soliciten. Estos son: Ruth Tiscareño Agoitia, Fernando Pérez Espinosa, Federico Ángel Badillo Anguiano, José Eduardo Chávez Aguilar, Delia Guerrero Coronado;  Luis Enrique Acosta Páramo, Rosa María Huerta Valdés, Marienela Villanueva, Juan Manuel Segovia, Ramón Guardiola, Alfonso Díaz de León, Martín Álvarez, Jorge Aurelio Álvarez Cruz, Crisógono Sánchez Lara, Francisco Martínez Ibarra y Manuel Aguilar Acuña. 

Uno de los integrantes del consejo técnico del fideicomiso que administrará los recursos del préstamo es el diputado panista Alejandro Lozano González, quien al igual que sus compañeros de partido, exceptuando a Manuel Aguilar Acuña, votó en contra de la autorización del empréstito porque al gobierno del doctor Toranzo no le interesó negociar con esa fracción porque ya tenía asegurada la mayoría. El diputado Lozano, en otra de sus incongruencias, no ha renunciado a la posición que ocupa en el fideicomiso, no obstante de que no le han dado a conocer los conceptos y montos de cada uno de los compromisos contraídos con la empresa. En el Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado que tiene entre sus objetivos administrar una parte del Impuesto sobre la Nómina y, ahora, el importe del préstamo que se está gestionando también aparecen los empresarios Pedro Martínez Abaroa, Carlos Torres Corzo, Luis Gerardo Ortuño Infante, Rodolfo Oliva Pué, Gustavo Orozco Puente y Javier García Navarro, quienes irresponsablemente siguen en sus cargos desconociendo el convenio que celebró el gobierno del estado con los alemanes y el detalle de la aplicación del importe del préstamo. No sabemos cómo le van a hacer para rendir cuentas de la aplicación de los estímulos económicos que recibirá la BMW sin toda esta información. La arbitrariedad del ejecutivo se impuso con el pretexto de que se fortalecería el clúster automotriz generando empleos y riqueza, cuando la BMW será la armadora de vehículos que pagará los salarios más bajos en el país cuando inicie operaciones.

El próximo gobernador sería ampliamente reconocido y respetado por los potosinos si se atreviera a fincarle cargos a los 16 diputados que obsecuentes y serviles autorizaron el empréstito y votaron a favor de un dictamen en el que no se desglosaron los conceptos y cantidades a que estarían destinado los recursos, como obliga la Ley de Deuda Pública, y que consintieron en que se asignaran a una inversión privada y no a una inversión pública productiva, como podría ser la construcción de escuelas, caminos, puentes u hospitales o a cualquier otro de los objetivos permitidos por el artículo 8 de la ley. Por más elogios y reconocimientos que se le puedan colgar a la inversión alemana, el préstamo no encaja en ninguno de los lineamientos de esta normatividad.  Su irresponsabilidad y sumisión llegó a tales extremos que ni siquiera le exigieron al gobernador del estado que les mostrara el convenio que celebró con la BMW para conocer el monto total de los compromisos, y obligaciones que contrajeron las partes. Podemos asegurar que los 785 millones de pesos serán insuficientes para satisfacer las demandas de la empresa y no habrá de dónde sacar más dinero. El secretario de Desarrollo Económico, Fernando Macías Morales, miente al asegurar que el costo de las 300 hectáreas que se donaron a la empresa tienen un valor de 200 millones de pesos. El inmueble, con los servicios de agua y electricidad que demanda la BMW tienen un costo superior a los 600 millones, a los que habría que sumarle muchos otros conceptos como la capacitación de los trabajadores, las vialidades, vías férreas y exenciones de impuestos. Los diputados le firmaron un cheque en blanco cuando es previsible que las participaciones federales que recibe el gobierno del estado se vean severamente impactadas en el 2015 por la reducción del precio de petróleo y se tengan que  hacer ajustes importantes en los presupuestos. Las cláusulas penales y rescisorias del convenio también se ocultaron.