Secretos mal guardados

Por Eduardo Martínez Benavente

Todo indica que la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) resolvió el recurso de queja que le presentamos hace más de 15 meses para que le ordenara al Gobierno del Estado a transparentar la información relativa al convenio que celebró con la BMW, conforme o de acuerdo a las instrucciones que recibió por parte de los operadores del gobernador Juan Manuel Carreras, por lo que la información oficial seguirá siendo un secreto arbitrariamente guardado; y los montos e incentivos otorgados a la empresa, que suman más de 3 mil millones de pesos, serán dados a conocer hasta el 2021. Al gasto anterior habría que agregarle una serie de apoyos difíciles de cuantificar, como es la condonación del impuesto sobre la nómina por 10 años, el 80 % del Impuesto Predial y el de Adquisición de Inmuebles, el valor de las licencias de construcción y las autorizaciones municipales y ambientales, entre otros. Así como los incentivos adicionales para la planta de motores y otros gastos que podrían sumar decenas de millones de pesos.  Me atrevo a asegurar que el proyecto de la resolución emitida por la CEGAIP, y que nos fue notificada el pasado 15 de diciembre, no fue elaborado por los proyectistas de ese organismo, sino por un grupo de abogados del Poder Ejecutivo o asesores externos, pues el estilo y argumentos que utilizan son muy distintos a los que ordinariamente emplean en casos similares.

Pero lo que más nos agravia en esta resolución es que la CEGAIP subsanó las deficiencias y omisiones de los acuerdos de reserva que el Comité de Información de la Secretaría de Desarrollo Económico emitió, ordenándole a esa Secretaría a dictar en un plazo de diez días hábiles que comenzó a contar el 4 de enero, un nuevo acuerdo de reserva mediante el cual, siguiendo los lineamiento de la resolución, modifique los acuerdos de reserva e imponga nuevos candados y restricciones. En ninguna parte del texto se autoriza la liberación parcial de la información como ha declarado la comisionada presidente, ni se ordena la entrega de una versión pública. El organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública gubernamental no consideró en su fallo que el convenio carece de validez porque no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, como lo dispone el artículo 70 de nuestra Constitución; ni analizó las consecuencias de que el Gobierno del Estado no cuente con una partida presupuestal para hacerle frente a tantos compromisos. Si tan solícita y obsequiosa se portócon el ente obligado, enmendándole la plana, otro tanto podía haber hecho con el solicitante de la información.

Aquí cabría preguntarle al secretario de Finanzas, José Luis Ugalde: ¿de dónde va a sacar recursos para pagar los compromisos financieros que se suscribieron con la empresa, una vez que se agoten los 750 millones de pesos derivados del préstamo bancario que administra el Fideicomiso gubernamental? Calculo que en el 2016 tendrá que cubrir unos 2 mil millones de pesos y no tiene disponibilidad financiera ni partida presupuestal autorizada. ¿Con qué va a pagar los 51 millones de pesos que cuesta el derecho de paso? ¿O los 80 millones para la conexión con el sistema principal de carreteras? ¿O los 124 millones que vale la conexión de la planta con la vía férrea? ¿O los 655 millones de aportaciones para activos de la empresa? Si a duras penas pudo cubrir los aguinaldos y no se ha iniciado ninguna obra pública de relevancia.

Juan Manuel Carreras debe entender que a estas alturas resulta inútil seguir reservando la información solicitada pues el convenio se filtró hace más de un año y se dio a conocer ampliamente en varios medios de comunicación local y nacional. Nadie lo ha desmentido y la CEGAIP cuenta con una copia certificada agregada al expediente que corresponde exactamente con la que cualquier interesado puede consultar en la página web de Proyecto Tábano. ¿Qué caso tiene firmar un Código de Conducta para losServidores Públicos, que según Carreras sienta las bases de la transparencia y la honestidad en el trabajo de los funcionarios estatales, cuando no se atreve a ordenar su publicación en el Periódico Oficial, violando la Constitución del Estado?

No entiendo pues la razón por la que el gobierno del estado insiste en mantenerlo oculto si la parte sustancial del mismo, aunque no contemos con los anexos, revela los compromisos y montos inaceptables que suscribió la administración del doctor Toranzo y que el gobierno de Carreras está obligado a renegociar con los alemanes; como lo está intentando el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, con los coreanos de la fábrica de automóviles de la KIA. En esa entidad el convenio se hizo público y la sociedad está consciente de la enorme carga financiera que representa para el erario estatal, pues el monto de los incentivos fiscales e infraestructura rebasan los 11 mil 500 millones de pesos, en una inversión que suma 41 mil 250 millones; pero sobre todo, los regios están advertidos de que no hay recursos disponibles para sufragarlos. Además de que su gobierno ha denunciado las turbias negociaciones que se realizaron para la adquisición del terreno, revelando las identidades de los que ilegalmente se beneficiaron con esa operación. Es un tema que se está debatiendo en el Congreso del Estado, universidades, medios de comunicación, organismos empresariales y, por supuesto, en el interior del propio gobierno.

El Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, Fernando Turner, con el estilo directo y sin rodeos que caracteriza a muchos de nuestros vecinos del norte, declaró hace unos días queno son válidos los incentivos que comprometió la administración anterior porque el monto de los mismos supera con mucho a lo que el estado puede pagar. Que las obligaciones con KIA no son suficientemente claras ni recíprocas y que es necesario buscar un nuevo acuerdo proporcional a la capacidad económica del estado, El gobernador le encargó de forma prioritaria a un comité de empresarios la revisión del convenio y sentó a los coreanos a negociar.

Sin pesos ni contrapesos

Por Eduardo Martínez Benavente

El desplegado que publicó el pasado martes el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, y que suscribieron todos los integrantes del Cabildo, marca un salto preocupante en el carácter autoritario que está imponiendo el edil a su administración; pues pasó de un padre amoroso y preocupado que trata de ganar simpatías entre sus seguidores exhibiéndose en notas periodísticas y videos como víctima con motivo de los trámites previos a la excarcelación de su hijo, a un personaje siniestro que hace explícita su advertencia-amenaza en contra no sólo de quienes no piensen como él sino también de cualquiera que se atreva a revisar sus actos. 

Si Mario García Valdez justificó su fracaso administrativo en el desorden financiero que le dejaron, Gallardo Juárez apalanca sus escasos y cuestionables resultados en que los logra a pesar de ese “quebranto financiero que nos heredaron”. Pero lo que ahora nos preocupa es que dentro del Cabildo no tiene contrapesos, pues los ocho regidores de "oposición" que firmaron ese documento plagado de mentiras y demagogia, seguramente lo hicieron por sumisión y miedo a confrontarlo. Recientemente ocurrió algo similar en el Cabildo soledense con la inadmisible propuesta de cambiar la denominación de la avenida san Pedro por la de su hijo, que también se aprobó por unanimidad y sin cuestionamientos. 

El mensaje que publicó el pasado martes deja más dudas que información sobre lo que realmente ocurre con la administración municipal. Gallardo Juárez debe explicar a los contribuyentes cumplidos la confesión de su convencimiento de que “la política distributiva es dispareja, injusta e inequitativa”, lo que acredita con una medida que premia a los incumplidos y deja intocados a los grandes morosos del impuesto predial y aquellos que sin importar el número de viviendas que tengan se verán beneficiados con el perdón de los adeudos que hayan acumulado durante los ejercicios fiscales del 2011, 2012, 2013 y 2014, si pagan lo correspondiente al 2015 y 2016. Los regidores de "oposición" debieron exigirle al tesorero un informe del impacto financiero que representa esta medida, así como los nombres y montos de los principales beneficiados. No sería un disparate que un grupo de contribuyentes cumplidos se organizara e intentara una acción legal para reclamar al municipio la devolución de las contribuciones que han pagado, pues ahora son víctimas de su insensible parcialidad, disfrazada de una magnanimidad que no pasa las pruebas de la justicia y equidad, y sí en cambio lo apuntan como un político oportunista e irresponsable en busca de popularidad. Los regidores de "oposición" no han denunciado que la iniciativa que presentaron para incrementar los valores catastrales fue desechada por el Congreso del Estado, no por falta de interés de los diputados, si no porque al alcalde se le ocurrió implementar a última hora un ajuste general del 4% contraviniendo el procedimiento que marca la Ley de la materia. 

Son tantas las ocasiones en que se ha intentado desalojar al comercio informal del centro de la ciudad, que resultan inoportunos los señalamientos triunfalistas a que se refiere el desplegado, porque no es lo mismo echar mano de todo el aparato de inspección y seguridad para retirar por unas horas las estructuras de los comerciantes, en un horario en el que no están presentes, a confrontarlos directamente, como hubiera ocurrido si el municipio se hubiera sostenido y no se hubiera doblado con el pretexto de la tregua navideña. Los quiero ver si el 7 de enero se atreven a retirarlos para siempre. Si el refrán dice que tolerar una injusticia es provocar otra, la tolerancia que se pactó con el comercio informal, que ha vuelto al centro, pone en duda el cacareado “firme propósito de rescatar y conservar como área protegida el primer cuadro y el centro histórico de nuestra ciudad”. Afirmar que no renunciarán a poner orden no deja de ser una promesa fallida como ocurrió hace unos días con la intentona de mover a los comerciantes de Las Vías a los terrenos de la Feria Nacional Potosina. 

Resulta insuficiente la afirmación de que los propósitos para el incremento de las multas de tránsito sean reducir accidentes, disminuir la contaminación e impedir que se infrinja la ley impunemente sin aportar evidencia que lo respalde. Son 21 casos en los que las multas de tránsito para el 2016 aumentan en un promedio del 102% y que muy pronto notarán los infractores. En cuanto al número de accidentes, vale mencionar que el promedio mensual de percances automovilísticos disminuyó en la ciudad de 177 en 2012 a 160 este año, sin los desproporcionados incrementos en las multas, según cifras de la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal reveladas vía transparencia el pasado 27 de octubre. Los problemas de contaminación no han representado un asunto preocupante a ese grado, según confirma la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado, que informa que en todo este año, sólo el 19 de enero se reportó un nivel superior al mínimo tolerable en la calidad del aire y sólo por dos horas, de siete a nueve de la mañana. 

Llama la atención que en el desplegado se hagan alusiones oscuras sobre el conflicto que representan las empresas Vigue y Panavi, concesionarias del servicio de limpia y luminarias respectivamente, porque no las señalan por su nombre, lo que deja ver el tono general del documento, en cuyo contenido manifiesto podrían identificarse mensajes cifrados con distintos destinatarios. Antes de firmarlo, los regidores de "oposición" debieron investigar qué fue lo que negoció el alcalde con Panavi para nunca volver a tocar el tema de la rescisión del leonino contrato; por qué cesó en sus amenazas y qué beneficio personal obtuvo; así como el motivo por el que se desistió de cancelar la concesión con la empresa colectora de basura. Más que un desplegado para informar a la ciudadanía, tiene todos los elementos de una estrategia embaucadora que contradice su llamado a desterrar juegos de intereses, y apunta más a mostrar que incurren en la confusión que dicen querer evitar: sólo desde el autoritarismo se puede considerar como intimidación y amedrentamiento el ejercicio democrático de la crítica y la discusión pública de los temas que surgen desde una administración municipal. 

El Gran Recaudador

Por Eduardo Martínez Benavente

La capital del estado se podría convertir en una especie de ciudad policial si el Congreso del Estado le aprueba al alcalde Ricardo Gallardo Juárez, en los términos que lo solicita, la Ley de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal del 2016,  pues requeriría de cientos de cobradores y tránsitos que pulularían por plazas, calles y avenidas para hacer efectivas las sanciones y contribuciones que pretende implementar. Tendría que mantener un estricto control sobre la sociedad y un gran despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia para recaudar los recursos que ambiciona, particularmente sobre los vendedores ambulantes y conductores de vehículos, con la certeza de que los índices de corrupción se dispararían por las nubes debido al valor y diversidad de las multas que se establecerían, y más si se  obliga a los inspectores y policías a entregar una cuota a sus superiores en ese esquema de distribución de beneficios diseñado para que el chorro más abundante de dinero llegue a los de mero arriba.

El redactor de la iniciativa identificó 35 actividades comerciales que se pueden desarrollar en la vía pública y que estarían permitidas para eventos especiales, de temporada, fiestas patronales y eventos deportivos que se gravarían con distintas cuotas referidas en salarios mínimos, que van desde la venta de globos hasta la de elotes y jugos que pagarían por adelantado un impuesto de más de 70 pesos diarios, exceptuando a los tianguistas. Sólo ellos saben si sus utilidades les permitirían cumplir con estas obligaciones. Los franeleros, limosneros, traga fuegos, sexoservidoras y otros trabajadores que se ganan el sustento en la calle deben agradecerle al alcalde que por ahora no se fijó en ellos.

El también empresario soledense prometió esta semana que acabará con la corrupción que existe en ese sector de la administración pública pues la recaudación por concepto de multas es muy baja debido a que muchas se quedan en el camino; y en una declaración que corresponde más a alguien que ha caído en el abismo del hartazgo e impotencia que a una autoridad obligada a vigilar el buen manejo de los recursos públicos, sentenció que "lo que hicieron no meinteresa", para que a nadie se le ocurra pedirle que investigue los latrocinios de sus antecesores. En esa misma conferencia anunciaba la creación de 200 nuevas plazas para la Policía Vial y las Fuerzas municipales que se encargarán de estas tareas. La cantidad que se proyecta recaudar por multas de policía y tránsito asciende a la suma de 45 millones de pesos. Son 223 infracciones las que se castigan con una sanción administrativa que va desde un día de salario mínimo para los ciclistas que circulan en aceras o lugares de uso exclusivo de peatones hasta las más altas que se castigan con 150 DSM al que choque y participe en un hecho de tránsito que cause una muerte; o 10 mil 224 pesos al que maneje en estado de ebriedad, o 2 mil 523 pesos al que maneje con aliento alcohólico y 1,051 pesos al que use el teléfono celular mientras conduce.

Ante el temor exhibido por el presidente municipal de reclamar a los principales fraccionadores de la ciudad la devolución o pago de las valiosas áreas de donación que le han escatimado al municipio para no confrontarse con ellos, y ante su incapacidad para cobrar el impuesto predial a los grandes deudores, como es el caso del Chato López que hace unos días lo mandó por un tubo alegando que no debía nada, y que si existía algún crédito se lo cobrara a sus clientes; o el caso del falaz Oficial Mayor del Gobierno del Estado, el segundo en la lista de deudores, que también se niega a pagar los adeudos de su representado, argumentando que los bienes del dominio público están exentos de esa contribución, cuando debe saber que el gobierno estatal también es dueño de bienes del dominio privado que no gozan de ese beneficio, como son el fraccionamiento de Ciudad Satélite o la Casa de Gobierno, entre otros muchos; ha tomado la decisión de irse en contra del ambulantaje al que pretende cobrarle por adelantado diferentes cuotas por utilizar la vía pública para fines comerciales. Se trata de un ingreso que no pinta para salir de la crisis financiera que sufre el municipio, aunque muchos potosinos estaríamos de acuerdo en que ese sector del comercio también contribuya al gasto público municipal, pero no sin antes cobrarle a los grandes deudores y evasores de las áreas de donación que son los únicos que pueden sanear las finanzas públicas. El tesorero municipal debe explicarnos el motivo por el que se reduce el monto total de los ingresos presupuestados para el 2016 que quedan en menos de 2 mil 344 millones de pesos, cuando el presupuesto del 2015, que se modificó en julio de ese año, fue de casi 3 mil millones de pesos y que debió servir de referencia para proyectar el del siguiente ejercicio. Creo que se trata de una manipulación presupuestal que le permitirá a Gallardo utilizar discrecionalmente los excedentes para promover su proyecto político.

La iniciativa de la Ley de Ingresos que se está dictaminando en el Congreso del Estado nos hace ver que las autoridades municipales tienen muy pocas esperanzas de recuperar los adeudos del impuesto predial, pues proyectan un ingreso de 50 millones de pesos por concepto de rezagos prediales, cuando son más de mil los que se adeudan. Es injusto para los propietarios de bienes inmuebles que cumplen puntualmente con esta obligación, y además es violatorio de la Constitución local y federal lo que establece el artículo cuarto transitorio de la iniciativa al condonar o extinguir los adeudos prediales originados durante los ejercicios fiscales del 2011, 2012, 2013 y 2014 de los inmuebles destinados a casa habitación, sin importar el valor de éstos, si el contribuyente cubre el pago correspondiente al 2015 y 2016.

Los diputados están obligados a revisar si se justifica el beneficio adicional que en esta ocasión se otorga a los causantes del impuesto predial que cubran en el mes de enero sus contribuciones, pues el descuento que se les autoriza se incrementa al 25%, y no queda en el 15% como se ha aplicado en los últimos años. El tesorero debe informar el monto de lo que el municipio dejaría de recibir si se aprueban estas ofertas.

Desmenuzando a la víctima

Por Eduardo Martínez Benavente

Todos los actores políticos del estado empequeñecen ante el montón de notas periodísticas -la mayoría negativas- que origina el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, quien ahora se queja de ser víctima de una campaña de desprestigio orquestada por voces que se empeñan en confundir a la población, y cuyas identidades no se atreve a revelar. Es cierto que sus desaciertos lo han convertido en el villano favorito de los medios de comunicación más objetivos e influyentes del estado. Es tanto su protagonismo, tantos sus errores e incongruencias que resulta inevitable analizar sus actuaciones y propuestas; y escribir sobre el empresario soledense con mayor frecuencia que la que uno desearía, pues es la autoridad más cercana a los potosinos. 

Confieso que no tengo nada personal en contra del alcalde, sin embargo, no creo en él. Le reconozco el mérito de haberse convertido en la figura política más relevante de la zona metropolitana de San Luis Potosí, venciendo resistencias y obstáculos como la de haber participado en un proceso electoral con la pena de tener a su hijo encerrado en una cárcel de máxima seguridad y con el temor de que las órdenes de aprehensión se extendieran a otros familiares y colaboradores, así como haber contendido por un partido que hasta hace muy poco era inimaginable que pudiera ganar la alcaldía de la capital. No deja de sorprenderme el fenómeno Gallardo y parece que nada le ha sido fácil. 

Este martes subió a su cuenta personal de Facebook un video en el que lee un mensaje quejándose de las críticas que ha recibido. Me parece que es una estrategia tramposa con un discurso que, ante la falta de resultados, busca congraciarse con la clientela que tiene bajo control con las dádivas que ha repartido y a quienes tiene sometidos con la promesa de los garrafones de agua, tortillas baratas, despensas y otras ayudas. Ante ellos se hace la víctima con la afirmación de que "mi gobierno es revisado con lupa con intereses que buscan cuestionar y descalificar todo lo que hace el Ayuntamiento". 

Es tramposa la estrategia porque en otro video, que publicó el 3 de noviembre, afirma que “en este gobierno no se despilfarrará el dinero en publicidad para mi persona o para mi administración”. Un hecho es que lo está haciendo por vías distintas, pero seguramente igual de onerosas. A partir de que tomó posesión ha publicado en su cuenta de Facebook 19 videos, cuya producción no es gratuita y menos los "me gusta" y comentarios zalameros que recibe. En 12 de ellos, él es la figura central con un afán protagónico en el que destaca el del 24 de octubre, de apenas 23 segundos, en el que sólo pronunció las siguientes 52 palabras: “Ciudadanos, buenas tardes. Les habla su amigo Ricardo Gallardo para comunicarles, me da gusto, que este huracán ha sido benigno y qué bueno, demos gracias a Dios y nos seguimos reportando. A continuación por ahí les van a dar detalles de lo que está haciendo su administración. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto”  

Otro elemento, presente en sus videos, es la movilización que hace de sus seguidores para que lo acompañen a sus eventos, lo que tampoco resulta gratis. Vale mencionar los casos de la inauguración del paso peatonal frente a la Plaza Sendero y el inicio de la repavimentación de la Avenida Universidad. Parte de la trampa de su estrategia es que aparentemente no incurre en una promoción personalizada en medios de comunicación, con lo que no estaría violando el artículo 134 de la Constitución federal. Sin embargo, los videos que ha publicado cierran con el logo de su administración, y no sólo incluyen su imagen, sino también su voz, con casos extremos como el que publicó el 6 de octubre, en el que aparece rodeado de gente agradeciendo las “muestras de cariño” por su cumpleaños. En cuanto a lo que señala en los mensajes del 3 y 23 de noviembre, puede decirse que tienen un tono de “curarse en salud”, además de advertencia-amenaza en contra no sólo de quienes no piensen como él sino también de cualquiera que se atreva a revisar sus actos. Aunque dice que acepta la crítica, en el propio mensaje se desmiente. 

Es un mal orador y peor comunicador, y para su desgracia no tiene quien le estructure mensajes consistentes. Nada de lo que afirma lo sustenta con datos específicos, como sí sólo bastara con el hecho de que él lo diga para que todo mundo lo apoye y deba seguirlo. Un mensaje sin fundamentos que apela al fanatismo, cuyas manifestaciones están a la vista, entre las que sobresale el cambio de la denominación de la avenida san Pedro hoy convertida en avenida Ricardo Gallardo Cardona, que promovió a pesar de las innumerables críticas recibidas. 

El 24 de noviembre publicó un segundo mensaje con ese mismo tono de confrontación contra enemigos que sólo él pretende señalar como tales, pues las críticas que se le hacen no obedecen a un plan diseñado en su contra, sino a la existencia de conflictos y errores que el mismo ha originado. Lo único que muestra al no aceptar los señalamientos es su carácter autoritario que acredita con sus mensajes y con conductas como la que esta semana le señaló Pulso sobre la falta de licitación de la obra de la avenida Universidad y su ilegal asignación a una de sus constructora favoritas, que no mereció explicación alguna de su parte. 

Adicionalmente, se trata de un discurso oscuro que deja abierto un gran espacio a la ambigüedad y oculta lo que no le conviene. No dice, por ejemplo, en qué ha consistido la limpieza de la casa que lo está logrando “y va muy bien”. Afirma que genera ahorros, gestiona recursos y paga deudas, pero no aporta pruebas al respecto. Ninguna de sus afirmaciones es acompañada por datos concretos, lo que vuelve su discurso amañado y falso. Los videos e imágenes que ha publicado tienen un sentido propagandístico que nos permiten deducir que sólo cambió el estilo de su promoción personal a plataformas distintas a los medios de comunicación convencionales. En resumen, lo que Gallardo hace es una variante de la misma propaganda que lo ha caracterizado y que en su momento le dio tan buenos resultados, sólo que ahora la traslada a cuando menos dos plataformas: las redes sociales vía Internet y la movilización de su clientela a eventos para su promoción personal.

Las declaraciones de Carreras

Por Eduardo Martínez Benavente

Fiel a su estilo de andar de puntillas para pasar inadvertido, Juan Manuel Carreras difundió hace unas semanas un breve y discreto aviso en el que comunicaba que había subido a la página web del gobierno del estado su declaración patrimonial, la de conflicto de intereses y la fiscal; como lo había prometido si resultaba electo gobernador del estado. Creo que a nadie le interesó adentrarse en esas páginas y verificar la información que había soltado, pues el conflicto originado durante el pasado proceso electoral por la inexactitud o falsedad de su declaración patrimonial hizo crisis, y hasta ahí llegó, cuando sus contrincantes políticos exhibieron el inventario y avalúo de sus bienes como si hubieran sido mal adquiridos, denunciando que había omitido declarar otras propiedades y que la valuación de los mismos no correspondía ni remotamente a los valores reales del mercado inmobiliario.

Su declaración patrimonial es oscura e imprecisa porque siendo uno de los asuntos más delicados que se le han señalado debió esmerarse en transparentarla  y proporcionar toda la información actualizada de sus bienes, sin importar que la deficiente normatividad que regula esta obligación no se lo exija. Me refiero principalmente a los inmuebles que ocupan los dos planteles de la Universidad IDEP, el de la calle de Madero y el de la avenida de Venustiano Carranza, que hasta hace poco eran de su propiedad y ahora no aparecen en su inventario. Todo indica que se deshizo de ellos a través de una donación a favor de sus descendientes, así como de las partes sociales que representaba en la sociedad civil propietaria de ese centro educativo. No aclara cuándo formalizó su renuncia a seguir formando parte del consejo directivo de esa institución. Hubiera sido muy ilustrativo que en un anexo aclarara todas esas dudas. 

Salta también la adquisición de su casa habitación ubicada en el Club Campestre de Golf, pues insiste en que el valor de los tres lote de terreno que suman una superficie de 664.87 metros cuadrados, sobre los que está construida, tuvieron un precio de 273 mil 386 pesos, conforme a las tres escrituras públicas de compra venta que celebró hace varios años en distintas fechas. La declaración no precisa la ubicación del inmueble, aunque por los antecedentes del caso podemos concluir que se refiere a esa finca. El  valor de las construcciones no está actualizado pues apunta que tuvieron un costo de 1 millón 764 mil pesos. Reconoce que él y su cónyuge son copropietarios de dos departamentos, uno en la Ciudad de México, adquirido en el 2011, con un costo de 3 millones 291 mil pesos, y otro en San Luis Potosí, en el que no señala el valor porque una mitad indivisa la adquirió por donación y la otra mitad por compra venta, en la que necesariamente se tuvo que pagar un precio. Declara que al 26 de septiembre tenía dos inversiones bancarias, una con un saldo entre 100 mil y 500 mil pesos y la otra con un saldo mayor a medio millón de pesos. Se confirma que no recibió contraprestación alguna por la enajenación de los predios donde se ubican los dos planteles de la Universidad IDEP, pues de lo contrario se verían reflejados esos ingresos en otras inversiones. De la larga lista de inmuebles que le señalaron los panistas durante la contienda electoral sólo quedan tres propiedades a su nombre y al de su cónyuge: su casa habitación y los dos departamentos. En su declaración de conflicto de intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en sus decisiones públicas como gobernador del estado, reconoce la participación accionaria de sus hijos en un sector de la educación. Seguramente se refiere a esa Universidad.

Cabe destacar que cuando se desató el escándalo de su declaración patrimonial, los panistas le señalaron propiedades que calcularon en un valor de 60 millones de pesos, ahora ni a Sonia Mendoza le interesa el tema, sin embargo, el ex candidato del PRI aclaró en esa ocasión que junto con su esposa, el valor de sus inmuebles ascendía a la suma de 13 millones 728 mil pesos, y que no poseía ningún bien que le generara ingresos y que pudiera influir en el desempeño de sus funciones. El ex secretario de Educación Pública sigue sin revelar el monto de las remuneraciones que le han correspondido por los diversos cargos públicos que ha ocupado, no obstante que era un requerimiento medular de la información solicitada por el Instituto Mexicano para la Competividad, A.C. (IMCO),  que junto con otras destacadas personalidades de la sociedad civil presentaron la plataforma electrónica CandidatoTrasnsparente.mx (iniciativa #3de3). En las declaraciones fiscales correspondientes a los ejercicios del 2013 y 2014, no acompaña los anexos que revelen el monto de lo que pagó por concepto de Impuesto sobre la Renta, ni la relación de sus ingresos y egresos. Se trata de dos acuses de recibo de las declaraciones de impuestos federales. La del 2013 reporta una cantidad a pagar por 27 mil 891 pesos; y la del 2014, un saldo a su favor por 21 mil 943 pesos. También manifiesta que no tiene deudas ni vehículos a su nombre o al de su esposa y que el maneje de casa lo estima en un valor de 250 mil pesos. 

Lo anterior viene al caso porque hace dos días el gobierno del estado, a través de la Contraloría General, celebró un Foro Ciudadano de Expertos en Gobierno Abierto, Honesto y Eficaz, en las instalaciones de la CANACINTRA, para integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en el que participé como invitado en la mesa de trabajo denominada "Gobierno Cerrado". En un principio llegué a creer que con esa denominación su subconsciente los había traicionado y que iba a estar acompañado de los personajes más radicales de la ciudad, más cual va siendo mi sorpresa que la formaban principalmente funcionarios de gobierno y de instituciones públicas, algunos, por cierto, con diagnósticos muy acertados. Se escucharon propuestas muy valiosas como la del doctor David Arellano Gault, profesor e investigador del CIDE, que trató el tema de la corrupción, pero que sólo quedarán apiladas en ese montón de planes y programas gubernamentales que nunca aterrizan. Se concluyó que la transparencia gubernamental es uno de los instrumentos más efectivos para combatir la corrupción.  

Se le advirtió que San Luis no es Soledad

Por Eduardo Martínez Benavene

Debe ser muy penoso para un funcionario público como el hiperactivo alcalde capitalino, quien -según sus allegados- no admite réplica ni permite el aplazamiento de la ejecución de las órdenes que dicta, ver que nada o casi nada de lo que ha ofrecido lo ha podido concretar. Son ya muchos los fracasos y contradicciones en que ha incurrido durante los cuarenta y cinco días en que ha estado al frente del Ayuntamiento, que su credibilidad y liderazgo se han visto seriamente dañados. 

Si tuviera como consejero a alguien que actuara con serenidad e inteligencia y le hiciera caso, seguramente le habría recomendado que antes de que le rechazaran su propuesta y sufriera la humillación de la negativa, le pidiera al Cabildo retirar la solicitud que presentó al Congreso del Estado para incrementar los valores catastrales de los inmuebles de la ciudad, ya que era previsible que las comisiones de Hacienda y Desarrollo Municipal se la iban a rechazar porque la oposición era generalizada; y porque se había conducido con falsedad al asegurar que el aumento sólo era del cuatro por ciento para todos predios y, además, porque la iniciativa estaba viciada de origen al haberse omitido un estudio técnico que la justificara; independientemente de que el reclamo ciudadano era y sigue siendo en el sentido de que primero le cobre a los grandes deudores y después le cargue la mano a los contribuyentes cumplidos. 

En Soledad de Graciano Sánchez las circunstancias son muy distintas, ahí gobernaba sin que nadie lo cuestionara, como ocurre ahora con el alcalde que lo sustituyó, quien en el colmo de la adulación que le rinde, y para que a nadie le quepa la menor duda de quién manda en ese territorio, permitió que se insertara en la papelería oficial y publicidad del Ayuntamiento un texto que dice: "UN GOBIERNO CON GALLARDÍA". En Soledad nadie objeta los incrementos catastrales que se solicitan. No sabemos si también fueron rechazados. Que necesario es que la sociedad civil se organice para frenar los excesos de las autoridades. Deben renacer aquellas asociaciones de usuarios de servicios públicos que en las dos primeras décadas de la segunda mitad del siglo pasado existieron en San Luis Potosí para exigir mejores servicios y oponerse a los incrementos en el pago de la luz, agua, predial y transporte. Recordamos con especial afecto a la asociación civil del incansable luchador social, Salomón H. Rangel, la voz que clamaba en el desierto; así como a la "Liga de Propietarios de Predios Urbanos del Estado de San Luis Potosí", que fundó el doctor Mario Tello Campos. Sin la participación ciudadana el descontento es nulo, aislado y fácilmente superado.

La postura del diputado Gerardo Serrano Gaviño, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, responsable de dictaminar la solicitud, era desde un principio en contra de los aumentos, al advertirle a Gallardo que buscara otras estrategias que mejoraran la recaudación, como cobrarle a los grandes deudores, no obstante que su padre es amigo personal y empleado de confianza de Carlos López Medina, y que no recurriera a la aplicación de incrementos que laceran el bolsillo de los potosinos. Sólo con la intervención del gobernador del estado, la mayoría de los diputados podrían votar el próximo jueves en el Pleno en contra del dictamen que rechazó la propuesta municipal y devolverla a comisiones para que emitan una nueva en los términos que se les ordene. No podemos olvidar que el triunfo electoral que le permitió a Juan Manuel Carreras alcanzar la gubernatura del estado se lo debe en buena medida a las negociaciones que celebró con el perredista. Un aumento en los valores catastrales no sólo impactaría en el pago del impuesto predial, sino también en el traslado de dominio, derechos de registro público, expedición de avalúos y hasta en el ISR por la adquisición. 

Muchos de los incrementos a los valores catastrales del suelo aprobados por el Consejo Técnico Catastral (CTC) y por el Cabildo estarían plenamente justificados si se hubiera cumplido con los requisitos que señala la ley de la materia, como serían los que se localizan en el corredor de la avenida Sierra Vista al poniente de ciudad, que aumentarían, según la propuesta, de un mil a tres mil pesos el metro cuadrado; o los del corredor de la avenida Chapultepec, entre Paseo del Pedregal y avenida Sierra Vista que subirían de 2 mil a 3 mil 500 pesos el metro cuadrado. Todavía muy lejos de los valores reales del mercado inmobiliario que es lo que pretende la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado. Por otra parte, hay reducciones a los valores en la zona de los antros que no se pueden justificar, como es el caso del corredor de la Cordillera de los Himalayas, que va de la Cordillera de los Alpes a la avenida Sierra Vista, pues decrecen de 4 mil pesos a 3 mil 500 pesos el metro cuadrado. 

Creo que lo más controvertido y confuso de la iniciativa que rechazaron las comisiones es que en la Minuta de la Reunión de Trabajo del 27 de octubre del CTC que se acompañó, pareciera que quedaron sin efecto los 585 incrementos a los valores unitarios del suelo que también se anexaron a la solicitud, pues el presidente municipal presentó en esa misma sesión una propuesta distinta que no cumplía con los requisitos legales y que fue aprobada por unanimidad. Esta consistía en que sólo habría un incremento general del cuatro por ciento con base al índice inflacionario para todos los predios. No sabemos cuál prevaleció. 

Una buena parte de la culpa de todo este desbarajuste la tienen los integrantes del CTC, cuyos nombres no aparecen en el acta, pues debían saber antes de votar a favor de la ilegal ocurrencia que  presentó el presidente municipal, que la determinación de los valores catastrales del suelo se haría atendiendo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado, que señala, entre otros, los siguientes requisitos: Las características de los servicios públicos y del equipamiento urbano. El estado y tipo de desarrollo urbano, en el cual deberá considerarse el uso actual y potencial del suelo y la uniformidad de los inmuebles edificados y el índice socioeconómico de los habitantes. Nada de esto se cumplió.

Gallardo aumenta el predial 

Por Eduardo Martínez Benavente

A las decenas de miles de propietarios de bienes inmuebles de la capital del estado que aparecen en la lista de deudores del impuesto predial, muchos con varios años de retraso, los tiene sin cuidado si se incrementa la tasa del impuesto y si se actualizan o no los valores unitarios de suelo y construcción de sus inmuebles; pues en ningún caso tienen la menor intención de pagarlo, y cuando se vean obligados a hacerlo porque van a celebrar una operación traslativa de dominio se acogerán a las "ofertas" y descuentos en multas, recargos y actualizaciones que periódicamente promueve el Ayuntamiento de la capital, por cierto, con muy pobres resultados; independientemente de que también podrían obtener otros beneficios porque aquellos créditos que cumplan más de cinco años de antigüedad quedan extinguidos. 

Ante estas circunstancias es preferible evadir las obligaciones fiscales y correr los riesgos que esta acción conlleva, y más cuando está de por medio una autoridad condescendiente e inepta como la municipal. Así de injusta es la política fiscal en San Luis Potosí, pues premia a los incumplidos y castiga con más impuestos a los propietarios que cubren puntualmente sus contribuciones. Reconocemos que los propietarios de viviendas de interés social o popular son los que mejor cumplen con el pago de sus contribuciones, ya que en la mayoría de los casos el impuesto predial que les corresponde se reduce a una cuota anual de cuatro salarios mínimos. Ese sector de la sociedad se verá mínimamente afectado con los nuevos valores catastrales que se proponen. Y como ejemplo podemos citar los siguientes casos: las construcciones catalogadas como habitacional antiguo económico, habitacional moderno de interés social, edificio habitacional económico y medio de cuatro o más niveles, mantendrán, según la propuesta municipal enviada al Congreso del Estado, los mismos valores que han regido durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. No así lo habitacional y comercial moderno bueno, superior y superior de lujo, en el que el metro cuadrado construido se eleva hasta en un 13 por ciento. La construcción comercial especial de lujo se incrementa de 6 mil 804 pesos a 8 mil 350 pesos el metro cuadrado. Se fija un valor de 8 mil pesos el metro cuadrado, el más alto, para los edificios habitacionales antiguos de lujo y para los de más de cuatro niveles que también tengan la característica de especiales de lujo. 

A estos incrementos habría que agregarle el valor del suelo, al que según el acuerdo tomado se le aplicará un aumento general del cuatro por ciento, con base al índice inflacionario, como propuesta ocurrente y cuestionable del presidente municipal, Ricardo Gallardo, por haberse brincado las trancas del procedimiento a que obliga la ley de la materia. Además de que no es cierto que el incremento sea parejo para todos los terrenos de la ciudad, pues en muchos áreas los aumentos resultaron mayores a ese porcentaje, independientemente de que la propuesta debía acompañarse de un estudio técnico que fundara y motivara los incrementos al valor de los solares, lo que únicamente se cumplió con las construcciones; por lo que de conformidad con la nueva ley catastral no tendrán validez y pueden ser impugnados. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Consejo Técnico Catastral del Municipio, el pasado 27 de octubre. La tasa que se aplica para calcular el Impuesto Predial también podría verse incrementada en un cuatro por ciento, si el Congreso del Estado aprueba la iniciativa que presentó el presidente municipal para modificar la Ley de Ingresos. Proyecto Tábano sube a su página web la propuesta municipal con los nuevos valores catastrales y sus anexos.

Dictamen sobre valores catastrales

Propuesta de valores unitarios

Acta de Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez

Decreto 504 Bis

Los diputados deberían rechazar los incrementos que solicita el Ayuntamiento, si antes no acredita que ha hecho un verdadero esfuerzo para que los morosos se pongan al corriente. No estoy en contra de la actualización de los valores catastrales, muchos de ellos desfasados y ridículamente bajos como los terrenos ejidales que se han incorporado al desarrollo urbano, pero estoy en contra de que los incrementos sólo recaigan en ese 60% de propietarios registrados en el padrón catastral que cumple religiosamente con la obligación constitucional de contribuir al gasto público. 

Las omisiones en que incurrieron los diputados para adicionar un párrafo a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Catastro, que les permite a los ayuntamientos presentar su propuesta de nuevos valores unitarios de suelo y construcción hasta el 31 de octubre, y no el 14 de ese mes, y sólo en el primer ejercicio de su administración, les da elementos a los que se puedan sentir afectados para recurrir al juicio de amparo y pedir su nulidad porque no se cumplió con el procedimiento legislativo, ya que innovaron una figura inexistente en la normatividad que rige al Congreso del Estado: los citatorios "a prevención" para las reuniones de comisiones. Fue una forma de evadir la obligación de citar a las comisiones con 48 horas de anticipación, conforme al reglamento del Poder Legislativo, para tratar los asuntos que les son turnados. Un procedimiento ilegal para el que crearon la coartada de citar “a prevención”, que también utilizaron para aprobarle a Juan Manuel Carreras su propuesta de reestructuración de la deuda pública.

Creo que la medida más efectiva para que los morosos acudan a las cajas registradoras a pagar sus adeudos es embargando y rematando las propiedades de algún centenar de los principales deudores y otro tanto de los de en medio, para que con este antecedente y la correspondiente exhibición de estas personas, muchos otros reaccionen y se acerquen a negociar sus pendientes. Los diputados deben entender que el incremento en los valores catastrales, también repercutirá en aumentos en el pago del Impuesto de Traslado de Dominio, en los derechos de Registro Público por la inscripción de esas operaciones, en el pago por la expedición del avalúo y hasta en el Impuesto sobre la Renta, cuando el valor del avalúo resulte mayor al de la operación.