El derroche electoral

Por Eduardo Martínez Benavente

El gobierno del doctor Fernando Toranzo redujo en más de 102 millones de pesos las pretensiones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que le solicitaron una partida presupuestal por más de 357 millones de pesos para cubrir los gastos ordinarios del organismo, los del proceso electoral y el financiamiento público de los partidos políticos para el ejercicio fiscal del 2015. Es previsible que el CEEPAC se inconforme y advierta que con tales restricciones se puede malograr el proceso electoral del próximo año. La disminución más importante se dio en el rubro de los gastos destinados a la organización del proceso electoral, que de 154 millones de pesos quedó en 78 millones, en números redondos. Sólo para capacitación electoral se pidieron 48 millones de pesos que se sumarían a la aportación que por otro tanto le corresponde hacer al Instituto Nacional Electoral (INE). Es muy probable que los incrementos salariales que recibirían los consejeros y empleados también se supriman. La iniciativa del presupuesto de egresos del gobierno del Estado elimina los 12 millones de pesos que se destinarían a "inversiones públicas" no especificadas, pero que seguramente se referían a las obras de mantenimiento y terminación de su edificio. La única partida que no atrevió a tocar el Titular del Poder Ejecutivo en la iniciativa presupuestal que ahora analiza el Congreso del Estado es la correspondiente al financiamiento a los partidos políticos que alcanza la agraviante suma de 128 millones 725 mil pesos.

Con los requisitos y prohibiciones que se imponen a los partidos políticos y candidatos en la nueva ley que los regula, podemos predecir que el que los cumpla tendrá elementos para vencer a su contrincante en los tribunales electorales, si las urnas no le son favorables y éste los incumple. Será muy difícil que los candidatos que cuenten con excedentes económicos se ajusten a las estrictas normas de la contabilidad electoral, sin embargo, los partidos políticos pueden optar por realizar los pagos relativos a sus actividades ordinarias permanentes, a las precampañas y campañas, o bien únicamente los relativos a propaganda en vía pública durante el periodo de precampaña y campaña, por conducto de la Unidad Técnica del INE; de tal manera que si eligen esta vía evitarán el riesgo de ser impugnados y descalificados. Ante el derroche de recursos en que impunemente incurren los candidatos, el INE debe implementar medidas preventivas y un operativo de observación en el que se les ponga cola y sombra a cada uno de ellos y sus avanzadas.  Para llevar a cabo este objetivo se requiere de expertos y confiables peritos en la materia que capturen, evalúen, registren, informen e interpreten correctamente todas las operaciones y eventos que realicen los candidatos. Los partidos están obligados a llevar un registro contable con un máximo de tres días de retraso y en línea de todos sus ingresos y egresos al que el INE tendrá acceso irrestricto en ejercicio de sus facultades de vigilancia y fiscalización. Cualquier ciudadano puede reportar ante las autoridades electorales los ilícitos que observe acompañando las pruebas correspondientes, en el entendido de que no se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados.  

La revisión de los ingresos y egresos por parte de la Comisión Permanente de Fiscalización que hasta hace poco estaba a cargo del CEEPAC decepcionó a los potosinos, pues aprobó sin observaciones los informes falsos de los gastos de campaña de Fernando Toranzo y Alejandro Zapata que declararon cifras irreales; el primero documentó gastos por 9 millones 670 mil pesos y el segundo por 10 millones 718 mil pesos, incluyendo las aportaciones de los partidos coaligados. Se demostró que ambos candidatos rebasaron con mucho los límites autorizados. Los números que dieron a conocer fueron abismalmente inferiores a las cantidades que recibieron y ejercieron. Se ocultó el monto de importantes apoyos en efectivo y en especie que captaron de sus militantes y simpatizantes. El Consejo Estatal Electoral llegó al extremo de negar la información relacionada con la identidad de los donantes. Tuvo que intervenir la CEGAIP para ordenar la entrega de la información. El organismo electoral no previno ni sancionó a los partidos que postularon en el 2009 a estos candidatos que con sus prácticas antidemocráticas afectaron la equidad y legalidad del resultado electoral. Nada se hizo para detener el derroche propagandístico, aún en noticieros de radio y televisión, lo  que estaba y sigue estando especialmente prohibido. Se les permitió que regalaran dispendiosamente bienes, servicios y prebendas para promoverse y comprometer el voto. En la nueva distribución de competencias, la fiscalización de los gastos de campaña queda bajo la responsabilidad del INE, por lo que -para los optimistas- renace la esperanza de que esta nueva autoridad aplique la ley y ponga en orden a los infractores. 

Los topes para los gastos de campaña que se autorizaron en el 2009 para la elección de gobernador fueron los siguientes: 13 millones 618 mil pesos para el candidato del PAN; 8 millones 875 mil pesos para el del PRI y 4 millones 682 mil pesos para el del PRD, más lo correspondiente a sus satélites. Para la elección del 2015, los gastos de campaña autorizados para el candidato del PAN a la gubernatura del estado no deberán rebasar los 18 millones 865 mil pesos; para el del PRI 17 millones 850 mil pesos y para el del PRD 9 millones 469 mil pesos. 

Si se respetaran los topes de gastos de campaña no habría necesidad de que los candidatos aceptaran recursos de la delincuencia porque el gobierno del estado aporta la mitad del financiamiento; y el partido, el candidato, sus amigos y simpatizantes bien podrían contribuir con el otro 50 por ciento. Nos queda claro que el crimen organizado no invierte un peso en candidatos perdedores. 

Su explicación no es suficiente

Por Eduardo Martínez Benavente

Aunque muy pocas personas le creyeran, creo que habría sido menor el daño ocasionado a la imagen presidencial si la señora Angélica Rivera hubiera acreditado desde el mismo día en que explotó la bomba informativa de la periodista Carmen Aristegui que su capacidad económica le permitía adquirir la residencia ubicada en Sierra Gorda 150 de Lomas de Chapultepec, que un perito valuador cotizó en 88 millones de peso; y el gobierno de Peña Nieto habría tenido tiempo para analizar con más calma los inconvenientes de revocar el fallo de la licitación de la obra del tren México-Querétaro, en la que se vio favorecida una constructora con un inocultable conflicto de intereses con el presidente, que le "vendió" el inmueble a la primera dama, en abonos, con tres años de gracia en los que la compradora no abona al capital, sin enganche y otras generosas facilidades.

La señora Rivera declaró en el video difundido este martes, en el que trata de explicar el origen de su fortuna, que en 2010 recibió de Televisa un pago por 88 millones 631 mil pesos, más IVA y las escrituras de la casa contigua a la finca anterior como contraprestación del contrato de exclusividad que celebró por cinco años con la empresa. Nuevamente el equipo de Aristegui investigó que la escritura de la casa que le formalizó Televisa el 14 de diciembre de 2010 no se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, por lo menos hasta marzo del 2013 en que se realizó la última revisión, por lo que se pone en tela de juicio que esta operación se haya celebrado en los términos que señala y que no acompañó al video. 

Por el contrario, en la página electrónica en la que se reproduce el video se anexa el contrato privado de compra venta de "La Casa Blanca", que celebró el 12 de enero de 2012 la mujer más vapuleada del país con una empresa de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, el consorcio del que forma parte Ingeniería Inmobiliaria del Centro, adjudicataria fallida del tren rápido México-Querétaro, la cual -sin ser constructora de casas- edificó la residencia de Sierra Gorda 150.  Sería muy ilustrativo que la compradora nos explicara por qué con los más de 130 millones 724 mil de pesos que recibió en ese ejercicio por concepto de "prestación de servicios independientes", celebró un contrato de compra venta en abonos, sin anticipo, en un precio de 55 millones de pesos y con la obligación de cubrir intereses a razón del 9% anual sobre saldos insolutos, en lugar de haber pagado la operación al contado, cuando las inversiones bancarias reditúan menos del 4% anual. A menos que la señora tuviera otros negocios más productivos que los intereses que paga un banco. 

También agregó una declaración complementaria del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal del 2010, presentada el 9 de abril del 2012, un año después de la fecha en la que debió enterar el impuesto, en la que cubre una diferencia por más de 26 millones de pesos, cuando es presumible que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no se atrevería a auditar a la esposa del presidente y la evasión fiscal ya se había cometido.  Si los documentos que ahora exhibe hubieran existido en la fecha en la que la periodista hizo pública la investigación, el vocero de la presidencia, que salió al quite, tenía la obligación de mostrarlos en la entrevista que le concedió a Carlos Loret de Mola, en el noticiero matutino del canal 2 y no llegar con las manos vacías.

Si fueran ciertos los pagos en numerario y especie que asegura la ex actriz que recibió de la empresa de Emilio Azcárraga, tampoco vacilarían los asesores de la presidencia de la República en presentar la documentación comprobatoria, como serían los cheques o transferencias bancarias, pólizas y finiquitos correspondientes a su liquidación. Todo es un burda farsa con la que creen que han engañado a la opinión pública nacional y extranjera. Ninguno de los comentaristas de Tercer Grado que analizaron superficialmente el video y que conocen las entrañas de Televisa se atrevió a confirmar o negar que un desembolso de ese tamaño es normal y justificable en el canal de las estrellas. Al gobierno federal no le representa ningún problema falsificar documentos y exhibirlos como prueba plena, así se trate de escrituras y declaraciones fiscales, por lo que la mayoría de los mexicanos no creemos en las explicaciones de la esposa del presidente. Televisa podría ser severamente sancionada si se atreviera a falsificar información contable o financiera de sus operaciones porque sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y cualquier inversionista puede acceder a la documentación de la televisora en la que, si se hizo el pago, debe aparecer el monto de las remuneraciones recibidas por su ex empleada. 

Con la seguridad que da el poder y con la certeza de que no será investigada ni castigada, la esposa de Peña Nieto compareció a través de un video en el que, podría ser su última actuación, intenta convencernos que dice la verdad. Nos hace ver su molestia y lo ofendida que se siente por poner en tela de juicio su honorabilidad. Creo que habría ganado credibilidad y simpatías si se hubiera atrevido a presentarse personalmente en una rueda de prensa en la que aceptara preguntas de los representantes de los medios de comunicación y se diseccionaran los argumentos de su explicación. Tampoco ofreció someterse a una investigación independiente que analizara cada una de las aristas de su adquisición. 

La marca de la casa

Por Eduardo Martínez Benavente

A ningún gobierno se le ocurriría alentar un atronador escándalo de corrupción en el que estuviera implicado el presidente de la República -como se puede deducir del comunicado oficial de la revocación de la licitación de la obra del tren México-Querétaro- cuando el país se está incendiando, y menos cuando se inicia un proceso electoral en el que se busca afanosamente que el partido en el poder y sus satélites ocupen la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados; salvo que se tratara de una estrategia de distracción perfectamente armada y calculada para desviar la atención de algún problema sumamente grave que pareciera no tener otra solución, como es la indignación y movilización ciudadana y críticas de la prensa internacional ante la masacre de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa que se suma a la escalofriante ejecución de 22 presuntos delincuentes cometida por miembros de las fuerzas armadas en Atlatlaya. Los efectos del descrédito que vive el país por estas graves violaciones a los derechos humanos y por las denuncias de corrupción que se acumulan son incalculables. Los daños a la economía no tardarán en verse reflejados con más desempleo e inseguridad, y hasta con una inevitable devaluación del peso y fuga de capitales. Pero lo peor de todo es que no se vislumbran soluciones ni liderazgos que puedan moderar el hartazgo y desconfianza de la sociedad a sus autoridades. Ni siquiera la renuncia de Peña Nieto a la presidencia de la República sería suficiente para remediar tantos males. 

Es muy probable que los servicios de inteligencia del gobierno federal hayan interceptado las comunicaciones del equipo de colaboradores de la periodista Carmen Aristegui y hayan advertido la bomba informativa que hace ocho días compartió con SinEmbargo y Proceso y que hizo tambalear al gobierno de Peña Nieto por la agraviante adquisición de una residencia propiedad de su esposa que reporta un valor inalcanzable a los ingresos de la pareja presidencial; y que parece no tener otra explicación que el pago de favores que hace una constructora al titular del Poder Ejecutivo por los contratos millonarios de obra pública con los que se ha visto favorecido desde hace varios años y que hasta hace unos días formaba parte del grupo de sociedades al que se le adjudicó la construcción del tren rápido México-Querétaro. La obra más importante y onerosa del sexenio que abortó el presidente 48 horas antes de que se difundiera el reportaje, sin justificación legal alguna, y sin que ninguno de los otros 16 ofertantes protestara, quienes  previamente se habían retirado del concurso cuando se dieron cuenta del engaño. 

Creo que habría tenido un costo político mucho menor para el gobierno de Peña Nieto si hubiera aguantado las críticas por la participación de ésta y de la otra constructora propiedad del cuñado de Carlos Salinas de Gortari, que formaban parte del selecto grupo de empresas que ganó la licitación y que lidera una paraestatal del gobierno chino, en lugar de revocar abruptamente el fallo de la licitación con el peregrino argumento de la falta de transparencia y acusaciones de favoritismo que la investigación periodística confirmó más tarde. Como si en México no fuera una práctica común y corriente hacerse de estos contratos a través de actos de corrupción. Ahora los chinos alegan que cumplieron estrictamente con los requisitos de la convocatoria por lo que el gobierno mexicano se verá obligado a cubrirles una indemnización por cientos de millones de pesos por concepto de daños y perjuicios; independientemente de la desconfianza que despierta entre los inversionistas extranjeros que un gobierno tome una decisión arbitraria que pueda afectar sus intereses. 

La primera dama había desempeñado un papel discreto en la escena público. Muy diferente al protagonismo y escándalos que caracterizaron a su antecesora. Sin embargo, la banalidad de sus entrevistas y fotografías publicadas en la revista ¡Hola! dieron materia para que el equipo de Carmen Aristegui investigara la mansión que presumía. Es imperdonable que los asesores de la presidencia no hayan advertido el peligro al que se exponía la figura presidencial con sus desplantes principescos en un país con millones de miserables y en un inmueble que ni remotamente corresponde a su economía. El que tiene capacidad para adquirir un palacete valuado en 86 millones de pesos debe contar con otros activos muy superiores a esa cifra para poder moverse dentro de círculo social al que creen pertenecer. La única manera como podría justificar el origen de su riqueza sería presentando las declaraciones fiscales de sus ingresos y egresos de los últimos 15 o 20 años, lo que le serviría también para que no se le acuse de evasión fiscal; y esto es imposible porque una actriz de Televisa que viene de una familia de clase media, en su momento estelar recibe una contraprestación anual de unos dos o tres millones de pesos. Es importante señalar que Peña Nieto omitió declarar ésta y otras propiedades de su mujer a la Secretaría de la Función Pública que debía haber incluido en su declaración patrimonial sin importar que existiera un saldo insoluto con la parte vendedora y no se hubiera formalizado la escritura definitiva de compra venta.

El artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dispone que las dependencias e instituciones públicas están obligadas a proporcionar la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución de su patrimonio. Peña Nieto tenía que haber presentado el inventario y avalúo de todos esos bienes y no lo hizo. El escándalo internacional que se ha originado con motivo de la adquisición de "La Casa Blanca" es devastador para la imagen del mandatario y su esposa porque las críticas se han difundido sin miramientos en las redes sociales y, en donde más les duele, en los diarios y noticieros de mayor prestigio del mundo. No he leído un sólo comentario que los redima y para nuestra desgracia tendremos que seguir sufriendo las consecuencias de un presidente hueco producto de una campaña publicitaria que está hundiendo al país.

Para combatir la corrupción municipal

Por Eduardo Martínez Benavente

La iniciativa que promueven los regidores del Partido Acción Nacional, Gabriela Meade Pons y Oliver Meade Hervert, conjuntamente con la regidora con licencia Nadya Edith Rangel Zavala, en su carácter de ciudadanos, tiene como finalidad la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre para abatir la corrupción e impunidad que aflige a los municipios buscando que el nombramiento del contralor interno dependa de la mayoría de los regidores que representen a las minorías, que son aquellos que no pertenecen al partido en el poder o a los de la alianza o coalición que haya llevado al presidente municipal al triunfo electoral; y que de aprobarse les correspondería designar al responsable de vigilar la correcta aplicación de los ingresos y egresos municipales y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, entre otras atribuciones. Su propuesta podría funcionar si la persona elegida, además de los conocimientos y experiencia que se requieren, contara también con el carácter y valor civil para hacer valer la ley. 

Sin estos requisitos es inútil cualquier reforma, pues carecería de efectividad y no habría posibilidades de concretar sus objetivos. Un contralor pusilánime y desdentado haría fracasar todo intento de regeneración y enmienda. De cualquier manera se trata de una propuesta viable y positiva que, con sus correcciones y adiciones, debemos apoyar para que se apruebe lo más pronto posible. Creo que debe desaparecer de la iniciativa el Comité de Vigilancia que se propone para verificar el desempeño del contralor, pues además de ser un atentado a su autonomía, está demostrado que esas instancias en lugar de ayudar, estorban y más en este caso en el que quedaría integrado por una mayoría afín al presidente municipal. Al contralor se le debe dotar de toda clase de facultades para investigar y sancionar a los funcionarios y presentar denuncias penales y administrativas sin necesidad de recurrir al síndico municipal, siendo el Pleno del Cabildo la única instancia a la que tendría que rendirle cuentas. 

Con esta reforma se pretende arrancarle a los presidentes municipales la facultad que tienen para proponer a sus cabildos -que generalmente controlan- el nombramiento del responsable de fiscalizar las cuentas públicas y evaluar el desempeño de los funcionarios. ¿Cuántos ilícitos se podrían haber evitado si las contralorías hubieras quedado desde hace mucho tiempo en manos de ciudadanos que cubrieran el perfil que se pretende? La Ley en vigor le exige a los candidatos como único requisito para acceder a ese cargo, un título profesional a nivel licenciatura, el que sea, hasta el de cosmetología o gastronomía y artes culinarias y no tener antecedentes penales. 

La figura de la caducidad legislativa que recientemente se introdujo a nuestra legislación procede respecto de las iniciativas y puntos de acuerdo presentados por los diputados, el gobernador del estado, el Supremo Tribunal de Justicia y los ayuntamientos; más no así respecto a las presentadas por los ciudadanos del estado, pues en el caso que nos ocupa, sino se dictamina la iniciativa por la comisión a que sea turnada en un plazo de seis meses pasa al Pleno del Congreso para que sea enviada a una comisión ex profeso, la que deberá resolver obligatoriamente en un término máximo de tres meses si la aprueba o la desecha. En estas condiciones, las iniciativas ciudadanas pueden tener mejor suerte que las que promueven los diputados que se pueden ver afectadas de caducidad y retiradas de la lista de los asuntos pendientes. Puede ser que este haya sido el motivo por el que los regidores panistas optaron por la vía ciudadana, independientemente de que hayan advertido que su iniciativa iba a ser desechada si la presentaban al Pleno del Cabildo. Las minorías en el cabildo de Mario García Valdés suman siete votos, contra once de los regidores del PRI y Verde, incluido el voto de los síndicos y el alcalde.

Tenemos un antecedente fallido en esta materia que nos se puede servir de punto de referencia. Durante la campaña electoral del 2009, los candidatos a la gubernatura del estado suscribieron un convenio en el que se comprometieron a que el partido que obtuviera la primera minoría propondría al gobernador electo el nombre de la persona que debería designar como Contralor General del Estado. Los panistas inexplicablemente renunciaron a ese privilegio que les hubiera permitido vigilar de cerca al nuevo gobierno a través de una persona de su confianza; y el 24 de agosto de 2009 se dirigieron a Acción Ciudadana en un documento que firmaron Héctor Mendizábal Pérez, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN y Alejandro Zapata Perogordo, manifestando lo siguiente: "En virtud del compromiso que los tres candidatos al Gobierno del estado, signamos ante ustedes, particularmente aquel establecido bajo el número ocho que textualmente dice: Mi gobierno en la búsqueda de la transparencia y la innovación política, aceptará que el partido de oposición que sea la primera minoría, proponga al Contralor General del Estado quien revisará y auditará los ingresos, los gastos, el patrimonio y la deuda de mi gobierno. De conformidad con los resultados oficiales el Partido Acción Nacional, obtuvo la condición de primera minoría y consecuentemente se coloca en el supuesto señalado en el apartado transcrito. Sin embargo, nuestro partido, en acuerdo con su candidato a la gubernatura, les manifiesta en este comunicado que, para abonar aún más la búsqueda de la transparencia y la innovación política, hemos decidido delegar esa prerrogativa a favor de la propia agrupación Acción Ciudadana, a efecto de que sean ustedes quienes se encarguen de proponer ante quien corresponda, la persona para ocupar el cargo de Contralor General del Estado..." 

No me extrañaría que el candidato del PRI haya llegado a un deshonesto arreglo con los panistas para que renunciaran a ese derecho. El caso es que Toranzo nos mandó al diablo y se negó a aceptar cualquier propuesta de los navistas, argumentando que el compromiso era intransferible. A los panistas ya no les interesó retomar la oferta y designar al contralor del estado.

Inútil y prohibitivo

Por Eduardo Martínez Benavente

Con mi solidaridad para los directivos y periodistas del diario digital SinEmbargo, ante las amenazas recibidas.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) está obstruyendo el registro de las candidaturas independientes cuando sólo faltan 13 días para el cierre de las inscripciones. Es muy probable que nadie alcance a registrarse. No sabemos si se trata de una acción premeditadamente perversa para desalentar a los interesados o a las torpezas y limitaciones de los asesores jurídicos del organismo que desconocen disposiciones elementales del Código Civil que cualquier estudiante del segundo año de la carrera de leyes debe saber. El problema es que el Pleno del anterior Consejo Estatal Electoral, unos días antes de concluir su gestión, aprobó un modelo de escritura constitutiva de una asociación civil al que tienen que ajustarse los aspirantes a esas candidaturas que contraviene requisitos insalvables propios de esta figura jurídica y, que creo, que ningún notario se atrevería a infringir. 

El acuerdo ordena que la asociación civil debe tener como objetivo principal la administración de los recursos del financiamiento que obtenga el aspirante a candidato independiente en la etapa de respaldo ciudadano, y en el caso, en la campaña electoral, ya como candidato independiente. El CEEPAC no advirtió que las asociaciones civiles no pueden tener un carácter preponderantemente económico como el que se señala, ni pueden sus asociados reunirse de manera enteramente transitoria como se pretende. El formato oficial permite que la asociación se integre con tres asociados, cuando la ley obliga a un mínimo de 4 personas. Los trámites para la constitución de una asociación civil, hasta su inscripción en el Registro Público, pueden llevarse de 3 a 4 semanas si se apresuran, independientemente del tiempo y requisitos que habrá que cubrir para abrir una cuenta bancaria a nombre de la persona moral que recibirá el financiamiento.  

El 21 de junio pasado se adicionó un párrafo al artículo 62 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso del Estado, que por su trascendencia debería elevarse a rango constitucional, pues obliga al titular del Poder Ejecutivo a adjuntar en las iniciativas que presente, como requisito de validez, un dictamen sobre el posible impacto presupuestario que origine su iniciativa o, señalar, bajo su más estricta responsabilidad, que dicho efecto no se producirá, en los términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente. Esto quiere decir que si no hay disponibilidad financiera, si no hay dinero para soportar un gasto, el Congreso del Estado no podrá aprobar la solicitud del gobernador. Esto viene a colación por la desmesurada partida presupuestal que solicitó el CEEPAC para cubrir los gastos proyectados para el ejercicio del 2015. La suma de sus requerimientos alcanza los 357 millones de pesos, correspondiéndole una tajada de 128 millones a los partidos políticos por concepto de financiamiento público. Obsequiar tales recursos conllevaría una serie de ajustes y cancelaciones en otros gastos prioritarios e inaplazables de la administración pública. ¿Cuántas escuelas y clínicas de salud se dejarían de construir o atender para llenar de dinero los bolsillos de los partidos políticos y sus candidatos?  Creo que el gobernador del estado debe negarse rotundamente a presentar una iniciativa de presupuesto de egresos con estas pretensiones, aunque la Ley General de los Partidos Políticos, recientemente aprobada, lo obligue. Si las limitaciones presupuestales han frenado la demanda al incremento salarial que exige la burocracia, con mayor razón debe desecharse la petición de las autoridades electorales. .¿Qué le puede ocurrir a un gobernador que se niegue a satisfacer estos abusos? Nada, absolutamente nada, más que provocar la aprobación de la ciudadanía, independientemente que sabe que cuenta con el voto de la mayoría de los diputados que sin chistar le aprobarán todo lo que les pone enfrente.

Los consejos estatales electorales estuvieron a punto de desaparecer en el país con motivo de la última reforma político electoral quedando reducidos a mini-organismos electorales con funciones muy restringidas. Al Instituto Nacional Electoral (INE) le corresponden las atribuciones más importantes en la nueva distribución de competencias, como es la capacitación electoral, cuyo costo en San Luis Potosí está calculado en más de 48 millones de pesos que cubrirá el gobierno del estado; el padrón y la lista de electores, que para la elección del 2015 andará rascando los 2 millones de empadronados; así como la ubicación de las casillas y las designación de los funcionarios de sus mesas directivas. Es responsabilidad del INE la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. Además está facultado para asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden al CEEPAC, desplazándolo y atrayendo a su ámbito cualquier asunto de la competencia de éste, cuando su trascendencia así lo amerite. Los consejeros ciudadanos se convirtieron en consejeros electorales, en burócratas de tiempo completo desvirtuando su naturaleza, con un ingreso aproximado de 70 mil pesos mensuales y con la prohibición de desempeñar cualquier otra actividad remunerada, incluida la docencia. 

El viernes, el CEEPAC enmendó los desaciertos del formato único de estatutos para la constitución de las asociaciones civiles, mediante un acuerdo en el que le da instrumentos a los inconformes para impugnarlo y demandar la reposición de la convocatoria que podría retrasar el proceso de selección hasta llevarlo a un plano en el que se podría empalmar con otras etapas incompatibles del calendario electoral, pues convalida la ilegalidad de las escrituras constitutivas que se hubieran celebrado en los términos del acuerdo tomado por el consejo anterior y flexibiliza, sin establecer fechas ciertas y determinadas, los términos para la entrega de la documentación requerida.