La BMW en San Luis
Por Eduardo Martínez Benavente
Se trata de una inversión trascendental porque es el aliciente para que muchas otras empresas proveedoras de bienes y servicios se asienten en San Luis Potosí. Es una inversión con un valor similar al de las 29 mil obras que presume el gobernador del estado en su reciente campaña de información que da a conocer los resultados de su administración durante los primeros 4 años y medio de su gestión. Así de pobre es la inversión pública estatal y eso que desde hace varios años disponemos de presupuestos de ingresos superiores a los 30 mil millones de pesos.
Nunca habíamos visto al gobernador tan contento como aparece en las fotografías que se publicaron del evento celebrado en la residencia presidencial de Los Pinos. Más feliz y radiante que una novia. Toda su administración había sido una cadena de fracasos. Es justo considerar que de alguna manera se reivindica y valora con muchos potosinos que creíamos que sus dos viajes realizados a Alemania en enero y abril de este año, acompañado de su traductor y secretario de Desarrollo Económico, Fernando Macías Morales habían sido inútiles porque muy poco tenía que ofrecerles, aunque quedan muchas preguntas que tiene la obligación de responder, por más cláusulas de confidencialidad que haya suscrito con los europeos.
Sin duda alguna que la envidiable ubicación geográfica de la ciudad fue un factor de mucho peso para que los alemanes eligieran esta plaza, así como los bajos salarios y prestaciones que se les pagan a los trabajadores, los sindicatos blancos y proclives al patrón, así como las vías de comunicación y servicios de que dispone la capital del estado. Pero la parte económica fue decisiva en la operación. El paquete de incentivos que se le ofreció a la empresa debe valer muchos millones de pesos, el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marcelo López Sánchez, los calculó en 3 mil millones de pesos, empezando por el valor del terreno, la infraestructura y servicios que demandan, lo que lo obligó a retirarse de la competencia. El gobierno de Toranzo tampoco tiene partida presupuestal ni disponibilidad de recursos para cumplir con esas exigencias, ni dispone de reservas territoriales, ni ha recurrido a un crédito bancario para financiarse. Estamos hablando de más de 300 hectáreas urbanizadas, con instalaciones eléctricas costosísimas, además de tres pozos equipados, una espuela de ferrocarril y muchos otros requisitos que no han revelado. Todo indica que la aportación principal será a cargo del gobierno federal a través de la Secretaría de Economía o de alguno de sus fideicomisos, y el gobierno del Estado, durante los próximos 5 años erogará una suma no determinada que en buena medida cubrirá la próxima administración.
Estamos solicitando una copia del convenio que celebraron el gobierno del Estado, la federación y la empresa para conocer los términos y condiciones de la operación. Es muy probable que el gobierno de Toranzo lo clasifique como reservado y nos niegue la información. Creo que el gobierno federal no tendrá inconveniente en dar a conocer el monto de los recursos que se comprometió destinar en esta inversión; y la BMW difícilmente podrá desechar nuestra solicitud porque está recibiendo recursos y beneficios de un gobierno extranjero que de acuerdo a sus leyes los obliga a transparentar, y si también lo niega tenemos el derecho de recurrir a los organismos de transparencia de ese país para que le ordenen entregar el documento.
No objetamos que la armadora para elegir a San Luis Potosí como sede de su nueva planta se beneficie de los subsidios y exenciones que ofrece el Estado, como es el pago del Impuesto sobre la Nómina y las reducciones municipales en licencias de construcción, traslado de dominio y predial que afectan las finanzas del municipio de su ubicación. No han dicho cuáles programas estatales para apoyar a la pequeña y mediana industria tendrán que desaparecer para cubrir los compromisos contraídos con los alemanes. Es muy pesado soportar el costo de las becas para capacitar a 1,500 obreros, así como cubrir muchos otros gastos y compromisos mientras que arranca la fábrica.
El gobierno de Marcelo de los Santos ocultó el convenio que celebró con la General Motors, el que por su naturaleza era público y debía difundirse. Nunca conocimos el valor total de los estímulos y exenciones fiscales que le concedió a la empresa, ni el impacto que representaba esa erogación para las finanzas públicas, sin embargo, por un error, nos entregó una amplia y comprometedora información que no solicitamos pues se trataba de datos confidenciales de la General Motors que se referían a los costos de sus unidades, el monto de los sueldos que se ofrecían a funcionarios y empleados y un estudio de tendencias socioeconómicas que generaría la operación de la GM, elaborado por el Tecnológico de Monterrey, y encargado y pagado por el gobierno marcelista. Los difundimos y a nadie preocupó la filtración. Creo que la instalación de la planta de la GM durante el gobierno del panista, con todo y las irregularidades que se cometieron, fue también su principal logro. En este caso tuvo que recurrir a un préstamo bancario de 500 millones de pesos contrayendo deuda pública para cumplir con los compromisos. El monto total de la inversión gubernamental debió superar los mil millones de pesos, considerando los 10 millones de dólares que por concepto de instalaciones ferroviarias tuvo que pagar el gobierno que lo sucedió.
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