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sábado, 21 de febrero de 2015

Sonia... ¿Gobernadora?


Por Eduardo Martínez Benavente

Es incuestionable la exitosa carrera política de la senadora con licencia Sonia Mendoza Díaz. No podemos menospreciarla, no obstante que muchos potosinos no la conocen y otros difícilmente podrían superar el complejo cultural de que una mujer los gobierne. Tendría que ser excepcionalmente inteligente, preparada y hábil para aceptarla; y la señora candidata no reúne estos requisitos, aunque lo anterior no debe preocuparle mayor cosa porque el candidato del PRI tampoco es un dechado de virtudes políticas y simpatías personales. Y para su buena suerte, la participación de Fernando Pérez Espinosa, como "candidato de las izquierdas" le garantiza que un buen número de votos priistas se desviaran a esta opción.

La panista sólo ha cosechado victorias electorales. Lleva cinco con las internas, o seis si no prospera la impugnación que presentó su último contendiente. No conoce la derrota en las urnas. Ha recorrido varias veces el estado y debe estar bien informada de sus carencias y problemas. El primer cargo de elección popular que ocupó fue como síndico en la planilla que ganó la elección municipal del Ayuntamiento de Matehuala (1995-1997), su lugar de origen, en el que nació hace exactamente 46 años; después la inscribieron en un lugar preferente en la lista de diputados locales plurinominales que le permitió llegar a LXVIII Legislatura (2006- 2009), en la que pasó desapercibida aprobando irresponsablemente las iniciativas y cuentas del ex gobernador Marcelo de los Santos; más adelante contendió y ganó una curul como diputada federal de mayoría relativa por el Distrito I (2009-2012), en la que transitó de puntitas. En el 2012 nos sorprendió a todos cuando ganó la primera posición como senadora de mayoría. Se trataba de una elección que comprendía todo el territorio del estado, y en la que derrotó a los priistas Teófilo Torres Corzo y Victoria Labastida, con un marcador de 362,864 contra 310,149 votos. Su triunfo le permitió a Octavio Pedroza ocupar un sitio dentro de las 32 primeras minorías y al ex gobernador interino lo relegó a una de las 32 plurinominales, las de consolación. No se le conoce empresa o negocio alguno en el que haya participado ni despacho en el que haya laborado. Estoy investigando el testimonio de un abogado de mi confianza que me asegura que durante la administración de Horacio Sánchez Unzueta fue cesada como secretaria de estudio y cuenta de la Mesa Penal del Juzgado Mixto de Matehuala, junto con otros funcionarios, cuando se advirtió que había un faltante en las fianzas que se depositaban en esa oficina. No sabemos su grado de participación o si se trata de uno más de los exabruptos del ex gobernador. La candidata está plenamente identificada con el grupo creado y dirigido por el diputado local Juan Pablo Escobar Martínez, su coordinador de campaña, quien mandaría en el estado si su producto alcanza la gubernatura.

La matehualense destaca principalmente por los envidiables resultados electorales que ha obtenido en las dos últimas décadas, pues sus alcances como legisladora y gestora son pobres y limitados. He estado revisando sus iniciativas y he escuchado sus entrevistas e intervenciones y no hay nada importante por comentar. Frases hechas y lugares comunes de una imparable conversadora, lista y avispada. Es una de los senadores del montón, de los que el país podría prescindir y no se notaría. Como son casi todos los legisladores a los que de vez en cuando se les permite subir a la tribuna a leer una iniciativa o proponer algún punto de acuerdo elaborado por los asesores de su fracción que presumen como propia. Es de las legisladoras que obedecen sin cuestionar las instrucciones del coordinador de su bancada para votar en tal o cual sentido. No hay antecedentes de que haya debatido algún tema de importancia en la máxima tribuna del país. El Senado es el paraíso terrenal de los políticos. El sueldo y demás beneficios que reciben anualmente por diversos conceptos se calculan en más de 3 millones de pesos. Si pierde, se regresa al edén.

La elección interna del PAN para elegir candidato a la gubernatura del estado debe repetirse, porque dentro de las causales de nulidad de una elección que señalan los artículos 71 y 72 de la Ley de Justicia Electoral, que en este caso se aplican supletoriamente, está la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables, como las que ocurrieron durante la jornada electoral de hace ocho días, al anularse 1,709 votos de los 7,334 que se depositaron en las urnas. En el mejor de los casos, si no se quiere reconocer que hubo fraude, la falta de capacitación de los electores y los errores en que incurrieron al no haber marcado todas las combinaciones en las que aparecía el candidato de sus preferencias pone en duda la certeza de la votación y el resultado de la misma; independientemente de los demás vicios e irregularidades que señala Alejandro Zapata Perogordo. Si la señora Mendoza Díaz fuera una persona con principios y valores éticos y morales no aceptaría el resultado y solicitaría la reposición del proceso electoral porque sabe muy bien que los votos nulos fueron determinantes en el resultado de la votación. Es atípico que Zapata Perogordo haya obtenido en la primera votación 3,158 votos contra 3,266 de Sonia; y en la segunda vuelta, que se realizó inmediatamente después de la primera, haya sumado 2,560 votos contra 3,065 de su adversaria. Es inaceptable que 598 simpatizantes le hayan dado la espalda en menos de un minuto, mientras que a Sonia sólo 93 no la ratificaron como la opción preferente. Todo indica que Alejandro Zapata apechugará la resolución que pronuncie la instancia interna  de su partido, la que seguramente confirmará el resultado de la elección y no recurrirá a los tribunales electorales para que se haga justicia. Es increíble que Zapata después de 30 años de perseguir "mapaches electorales" no le haya cuidado las uñas al trapacero mayor de su partido, Héctor Mendizábal, pues el fraude que le cometió fue de lo más elemental: anularle cientos de votos emitidos a su favor abriendo o violentando las urnas mientras eran transportadas por gente de su confianza a su destino final.


sábado, 14 de febrero de 2015

Todo tiene un precio


CUARTA Y ÚLTIMA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

No hay dinero, el gobierno del doctor Fernando Toranzo está paralizado por las deudas y compromisos financieros que lo tienen en la insolvencia. No puede pagar las pensiones quele adeuda a los burócratas, ni cubrir la totalidad de los recursos que le reclamael Consejo Estatal Electoral para el proceso electoral que arrancó hace más de 4 meses. Los fondos que recibe de la federación son insuficientes para cubrir la nómina magisterial por lo que ha tenido que desviar más de 3 mil millones de pesos etiquetados para cubrir este concepto. Sin embargo, el falaz y electorero anuncio que hizo esta semana el garante de los intereses empresariales, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, en el sentido de que es muy probable que antes de que concluya el mes el presidente Enrique Peña Nieto ponga en marcha de manera oficial la construcción de la armadora de vehículos de la BMW, pretende convencernos de que todo marcha bien y que hay dinero de sobra. El próximo lunes, según el dirigente obrero, se inician los trabajos de preparación y desmonte del terreno sobre el que se proyecta la planta. La primera fase del desarrollo tiene un costo aproximado de mil millones de pesos que deberá solventar el gobierno de estado y nadie sabe de dónde obtendrá los recursos ni a quién y cómo le adjudicó la magna obra.

Pero algo anda mal, pues si el gobierno estatal hubiera cumplido con los compromisos contraídos en las cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta del convenio que celebró con la empresa, seguramente que lo habría presumido como un logro importantísimo de su administración porque su cumplimiento traería aparejada más inversiones y la creación de más puestos de trabajo para los potosinos. En la cláusula trigésima novena se pactó que si cualquiera de éstas y otras condiciones no se cumplían en o antes de las fechas establecidas, sin importar la razón o justificación, el convenio no tendría ninguna validez y se consideraría que nunca surtió efectos, y cada parte asumiría la totalidad de los costos en que hubiera incurrido. Pero hay más, el convenio está sostenido con alfileres porque establece que ante cualquier situación imprevista de riesgo o inconveniente a criterio de la empresa, como podría ser una carga fiscal no considerada o problemas de inseguridad y delincuencia, ésta simplemente notificaría al gobierno estatal y cancelaría la inversión. Ni siquiera se pactó un procedimiento expedito para revertir la propiedad. La instalación de la planta también está sujeta al desarrollo del mercado de demanda y a la situación económica mundial.

En la cláusula tercera se estableció que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del convenio que se formalizó el 18 de junio pasado, 13 días después de que se anunció en Los Pinos, el gobierno del estado haría su mejor esfuerzo para apoyar a la BMW en la negociación con el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado, para celebrar un contrato de promesa de compraventa en términos similares a la adquisición de las primeras 300 hectáreas. Esto significa que el valor del terreno y todos sus accesorios correrían de nuevo a cargo del erario. Se trata de una superficie no determinada que se detalla en un anexo que no se filtró, pero que estamos ciertos que la CEGAIP ordenará que se haga público. El Fideicomiso opera como un instrumento para financiar estas obras con los 750 millones de pesos que se obtuvieron a través de un préstamo bancario y que resultan evidentemente insuficientes para cumplir con todas estas obligaciones.

El la cláusula cuarta se establece una opción para adquirir una superficie adicional de 40 hectáreas para la posible instalación de una planta de motores de la BMW, que en su caso complementaría el desarrollo del proyecto. La superficie adicional es propiedad del Fideicomiso quien le otorgaría una opción de compra válida hasta el 31 de diciembre de 2016 a un precio garantizado de 10 dólares por metro cuadrado sin servicios. La opción debió formalizarse antes de 4 de julio pasado y es una condición suspensiva para la validez del convenio. En caso de que la BMW decida ejercer la opción de compra, deberá notificarlo por escrito al gobierno para que pague el precio establecido. El gobierno cubriría los gastos relacionados con la preparación de la superficie adicional que no se calcularon en el convenio, pero que podrían ascender a más de 130 millones de pesos.

En la cláusula quinta se manifiesta que a la BMW le interesa celebrar otra opción de compra a un precio garantizado de 31 dólares por metro cuadrado, válida hasta el 31 de diciembre de 2020, sobre una superficie de 80 hectáreas colindantes al terreno principal, propiedad del Fideicomiso y viable para un potencial parque industrial de proveedores.


En la cláusula sexta se establece que el Fideicomiso, el gobierno pues, realizará una inversión de 164 millones de pesos para la adquisición de una superficie de 21 hectáreas destinadas a conectar la planta con la vía ferroviaria existente operada por la empresa Kansas City Southern de México. El desembolso incluye el valor de las obras e instalaciones necesarias que deberán concluirse antes del 31 de diciembre de 2017. Se obliga también al pago de un derecho de paso que se estima en más de 51 millones de pesos, las instalaciones eléctricas en 124 millones, la construcción de un sistema de calles de acceso a la planta en 160 millones, 2 mil becas de capacitación, la conexión con la carretera 57 con un costo de 360 millones, el pago del terreno y parte de las construcciones del Centro de Capacitación con un valor de 30 millones de pesos, la planta de tratamiento de aguas residuales, el equipamiento y construcción de dos pozos, entre otros muchos beneficios. Algunos tan generosos como el apoyo de 20 pesos mensuales para el transporte a becarios. Los diputados tenían la obligación de solicitar toda la información necesaria y un ejemplar del convenio con sus anexos publicado en el Periódico Oficial del Estado para estar en condiciones de aprobar el préstamo, y no lo hicieron. No revisaron todo el paquete de estímulos y exenciones. Fueron unos facilitadores irresponsables que deben ser sancionados.

sábado, 7 de febrero de 2015

Todo tiene un precio

TERCERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Entre el 4 y el 18 de julio de 2014, los integrantes del cabildo de Villa de Reyes tuvieron que sesionar para atender una consigna inconstitucional derivada de un convenio al que no fueron invitados a suscribir y del que sólo supieron que, de no hacerlo como se les indicaba, serían responsable de obstruir la millonaria inversión de la BMW en territorio potosino: exentar al 100 por ciento del pago del impuesto predial a la armadora alemana por un periodo de diez años, y otorgarle otros descomunales e ilegales incentivos. Los firmantes del convenio pusieron como condición suspensiva la obligación del gobierno estatal de obtener del cabildo de Villa de Reyes “la autorización para otorgar dichos incentivos, y (ii) entregue directa o indirectamente a través de EL ESTADO a BMW una copia certificada del ACTA DE CABILDO DEL MUNICIPIO en el que consta dicha autorización dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de firma de EL CONVENIO”. La obligación de sometimiento a las exigencias alemanas por parte de actores ausentes en el documento fue reforzada en las cláusulas Décimo Segunda y Trigésima Novena, y representa una de las tantas muestras de que el convenio que se anunció como un gran logro tiene las características de una capitulación firmada de rodillas.

Aun así, podríamos considerar que a los negociadores del convenio les quedó un poco de vergüenza. La suficiente para no dudar en pactar con los europeos una cláusula de confidencialidad (la Vigésima Séptima) que viola el artículo 70 de la Constitución Política del Estado y el artículo 33 de la Ley de Transparencia, en un intento –consciente o inconsciente– por ocultar las condiciones vergonzantes a las que se sometieron y por las que comprometieron el patrimonio de los potosinos. Pero también fue un intento por ocultar los abusos de los empresarios alemanes, a quienes se les entregan beneficios desproporcionados. Las maniobras de ocultamiento no sólo se encuentran en esa cláusula, sino también en los dos acuerdos de reserva ilegales que estamos combatiendo –el 014/2014 y el 017/2014– con los que la Secretaría de Desarrollo Económico negó la difusión del convenio y el contrato adicional firmado el 18 de julio, así como en huellas documentales adicionales como el acta del cabildo de Villa de Reyes que fue una de las primeras ofrendas entregadas por el gobierno de Fernando Toranzo a los dueños de la BMW y cuyo contenido no se puede consultar en el sitio Web del ayuntamiento aludido, pues su falta de actualización es tal que nada nuevo se le ha agregado desde hace más de 2 años. Dos ilegalidades ante las que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública ha sido omisa, hasta ahora, a pesar de la trascendencia del caso.

Una lectura detenida del convenio Gobierno-BMW permite reconocer cuando menos 52 compromisos en los que las autoridades locales otorgan beneficios a la armadora automotriz. Sólo en 17 casos es posible identificar un monto determinado de recursos involucrados que suman más de tres mil millones de pesos. Los otros 35 compromisos involucran montos aún no cuantificables, por lo que es difícil señalar el total comprometido, lo que debería ser explicado por los firmantes y negociadores. Si esas cifras no son suficientes para evaluar la trascendencia del asunto, habrá que considerar que la mayor parte de los desembolsos le tocará enfrentarlos a las siguientes dos administraciones estatales y tres municipales de Villa de Reyes. Al gobierno de Toranzo le corresponde cubrir los primeros abonos del precio de las 300 hectáreas de terreno en breña sobre las que se proyecta asentar la armadora. Para esto se comprometió entregar 6 millones de dólares antes del 30 de septiembre pasado al grupo de especuladores, entre los que se encuentran dos influyentes potosinos que seguramente sirvieron de enlace para evadir la donación del 15% de la superficie vendible que le correspondería recibir al Ayuntamiento de Villa de Reyes, y cuyas identidades estamos confirmando, pues el resto son regiomontanos.  A su sucesor le deja un pago inmediato por 12 millones de dólares que tendrá que cubrir en octubre de 2015, y otro por la misma suma que vence en enero de 2016. Entre los otros pasivos que le deja al que gane la elección de junio se encuentra el costo de la preparación, levantamiento y nivelación de ese mismo predio, que tendrá que realizarse -según las cláusulas Tercera y Octava- entre diciembre de este año y marzo de 2016, con un desembolso estimado en más de 972 millones.  A los representantes del gobierno del estado no les tembló la mano cuando firmaron el convenio manifestando bajo protesta de decir verdad: "Que reconocen que el monto total de los incentivos son de acuerdo al presupuesto de "EL ESTADO" designado a "EL PROYECTO". 

El frustrado ocultamiento del convenio, como acto de la actual administración en el que el ahora candidato del PRI a la gubernatura, Juan Manuel Carreras López, fue parte, tendría que ser tema de debate en la campaña si entre los contrincantes del priísta hay un verdadero interés por servir a los potosinos. Pero ese sería sólo el debate menor. El debate de fondo tendría que estar en los agravios que a la sociedad potosina se infringen con un entreguismo irresponsable que necesariamente tendrían que luchar por revertir con una medida muy simple: declarar su invalidez por no contar con el requisito constitucional de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Esa omisión convierte en una ilegalidad toda disposición de recursos públicos estatales en favor de la BMW. No se trata de violaciones a una ley secundaria, sino a la Constitución Política del Estado. La Auditoría Superior del Estado tendrá ocasión de mostrar que su autonomía constitucional vale si en su Informe de Auditoría a la Cuenta Pública 2014, que está por entregar en los próximos días, hace las observaciones del caso e inicia las medidas necesarias para aplicar sanciones. O bien, habrá de sumarse a la pandilla de violadores de la Constitución en perjuicio del erario.

sábado, 31 de enero de 2015

Todo tiene un precio

SEGUNDA PARTE 

Por Eduardo Martínez Benavente

La envidiable ubicación geográfica de la capital del estado, sus vías de comunicación, la funcionalidad de sus servicios, su clima benigno, la estabilidad de sus instituciones, sus sindicatos protectores de los intereses patronales, así como la mano de obra barata, dócil y eficiente de los obreros y empleados potosinos deberían ser incentivos más que suficientes para atraer capitales, o por lo menos para atenuar las pretensiones desmedidas de la inversión extranjera. Los estímulos y subsidios a que se comprometió el gobierno de Fernando Toranzo para la instalación de la BMW en Villa de Reyes rebasan con mucho nuestra capacidad económica y no corresponden a los posibles beneficios que la entidad puede recibir de los alemanes. Es cierto que todo tiene un precio, pero en este caso el costo beneficio es inaceptable, ilegal e injusto; y el que suceda a Toranzo se verá obligado a renegociar o cancelar el convenio, si es que para entonces los europeos no han abandonado el proyecto. 

La irresponsabilidad del gobernador del estado al crear pasivos por más de 3 mil millones de pesos sin partida presupuestal completa y con una disponibilidad financiera que apenas alcanza los 750 millones de pesos, producto de un crédito bancario en el que se señaló como fuente de pago una parte de los ingresos del Impuesto sobre la Nómina, debe ser uno de los principales asuntos por debatir con motivo de las campañas electorales que se avecinan; por lo que resulta inaceptable que el convenio sólo lo pueda conocer el candidato que se alce con la victoria, quien -de conformidad con la cláusula trigésima cuarta- recibirá un reporte de las obligaciones pendientes a cumplir dentro de los 45 días naturales anteriores a la fecha en que tome posesión de su cargo. El secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, violó el artículo 53 de la Constitución del Estado porque en el último informe financiero trimestral que presentó el pasado 15 de enero no reportó la situación real que guarda la hacienda pública al omitir los pasivos contraídos con la empresa. El Congreso del Estado debe sancionarlo.

La BMW engaña a los potosinos al lanzar una convocatoria en su página electrónica invitando a los interesados a laborar en la empresa a que aporten sus datos personales cuando faltan 5 años para el inicio de operaciones y, esto, siempre y cuando el gobierno cumpla con todos los requisitos a que se obligó. La armadora podría arrancar en esa fecha abriendo una sección de la planta que sólo ocupara a una tercera parte de los 1,500 trabajadores a que se comprometió contratar, pues de conformidad con la cláusula vigésima del convenio, la contratación total del personal vence en el 2024, una vez que las instalaciones se encuentren completamente terminadas y en plena operación; sin embargo, en la cláusula décima novena los compromisos alemanes se aplazan injustificadamente hasta el 2029. Que bien les queda a los alemanes la máxima de su compatriota Friedrich Nietzsche, cuando sentencia que "Sin el autoengaño no nos levantaríamos de la cama". 

Una de las pocas cláusulas del convenio que podrían parecer contrarias a los intereses de los europeos es la que acepta compensar al Estado con una multa de 50 mil dólares por cada uno de los 1,500 empleos que no se crean. Cuando el compromiso debería ser la ocupación de por lo menos 1,500 trabajadores de manera fija y permanente, porque crear plazas para después desparecerlas puede ser una estrategia tramposa y fácil de alcanzar para cumplir con la obligación. Los alemanes están creando falsas expectativas entre las decenas de miles de jóvenes que aspiran a un empleo que creen que será bien remunerado, de tal manera que hasta hace unas dos semanas iban 29 mil personas interesadas en ocupar un puesto. En su publicidad no señalan el monto de las remuneraciones que se obligan a pagar ni las prestaciones que ofrecen. Es muy probable que los inversionistas, ante la falta de solidez del proyecto, estén colaborando políticamente con el gobierno de Toranzo para justificar con esta invitación la colocación de la primera piedra del edificio que le daría puntos a los candidatos de su partido, dando a entender que la apertura de la BMW es algo inminente y seguro. Creo que ninguna empresa confiable y seria iniciaría operaciones para contratar a sus trabajadores con tanto tiempo de anticipación e incertidumbre, si no se tratara de un embuste. 

A los directivos de la empresa no les preocupan las críticas que se han originado con motivo de la revelación del convenio que suscribieron porque su inversión se inicia una vez que el gobierno del estado esté bien metido en gastos y haya erogado más del 50% de lo ofrecido. Mientras tanto no corren riesgos. Los compromisos acordados por el gobierno potosino con la automotriz alemana deben conocerlos los potosinos para juzgar la irresponsabilidad de sus gobernantes. Los incentivos impactarán gravemente en las finanzas públicas de ésta y de las siguientes administraciones de tal manera que obligarán a cancelar o reducir una serie de gastos e inversiones ineludibles para el buen funcionamiento de la administración pública. Por lo pronto, se anuncia que ya no habrá recursos para apoyar la instalación de otras empresas y menos para regenerar la zona industrial de la capital, que es la principal demanda de los empresarios de esa zona. Los negociadores potosinos aceptaron cuanto requisito y capricho les exigieron y que  de una lectura cuidadosa del convenio podemos señalar los siguientes: son a cargo del gobierno del estado los gastos que origine la preparación, levantamiento y nivelación de las 300 hectáreas sobre  las que se asentará la empresa y que según la cláusula octava del convenio están calculados en más de 972 millones de pesos. La obra la podrá realizar directamente el gobierno o adjudicarla a un tercero mediante una licitación nacional. Sin embargo, esta cantidad sólo es un estimado, pues el gobierno del estado se obliga a aportar los recursos que se requieran, sin precisar de dónde se pueden tomar.

domingo, 25 de enero de 2015

El candidato de Toranzo


Por Eduardo Martínez Benavente

La designación de Juan Manuel Carreras López como candidato del PRI a la gubernatura del estado no fue la decisión política más acertada que pudo haber tomado la cúpula de ese partido, en el camino se quedaron otras opciones más sólidas y atractivas, su nombramiento responde, más bien, al sobresaliente curriculum vitae  que lo respalda, muy superior al de los otros aspirantes. Carreras es un político serio, educado, inteligente, deportista y moderado que cumple con el perfil adecuado para ocupar el cargo. El candidato tiene una personalidad introvertida y acartonada al que le costará mucho trabajo aproximarse a la gente. Sus declaraciones son prudentes y sin florituras como las de un vocero profesional. Difícilmente lo oiremos decir algo fuera de lugar. No se le conocen enemigos potenciales, quizás porque no los tiene. Ni los grupos de maestros disidentes que hasta hace poco se manifestaban con frecuencia y vehemencia lo han molestado. Su gobierno -si gana la elección- navegaría entre las aguas de la mediocridad y la inoperancia por los compromisos y limitaciones económicas a las que se verá sometido y porque poco habrá que destacar de sus actividades cotidianas pues no se le dan las confrontaciones ni lamentaciones. Encubrirá los ilícitos e irregularidades de la administración que ahora deja. Toranzo y sus colaboradores pueden dormir tranquilos. Sus diplomas universitarios y posiciones que ha ocupado dentro de la función pública -por lo menos en el papel- son envidiables y seguramente fueron determinantes para su designación. Carreras López representa, aunque obviamente no se promocionará así, una garantía de continuidad en las políticas gubernamentales de Toranzo. No se le conoce ninguna actividad productiva que haya desempeñado fuera del ámbito de la burocracia. Ni siquiera un despacho jurídico y menos una empresa. 

El proceso de selección nos indica que no se evaluaron los resultados de su gestión al frente de la Secretaría. No consideraron que su ex titular no pudo con el compromiso de mejorar el sistema de educación en el estado, ni suprimir las remuneraciones de aquellos maestros que cobran sin trabajar y que están comisionados en sindicatos y partidos políticos. Como tampoco pudo hacer valer su autoridad ante dirigentes y caciques magisteriales que son los que realmente mandan en esa dependencia. La designación del profesor Vito Lucas, como nuevo titular de la SEGE, es la prueba más palpable. Pero la omisión más grave es que no calcularon los daños que la imagen del candidato puede sufrir por las observaciones financieras que seguramente le fincará la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de millones de pesos que se tomaron de diversas partidas etiquetadas y que se aplicaron para cubrir la nómina magisterial, como expresamente lo reconoció el gobernador Fernando Toranzo en la entrevista que "Pulso" publicó el pasado 10 de abril, quien explicó que "debido a que las aportaciones federales para el pago de la nómina no llegaron, la entidad acumuló en tan sólo 2 años 4 mil millones de pesos en déficit, por lo que el gobierno estatal se vio obligado a tomar dinero de otras partidas para cubrirla". Y advirtió para justificar su ilícito que el estado no cuenta con recursos suficientes para enfrentar las negociaciones salariales con el sindicato de maestros (SNTE), por lo que no es posible decirle a los profesores "te pago el mes que entra". Cualquier funcionario sabe que desviar recursos públicos es un delito.

Como titular de la Secretaría de Educación no dejó pasar la oportunidad de congraciarse con el magisterio, uno de los gremios con mayor capacidad operativa en cuestiones de movilización electoral, con el reparto de compensaciones salariales por casi un millón 500 mil pesos mensuales para un grupo de 302 privilegiados, de los cuales sólo entre 36 personas de mandos medios y superiores se llevan cada mes 786 mil pesos. Si bien puede argumentar que los atractivos bonos que reciben los mandos medios y superiores de la SEGE, hasta hace unos días a su cargo, provienen de un esquema de compensaciones creado en administraciones anteriores, no podrá negar que mantenerlos resulta una omisión convenenciera de su parte al evitar confrontar al magisterio con una acción de regularización de los ingresos de una casta a la que le preservó sus privilegios y en la que seguramente tendrá ahora uno de sus principales bastiones para la campaña electoral que se aproxima. Pocas esperanzas quedan, pues, de que se trate de un gobernador que llegue a poner orden en la administración pública estatal, cancele privilegios y canonjías de una clase política acostumbrada a beneficiarse del erario, antes que enfocarse en encontrar la manera en que éste reporte mayores beneficios para los potosinos.


Al conocerse las condiciones del convenio celebrado con la BMW para la instalación de su planta en la entidad, el ahora candidato se apresuró a declarar que su intervención fue exclusivamente en el tema educativo y no en el financiero, como si el documento se hubiese firmado en capítulos por separado. Su firma avaló las condiciones abusivas de la armadora. Sabe muy bien que el convenio no puede entrar en vigor hasta que se publique en el Periódico Oficial del Estado y que cualquier erogación que se haga es ilegal. Y se ha quedado callado. Para cuando se dio la firma, Carreras López ya era consciente de sus aspiraciones por la gubernatura, por lo que resulta doblemente irresponsable que argumente desconocer los compromisos económicos implicados al suscribir el convenio que compromete seriamente las finanzas estatales que le tocarían administrar en caso de obtener el triunfo el próximo 7 de junio. Como uno de los funcionarios que consintió el atropello alemán con su firma queda en condiciones muy desventajosas para la necesaria renegociación del convenio que obliga a mucho más que las dos mil becas de capacitación para adiestrar a los posibles empleados de la empresa. El candidato del PRI personifica una preocupante combinación de omisiones previsibles. Por un lado, los grupos de poder que mantienen una relación de privilegios en la administración pública y por el otro un necesario encubrimiento de los ilícitos cometidos por los actuales servidores públicos.

sábado, 17 de enero de 2015

Todo tiene un precio

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

A la memoria de don Prisciliano Pérez, célebre comunista potosino, por su congruencia entre el decir y el hacer.

Ya se les olvidó a los alemanes lo que es firmar un compromiso en el que el consentimiento de una de las partes está viciado de nulidad por las presiones que se ejercen sobre su persona, y se ve obligada a aceptar los términos y condiciones injustos y arbitrarios que se le imponen, como ocurrió con el convenio que celebraron con el gobierno del estado de San Luis Potosí para que una de las plantas de la armadora de vehículos de la BMW se instalara en la entidad con la obligación de invertir 1,000 millones de dólares y crear 1,500 empleos directos, no permanentes, a cambio de un largo listado de incentivos económicos valuados en más de 3,000 millones de pesos, más otras prestaciones difíciles de cuantificar, pero que podrían alcanzar varios cientos de millones de pesos, como son la exención del impuesto sobre la nómina por 10 años, los estudios de viabilidad del terreno, los incentivos adicionales para la planta de motores, el inmueble para el centro de capacitación, la condonación del 100% del impuesto predial por 10 años, el 80% del pago de traslado de dominio, el valor de las licencias de construcción, el de las autorizaciones ambientales, el costo de los exámenes médicos de los trabajadores y otros muchos beneficios.

Los alemanes han vivido sucesos especialmente trágicos y dolorosos como las derrotas que sufrieron en la primera y segunda guerras mundiales que los obligaron a firmar capitulaciones humillantes e inaceptables para terminar con los conflictos; por lo que deberían de ser compasivos y razonables en sus negociaciones con los potosinos que requieren urgentemente de sus fuentes de trabajo. Ya se les olvidó lo que es ser pobre y jodido. El Tratado de Versalles de 1919 que puso fin al conflicto bélico entre Alemania y los países aliados, estableció que los alemanes debían aceptar toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Se les desarmó, cedieron sus colonias e importantes superficies de su país a los vencedores, además de que tuvieron que pagar  exorbitantes indemnizaciones económicas que finalmente no pudieron cubrir y que provocaron la inflación y pobreza más severas de su historia.

La rendición incondicional de todas las fuerzas de tierra, mar y aire del alto mando militar del ejército nazi, firmada el 7 de mayo de 1945, para terminar con la masacre de la población y la destrucción total de sus ciudades tuvo consecuencias apocalípticas, como el desmembramiento de su territorio, el pago de cientos de miles de millones de dólares por concepto de indemnizaciones que los vencedores cobraron mediante el desmantelamiento y saqueo de lo que quedó de las fábricas, maquinaria, patentes y científicos que fueron trasladados a sus países. Parte de esas reparaciones fueron cubiertas mediante trabajos forzados en los que participaron más de 4 millones de prisioneros de guerra y civiles alemanes en condiciones infrahumanas. La población sufrió lo indecible como consecuencia de la venganza de los rusos. A los alemanes ya se les olvidó lo que es suscribir compromisos vergonzantes y desventajosos, como -guardando todas las proporciones- lo hicieron los representantes del gobierno de San Luis Potosí ante la necesidad apremiante de crear fuentes de trabajo y ante la desesperación del doctor  Fernando Toranzo que, en el ocaso de su mandato, le urgía presumir alguna obra o gestión importante con la que pudiera ser reconocido. Seguramente que el presidente Peña Nieto lo presionó o animó para no dejar que los alemanes se fueran a otro país, pues ninguna de las entidades que en un principio parecían estar interesadas en que la empresa se instalara en sus plazas aceptó las condiciones leoninas de la empresa. El monto de los ilegales incentivos y donativos ofrecidos provocarán una grave crisis en las finanzas gubernamentales, cuyo costo político y responsabilidades administrativas y hasta penales perseguirán al doctor Toranzo por muchos años. Es cierto que la BMW salvó a su administración de la mediocridad y parálisis que la caracterizaba y, aunque ya no le corresponderá inaugurarla, le servirá para promover a los candidatos de su partido una vez que se coloque la primera piedra que puede anunciarse en cualquier momento. Es muy importante aclarar que la inversión total y la generación de los 1,500 empleos directos están proyectados hasta finales del 2029, independientemente de que la fábrica inicie operaciones en el 2019, como está programado, si es que el gobierno del estado cumple con todas las condiciones.

No nos opondríamos a la instalación de la BMW en la entidad y a lo que ésta puede significar en la multiplicación de otras empresas proveedoras de bienes y servicios si no hubiera razones de peso para rechazarla. El convenio debe revisarse y renegociarse en otros términos: justos y apropiados a nuestro presupuesto. El principal problema es que no hay disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos, ni partida presupuestal autorizada. Se trata de un desembolso inaccesible a nuestra capacidad económica que tendrán que pagar -en gran medida- las siguientes administraciones, independientemente de que el convenio está sostenido con alfileres y puede cancelarse por cualquier motivo que alegue la empresa sin resarcir daños y pagar indemnizaciones. Basta con una simple notificación por escrito para abortarlo. No se midió el impacto que representa esa erogación para las finanzas públicas. Son más de 300 requisitos que tendrá que cumplir el gobierno para satisfacer sus exigencias. Es una operación en la que se violan disposiciones constitucionales como la prohibición de otorgar exenciones de impuestos municipales relacionados con la propiedad inmobiliaria y el hecho de no haberlo publicado en el Periódico Oficial del Estado, requisito sin el cual no le permite que entre en vigor. Además de que el gobernador del estado ha pretendido engañarnos al asegurar que no dejará compromisos financieros que afecten al erario público porque argumenta que el préstamo de los 750 millones de pesos que obtuvo "se pagará sólo". Dando a entender que con esa cantidad basta para cumplir con todas las obligaciones contraídas.


sábado, 10 de enero de 2015

No le fue tan mal


A la memoria de don Julio Scherer García, la conciencia crítica de México.

Por Eduardo Martínez Benavante

Todavía no se pueden evaluar los daños causados por la aprehensión, exhibición y consignación del alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona. Le pudo haber ido peor si le hubieran armado un expediente que lo vinculara con actividades del crimen organizado. Seguramente que no lo hicieron porque no le encontraron nada o lo que le tenían era demasiado endeble, no obstante que tuvieron más de dos años para investigar los graves señalamientos que existían sobre su persona, aunque el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, aclaró que se siguen realizando investigaciones para determinar si hay nexos con el narcotráfico.

Hasta después de la jornada electoral del primer domingo de junio se sabrá quiénes fueron los que se beneficiaron y quiénes los que salieron perdiendo con la eliminación de los Gallardo, padre e hijo, del escenario político de San Luis Potosí, quienes a través de programas asistenciales, oficio político y millones de pesos pagados a los medios de comunicación se colocaron como punteros en las preferencias del electorado, lo que obligó al PRI -que regresó al poder con todas sus vicios y mañas- a cortarles las piernas para detenerlos, coludido en esta ocasión con lo más perverso y negociador del PRD. No tengo el más mínimo interés en defenderlos, pero creo que es justo señalar que en un país democrático no se vale utilizar el aparato de procuración de justicia para eliminar a los adversarios políticos. Se equivocó el gobierno de Peña Nieto, así como el PRD, si creían que con la remisión de un pez chico a un penal de máxima seguridad iban a ganar credibilidad y respeto, si antes no lo hacían con los grandes capos de la política nacional como Arturo Montiel, Humberto Moreira, Carlos Romero Deschamps y muchos otros que en verdad han agraviado a los mexicanos.

En la encuesta externa que se practicó el pasado mes de diciembre a solicitud del Partido Acción Nacional para definir a su candidato a la gubernatura del estado, y en la que participaron 1,200 encuestados distribuidos en toda la entidad, se llegó a un empate técnico en las preferencias electorales entre Alejandro Zapata por el PAN, Juan Manuel Carreras por el PRI y Ricardo Gallardo Cardona por el PRD. Hasta hace poco era impensable que algún candidato de la izquierda se colocara en esa posición. Como alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el perredista Ricardo Gallardo Cardona obtenía a principios de diciembre pasado 75 puntos de opinión “buena y muy buena” entre los ciudadanos encuestados por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica. La oposición en ese municipio estaba anulada. No existían contrapesos. El gasto en múltiples programas asistenciales y eventos musicales y deportivos hizo que comenzaran a circular rumores sobre el posible uso de dinero ilícito, con el cual pretendía hacerse de suficiente capital político para controlar el partido, como finalmente lo logró.

Fue desconcertante que en el espacio de preguntas y respuestas que abrió el titular de la (AIC) después de que explicó en una rueda de prensa los motivos del arresto del perredista, las dudas de los periodistas asistentes se hayan desviado a otros temas. Sólo uno le formuló una pregunta insustancial relacionada con el arresto. Todos creíamos que se trataba de otro golpe espectacular en contra del crimen organizado, si no de las dimensiones del de "Chapo" Guzmán, si por lo menos de uno que mereciera la atención y seguimiento de la opinión pública nacional, por lo que no descarto que se haya llegado a una negociación en la que los soledenses se retiran de cualquier actividad política a cambio de que la presunta responsabilidad que se le imputa al alcalde con licencia quede reducida a una operación con recursos de procedencia ilícita por 209 millones de pesos.

Se requiere de mayor información para saber quién tiene la razón en las posiciones encontradas entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y las de la Auditoría Superior del Estado, porque el titular del organismo fiscalizador potosino asegura que no falta nada por justificar en la cuenta pública de Ricardo Gallardo y que todo está en regla, no obstante que la SHCP detectó operaciones financieras con “montos inusuales” de transferencias bancarias y con dinero en efectivo superiores a los 209 millones de pesos “presumiblemente con origen ilícito, que eran trianguladas a través de diversas cuentas para esconder su origen y su destino”. Las transferencias se registraron desde octubre de 2012, cuando se inició la administración gallardista, hasta agosto del año pasado. En la cuenta pública del 2012 las observaciones financieras que señaló el auditor Héctor Mayorga apenas rebasaron los 2 millones de pesos. En el 2013 las observaciones financieras de la cuenta pública municipal alcanzaron los 40 millones de pesos, correspondiendo casi 17 millones de pesos a pagos de servicios médicos a la Clínica de Especialidades Wong, S. A. de C. V., que hasta junio del 2014 no se habían justificado con la documentación correspondiente.

Resulta muy extraño el monto de las triangulaciones que señala la SHCP y que éstos provengan de la hacienda municipal porque existe un contrato de prestación de servicios médicos y farmacia que celebró el municipio con la Clínica, el cual, según el ente auditado, se preste o no el servicio, la empresa debe facturar la cantidad de 70 millones 543 mil pesos anuales. Si en el 2014 se renovó el contrato por un valor similar al anterior, resulta difícil de entender cómo es que, además de pagar por la prestación de los servicios médicos, haya habido excedentes por 209 millones de pesos, que según Hacienda se transfirieron a 13 empresas en las que participa la familia Gallardo, a menos que se haya utilizado a esa clínica como instrumento para lavar dinero proveniente de otros ingresos. Es muy probable que al avicultor se le dicte el lunes un auto de formal prisión por haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y alcance su libertad bajo fianza para seguir el juicio fuera de prisión, lo que implicaría la suspensión de sus derechos políticos y, por lo tanto, la cancelación de su participación como candidato para cualquier puesto de elección popular.