Contrapesos

El derroche electoral

Por Eduardo Martínez Benavente

El gobierno del doctor Fernando Toranzo redujo en más de 102 millones de pesos las pretensiones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que le solicitaron una partida presupuestal por más de 357 millones de pesos para cubrir los gastos ordinarios del organismo, los del proceso electoral y el financiamiento público de los partidos políticos para el ejercicio fiscal del 2015. Es previsible que el CEEPAC se inconforme y advierta que con tales restricciones se puede malograr el proceso electoral del próximo año. La disminución más importante se dio en el rubro de los gastos destinados a la organización del proceso electoral, que de 154 millones de pesos quedó en 78 millones, en números redondos. Sólo para capacitación electoral se pidieron 48 millones de pesos que se sumarían a la aportación que por otro tanto le corresponde hacer al Instituto Nacional Electoral (INE). Es muy probable que los incrementos salariales que recibirían los consejeros y empleados también se supriman. La iniciativa del presupuesto de egresos del gobierno del Estado elimina los 12 millones de pesos que se destinarían a "inversiones públicas" no especificadas, pero que seguramente se referían a las obras de mantenimiento y terminación de su edificio. La única partida que no atrevió a tocar el Titular del Poder Ejecutivo en la iniciativa presupuestal que ahora analiza el Congreso del Estado es la correspondiente al financiamiento a los partidos políticos que alcanza la agraviante suma de 128 millones 725 mil pesos.

Con los requisitos y prohibiciones que se imponen a los partidos políticos y candidatos en la nueva ley que los regula, podemos predecir que el que los cumpla tendrá elementos para vencer a su contrincante en los tribunales electorales, si las urnas no le son favorables y éste los incumple. Será muy difícil que los candidatos que cuenten con excedentes económicos se ajusten a las estrictas normas de la contabilidad electoral, sin embargo, los partidos políticos pueden optar por realizar los pagos relativos a sus actividades ordinarias permanentes, a las precampañas y campañas, o bien únicamente los relativos a propaganda en vía pública durante el periodo de precampaña y campaña, por conducto de la Unidad Técnica del INE; de tal manera que si eligen esta vía evitarán el riesgo de ser impugnados y descalificados. Ante el derroche de recursos en que impunemente incurren los candidatos, el INE debe implementar medidas preventivas y un operativo de observación en el que se les ponga cola y sombra a cada uno de ellos y sus avanzadas.  Para llevar a cabo este objetivo se requiere de expertos y confiables peritos en la materia que capturen, evalúen, registren, informen e interpreten correctamente todas las operaciones y eventos que realicen los candidatos. Los partidos están obligados a llevar un registro contable con un máximo de tres días de retraso y en línea de todos sus ingresos y egresos al que el INE tendrá acceso irrestricto en ejercicio de sus facultades de vigilancia y fiscalización. Cualquier ciudadano puede reportar ante las autoridades electorales los ilícitos que observe acompañando las pruebas correspondientes, en el entendido de que no se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados.  

La revisión de los ingresos y egresos por parte de la Comisión Permanente de Fiscalización que hasta hace poco estaba a cargo del CEEPAC decepcionó a los potosinos, pues aprobó sin observaciones los informes falsos de los gastos de campaña de Fernando Toranzo y Alejandro Zapata que declararon cifras irreales; el primero documentó gastos por 9 millones 670 mil pesos y el segundo por 10 millones 718 mil pesos, incluyendo las aportaciones de los partidos coaligados. Se demostró que ambos candidatos rebasaron con mucho los límites autorizados. Los números que dieron a conocer fueron abismalmente inferiores a las cantidades que recibieron y ejercieron. Se ocultó el monto de importantes apoyos en efectivo y en especie que captaron de sus militantes y simpatizantes. El Consejo Estatal Electoral llegó al extremo de negar la información relacionada con la identidad de los donantes. Tuvo que intervenir la CEGAIP para ordenar la entrega de la información. El organismo electoral no previno ni sancionó a los partidos que postularon en el 2009 a estos candidatos que con sus prácticas antidemocráticas afectaron la equidad y legalidad del resultado electoral. Nada se hizo para detener el derroche propagandístico, aún en noticieros de radio y televisión, lo  que estaba y sigue estando especialmente prohibido. Se les permitió que regalaran dispendiosamente bienes, servicios y prebendas para promoverse y comprometer el voto. En la nueva distribución de competencias, la fiscalización de los gastos de campaña queda bajo la responsabilidad del INE, por lo que -para los optimistas- renace la esperanza de que esta nueva autoridad aplique la ley y ponga en orden a los infractores. 

Los topes para los gastos de campaña que se autorizaron en el 2009 para la elección de gobernador fueron los siguientes: 13 millones 618 mil pesos para el candidato del PAN; 8 millones 875 mil pesos para el del PRI y 4 millones 682 mil pesos para el del PRD, más lo correspondiente a sus satélites. Para la elección del 2015, los gastos de campaña autorizados para el candidato del PAN a la gubernatura del estado no deberán rebasar los 18 millones 865 mil pesos; para el del PRI 17 millones 850 mil pesos y para el del PRD 9 millones 469 mil pesos. 

Si se respetaran los topes de gastos de campaña no habría necesidad de que los candidatos aceptaran recursos de la delincuencia porque el gobierno del estado aporta la mitad del financiamiento; y el partido, el candidato, sus amigos y simpatizantes bien podrían contribuir con el otro 50 por ciento. Nos queda claro que el crimen organizado no invierte un peso en candidatos perdedores.