Después no vale quejarse

A la memoria del notario Alfonso Leal Varela, hombre íntegro

Por Eduardo Martínez Benavente

En un arranque de desahogo o sinceridad, el presidente municipal Mario García Valdez reconocióel pasado 3 de marzo, ante un grupo de empresarios con los que se reunió, que "literalmente el Ayuntamiento está quebrado" y que la alcaldía deberá pagar cuando menos 580 millones de pesos antes de que concluya el trienio. En el audio que ha sido ampliamente difundido advirtió que por falta de dinero no se realizarán más obras que las que corran a cargo de la federación y que las finanzas del gobierno del estado están en iguales condiciones que las suyas.

El candidato que resulte electo como presidente municipal queda advertido que recibirá un municipio en bancarrota y que su principal preocupación será la de administrar las penurias y pasivos que le dejen, por lo que cualquier queja con la que pretenda justificar su inoperancia y fracaso será inútil e inaceptable. El próximo alcalde debe saber que los proveedores ya no le surten al municipio a menos que pague por adelantado. Que los acreedores lo abruman todos los días exigiendo sus pagos. Debe saber que ya no es sujeto de crédito para contraer nuevos empréstitos. Debe saber que enfrentará una situación de desastre, y si no lo sabe es mejor que analice la dimensión y gravedad del problema para que más adelante no se lleve la sorpresa de su vida. También debe entender que ni la federación ni el gobierno del estado, ni nadie saldrá en su ayuda, y que su paso por el ayuntamiento será su tumba política y el causante de su desprestigio y rechazo social. Pero si alguno tiene la menor duda de que esto pueda ocurrir, le recomiendo que le pregunte al actual alcalde, a Victoria Labastida y al ex panista Jorge Lozano cómo les ha ido. Sólo un irresponsable, un soñador, un masoquista o un corrupto que quiera sacar provecho de las miserias que se administran podría aspirar a un cargo de tal naturaleza en estas condiciones.

Que útil sería para la credibilidad del proceso electoral y para que los electores contaran con elementos de peso para elegir a la mejor opción que los candidatos debatieran sobre la situación real del municipio analizando sus informes financieros y la enorme lista de pendientes y obligaciones que tienen encima, así como las limitaciones presupuestales a las que el alcalde tendrá que enfrentarse, en lugar de hacer falsas y rutinarias promesas de campaña. Que propusieran una solución justa a la ocupación de las plazas y vías públicas del centro histórico de la capital por parte del comercio informal. Alguien que nos informara cómo va el litigio en contra de Telmex y las posibilidades de recuperar el crédito fiscal por más de 100 millones de pesos a que fue condenada la empresa. ¿Cómo es posible que no hayan hecho efectivo el pago después de 3 años de que se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación dándole la razón al municipio?

Necesitamos un alcalde que le cobre a Aguas del Poniente, propiedad de Carlos Gerardo López Medina, los adeudos millonarios que le debe al municipio como contraprestación por la concesión del servicio de agua potable que usufructúa desde la administración de Jorge Lozano en una amplia zona del poniente de la ciudad. El 14% de lo que ha recibido le corresponde al municipio de la capital. ¿Cómo es posible que nadie lo haya tocado?

Necesitamos un presidente municipal que nos explique la situación jurídica que guardan los litigios derivados de las obras públicas inconclusas o mal terminadas, así como los pleitos en los que los constructores reclaman diferencias que no les han sido pagadas por sobreprecios, tardanzas o modificaciones de los trabajos que les encomendaron.

Necesitamos un presidente municipal con credibilidad y autoridad que ponga en orden tanta anarquía y nos informe si los fraccionadores del Gran Peñón cumplieron con todos los requisitos que señalan la leyes de la materia y si es legal que el excedente de la superficie de la amplia avenida proyectada sobre ese desarrollo inmobiliario se puede tomar como área de donación. Que nos diga si el Ayuntamiento sigue obligado a pagar el costo de la urbanización de la prolongación de la avenida Chapultepec hasta al pie del condominio Monterra, como se estableció en el contrato que celebró con esa empresa cuando se le adjudicó el inmueble en un remate abusivo e ilegal.

Los candidatos deberían revisar el contrato para el servicio de cambio y mantenimiento de las más de 47 mil luminarias de la ciudad que en una licitación amañada se le adjudicó a Panavi, único participante sobre el que recaen duras críticas por la calidad de sus productos (notas: A, B, C, D y E). La empresa se obligó a instalarlas antes del 10 de julio. Se trata de un convenio en el que sólo se destacan las bondades de la operación como es el ahorro de hasta un 50% de la factura que paga el Ayuntamiento a la Comisión Federal de Electricidad. Es un compromiso que supera los más de 1,300 millones de pesos que se cubrirán durante los próximos 15 años, en el que el municipio aceptó pagar a Panavi la totalidad del saldo insoluto si por cualquier causa incumple el contrato.

Ahora es la oportunidad para revisar si Industrial Minera México cumplió con el pago del impuesto por el cambio de uso de suelo de industrial a habitacional y comercial, y si cedió el 15% de la superficie vendible a que tiene derecho el municipio. No pueden autorizarle la construcción de ninguna obra si antes no acredita que cumplió con todas las normas ambientales para el saneamiento y recuperación del vasto terreno contaminado sobre el que se asentaba la vieja planta de cobre de la Asarco.

No me cabe la menor duda que en el proceso de entrega recepción le ocultarán o minimizarán al receptor algunos pasivos y compromisos que después irá descubriendo o dimensionando. El próximo presidente municipal debe saber que la única manera de salir de la crisis es cobrando a los principales deudores delimpuesto predial los cientos de millones de pesos que adeudan, y reclamando o negociando las áreas de donación que le han escatimado los constructores y fraccionadores a los que se les han autorizado lucrativos negocios inmobiliarios; aunque, para nuestra desgracia, creo que ninguno de los candidatos viables a la presidencia municipal tiene el valor y coraje suficientes para enfrentarse con todo en contra de estos evasores.

Apetito inmobiliario

Por Eduardo Martínez Benavente

No es satisfactoria la aclaración que hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que ni él, ni su cónyuge, ni ninguno de sus familiares es o ha sido dueño de alguna de las dos fincas ubicadas en una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de México -que según la revista Proceso "hizo suyas"- porque calla en su réplica una serie de circunstancias fundamentales que tenía la obligación de aclarar si es que le interesa quedar libre de sospechas y en condiciones de aspirar a la presidencia de la República en el 2018. De acuerdo a las conclusiones difundidas hace ocho días por el semanario, se pudo haber incurrido en actos que implican conflictos de interés porque el propietario es un contratista que se ha visto beneficiado con la obra pública gubernamental del estado Hidalgo desde que el encargado de la política interior del país fue gobernador de esa entidad.

Pero tampoco son exactos los señalamientos que denuncia la publicación que fundó don Julio Scherer en 1976, por lo menos, en la parte relativa a que el inmueble es propiedad de la señora de Osorio Chong. La investigación requiere de precisiones y correcciones para que se ajuste exactamente a la verdad de los hechos. Los periodistas que firmaron el reportaje, Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa, debieron ser más cuidadosos en la búsqueda de la información y más meticulosos en la redacción. El medio para evitar caer en las inexactitudes es único e infalible: no publicar nombres, datos, cifras, números, frases, afirmaciones si sobre ellos cabe alguna duda. No entendieron ni consultaron los alcances y consecuencias legales del primer aviso preventivo que presentó el notario público número 19 de Pachuca, Hidalgo al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, comunicando la intención de la esposa del hidalguense de celebrar un contrato de compraventa con un crédito hipotecario para la adquisición del inmueble ubicado en Paseo de las Palmas 1380 de las Lomas de Chapultepec, cerca de la polémica Casa Blanca, propiedad de la esposa del presidente.

Es falso que la mujer del secretario haya adquirido la propiedad del inmueble, como lo asegura Proceso en el tercero y décimo párrafos del reportaje, aunque es cierto que el secretario y su familia ocupan la finca como inquilinos desde julio de 2014, sin que ninguna de las partes haya exhibido el contrato y acreditado con comprobantes fiscales el importe que se cubre por este concepto. Los números que maneja Proceso son meras especulaciones. Con anterioridad, el mismo arrendador -que ha sido su proveedor inmobiliario- les dio en arrendamiento otra casa ubicada por el mismo rumbo que habitaron desde agosto de 2011 a junio de 2014. No me extrañaría que las hayan ocupado gratuitamente o bien, le hayan pagado una renta muy por debajo de lo que corresponde. Mientras que no se dé a conocer toda la información seguirán siendo operaciones sospechosas que pueden estar relacionadas con el pago de favores recibidos.

Creo que el primer aviso preventivo que presentó el notario el pasado 29 de mayo para bloquear la inscripción mediante una anotación marginal y continuar con los trámites notariales los confundió y creyeron que la operación se había concretado. Sin embargo, el primer aviso dejó de tener vigencia 10 meses antes de que se publicara el reportaje y el segundo aviso preventivo no se presentó dentro del plazo que marca la ley porque no se firmó la escritura. De haberse firmado, el notario tenía la obligación de indicar la fecha en que esto ocurrió y el número del instrumento que le correspondió. Pero si el notario presentó el primer aviso preventivo al Registro Público de la Propiedad es porque tenía el expediente con la documentación necesaria para protocolizar la compraventa y el crédito hipotecario; y lo más importante, tenía la anuencia de las partes para formalizar los contratos porque previamente habían acordado el precio y condiciones de la transacción. El secretario de gobernación está obligado a explicarnos el motivo por el que abortó la operación. Puede haber sucedido que alguien le haya advertido que el equipo de Carmen Aristegui estaba investigando la compra de la casa de la señora Angélica Rivera, ya que las pesquisas se habían iniciado varios meses antes de que estallara el escándalo, y entonces decidió cancelar o suspender la adquisición para no verse involucrado en un lío similar al de la pareja presidencial, al de Luis Videgaray y al de los otros personajes de la elite gubernamental que, como él, nunca serán investigados ni sancionados.

Osorio Chong tenía que haber justificado que sus ingresos y los de su esposa eran suficientes para cubrir el importe de las mensualidades del crédito hipotecario que se le autorizó, así como de todos los demás gastos que origina su alta posición socio económica. Es muy probable que el préstamo que se le concedió haya andado por los 40 millones de pesos ya que el inmueble que se iba a dar en garantía, según el avalúo que ordenó Proceso, tiene un valor aproximado a los 50 millones de pesos,. En estas condiciones tendría que haber pagado al banco la  cantidad de 400 mil pesos mensuales durante 10 años por concepto de intereses y abono a capital. Como secretario de Gobernación su salario y demás prestaciones en efectivo no llegan a los 140 mil pesos mensuales. Su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, como directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibe un ingreso mayor al de su cónyuge que suma entre salario y compensaciones casi 190 mil pesos. Sus ingresos como servidores públicos no alcanzarían a cubrir las amortizaciones bancarias a menos que tuvieron otros ingresos que no se revelan en su declaración patrimonial. Osorio elude el dato principal de este conflicto que es la relación que ha tenido con el empresario hidalguense desde hace varios años y que corresponde al patrón de conducta o sello de la casa que caracteriza a varios de los funcionarios más próximos al presidente.

¿Por qué Gallardo... ?

Por Eduardo Martínez Benavene

Tuvo que haber existido una negociación entre la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y las dirigencias nacionales del PRI, PRD y Partido del Trabajo para permitir que Ricardo Gallardo Juárez participara como candidato a la presidencia municipal de la capital potosina por estos dos últimos partidos sin que fuera impugnado o amenazado. No concibo que el ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, a pesar de la vulnerabilidad de su situación personal y del estado de ánimo que seguramente lo aflige por el encarcelamiento de su hijo en una prisión de máxima seguridad, se haya animado a contender en una elección que sabe que va a perder y que la mayor parte de los recursos que se destinen provendrán de su bolsillo; si no recibió a cambio la promesa de la pronta excarcelación de su vástago que puede ocurrir este mismo año y la garantía de que no se investigará más si hubo nexos con el crimen organizado, como no lo descartó el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, cuando anunció en una rueda de prensa la detención de su hijo. Por otro parte es una incongruencia que las ordenes de aprensión no se hayan extendido a todas las personas que señaló la PGR como probables responsables o implicados en el delito de utilización de recursos de procedencia ilícita mediante una triangulación financiera que es la falta por la que se procesa al  alcalde con licencia.  

No me extrañaría que en el paquete de arreglos políticos que celebraron se haya incluido también el compromiso de trasladarlo a una prisión menos severa y más cercana a la entidad. El interés que creo que movió a los dirigentes del partido en el gobierno para instrumentar una estrategia de esta naturaleza es el de restarle votos al candidato del PAN con la participación electoral del empresario soledense ante el temor fundado de que su abanderado a la alcaldía municipal, Manuel Lozano Nieto, pierda con mucho la elección contra Xavier Azuara Zúñiga. Saben que su candidato no repunta ni repuntará pues arrastra el lastre y desprestigio de las dos últimas administraciones municipales y la mala imagen del presidente Enrique Peña Nieto. Es evidente el derrumbe en la percepción de la figura presidencial. La evaluación de su desempeño es reprobatorio. Sólo el 39% de la población lo avala. Los abusos de la cónyuge e hijo del gobernador del estado que han salido a flote en los últimos días también dañan la imagen de los candidatos del PRI y contribuyen a su derrota.

Los priistas saben que el voto duro que controlan es insuficiente para derrotar al ex director del Instituto Potosino de la Juventud, estrechamente vinculado al ex gobernador Marcelo de los Santos y dos veces diputado. Calculan que el margen de acción para imponer a su candidato mediante un fraude electoral es muy limitado en la zona urbana de la capital. Presienten que la mayoría de los electores indecisos, así como los que rara vez salen a votar lo harán principalmente por el candidato de Acción Nacional. Por eso es el interés de presentar una opción distinta a estos grupos de electores. Una opción que para muchos de ellos resulta atractiva y viable porque las autoridades se han encargado convertirlo en una víctima de los excesos del poder; independientemente de los millones de pesos que se han gastado en promover su imagen y los programas asistenciales con los que se ha beneficiado a miles de personas. De tal manera que lo han elevado a la categoría de un político exitoso y trabajador que ha dado buenos resultados y que es ampliamente conocido. El proselitismo político de Gallardo Juárez en la capital potosina en busca de la alcaldía viene desarrollándose desde hace casi dos años a través de visitas domiciliarias. Durante este tiempo se ha reunido con miles de potosinos para darse a conocer y plantear sus compromisos como si estuviera en plena campaña por la presidencia municipal. Ahora, el motivo de su participación es restarle votos al candidato del PAN dividiendo la votación, de por sí fraccionada entre los nueve candidatos registrados. Entre más se divida el voto, más posibilidades tiene el candidato del PRI de alzarse con la victoria pues la infraestructura y organización de su partido, así como la capacidad de movilizar a sus simpatizantes durante la jornada electoral es muy superior a lo que pueden hacer los activistas de Acción Nacional. El abstencionismo también favorece al PRI. 

Un elemento que viene a fortalecer mi tesis de la negociación cupular es la pasividad de los medios de comunicación que no han cuestionado el registro de un candidato que según la versión de la PGR está vinculado como padre y cónyuge con los accionista o administradores de las 13 sociedades que se beneficiaron con los recursos públicos que se desviaron a través de una triangulación que se llevó a cabo entre el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la Clínica de Especialidades Wong y estas empresas. La PGR reveló que las transferencias se registraron desde octubre de 2012, cuando se inició la última administración perredista, hasta agosto del año pasado. La SHCP detectó operaciones financieras con “montos inusuales” de transferencias bancarias y con dinero en efectivo superiores a los 209 millones de pesos “presumiblemente con origen ilícito, que eran trianguladas a través de diversas cuentas para esconder su origen y su destino”. 

Es inocultable la línea editorial de la mayoría de los medios de comunicación que tienen una tendencia favorable a los candidatos del PRI. No tengo la menor duda que el PRD y su candidato a la presidencia municipal de la capital sumarán en esta coyuntura un número de votos -no mayor del 14%- que nunca antes habían obtenido en la capital potosina, pues en la elección del 2009 sacaron el 7.07% de la votación y en el 2012 el 7.06%; y así todos contentos, menos los panistas que se podrían llevar una desagradable sorpresa si no se les ocurre algo inteligente para contrarrestar esta candidatura. 

¿Vuelta a la izquierda?

Por Eduardo Martínez Benavente

La beatificación de monseñor Oscar Romero, quien fuera arzobispo de San Salvador, asesinado en plena misa por un francotirador a sueldo el 24 de marzo de 1980, mientras consagraba el pan y el vino, tendrá lugar el próximo 23 de mayo en la capilla del Hospital de Nuestra Señora de la Providencia, sitio en el que fue ejecutado. El Romano Pontífice firmó el decreto en el que lo califica como mártir in odium fidei (en odio a la fe), por lo que podrá ser beatificado sin la necesidad de un milagro. El asesino cumplía órdenes de Roberto D' Aubuisson, comandante de un escuadrón de ultraderecha que acusaba públicamente al prelado de agitador y subversivo. 

Este reconocimiento que tiene un claro trasfondo político nos llena de alegría y satisfacción a millones de creyentes y no creyentes -a los que hace 35 años nos conmocionó el magnicidio- porque consideramos que se trata de un acto de justicia con el que Papa Francisco reivindica a aquellos sectores progresistas de la Iglesia Católica que fueron satanizados y valora la opción preferencial y solidaria por los pobres como un instrumento al que tantos le dedicaron lo mejor de sus vidas. Después de varias décadas en las que los grupos más conservadores de la Iglesia se dieron a la tarea de excluir de la jerarquía eclesiástica a los sacerdotes identificados con esta corriente, salvo algunos clérigos que lograron escalar posiciones relevantes como don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca; don Arturo Lona Reyes, conocido como el obispo de los pobres de Tehuantepec; don Samuel Ruíz y don Raúl Vera, obispos de San Cristóbal de las Casas, este último ahora obispo de la diócesis de Saltillo, renace la esperanza de que el grupo de luchadores sociales que sobrevive salgan del aislamiento al que han sido relegados y le den a la Iglesia una orientación de acuerdo al verdadero cristianismo.

De 1977 a 1980, el que ahora es proclamado como San Romero de América dirigió la diócesis de la capital salvadoreña poniendo en peligro su vida en múltiples ocasiones para defender los valores morales de la justicia, la paz y la convivencia en un país en el que la vida y la dignidad poco valían y la mayoría del pueblo sufrían la pobreza y marginación social. Denunció la concentración de la riqueza en manos de unas cuantas familias que mantenían al pueblo en un régimen de esclavitud.  Criticó severamente la alianza entre los poderes político, económico y militar, y el apoyo de Estados Unidos a dichos poderes para masacrar al pueblo salvadoreño. Buscó caminos de reconciliación a través de la negociación y de la no violencia activa. Con su testimonio y su estilo de vida anticipó la utopía de otro mundo posible sin violencia ni opresión política, sin desigualdad social ni corrupción, ni explotación económica, ni imperialismo, ni militarismo. El pueblo salvadoreño lo reconoció como santo y mártir desde el mismo día de su asesinato. La Iglesia Anglicana lo incluyó en su santoral y es uno de los diez mártires del siglo XX representados en las estatuas de la Abadía de Westminster. El Vaticano, sin embargo, tardó 35 años en reconocerlo. Juan Pablo II censuró en reiteradas ocasiones la actuación pastoral de monseñor Romero por considerarla más política que religiosa y porque le hicieron creer que había permitido la infiltración del marxismo en la Iglesia salvadoreña. Es comprensible la actitud del polaco por provenir de un país que había sufrido la opresión y cancelación de todas las libertades, primero con los nazis que invadieron su patria e inmediatamente después con los rusos que implantaron el comunismo. Nadie mejor que él sabía lo que era padecer regímenes totalitarios y bárbaros. Por eso su tenaz oposición a cualquier intento de darle cabida a movimientos de esa naturaleza.

Por otra parte, es muy lamentable que la arquidiócesis de San Luis Potosí pase por uno de los peores momentos de su historia. Las conductas pederastas y de abuso sexual que se imputan a varios de sus miembros han dañado gravemente el prestigio y credibilidad de la institución; y sus dirigentes no han sabido cómo atajar las embestidas. Los arzobispos seguirán siendo víctimas de las críticas e maledicencias mientras no comparezcan ante la Procuraduría General de Justicia a deslindar sus responsabilidades por los casos en que se les involucra como encubridores. No me queda claro si ya fueron citados a declarar. No sé si alguien sepa quién es el autor intelectual y financiero de los espectaculares que ponen y quitan de inmediato en la zona poniente de la ciudad recordándonos las tropelías del ex cura Eduardo Córdoba, que según informes de la PGJE suman ya 19 acusaciones. En las dos últimas publicaciones se denuncia también la presunta responsabilidad de sus superiores por haberlo solapado exhibiendo sus fotografías. La Comisión vaticana para la protección de los menores ha recomendado que aquellos con "cargos de responsabilidad" dentro de la Iglesia respondan de los abusos sexuales a menores cometidos por sus subordinados. Con lo que se intenta luchar contra el encubrimiento de la pederastia en las diócesis. 

Hace unos días me revelaba un sacerdote que admiro y respeto que la Iglesia potosina vivía una relación tensa y muy difícil con el gobierno de Fernando Toranzo por los procesos penales que se siguen en contra de los sacerdotes José de Jesús Cruz Rodríguez, ex párroco de Nuestra Señora de Fátima de la colonia 21 de marzo de la capital; y Guillermo Gil Torres, ex párroco del templo de Santa Rosa de Lima de Soledad de Graciano Sánchez, confinados en la cárcel distrital de La Pila. Consideraba que en los dos casos se les había dictado auto de formal prisión sin evidencias sólidas y contundentes por lo que se sentían agraviados. En esa ocasión le reconocía los servicios que presta la Iglesia potosina a través de Caritas y del padre Rubén Pérez Ortiz a miles de migrantes que atienden gratuitamente en la Casa del Migrante, principalmente a  jóvenes centroamericanos.

Fue la Mafia

Por Eduardo Martínez Benavente

No me cabe la menor duda que los operadores del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron los que urdieron el golpe que sacó del aire a una de las voces más críticas y con mayor credibilidad de los medios masivos de comunicación en el país. Una voz incómoda e incriminatoria que en muchas ocasiones puso en jaque a los gobernantes exhibiendo sus corruptelas y que se confabularon hasta hacerla desaparecer. Carmen Artistegui, Proceso, Reforma y el diario digital Sinembargo, entre otros, le han inferido más daño a la figura presidencial que todos los partidos y diputados de oposición juntos, a tal grado que se han convertido en el principal contrapeso del poder en México. La pérdida de la conductora de MVS Radio es enorme y lamentable para la mayoría de los mexicanos. Difícilmente la volveremos a escuchar en los noticieros radiofónicos de más resonancia en el territorio nacional. Impensable que vuelva a tener la libertad de un espacio propio con esa cobertura pues a ninguno de los grandes concesionarios les conviene confrontarse con el presidente. Los intereses que tienen que proteger y la publicidad que emana del erario son asuntos prioritarios para ellos. Su ausencia nos ha dejado una sensación de orfandad, enojo e indignación.

Carmen Aristegui puede convertirse en un ícono de la libertad de expresión capaz de convocar a millones de mexicanos si no se equivoca en las estrategias que está implementando. Creo que rechazará cualquier invitación que le hagan los partidos para participar como candidata a un puesto de elección popular. Su capital político y valores no puede arriesgarlos en mezquindades y una mujer inteligente y astuta como ella no caería en esas tentaciones. Creo que tampoco aceptaría presentarse en los espacios que varias universidades o radiodifusoras le han ofrecido. Son muy pequeños para su tamaño. El castigo que sufrió la periodista es comparable al que padeció don Julio Scherer cuando lo eliminaron de la dirección de Excélsior durante el sexenio de Luis Echeverría. En aquella ocasión como en esta quisieron reducir el conflicto a una diferencia laboral entre particulares.

Si todo esto se resumiera a un simple pleito entre la empresa y la periodista como nos lo han querido hacer creer, en el que el único objetivo fuera el de dar por terminada la relación laboral con la insubordinada, estoy seguro que el gobierno de Peña Nieto le habría ordenado a los concesionarios de MVS que ni se les ocurriera despedirla pues con esa acción desatarían a los demonios; y propios y extraños le echarían la culpa al gobierno. No calcularon bien el costo político que conllevaría el despido de Aristegui ni la respuesta nacional e internacional -nunca antes vista en México- que ha surgido en apoyo de la periodista. El caso ha polarizado a los mexicanos que desde las redes sociales y cientos de notas periodísticas y columnas se han pronunciado a favor o en contra de la señora. Creo que la sola presencia de Carmen Aristegui en cualquier foro o manifestación tendrá una concurrencia e interés inusitados, siempre y cuando sea muy selectiva con las invitaciones y no se desgaste. El único compromiso que la conductora de radio y televisión ha asumido es el de seguir dando la batalla por la libertad de expresión acudiendo a las instancias judiciales.

El gobierno debió sopesar el valor que significa para muchos ciudadanos el simple hecho de escuchar a Aristegui como una vía de reducción de tensiones o válvula de escape a sus inconformidades antes de ordenar su cese. El último esfuerzo por regresar a la empresa con su equipo, sin más ni menos de lo que contaba antes de ser despedida, resultó infructuoso. La suerte estaba echada. Las limitaciones que los directivos de MVS le querían imponer eran humillantes e inaceptables. Prefirieron acabar con el noticiero de más difusión e influencia del país que reinstalar a la también conductora de CNN en Español; y para que no nos quede la menor duda sobre la autoría del gobierno de Peña Nieto en este atraco es indispensable reproducir algunos comentarios del reconocido periodista Alvaro Delgado de la revista Proceso,  quien asegura que "pocos se enteraron porque Carmen Aristegui no lo denunció, pero la investigación de su equipo sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no se difundió nunca en MVS por una razón de poder: Por censura directa de los dueños de la empresa, sometidos por la Presidencia de la República. Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, advirtió a Aristegui que si difundía el reportaje de su unidad de investigación, coordinada por Daniel Lizárraga, serían despedidos ella y todo su equipo. Por eso, el domingo 9 de noviembre sólo se publicó en la página de Internet de Aristegui Noticias y en la revista Proceso. El lunes 10, en la Primera Emisión de MVS Noticias, Aristegui habló de la investigación subrayando que se dio a conocer en esos medios, y así lo discutió su mesa de análisis, pero no la transmitió íntegra, ni siquiera fragmentos e ignoraron el tema, lo mismo que los conductores Luis Cárdenas y Ezra Shabot, que sólo reprodujeron posteriormente las reacciones oficiales".

Muchos potosinos recordamos a Carmen con especial afecto por su participación en el foro con el que se conmemoró hace menos de un año el centenario del nacimiento del doctor Salvador Nava. Diversos asuntos de interés local han alcanzado dimensión nacional gracias a la atención que les ha prestado, como es la destrucción de Cerro San Pedro por la Minera San Xavier; la desproporcionada multa e inhabilitación del ex gobernador Marcelo de los Santos impuestas por la Contraloría General del gobierno estatal; el injusto encarcelamiento de la ex vocera del gobierno panista, María Luisa Paulín, la riña en la cárcel de La Pila que registró 13 muertos y 65 heridos ocurrida hace menos de dos años; los abusos sexuales a menores cometidos por el padre Córdoba y el encubrimiento de sus superiores, entre otros acontecimientos que son de nuestro interés.

¡Ni a cuál irle!

Por Eduardo Martínez Benavente

Me atrevo a pronosticar que el próximo 7 de junio más del 55 por ciento de los electores se abstendrán de votar o, simplemente, anularán su voto. En el 2003 participaron 644 mil 389 ciudadanos para elegir al gobernador del estado. Esta cifra representó el 44.9% del listado nominal a la que habría que restarle el 2.88% de las boletas que se anularon.  En el 2009 sufragaron 959 mil 949 electores que correspondió al 55.1% del listado. Los votos nulos en esa ocasión sumaron el 4.05% de la votación emitida. Nunca antes habíamos visto tanta apatía para renovar al titular del Poder Ejecutivo como en el proceso electoral que está en marcha. Las campañas no prenden y los potosinos, como el resto de los mexicanos, estamos hastiados de la clase política. Ninguna de las opciones convence. Ningún candidato tiene la menor idea de cómo resolver el principal problema del gobierno que en estos momentos es el saneamiento de las finanzas públicas que están en quiebra. La suma de los pasivos supera los 15 mil millones de pesos y el irresponsable candidato del PRI anuncia obras y programas todos los días como si estuviéramos en Jauja. Ni siquiera se atreve a explicar los compromisos que suscribió en representación del gobierno del estado para la instalación de la BMW en la entidad. Él los conoce y los tiene cuantificados. Y como nos advierten los maestros de telesecundaria: "Si Carreras no pudo con la Secretaría de Educación, menos podrá con el Gobierno del Estado", refiriéndose a que no les cumplió con el pago de las pensiones que les adeudan, a lo que se comprometió mediante un convenio que suscribió cuando era titular de esa Secretaría.

Si la ahora angustiada candidata de Acción Nacional no sabe cómo resolver un apuro menor como el que provocó con su publicidad al exhibirse con una pinta irreconocible y fraudulenta que no corresponde a sus facciones ni edad, ya nos podremos imaginar el patatús que le va a dar cuando tenga que afrontar los innumerables y graves problemas de un gobierno estatal si se convierte en la sustituta de Toranzo. Con todo respeto, pero creo que a la señora le quedaría grande hasta la presidencia municipal de su lugar de origen. Su soberbia y el de sus asesores no les permite reconocer el error, pedir perdón y retirar de inmediato la fotografía en la que no nada más le desaparecieron "algunas arruguitas", si no la transformaron en otra persona.

Los verdaderos amigos del candidato del PRD, los que realmente lo estiman, deben convencerlo de que no tiene capacidad para gobernar el estado. Que las funciones de un gobernador son muy distintas a las de un tendero en un mostrador y que los rufianes del partido que hasta hace poco sirvió nunca le permitirán alzarse con la gubernatura aunque obtenga la mayoría de votos. Alguien debería explicarle que cometió un grave error en el multitudinario mitin que celebró hace una semana en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, al haber hecho apología de un presunto delincuente cuando en un arranque de demagogia prometió que gobernaría con "gallardía", en alusión a la frase que caracterizó a Ricardo Gallardo; y que debió impedir que el cínico presidente nacional del partido que lo postuló, Carlos Navarrete, se subiera al estrado con él y aprovechara la ocasión para  mandarle un mensaje de solidaridad y un abrazo fraternal al joven alcalde que está en una cárcel de máxima seguridad, cuando fue el perredista el que promovió ante las autoridades que se le investigara, ya que con esta medida pretendía ganar simpatías y lavarle la cara a su partido después de la masacre de Ayotzinapa.

Los contendientes se han dividido en tres categorías. En la primera división se encuentran, por orden alfabético, Juan Manuel Carreras, Sonia Mendoza Díaz y Fernando Pérez Espinosa. Es previsible que en los debates y foros que se organicen sólo inviten a estos tres y excluyan al resto de los aspirantes. Eventos de esta naturaleza con siete participantes serían inútiles y fastidiosos porque en 90 minutos no podrían responder a todas las preguntas que se les formularan, ni presentar un programa de gobierno y menos tendrían tiempo para debatir. Estamos inmersos en una contienda injusta y desigual pues la candidata del PAN tiene autorizado un tope máximo de gastos por 18 millones 865 mil pesos; el del PRI por 17 millones 850 mil pesos y el del PRD por 9 millones 469 mil pesos. En ningún caso se podrán sumar los montos autorizados de los otros partidos que los postulan. La mitad de los recursos debe provenir del financiamiento público y el resto de los particulares. Estamos ciertos que ninguno de los tres respetará los límites y se excederán con mucho de esas cantidades. La segunda división la integran Eugenio Govea por el Movimiento Ciudadano (MC) y Sergio Serrano por Morena. Su objetivo y posibilidades es alcanzar el 3 por ciento de la votación para conservar el registro y demás beneficios. En la tercera división se hayan Arturo Arriaga Macías, por el Partido Encuentro Social (PES) y Aniceto Becerra Dueñas, por el Partido Humanista (PH), que juntos no sumarán ni medio punto porcentual.

Eugenio Govea puede tirar a la basura hasta 5 millones 367 mil pesos. A los candidatos de Morena, PH y PES se les fijó un tope de 2 millones 154 mil pesos a cada uno que no creo que puedan reunir. Los candidatos viables son los únicos que reciben aportaciones de particulares, principalmente de aquellas personas interesadas en recuperarlas con creces una vez que su inversión llegue al poder. Las otras opciones si no hacen algo espectacular pasarán inadvertidas en un mar de carteles, espectaculares y espacios publicitarios en radio, televisión y medios impresos de sus contrincantes. Para navegar contra la corriente hay que ser muy creativos para hacerse notar. Existen tantas manera de llamar la atención que les recomendaría revisar algunas experiencias electorales que con muy poco dinero han podido revertir las encuestas y hasta marcar la pauta a los otros candidatos. 

Para distraer al pueblo

Por Eduardo Martínez Benavente

El ceremonial que interpretan las casas reales europeas con sus célebres invitados producen una gran fascinación entre la mayoría de las personas, y los mexicanos no somos la excepción. Los escándalos y eventos sociales de los miembros de la nobleza son materia de atención universal. El glamour y la historia que los rodea es seductor. Y los ingleses -hay que reconocerlo- son los más diestros en estas tareas. No sabemos si todavía pesa sobre nosotros algún remanente de aquel "Derecho Divino de los Reyes", que por siglos nos inculcaron, en el que el monarca sólo era responsable ante él y sólo debía responder por sus acciones ante Dios. Los poderes de la monarquía inglesa siguen siendo muy amplios, pero ni remotamente absolutos. La constitución no codificada del Reino Unido establece que el poder político es ejercido en última instancia por el Parlamento. Las cadenas de televisión del país con cobertura nacional, así como el resto de la prensa se encargaron de difundir todos los pormenores de la visita de estado que esta semana realizó la familia presidencial que calificaron como un evento único y exitoso. Su principal cometido era distraer la atención nacional de los problemas que en verdad nos deben preocupar a los mexicanos. Mientras tanto, los homicidios, los robos, los secuestros y las extorsiones siguen ocurriendo en todas partes. La visita presidencial y las aprehensiones de dos importantes delincuentes que pronto serán sustituidos por otros de igual o peor calaña han relegado la crisis económica y las violaciones graves a los derechos humanos a un plano irrelevante. Es el momento de valorar la popularidad del presidente Peña Nieto que en el mes de febrero cayó por debajo de los 25 puntos porcentuales. Sólo así sabremos cuántos ciudadanos se dejaron manipular por estas acciones de distracción que sólo buscan desmovilizar la protesta ciudadana y desarticular la presión internacional.

Al parejo de la reina más longeva y rica del mundo, Peña Nieto se atrevió a romper las normas protocolarias que prohíben establecer contacto físico con ella y la tomó del brazo como galán de telenovela para ayudarla a subirse a la carroza real. Nada comparable con el intento del presidente venezolano Hugo Chávez, que en un arranque de familiaridad caribeña quiso abrazar a la reina de Inglaterra y probablemente besar, quien hábilmente guardó su distancia y se echó uno o dos pasos atrás para evitar que el mastodonte la aplastara. Las normas de los actos públicos establecen que la única manera como un plebeyo puede tener contacto con cualquier miembro de la realeza británica, es para que le tienda la mano, y en este caso el movimiento debe ser rápido y leve. Son banalidades y pecata minuta pero cuentan en una visita en la que a los ingleses sólo les interesa que el gobierno mexicano les garantice los mejores sitios y condiciones para extraer y comercializar nuestro petróleo. Como también apreciamos no haberlo escuchado hablar en su balbuciente inglés. Finalmente entendió que lo que natura no da, en su caso, ni Cambridge presta.

Se trata de la segunda aparición en público de la señora Angélica Rivera que estuvo "guardada" durante varios meses después del escándalo que protagonizó con motivo de la adquisición de la residencia de Las Lomas de Chapultepec y su inadmisible justificación. En su paseo por la pérfida Albión fueron acompañados de una numerosa comitiva, cuyo número exacto e identidades no se ha dado a conocer, pero se calcula en más de 200 personas, entre familiares, funcionarios, empresarios, periodistas, sirvientes y guaruras que viajaron a Europa con todo pagado por el erario público. El costo del derroche presidencial tampoco lo han dado a conocer, y si algún día sueltan alguna cifra, estoy seguro que no incluirá todos los gastos que realizaron. El diario Reforma revela que sólo dos de los vestidos que lució la ex actriz en las cenas de gala, un Valentino y un Alexander Mc Queen tuvieron un costo de más de 100 mil pesos. No sabemos si el traje de etiqueta que le enfundaron a Miguel Barbosa, el desaliñado perredista que preside la mesa directiva de la Cámara de Senadores, corrió también por cuenta de los contribuyentes. Por poco les toca estrenar el nuevo avión presidencial que ya en México lo tuvieron que regresar a los talleres en el que lo ensamblaron para adaptarle un sofisticado sistema de seguridad fabricado por un equipo de técnicos israelíes. Es un Boeing 787 Dreamliner que está considerado como un palacio volante con un valor de 580 millones de dólares. Algo así como 8 mil 700 millones de pesos para que las sentaderas del presidente y su séquito de gorrones descansen cómodas y seguras.

Al mismo tiempo, en Uruguay, José Mujica en un ceremonia popular y republicana celebrada en la Plaza de la Independencia dejaba la presidencia en medio del reconocimiento y cariño de la mayoría de su pueblo, así como de millones de personas alrededor del mundo que admiramos su austeridad y congruencia. Terminaba su segundo y último período. Mujica liderará en el Parlamento la bancada del Movimiento de Participación Popular, una coalición que reúne un amplio espectro de partidos y grupos de izquierda, que lo llevó a él y a su sucesor a ocupar la silla presidencial. El ex guerrillero será recordado por sus ideas y proyectos. Vale la pena reproducir algunos de los fragmentos de su última intervención:  [Seguimos vivos] mucho más humildes y republicanos porque nos quedó incrustado que nadie es más que nadie”. Sobrios, sin ser ascetas, livianos de equipaje para tener la mayor cantidad de tiempo libre y volcarlo socialmente”. Al cabo de tanto trajín supimos que la lucha que se pierde es la que se abandona pero también, querido pueblo, saber que no hay ningún final sino el camino mismo”. Querido pueblo, gracias por tus abrazos, gracias por tus críticas, por tu cariño y sobre todo por tu hondo compañerismo cada una de las veces que me sentí solo en el medio de la presidencia”. Si tuviera dos vidas, las gastaría enteras para ayudar a tus luchas”. No me voy, estoy llegando. Me iré con el último aliento y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo".