64 días de silencio
Por
Eduardo Martínez Benavente
El
22 de febrero pasado escribí en este mismo espacio sobre la candidata panista a
gobernadora Sonia Mendoza Díaz: “Estoy investigando el testimonio de un abogado
de mi confianza que me asegura que durante la administración de Horacio Sánchez
Unzueta fue cesada como secretaria de estudio y cuenta de la Mesa Penal del
Juzgado Mixto de Matehuala, junto con otros funcionarios, cuando se advirtió
que había un faltante en las fianzas que se depositaban en esa oficina”. Hasta
esta semana, después de 64 días, se hace pública una reacción por parte de la
candidata que en aquel momento, según me refirió uno de sus colaboradores,
estaba muy complacida con mi texto, que titulé “Sonia… ¿Gobernadora?”. Es
probable que Mendoza Díaz haya apostado a que aquella referencia se perdería
con el tiempo y ante su falta de elementos con qué desmentir el hecho haya
preferido guardar silencio –de la misma forma en que ocultó en sus currículos
su paso por el Poder Judicial–, hasta que ese antecedente incómodo para ella
comenzó a ganar espacio en los medios. Su reacción no obedece a la necesidad de
aclarar el incidente, sino a la de borrarlo de su pasado para que éste no la
alcance en sus ambiciones de convertirse en gobernadora.
Pero
no es tan fácil eliminar el pasado como lo hizo en sus currículos, incluida la
sección “Conóceme” de su sitio oficial de campaña, donde su paso por el Poder
Judicial no es mencionado como si fuera un trabajo que le hubiera avergonzado,
como tampoco aparece en Wikipedia y en los correspondientes de los sitios del
Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por supuesto que
tampoco cabe la ingenuidad de creer que un pasado que le incomoda a ese grado,
y que hoy reconoce, obligada por las circunstancias, que estuvo dos años
laborando en el Poder Judicial, no haya sido motivo para que moviera sus
influencias desde los altos cargos que ha tenido, para que el expediente fuera
eliminado de los archivos del Poder Judicial, como efectivamente me confirmó un
ex magistrado que ocurrió.
Amenazar
con recurrir a una demanda por difamación en contra de un trabajo periodístico
que no siempre tiene que basarse en pruebas documentales que, en el caso, hay
suficientes testimoniales de que el hecho ocurrió y de que las huellas fueron borradas,
lejos de hablar de un personaje de trayectoria intachable, muestran a una
persona que prefiere recurrir a la intimidación a presentar elementos
contundentes que desmientan el hecho. El primer indicio sobre lo ocurrido con
las fianzas en Matehuala me fue dado por un abogado de mi confianza, como lo
mencioné el 22 de febrero. Tras aquella publicación, lo que han sobrado son
testimonios que me han dado personas de Matehuala y de esta ciudad, incluidas
algunas que han ocupado cargos en el propio Poder Judicial y la legislatura
federal. No sólo refieren el caso de las fianzas, sino otras situaciones que,
por prudencia y respeto a la señora, es preferible omitir. Mi encuentro hace
unos días con el ex magistrado y su versión sobre el hecho que nos ocupa, coincidente
con las que yo ya tenía, significan para mi trabajo periodístico un elemento
suficiente para haber hecho pública la versión.
En
contraste, que quien aspira a ocupar un cargo de la mayor trascendencia para
los potosinos se limite a negar un señalamiento, que tiene la agravante de
formar parte de una omisión en sus currículos, y a amenazar con una demanda por
difamación exhibe su irresponsabilidad y falta de transparencia ante la
ciudadanía que pretende representar. Si tan limpia es su trayectoria, desde el
primer momento del señalamiento habría exhibido el documento con el que
renunció al Poder Judicial, la aceptación de la misma y el finiquito que le
hayan otorgado. Es lamentable que hasta que el señalamiento se convierte en un
estorbo para su campaña surja la necesidad, no de aclarar, sino de intimidar
para que se olvide la mancha, y poder mantener una propaganda en la que presume
una honestidad que, en su fuero interno, sabe que hay muchos, tanto aquí como
en Matehuala, que conocen más de un asunto en el que falta a ese valor que
presume.
Baste
aquí mencionar dos ejemplos recientes: (1) la falsificación de su imagen como
una maniobra para darse a conocer, en una clara muestra de que no le importa
engañar para favorecer sus ambiciones, y (2) el caso que, en el mismo texto del
22 de febrero, mencioné: La forma en que obtuvo su candidatura, sobre la que
incluso hay una resolución judicial que confirma irregularidades en el 18% de
la votación interna de su partido y que no anuló el proceso porque no se
alcanzó el 20% que establece la ley. “Si la señora Mendoza Díaz fuera una
persona con principios y valores éticos y morales no aceptaría el resultado y
solicitaría la reposición del proceso electoral porque sabe muy bien que los
votos nulos fueron determinantes en el resultado de la votación”, escribí el 22
de febrero y hoy lo reitero. Ahí tuvo una de las mejores oportunidades de
demostrar la honestidad de la que presume. No la aprovechó, y al preferir
aferrarse a la postulación panista, exhibió que no le importa abrir paso a sus
aspiraciones, aunque eso signifique la adopción del cínico “haiga sido como
haiga sido” de su compañero de partido, Felipe Calderón. Es insostenible la candidatura de
Sonia Mendoza. La violencia familiar que ejerció en contra de su cónyuge y
suegros la hacen inelegible. Ante tal emergencia debe ser sustituida por
Octavio Pedroza.
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