Contrapesos

Los desagradecidos

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Al "Chiquilín", el último de los mohicanos

Lo van a extrañar. Los ingratos dirigentes de los partidos políticos pronto lo echarán de menos. Es incomprensible que se hayan opuesto de manera tan radical a que Rodolfo Aguilar Gallegos ocupara de nuevo la presidencia del máximo organismo electoral del estado, cuando a todos nos consta lo mucho que les sirvió. Difícilmente se van a encontrar a otra autoridad electoral igual de dócil, servicial y encubridora que el ahora denostado ex presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Si Rodolfo Aguilar tuviera un mínimo de dignidad habría rechazado el nombramiento de consejero electoral que a través de turbias negociaciones y como premio de consolación le concedieron, cuando todo indicaba que había sido designado como presidente del ahora Organismo Público Local Electoral del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí (OPLE). Al aceptar el cargo debió por lo menos explicar en un desplegado los motivos de su degradación y los nombres y acciones de cada uno de los que intervinieron en el golpe. No recuerdo otro caso en el que los tres principales partidos políticos hayan coincidido en impugnar a un candidato a ocupar un cargo público y lo hayan manifestado a través de un medio impreso de circulación nacional que suscribieron sus dirigentes estatales.

El gobernador del estado es uno de los principales beneficiarios que no quiere acordarse de los favores recibidos por Aguilar Gallegos. Es un malagradecido pues está en deuda con el ex presidente del CEEPAC quien le permitió excederse en los gastos de campaña autorizados para la elección de gobernador en el 2009 y no ser sancionado. Calculamos que tanto él, como Alejandro Zapata, sobrepasaron en más de cuatro veces el tope permitido. En el informe de egresos que presentaron sus partidos omitieron una serie de eventos que no fueron contabilizados. La equidad democrática se perdió y era causa suficiente para que los tribunales declararan la invalidez de todo el proceso.  Aguilar Gallegos, como el resto de los consejeros toleraron éste y todos los abusos en los que incurrieron. Se le olvidó también que para reconocer su triunfo electoral, Aguilar Gallegos tuvo que violar el acuerdo que se tomó en el Pleno del Consejo en el sentido de que no se daría a conocer el resultado de la elección sino hasta que se avanzara en el conteo oficial que se iniciaría hasta el miércoles 8 de julio. No obstante, unas cuantas horas después de la jornada electoral y a pesar de que los resultados que arrojó el PREP fueron declarados inválidos porque se les "cayó" el sistema, ofreció una rueda de prensa en la que declaró una ventaja creciente a favor del doctor sobre el panista, con una diferencia irreversible de tres puntos porcentuales.

Desde la contienda interna del 2009 observamos que el CEEPAC aceptaría cualquier informe, el que fuera, como el que presentó el PRI en el que aseguraba que la victoria de Toranzo sobre sus compañeros priistas le había costado 222 mil 600 pesos; o la de Zapata, en la que sus financiadores habían aportado 1 millón 225 mil pesos, cuando todos fuimos testigos del derroche que hubo. Sólo los 200 mil pendones que colgó Zapata en todo el territorio potosino para la elección del 5 de julio de 2009 se calcula que tuvieron un costo superior a los 14 millones de pesos, cuando el tope de los gastos de campaña no debía rebasar esa suma. En su cuentapública del 2007 se le fincaron al CEEPAC 37 observaciones cuantitativas, de las cuales le borraron 15 injustificadamente porque a juicio de los auditores quedaban aclaradas. El ocultamiento de los ilícitos de la cuenta pública de Aguilar fracasó porque un grupo de indignados auditores no lo permitió al filtrar a “Pulso” el trabajo que habían realizado algunos de sus compañeros.

Celebramos que haya abortado el intento de apropiación del máximo organismo electoral del estado por parte de un individuo que desvirtuó su naturaleza y que sólo sirvió para encubrir los ilícitos de los dirigentes de los partidos políticos y sus candidatos, aunque lamentamos que para esto se hayan valido de medios poco ortodoxos como desempolvar un expediente administrativo en el que todos los integrantes del Consejo también sería responsable del delito de uso indebido de la función pública por un asunto menor que se tipificó en este caso y que probablemente estaba prescrito, así como conseguir una orden de aprehensión que dieron a conocer unas horas antes de que los consejeros del INE formalizaran el nombramiento, violando la secrecía del proceso penal y dándole oportunidad al inculpado de ampararse. Había causales más civilizados para detenerlo pero no les convenía ventilarlas porque saldrían a flote los ilícitos de los partidos y sus dirigentes. Seguramente que para llegar a estos extremos se trató de negociar con el ahora consejero ciudadano para que declinara en sus pretensiones y se conformara con una posición menor, y no aceptó, confiado en las influencias de su patrocinador y amigo que le ordenó aguantar vara, asegurándole que lo duro y tupido de la oposición pronto pasaría. 

Cómo haya sido, por las buenas o por las malas, lo cierto es que los dirigentes de los partidos políticos y los operadores del gobierno del estado pararon en seco un proyecto con el que se pretendía apoderarse una vez más de una institución que tanto nos costó a los potosinos, y que, sin duda alguna, es la aportación más valiosa que hemos hecho al país en materia de democracia. Sería de esperarse que después de la humillante afrenta que sufrió Rodolfo Aguilar por parte de los dirigentes de los partidos políticos rompa con éstos cualquier compromiso y se comporte como un estricto y celoso vigilante de los intereses de la ciudadanía en el Consejo Estatal Electoral. Sus conocimientos y experiencias en la materia podrían ser de mucha utilidad para ponerlos en orden. Como ningún otro consejero conoce los vericuetos y trampas que utilizan para burlar los topes de campaña y presentar informes y comprobantes falsos de los recursos que reciben por concepto de financiamiento público y privado.