Contrapesos

Para combatir la corrupción municipal

Por Eduardo Martínez Benavente

La iniciativa que promueven los regidores del Partido Acción Nacional, Gabriela Meade Pons y Oliver Meade Hervert, conjuntamente con la regidora con licencia Nadya Edith Rangel Zavala, en su carácter de ciudadanos, tiene como finalidad la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre para abatir la corrupción e impunidad que aflige a los municipios buscando que el nombramiento del contralor interno dependa de la mayoría de los regidores que representen a las minorías, que son aquellos que no pertenecen al partido en el poder o a los de la alianza o coalición que haya llevado al presidente municipal al triunfo electoral; y que de aprobarse les correspondería designar al responsable de vigilar la correcta aplicación de los ingresos y egresos municipales y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, entre otras atribuciones. Su propuesta podría funcionar si la persona elegida, además de los conocimientos y experiencia que se requieren, contara también con el carácter y valor civil para hacer valer la ley. 

Sin estos requisitos es inútil cualquier reforma, pues carecería de efectividad y no habría posibilidades de concretar sus objetivos. Un contralor pusilánime y desdentado haría fracasar todo intento de regeneración y enmienda. De cualquier manera se trata de una propuesta viable y positiva que, con sus correcciones y adiciones, debemos apoyar para que se apruebe lo más pronto posible. Creo que debe desaparecer de la iniciativa el Comité de Vigilancia que se propone para verificar el desempeño del contralor, pues además de ser un atentado a su autonomía, está demostrado que esas instancias en lugar de ayudar, estorban y más en este caso en el que quedaría integrado por una mayoría afín al presidente municipal. Al contralor se le debe dotar de toda clase de facultades para investigar y sancionar a los funcionarios y presentar denuncias penales y administrativas sin necesidad de recurrir al síndico municipal, siendo el Pleno del Cabildo la única instancia a la que tendría que rendirle cuentas. 

Con esta reforma se pretende arrancarle a los presidentes municipales la facultad que tienen para proponer a sus cabildos -que generalmente controlan- el nombramiento del responsable de fiscalizar las cuentas públicas y evaluar el desempeño de los funcionarios. ¿Cuántos ilícitos se podrían haber evitado si las contralorías hubieras quedado desde hace mucho tiempo en manos de ciudadanos que cubrieran el perfil que se pretende? La Ley en vigor le exige a los candidatos como único requisito para acceder a ese cargo, un título profesional a nivel licenciatura, el que sea, hasta el de cosmetología o gastronomía y artes culinarias y no tener antecedentes penales. 

La figura de la caducidad legislativa que recientemente se introdujo a nuestra legislación procede respecto de las iniciativas y puntos de acuerdo presentados por los diputados, el gobernador del estado, el Supremo Tribunal de Justicia y los ayuntamientos; más no así respecto a las presentadas por los ciudadanos del estado, pues en el caso que nos ocupa, sino se dictamina la iniciativa por la comisión a que sea turnada en un plazo de seis meses pasa al Pleno del Congreso para que sea enviada a una comisión ex profeso, la que deberá resolver obligatoriamente en un término máximo de tres meses si la aprueba o la desecha. En estas condiciones, las iniciativas ciudadanas pueden tener mejor suerte que las que promueven los diputados que se pueden ver afectadas de caducidad y retiradas de la lista de los asuntos pendientes. Puede ser que este haya sido el motivo por el que los regidores panistas optaron por la vía ciudadana, independientemente de que hayan advertido que su iniciativa iba a ser desechada si la presentaban al Pleno del Cabildo. Las minorías en el cabildo de Mario García Valdés suman siete votos, contra once de los regidores del PRI y Verde, incluido el voto de los síndicos y el alcalde.

Tenemos un antecedente fallido en esta materia que nos se puede servir de punto de referencia. Durante la campaña electoral del 2009, los candidatos a la gubernatura del estado suscribieron un convenio en el que se comprometieron a que el partido que obtuviera la primera minoría propondría al gobernador electo el nombre de la persona que debería designar como Contralor General del Estado. Los panistas inexplicablemente renunciaron a ese privilegio que les hubiera permitido vigilar de cerca al nuevo gobierno a través de una persona de su confianza; y el 24 de agosto de 2009 se dirigieron a Acción Ciudadana en un documento que firmaron Héctor Mendizábal Pérez, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN y Alejandro Zapata Perogordo, manifestando lo siguiente: "En virtud del compromiso que los tres candidatos al Gobierno del estado, signamos ante ustedes, particularmente aquel establecido bajo el número ocho que textualmente dice: Mi gobierno en la búsqueda de la transparencia y la innovación política, aceptará que el partido de oposición que sea la primera minoría, proponga al Contralor General del Estado quien revisará y auditará los ingresos, los gastos, el patrimonio y la deuda de mi gobierno. De conformidad con los resultados oficiales el Partido Acción Nacional, obtuvo la condición de primera minoría y consecuentemente se coloca en el supuesto señalado en el apartado transcrito. Sin embargo, nuestro partido, en acuerdo con su candidato a la gubernatura, les manifiesta en este comunicado que, para abonar aún más la búsqueda de la transparencia y la innovación política, hemos decidido delegar esa prerrogativa a favor de la propia agrupación Acción Ciudadana, a efecto de que sean ustedes quienes se encarguen de proponer ante quien corresponda, la persona para ocupar el cargo de Contralor General del Estado..." 

No me extrañaría que el candidato del PRI haya llegado a un deshonesto arreglo con los panistas para que renunciaran a ese derecho. El caso es que Toranzo nos mandó al diablo y se negó a aceptar cualquier propuesta de los navistas, argumentando que el compromiso era intransferible. A los panistas ya no les interesó retomar la oferta y designar al contralor del estado.