Las reglas del juego para el 2015

Primera parte

Por Eduardo Martínez Benavente

Después de 22 años de que se aprobó la ciudadanización de los organismos electorales somos testigos de las resistencias que existen para limpiar de vicios e injerencias nocivas a las instituciones responsables de organizar los procesos electorales, pues sus integrantes responden a la repartición de un sistema de cuotas entre los principales partidos políticos y a los intereses de los gobernadores; por lo que resulta esperanzador que de ahora en adelante sea una instancia autónoma y federal, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la encargada de designar a los consejeros ciudadanos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y no el Congreso del Estado; y no porque el INE vaya a ser una institución incorruptible e imparcial, sino porque será más cuidadoso en los nombramientos que otorgue y con muy poco interés o ninguno en los asuntos políticos que ocurren en San Luis, pues somos una entidad insignificante y con muy poco peso político a nivel nacional como para preocuparles.

Creo también que si el PAN no se equivoca de candidato a la gubernatura del estado, no se fracciona y aprovecha la desastrosa imagen que proyecta la administración de Fernando Toranzo por su desempeño; puede recuperar esa posición que perdió hace cinco años por la soberbia y errores en que incurrió Alejandro Zapata. Creo que el único panista que puede derrotar al PRI con estas condiciones es Octavio Pedroza, y no porque sea una eminencia política o un exitoso emprendedor, sino porque es el menos malo de los aspirantes de ese partido, y además porque como candidato a senador ganó una elección en el estado. Es más, no me extrañaría que pudiera contender como abanderado de una coalición formada por el PRD y el blanquiazul. La mediocridad de los priistas que se apuntan para ocupar ese cargo es otro factor para la derrota. Ninguno sobresale, independientemente de que en una negociación entre el PAN y el PRI, éste, para no levantarse con "el carro completo" en el 2015 y seguir jugando a la democracia, se podría comprometer a ceder dos o tres gubernaturas absteniéndose de utilizar recursos humanos y económicos ilegales para comprar el voto ciudadano en esas entidades. Ninguno de los aspirantes del PRI vale una misa y son cómodamente canjeables.

Otra reforma electoral a nivel federal que se aplicará para cualquier elección y que debemos aplaudir se deriva del descrédito en el que cayeron los resultados electorales, pues en lo sucesivo será causal de nulidad el hecho de que alguien "adquiera" bajo cualquier concepto cobertura informativa o tiempos de radio y televisión para favorecer a un candidato. Este término había sido eliminado por los diputados en la reciente reforma político electoral en la que sólo habían dejado la palabra "compre", que entrañaba una circunstancia difícil de comprobar. La aplicación de esta reforma que acaba de aprobar el Senado seguramente contribuirá a darle equidad a las contiendas y a dificultar la creación de candidatos vacíos que la radio y televisión proyectan como súper hombres a cambio de poder y dinero. En el ámbito nacional tenemos el ejemplo de Peña Nieto; en el local, los soledenses a Ricardo Gallardo y los de la capital potosina a Mario García Valdez. Sólo falta que nuestras timoratas autoridades se atrevan a aplicar las sanciones.

Las reformas y adiciones a la Constitución del Estado que se aprobaron este jueves revisten una especial importancia para el destino de San Luis Potosí porque permiten la reelección de los diputados hasta por tres períodos consecutivos y el de los presidentes municipales, regidores y síndicos por otros tres años. Esto quiere decir que los que resulten electos el primer domingo de junio del próximo año podrían, en el primer caso, permanecer en sus cargos ininterrumpidamente hasta septiembre de 2027, y los segundos hasta octubre de 2021. Los ciudadanos corremos un enorme riesgo de que funcionarios ineptos y corruptos se eternicen en sus puestos porque a más de un diputado o presidente municipal, con la influencia política y recursos con que cuentan, no se les dificultará manipular a los electores y hacerse de una clientela que les asegure ganar las siguientes elecciones, además  de que a sus contendientes les llevarán una ventaja difícil de superar. Sólo en los países cultos y democráticos se puede justificar la reelección de sus autoridades.

Con la reforma al artículo 138 de la Constitución Política del Estado, aprobada en la sesión del 22 de septiembre de 2011, ya no es necesario que los ayuntamientos se pronuncien a favor o en contra de las adiciones y reformas constitucionales cuando son ordenadas por la Constitución General de la República y deban constar en la Constitución del Estado, pues hasta antes de la reforma se requería para que éstas surtieran efectos, además del voto, cuando menos, de las dos terceras partes de los diputados, el de la mayoría de los ayuntamientos del estado. En esta ocasión les bastó con el voto de más de las dos terceras partes de la Legislatura estatal para que las reformas político electorales que se acaban de aprobar se integraran a la Constitución del Estado. Es cierto que el trámite legislativo era ocioso, pues no recuerdo que alguno hubiera votado en contra de alguno de los dictámenes que recibía, o que por lo menos hubiera argumentado motivos para oponerse o abstenerse, aunque era muy común que por su falta de interés se entretuvieran meses en aprobarlos o simplemente no contestaban los oficios, no obstante que el Congreso del Estado les proporcionaba el texto del acta que había de aprobar en una sesión de cabildo. Creo que algunas de las adicionas y reformas aprobadas esta semana, que se analizarán en las siguientes entregas, no tienen concordancia con las reformas y adiciones que sufrió la Constitución federal, por lo que sería obligatorio someterlas a la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, que de acuerdo a la reforma ocurrida en el 2011 tendrían un plazo no mayor de tres meses para aprobarlas o rechazarlas, pues de no pronunciarse en ese término sus integrantes serían sujetos de responsabilidad administrativas. 

El linchamiento

Por Eduardo Martínez Benavente

Es tan delicada la situación que vive la iglesia católica en San Luis Potosí que ya no le interesa rescatar al presbítero Eduardo Córdoba Bautista del linchamiento al que ha sido sometido. Hoy, su principal preocupación es salvar el prestigio del arzobispo Carlos Cabrero Romero y el de sus antecesores por los enredos y mentiras en que ha incurrido la arquidiócesis potosina que desde la perspectiva de muchos creyentes y no creyentes se comportó como una encubridora del presunto pederasta. El escándalo se les ha complicado enormemente, no dudo que lo conozca el Papa ahora que los dirigentes del clero mexicano se encuentran en Roma, y alcanza ya dimensiones nacionales y hasta internacionales con ingredientes novedosos que se le suman todos los días. Haga lo que haga, diga lo que diga, la sociedad potosina ha declarado culpable al padre Córdoba, y creo que nadie, ni el mismo inculpado que es abogado saldrán en su defensa. Se anuncia que en los próximos días se acumularán otras denuncias de padres de familia de la Colonia El Paseo que aseguran que sus hijos también fueron víctimas de su reprobable conducta. Está acabado y nadie conoce su paradero.

Después de una serie de declaraciones muy desafortunadas, la arquidiócesis potosina no tuvo más remedio que sacrificarlo ante la enorme presión social y mediática que se ha ejercido, y en un hecho inédito, presentar una denuncia penal en su contra ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos que resulten; de lo que nos enteramos los potosinos este jueves en el espacio televiso de Carmen Aristegui en CNN, por voz del rijoso abogado Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México y apoderado legal del arzobispado, quien en esta ocasión se comportó ecuánime y colaborador con la periodista que el vocero eclesial Juan Jesús Priego había calificado hace apenas unas semanas de "sensacionalista", cuando aseguraba que el sacerdote era inocente.

La crisis por la que atraviesa la arquidiócesis potosina es más seria a la que hace poco sufrió por la inculpación de un sacerdote en la violación y muerte de una adolescente dentro de las instalaciones del colegio salesiano, pues en ese caso, muchísimo más grave que este, no había la certeza de su autoría y el acusado no estaba vinculado al alto clero que también lo defendió, y a quien finalmente no se le pudo comprobar el delito, ordenándose su liberación, no obstante los indicios y señalamientos de su presunta culpabilidad.

Tan distinta que hubiera sido la reacción de la sociedad potosina si desde un principio la Iglesia hubiera aceptado lo que el comunicado oficial del pasado lunes trata de explicar en el sentido de que el 28 de noviembre del 2008, antes de que don Carlos Cabrero asumiera el cargo de máxima autoridad religiosa, el sacerdote Eduardo Córdova Bautista fue declarado “no culpable” de los delitos de abuso sexual que se le atribuían, por el Tribunal de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, que es la instancia a la que según el Derecho Canónico le corresponde conocer y enviar el expediente al Vaticano en caso de encontrar elementos para procesarlo, o bien, ordenar su archivo o sobreseimiento por falta de pruebas, que es lo que finalmente ocurrió; pero que tan pronto como llegó a San Luis, el 16 de mayo de 2012, recibió nuevas denuncias en contra del presbítero, con las que "se crearon las condiciones jurídicas y procesales para comprobar el fundamento de los hechos alegados y así fue convenientemente comunicado al Dicasterio competente de la Santa Sede”, que es la instancia en la que se encuentra el expediente para su resolución. Don Carlos no puede regresar de Roma sin una resolución definitiva, aunque no me queda claro si ya la tiene porque su apoderado así lo dio a entender en la entrevista del jueves; de cualquier manera urge que regrese a su sede y pida perdón a las víctimas por haber permitido que un presunto pederasta frecuentara a menores de edad cuando él y sus antecesores conocían sus antecedentes y a la sociedad por los desaciertos en que incurrieron al tratar este caso.

Por conducto de su apoderado nos enteramos que el arzobispado entregó el jueves, a la (PGJE), la información relacionada con el menor que acusa al sacerdote de haber abusado de él en el 2012 en un hotel de la Ciudad de México, que es el caso que detonó el conflicto. No creo que la victima vaya a ratificar la denuncia si no hay de por medio una reparación económica que la complemente. El abogado aseguró que ya dieron a conocer la identidad del adolescente, pero no los hechos que ocurrieron. Lo más seguro es que este caso, como en casi todas las otras denuncias de pederastia que se presentan quede archivada para siempre en los cajones de la impunidad y el olvido.

Los obispos saben que el Papa Francisco ha ordenado que, ante un delito cometido por un religioso que abuse sexualmente de un menor de edad, la víctima, sus padres o las personas a las que les conste el ilícito deben denunciarlo ante el Obispo y éste ante las autoridades civiles y el Vaticano, una vez que haya escuchado al acusado y valorado la solidez de los hechos porque hay que tener en cuenta que ser señalado como infractor no quiere decir que es culpable.

Sólo alguien con las habilidades que caracterizan al padre Córdoba pudo haberse mantenido durante tantos años en el círculo de confianza y cercanía de los tres arzobispos que conviven con nosotros y a los que sirvió, no obstante que conocían las denuncias que por abusos sexuales pesaban en su contra. Seguramente que siempre los negó. Durante el gobierno de don Luis Morales Reyes, el Tribunal local de la Arquidiócesis reconoció su inocencia. Es muy probable que el arzobispo emérito haya calculado los daños que le causaría a la iglesia potosina un escándalo de esas dimensiones si se reconocía su conducta delictiva y prefirió encubrirlo, declarando el Tribunal local su inocencia. De esta manera la denuncia no se turnó a Roma y se le dio carpetazo. El actual arzobispo heredó el problema, aunque permitió que el presunto delincuente siguiera apareciendo públicamente con él y fungiendo como representante legal de la arquidiócesis. Sin embargo, actuó e integró el expediente, enviándolo a la Santa Sede para que decidiera la suerte del procesado y mientras tanto lo suspendió de sus actividades ministeriales y administrativas.

Pasaron inadvertidos

Por Eduardo Martínez Benavente

No hay crónica legislativa. La información que fluye del Congreso del Estado se centra principalmente en los abusos, chismes y conductas reprobables de los legisladores. Estamos acostumbrados a escuchar y leer las críticas que les dirigen con motivo de sus percepciones, gastos, ausencias, viajes, desplantes y actividades promocionales, pero muy poco de su trabajo legislativo. El repudio de la población es generalizado. No obstante, todos quisieran ser diputados. Muy pocas veces se difunden sus iniciativas y dictámenes. Ni siquiera una síntesis o un comentario. Algunos de enorme importancia para nuestra vida social, política y económica como los que acaban de ser aprobados y que pasaron inadvertidos. Aunque nos debemos de perder de vista que los diputados que las suscriben no son los verdaderos autores o redactores de esos documentos. El trabajo es obra de los despachos de abogados que contratan, de algunos asesores y de los funcionarios del Instituto de Investigaciones Legislativas del propio Congreso, o bien, producto de inocultables plagios de leyes de otros estados y países. Por eso cualquier inepto puede llegar a ser diputado, pues no se requieren mayores conocimientos que saber leer y escribir. Todos conocemos los alcances y cultura jurídica de nuestros representantes y sabemos que con excepción de uno o dos, ningún otro es capaz siquiera de redactar uno de los artículos de las propuestas que presumen como propias; y menos fundar y motivar los dictámenes de las leyes que aprueban o rechazan.

En la Legislatura que me tocó participar (2003-2006) me ofrecían por una módica suma de dinero un paquete de 40 iniciativas de reformas y adiciones a los códigos y leyes del Estado para que figurara como el diputado más productivo por el número de proyectos presentados, a los que sólo les tenía que hacer algunas pequeñas adecuaciones como ordenar la numeración y cambiar el nombre del estado para que no apareciera el de la entidad de origen. Por cierto, hay que reconocer que esa legislatura contó con diputados como Juan Ramiro Robledo, Manuel Medellín, José Luis Ugalde y Oscar Vera que eran capaces de redactar sus propias promociones.

El área de comunicación social del Poder Legislativo es un fracaso. No sabe cómo dar a conocer y difundir los asuntos trascendentes que ahí suceden. Deberían sintetizar y explicar, cada día, por lo menos uno de los decretos aprobados para que los interesados pudieran digerirlos. En la sesión ordinaria y solemne que celebró el Congreso del Estado el martes 13 en Ciudad Valles se aprobaron asuntos tan importantes como la nueva Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que armoniza y homologa la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales; para que de ahora en adelante queden constituidos como entidades paraestatales con personalidad jurídica y patrimonio propios; de tal manera que se abrogan las leyes que actualmente rigen estas materias, así como las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al decreto; y que por su trascendencia merecerían que el Congreso del Estado o la Facultad de Derecho celebraran un foro de análisis en el que se convocara a todos los interesados. Los catastros municipales que no administra el gobierno del Estado seguirán operando como antes y la Ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación.

Otra iniciativa que fue aprobada en esa sesión es una adición a la Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, que es la Ley que rige a los burócratas; en la que se establece que los presidentes municipales y tesoreros están obligados a pagar el importe de los laudos firmes que se hayan originado durante su gestión antes de concluir el trienio, pues de no hacerlo se les fincarán responsabilidades financieras. Esto quiere decir que los créditos laborales no podrán heredarlos a la siguiente administración. Aquí el problema es la insolvencia de los ayuntamientos para hacer frente a esos compromisos, pero es al mismo tiempo un freno para que los alcaldes piensen varias veces las responsabilidades en las que pueden incurrir si despiden injustificadamente a los trabajadores, muchas veces para hacerle espacio a sus amigos y a los que colaboraron en su campaña. La mayoría de los municipios enfrentan enormes pasivos que muchas veces no reportan sus cuentas públicas derivados de las pensiones y el pago de laudos laborales, y que en cualquier momento harán crisis en sus finanzas. Esta legislatura aprobó hace unos meses una reforma en la que el burócrata que demande por despido injustificado sólo podrá recibir los salarios vencidos de un año, independientemente de que el litigio se prolongue por más tiempo; pero si no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagará al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago.

Otra de las reformas y adiciones que se aprobaron se refiere al rezago legislativo de iniciativas de diversos temas que quedan en la congeladora y que a nadie, con excepción de su promovente, les interesa sacar; o alguien, con la influencia y poder necesarios puede detenerlas indefinidamente. El número de iniciativas atoradas desde hace más de 6 meses asciende a 248 y 28 puntos de acuerdo que se irán a la basura. Sucede en muchos casos que la iniciativa es absurda o insustancial y no vale la pena dedicarles una sesión de trabajo en la mesa de las comisiones a las que le corresponde analizar y dictaminar ese asunto. Por lo que se aprobó la figura de la caducidad legislativa, como forma de abortar el proceso. Esto quiere decir que si pasados 6 meses de presentada una iniciativa o punto de acuerdo, no ha sido aprobado o desechado por el Congreso del Estado, se extinguirá el proceso iniciado por el sólo transcurso del tiempo.

¿Petróleo en San Luis?

Por Eduardo Martínez Benavente

La economía no repunta, ni siquiera con el espectacular anuncio que acaba de lanzar el secretario de Hacienda y Crédito Público que prevé una inversión federal  en infraestructura para lo que queda del sexenio de 7.7 billones de pesos en los distintos planes y proyectos que se dan a conocer en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI), y en el que a San Luis Potosí le corresponde una suma difícil de precisar, no obstante que el gobernador del estado -que parece no tener idea de las finanzas públicas- la calcula en unos 35 mil millones de pesos que son los que están expresamente etiquetados, pues no considera las inversiones en las que según el documento participa conjuntamente con el resto de las entidades en una bolsa de dos billones 870 mil millones de pesos destinados al desarrollo de esquemas de financiamiento para la adquisición de nuevas viviendas y apoyos crediticios a trabajadores del sector formal; ni los asignados a programas nacionales de remodelación, construcción y mantenimiento de unidades médicas; así como los recursos dirigidos a actividades turísticas; hidráulicas; y telecomunicaciones y transporte, como el proyecto México Conectado que ofrecerá banda ancha en sitios públicos como escuelas, hospitales, plazas y parques; la instalación de la Red Compartida de Fibra Óptica; paquetes de señalamientos urbanos y el programa nacional de caminos rurales, entre otros muchos.

Habrá que solicitar mayor información para valorar la importancia de cada una de las inversiones y el detalle de las obras y acciones programadas para la entidad.  Nuestro estado congrega al 2.3% de la población nacional y aportó en el 2013 el 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB); de tal manera que, de la inversión billonaria, si se repartiera proporcionalmente entre todas las entidades nos tocarían algo así como 177 mil millones de pesos. La deuda del sector público federal se ha convertido en una bomba de tiempo, y ya es mayor al monto de la inversión programada, pues asciende a la suma de 8 billones 633 mil millones de pesos. Su crecimiento exponencial ha servido principalmente para el cubrir los sobregiros del gobierno y no a inversiones públicas productivas.

Es tal la desconfianza de la población en la política económica del gobierno, tal el descontento por las medidas tributarias impuestas que ni con el monto histórico de las inversiones anunciadas se logró mover a la alza el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Un buen indicador del pesimismo de la clase pudiente. Es más, el anuncio pasó casi inadvertido.

Los planes y proyectos programados para San Luis Potosí deben revisarse. No creo que sean los mejores. Algunos nacieron al calor de los compromisos de la campaña presidencial de Peña Nieto para obtener el voto ciudadano. Por ejemplo, es preferible destinar los 480 millones de pesos presupuestados para el distrito de riego Pujal-Coy en la rehabilitación de vialidades, alumbrado, seguridad pública y transporte de la zona industrial. El Pujal-Coy es un barril sin fondo que se ha caracterizado por su inoperancia y corrupción. Incomparable con la productividad de la zona industrial en la que se genera una cuarta parte del PIB y el 40% de los empleos de área metropolitana.

Aparece en el PNI una partida inexplicable por 21 mil 459 millones de pesos que están proyectados a la exploración y extracción de hidrocarburos en el estado de San Luis Potosí. No sabemos si el destino de esos recursos del sector energía se vayan a orientar a los conceptos antes mencionados o se destinen a la construcción de ductos petroleros, aunque el concepto es muy claro y parece que no caben dudas. Se trataría de una inversión extraordinaria, la más importante y cuantiosa de nuestra historia, que puede responder a las solicitudes que desde diversos frentes se le han planteado al presidente Peña Nieto y al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a fin de incluir en la próxima Reforma Energética un apartado que le dé especial prioridad a rescatar la producción petrolera del municipio de Ebano. Deben existir estudios que justifiquen esa inversión. No han informado qué alcances tienen las reservas en esa región petrolera que comparte con Veracruz. Hasta hace poco sabíamos que los mantos estaban agotados. Ebano merece mejor suerte, pues en 1901 se descubrió en ese municipio uno de los primeros yacimientos petroleros de país llamado La Pez, con una producción de 1,800 barriles diarios, propiedad de una compañía americana. En 1903, la Mexican Petroleum Co. construyó en este lugar la primera refinería dedicada a la producción de asfalto. 

Hay otra inversión programada por 250 millones de pesos que debe revisarse destinada a rehabilitar, recuperar y conservar con el gobierno estatal el Centro Histórico de la capital del estado, pues según la información que se ha dado a conocer, parte de esos recursos se erogarían en la construcción de una biblioteca  -que desgraciadamente muy pocos utilizan- y en un centro de convenciones ubicado en la alameda Juan Sarabia. La obra más urgente para reanimar a este sector de la ciudad es la construcción de dos o tres estacionamientos. Sin estos espacios el centro histórico no tiene futuro.

Se autorizó una partida por 513 millones de pesos para cubrir la parte que le corresponde a la federación en la construcción de 15.6 km del libramiento norponiente que unirá la salida a Matehuala con la carretera libre a Jalisco, sin cruzar la zona urbana de la ciudad que tendrá una longitud de 56 km. La concesionaria de esa vía, una empresa de Vicente Rangel Lozano, se supone que aportará el resto de los recursos cuyo monto no se precisa en el documento. Como tampoco se define si recibirá más aportaciones federales por los otros 40.4 kilómetros. Lo mismo ocurre con los concesionarios del aeropuerto de San Luis que recibirán 3 millones de pesos para su modernización. Se desconoce la cantidad que les corresponde aportar. Se destinan 2 mil 125 millones de pesos para la construcción del libramiento Ciudad Valles y Tamuín, con una longitud de 33.4 kilómetros. Las inversiones deben iniciarse de inmediato para sacar al país de la recesión en la que está sumido.

A PROPÓSITO DEL PADRE CÓRDOBA

Por Eduardo Martínez Benavente

No es mi intención contribuir al desdoro que ha sufrido la Iglesia Católica en San Luis Potosí por las denuncias de abusos sexuales que han sido encauzadas en contra de varios religiosos en los últimos años y que han mermado su credibilidad y prestigio. Ni pretendo hacer eco de las críticas cargadas de odio y sesgos ideológicos que ventilan sus enemigos que quieren hacer creer que se trata de una conducta generalizada, aunque sí, desgraciadamente, de "bastantes" sacerdotes como acaba de reconocer el Papa Francisco.

Tampoco tengo pruebas para asegurar que el conocido e influyente sacerdote Eduardo Córdoba Bautista es un pederasta clerical, si acaso podemos decir de él que es un indiciado, o un presunto delincuente al que se le señalan conductas deshonestas, y que la Santa Sede, después de 10 años parece que no ha definido su situación jurídica. Los recursos e instancias para dilatar una sentencia definitiva en Roma son muy parecidos a la tortuosidad de nuestros procedimientos penales. Todavía no sabemos si el padre Córdoba es culpable o inocente, no obstante las denuncias que pesan sobre su persona y que el arzobispo Carlos Cabrero Romero reconoció que existen en la entrevista que publicó "Pulso" el 11 de abril.

En el audio se puede escuchar la voz titubeante del prelado, esquivo a sabiendas de que cualquier palabra de más podría transgredir las fronteras de la versión oficial. Sin apuntes y a veces contradictorio, pues en una parte de la entrevista reconoce que la Iglesia no se ha pronunciado, sin cuidar que más adelante afirma que "se dio una sentencia pero no fue una sentencia para quitar el derecho al ejercicio ministerial". Probablemente quiso decir que no ha sido expulsado del estado clerical, que es la pena con la que la Iglesia, según el canon 1395-2 del Código Canónico, sanciona a los clérigos que infringen el sexto mandamiento del Decálogo, cuando ese delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido 16 años. Sin estos agravantes la falta sólo sería un pecado, más no un delito. 

En dos ocasiones ha insistido el superior eclesiástico que los procesos de formación en los seminarios deben ser más exigentes y estar muy atentos a que los alumnos "no lleguen con determinados problemas de una vida media conflictiva..." Y que "quien no pueda, que deje el ministerio o no entre al Seminario, Tal vez falló. Todo viene desde muy atrás, tal vez de origen familiar". El canon 241-1 del mismo Código impone a los obispos la obligación de admitir en los seminarios sólo a "aquellos que, atendiendo a sus dotes humanas y morales, espirituales e intelectuales, a su salud física y a su equilibrio psíquico y a su recta intención, sean considerados capaces de dedicarse a los sagrados ministerios de manera perpetua". Para muchos potosinos no es un secreto las tragedias familiares que han consternado la vida del ex abogado de la arquidiócesis. Puede ser que a esos antecedentes se haya referido el señor arzobispo. 

Hay que reconocerle a don Carlos que en esa entrevista tuvo el valor de enfrentar a la prensa y admitir el problema por demás penoso y amargo. Cualquier otro se hubiera quedado callado esperando que el tiempo borrara el escándalo; pero en ese momento prefirió salir al quite de su vocero, el presbítero Juan Jesús Priego, quien torpemente negó los hechos y trató de descalificar al denunciante, el ex sacerdote Alberto Athié y a la periodista Carmen Aristegui, que le dio el espacio en su programa, a quienes conceptuó como "resentido" y "sensacionalista", respectivamente; rematando que juntos hacían un buen coctel. 

Sin embargo, el 14 de abril, en uno de los diarios de mayor circulación del estado, declaraba el arzobispo que "El Vaticano desconoce el caso del Padre Córdoba..." y agregaba que sólo ha recibido quejas de dos matrimonios que lo acusan, pero que no le llevaron pruebas ni cuentan con ellas. Que ha platicado con el Padre, quien le asegura tener la conciencia tranquila y que está en espera de que se aclare el problema lo más pronto posible, pues se dijo inocente de toda culpa. Bastaron tres días para que le diera un giro totalmente distinto a la situación que enfrenta el Padre Córdoba. Athié asegura que son más de 100 los menores afectados. Es muy difícil para la Iglesia admitir lo que está sucediendo, como reconoció Benedicto XVI en su carta a los obispos irlandeses: "Tardamos en creer". Había denuncias, pero no le crían a las víctimas 

No me imagino que entre los "grupos de papás" que reconoce el arzobispo potosino que se le han acercado para denunciar los abusos que sufrieron sus hijos pudiera existir una confabulación con el propósito de incriminar y arruinar la reputación del Padre Córdoba si no estuvieran ciertos de la versión de sus vástagos. No concibo que pudieran ser capaces de cometer tal vileza acusando a un inocente. También entiendo que no hayan denunciado los abusos sexuales ante las autoridades civiles porque seguramente consideran que no son confiables ni efectivas. Por otra parte me sorprende que ninguna presunta víctima o sus familiares hayan armado un escándalo reclamándole públicamente su proceder en alguna de las miles de ceremonias que ha oficiado durante todos estos años. Narra Séneca que los sirvientes del Circo Romano encontraron un método para irritar a las bestias poco antes de enviarlas arriba desde los subterráneos de la arena, pues asustadas por la algarabía de los espectadores, enfermas o debilitadas por una prolongada cautividad se negaban a salir de sus jaulas. Para ponerlas feroces se mostraban ante ellas en el último momento atormentando a sus crías. Y así la naturaleza feroz de los animales se animaba y el amor hacia sus cachorros las hacía del todo indomables y las empujaba como enloquecidas contra las lanzas de los cazadores y los cuerpos de los mártires cristianos.

Puede ser que las primeras quejas que presentaron los padres agraviados hayan sido desestimadas por las autoridades eclesiásticas y que el sacerdote inculpado las negara rotundamente; pero si el modo de operar del presunto delincuente hubiera sido el mismo o muy parecido en todos los casos que conocían, así como las circunstancias en las que se producían las agresiones, entonces no habrían tenido más remedio que aceptarlas como válidas y turnar el expediente a Roma para que lo sancionaran, independientemente de que el arzobispo, que inicialmente conoció el caso, lo suspendiera de inmediato. 

A la memoria de un luchador

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Sólo la paranoia del gobierno federal podría explicar la violenta represión que sufrió el movimiento navista. La ocupación militar de la ciudad en 1961 no era retórica, así como el estado de sitio y la cancelación de todas las garantías individuales, a tal grado que el secretario de la Defensa Nacional había ordenado a la comandancia de la 12a. zona militar hacer del conocimiento de los potosinos, como ya se le había notificado personalmente al doctor Nava, que quedaba prohibido hacer uso de las oficinas del comité navista, celebrar mítines o manifestaciones de ninguna naturaleza, o la concentración de personas en las calles; y que serían evitados en cumplimiento de órdenes superiores que el cuartel general haría cumplir en la forma que fuera necesario.

El 15 de septiembre por la noche con motivo del Grito de Independencia hubo una balacera en la Plaza de Armas orquestada por el propio gobierno en la que murieron varios policías y civiles. Se apagaron las luces y nunca se supo cuántos fallecieron. Era una provocación destinada a incriminar al doctor Nava y aterrorizar al movimiento. La represión y encarcelamiento no se hizo esperar. Decenas de navistas fueron perseguidos y golpeados. Nava y algunos de sus seguidores más cercanos fueron enviados al campo militar número uno. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa, biógrafo y confidente del doctor Nava, explica en su libro "Nava sí, Zapata no", los probables motivos de la sobrada reacción del gobierno de López Mateos para aplastar al movimiento. Narra que el 10 de septiembre anterior habían sido aprehendidos en la ciudad de México el general Celestino Gasca y el dirigente del Partido Nacionalista de México, Jorge Siegrist, acusados de preparar un levantamiento armado contra el gobierno. El secretario particular de Gasca, Nicolás Araujo, fue señalado como enlace entre el militar y el líder potosino, quien admitió conocer a Araujo, pero solo como paciente. La navista e investigadora Lidia Herrera está a punto de concluir un libro en el que coincide y profundiza sobre el tema.

Tiempo después, el 5 de febrero de 1963 fue nuevamente aprehendido y esta vez torturado en el Charco Verde. Otros de sus colaboradores corrieron con la misma suerte. El movimiento se replegó ante tanta represión. Solo quedaba la lucha armada, y Nava era radical más no violento. 20 años después resurgiría para combatir otro caciquismo, el del gobernador Carlos Jonguitud.

En los últimos meses de 1990, el doctor Nava se encontraba en el Hospital de Nutrición en la ciudad de México, aquejado por el cáncer. Unos meses antes se le había pedido que encabezara de nuevo la lucha y aceptara ser el candidato a gobernador de una amplia coalición de partidos y organizaciones políticas. Desde el Hospital nos pedía que pensáramos en otra persona para la candidatura. Todavía bajo los estragos de la quimioterapia aceptó el reto y se lanzó con todo por el triunfo electoral. En 1991 se formalizó la primera coalición en el país en la que el PRD y PAN, conjuntamente con el PDM postularon a un mismo candidato a la gubernatura del estado. Advertimos de inmediato que nos topábamos con partidos sin infraestructura ni recursos y escasa militancia, por lo que se tuvo que armar una coalición prácticamente de cero.  

La aportación más valiosa que hizo el doctor Nava para democratizar la vida política del país fue la ciudadanización de los organismos electorales que buscaba que personas sin vínculos ni intereses con el gobierno y los partidos políticos se hicieran cargo de los procesos electorales. San Luis Potosí fue la primera entidad que le arrebató esa función al gobierno del estado. Cuando el doctor contendió en 1991 por la gubernatura del estado, el secretario general de gobierno era la máxima autoridad del organismo encargado de organizar las elecciones, de designar funcionarios de casilla y otras autoridades, de ordenar y vigilar indirectamente la impresión y distribución de boletas electorales y por si fuera poco, estaba bajo su control el padrón electoral. El partido en el poder disponía libremente de los recursos materiales y económicos del gobierno para que sus candidatos promovieran y compraran el voto ciudadano, sin que nadie lo sancionara.

Eran dueños del balón, de la cancha, del árbitro y de las reglas; y si el PRI reconocía una derrota era porque la habían negociado pues era imprescindible seguir jugando a la democracia. Era desalentador contender bajo estas condiciones: y sin embargo el doctor Nava, que no era ningún ingenuo o novato en estas batallas y que como pocos conocía la perversidad del sistema, aceptó registrarse a sabiendas de la inequidad y trampas con las que se enfrentaría. Quizás con una leve esperanza de que en esa ocasión se respetaría el voto porque el presidente Carlos Salinas se lo había prometido, quien como una medida de cálculo político lo buscaba y procuraba para dar una imagen de apertura democrática, lo que traía muy nerviosos a los priistas. La relación se deterioró cuando Salinas le pide que tenga cuidado con las personas que se le acercan, en clara alusión al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que era su acérrimo enemigo. El doctor se molesta y le aclara que sabe bien lo que hace. La gente de dinero, que antes lo había seguido, también retira su apoyo a Nava con el pretexto de que la izquierda lo rondaba.  Sabía que su sacrificio -por lo menos- movería conciencias para lograr reformas sustanciales.

Las condiciones que ponían en desventaja a la oposición eran insuperables, por eso, en diciembre de 1991, con motivo de las elecciones municipales, el doctor Nava como una estrategia para forzar la reforma electoral instó a los partidos que formaron la coalición a abstenerse de participar. El PAN fue el único que registró candidato en la persona de Mario Leal Campos, cuando unos días antes, como presidente estatal de ese partido había firmado un convenio con los otros representantes de la coalición en el que se comprometía a hacer el gran vacío y no participar. Sólo el 26.1% de los electorales acudió a las urnas. Mediante una turbia negociación en la que intervino Diego Fernández de Ceballos le reconocieron el triunfo al traidor. 

A la memoria de un luchador

Por Eduardo Martínez Benavente

Quiero reconocer la buena disposición del rector Manuel Fermín Villar por permitir que un evento de esta naturaleza se celebre en el patio central del edificio más emblemático de esta casa de estudios. No es común que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la que algunos consideramos monacal, sin compromiso social y plataforma de lanzamiento desde la que sus directivos se postulan para ocupar cargos de elección popular por el Partido Revolucionario Institucional, abra sus puertas de par en par para homenajear a un destacado opositor al gobierno. En esta ocasión para conmemorar el primer centenario del nacimiento del doctor Salvador Nava Martínez, ilustre universitario, ex director de la Facultad de Medicina, líder incuestionable, que conjuntamente con su hermano Manuel, ex rector de la Universidad y muchos otros maestros y alumnos gestaron en este sitio un movimiento de resistencia y dignidad que lleva su apellido para luchar en contra del cacicazgo de Gonzalo N. Santos, en una época en la que no se toleraban disidencias ni críticas. Aquí emprendió la lucha por lo que sería su principal motivación política: instaurar la democracia que conlleva la justicia y libertad de las personas.

La mayoría de los jóvenes potosinos no saben quién fue el doctor Salvador Nava Martínez. Vemos con tristeza que su nombre a lo único que les suena es a la denominación de una fatídica avenida, la más peligrosa de la ciudad, en la que ocurren cientos de accidentes al año; pero desconocen por completo su vida y obra; por eso, en el centenario de su nacimiento, los que nos identificamos con su movimiento civilista sentimos la necesidad de dar a conocer la semblanza de un hombre excepcional y recordarlo con todos aquellos que lo conocieron. Se trata de un potosino íntegro que cimbró a la sociedad en diferentes etapas de nuestra historia. Desde luego que son insuficientes estos cuantos renglones para proyectar la dimensión de Nava, pero bien podemos dar unas pinceladas de algunos aspectos destacados de su vida.

Fue un hombre honesto y honrado desde el punto de vista político y personal. Un dirigente carismático con un liderazgo que electrizaba a las multitudes que lo escuchaban y obedecían sin cuestionamientos y con un asombroso poder de convocatoria. No fue un orador de gritos ni discursos escritos. Poco le importaba su calidad discursiva y el orden y planteamiento de sus ideas. Fue un incendiario que prendió conciencias, Sabía escuchar y respetar a sus críticos. Atendía al dictado de su conciencia de su perspectiva de la vida y de su amor por un pueblo que también lo amó. El empeño y sacrificio de Salvador Nava no se fincó en la consecución de beneficios personales, sino en su vocación de servicio. No sucumbió al espejismo del poder ni a las amenazas de los poderosos. Alguna vez se le privó de su libertad física, pero jamás de su dignidad y libertad interior. Recuerdo el esfuerzo económico que tuvo que realizar para pagar con su peculio hasta el último centavo de lo que se quedó a deber con motivo de su campaña electoral. No había financiamiento público.

Tenía el don de congregar a su alrededor a personas de las más distintas ideologías y filiaciones políticas que creían que el doctor comulgaba con sus ideas. Los de izquierda sentían en él a su más valioso representante que atendería preferentemente el rezago social. El trato cordial que prestaba a la gente humilde era verdadero, no era simulado. Como médico de obreros y asalariados se le había forjado un carácter que le permitió un trato amable para con la gente pobre que le pagaba por sus servicios lo que podía. Los de derecha y algunos empresarios que lo apoyaron creían que Nava era garantía de orden, decencia y progreso; y que protegería sus intereses. En 1958 integró su cabildo y equipo de trabajo con comunistas, sinarquistas, panistas y desde luego navistas que habían participado en su campaña por la presidencia municipal. En esa ocasión participó como candidato independiente, su nombre no aparecía en las boletas, por lo que se entregaron a sus seguidores engomados que debían adherir a la papeleta. Durante su administración fue la primera vez que oímos hablar de transparencia porque todos los días informaba de los movimientos del gasto público del Ayuntamiento.

Para algunos que tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Nava lo conceptuábamos como un socialdemócrata por defender los valores y principios de esa corriente política como la justicia social, la dignidad humana y la democracia. Estaba convencido de que esos objetivos sólo se lograrían a través de la participación ciudadana. Era pacifista y apartidista; y probablemente agnóstico. Sabía que la violencia genera altos costos y dolor para los ciudadanos, por eso cuando cundió el desencanto con motivo del fraude electoral de 1991, su honestidad personal le impidió lanzarlos a una aventura y los despachó a sus casas en espera de nuevas acciones, todas pacíficas, que lograron que Fausto Zapata renunciara a la gubernatura.

En las elecciones del 91, el padre Darío Pedroza, vocero del arzobispado potosino y otros 26 sacerdotes se pronunciaron en un desplegado en el que conociendo las cifras y observaciones de organizaciones independientes que consideraban fidedignas, condenaban el resultado pues las anomalías que se habían registrado ponían en tela de juicio la validez del proceso electoral. El comunicado invitaba a los que habían obrado de mala fe y nuevamente habían engañado al pueblo a convertirse y reparar el daño e instaban a poner las bases para que los siguientes procesos electorales fueran verdaderamente democráticos con la finalidad de seguir participando activamente en la conformación de una sociedad más justa. En pocas ocasiones la Iglesia se ha pronunciado de manera tan clara y contundente como en esa crisis política.