Contrapesos

La misma historia pero con diferentes actores

Tercera y última parte

Por Eduardo Martínez Benavente

Hemos alcanzado tal grado de cinismo que son más los ciudadanos a los que les parece normal que un servidor público abuse de su cargo y se enriquezca inexplicablemente, que aquellos que hacen algo para combatir la impunidad de la que gozan o que por lo menos se sientan agraviados. Es muy lamentable que estos funcionarios, a pesar de las fechorías que cometen, sean aceptados y procurados por la mayoría de los potosinos, como si se tratara de personas probas y respetables; y es doblemente reprobable que muchos de esos delincuentes sean nuevamente postulados para ocupar cargos de elección popular; y que los pocos que administran con honestidad los recursos que se les confían sean tachados de ingenuos o desubicados y jamás reconocidos ni valorados.

Algunos de los informes de las auditorías que se han practicado a las cuentas públicas, aquellas que no tienen ángeles que las protejan o en las que existe la consigna de exhibirlas, son un catálogo de abusos, desvío de recursos y gastos ilegales e irracionales que para nuestra desgracia a nadie sorprenden ni interesan. Otras auditorías, como las de los tres poderes del Estado son un monumento a la impunidad y una bofetada a la inteligencia y sentido común de los potosinos, pues no obstante que son públicos los ilícitos que se les conocen, la Auditoría Superior del Estado (ASE) las dictamina como limpias y ejemplares. El titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo, debe entender que su posición como responsable de la fiscalización de los dineros públicos es insostenible y debe renunciar a su cargo. Es tal el desgaste que ha sufrido por los señalamientos que se le han hecho, que en los últimos meses ha perdido todo vestigio de la credibilidad y prestigio que pudo haber ganado durante tantos años de ejercicio profesional. Ni siquiera ha tenido el valor o los elementos para defenderse de las serias acusaciones que el periodista Juan José Rodríguez revela en su última columna. En el mismo entredicho se encuentra la honorabilidad del contador José Néstor Garza Castillo, por haberse desistido del juicio de amparo que promovió para echar abajo la elección del auditor, y que según el columnista se debió a las indecorosas compensaciones que recibió.

Muchos creíamos que con el arribo del ex rector a la alcaldía de la capital, que con su aureola de hombre probo, bonachón y emprendedor que se le reconocía y con su inocultable interés por alcanzar la nominación de su partido a la gubernatura, su administración iba a ser un ejemplo de honestidad y transparencia, con un gobierno apegado estrictamente al cumplimiento de la ley, así como un fiel practicante de la austeridad y racionalidad del gasto público. Que iba a reducir salarios y prestaciones, empezando por los suyos. Que eliminaría plazas injustificadas y evitaría cualquier gasto innecesario, y más cuando estaba obligado a marcar las diferencias con la administración de su antecesora que se caracterizó por el derroche y pillaje que colapsaron sus finanzas. Muchos creíamos que llegaría cortando cabezas y denunciando los latrocinios que encontró; pero nada de eso ha ocurrido ni ocurrirá. El tiempo se le vino encima y no me extrañaría que antes de diciembre solicite licencia para separarse de su cargo. El alcalde Mario García Valdez es un encubridor de los ilícitos de su antecesora que nadie mejor que él conoce y que incurre en los mismos vicios y excesos que a ésta se le señalan.

La última de sus tropelías la denunció esta semana la regidora panista Nadya Edith Rangel, quien por cierto no ha recibido la mínima atención de su partido y no es un asunto menor. Se trata de un informe oficial que da a conocer la Dirección de Financiamiento de Deuda y Crédito Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en el que reporta que el Ayuntamiento de San Luis Potosí le sumó otros 250 millones de pesos a su deuda pública, sin autorización del Cabildo ni del Congreso del Estado, para que con este incremento alcance la deuda pública registrada un monto de 698 millones de pesos, que saben que no tienen con qué cubrirla y que excede con mucho el tope permitido por la Ley de Deuda Pública, pues esta no podía rebasar los 500 millones de pesos, que equivalen al 20% de los ingresos anuales presupuestados, y siempre y cuando hubiera cumplido con todos los requisitos legales. El tesorero podía haber utilizado la línea de crédito que tiene vigente para enfrentar la crisis financiera que padece si el compromiso de pago no excediera el ejercicio fiscal del 2014. A los directores de Bansi se les deben fincar responsabilidades por haber autorizado un crédito ilegal que vence el 29 de septiembre de 2015 y que seguramente se garantizó con las participaciones federales que le corresponden al municipio.

Observamos con indignación que nada se ha hecho para recuperar las áreas de donación que los fraccionadores le han escamoteado al municipio en ésta y en las anteriores administraciones. El daño patrimonial es enorme. Son decenas de miles de metros cuadrados urbanizados que el municipio ha perdido por favorecer a los grandes fraccionadores y con los que podía haber salido de sus apuros económicos. La corrupción es evidente. El más reciente atraco se cometió en la sesión de cabildo del pasado 28 de mayo, en el que se aprobó, entre otros, un dictamen que presentó la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas que previamente había puesto a su consideración la Dirección General de Catastro y Desarrollo Urbano, respecto a la autorización del condominio horizontal Fraylea 2 Residencial, ubicado en la delegación de Villa de Pozos, propiedad de Grupo Constructor Cumbres, S.A. de C.V., con una superficie de 8 mil 414 metros cuadrados; en el que se resolvió que el área de donación que tenía que tributar la empresa quedó cubierta al momento en que se autorizó la subdivisión del predio del que se origina el terreno en el que se levanta el condominio. El director de esa área sabía que no es lo mismo recibir el 10% de la superficie en breña por la subdivisión del inmueble que el 15% de la superficie vendible por la autorización del condominio. Se trata de una constructora que tiene 17 fraccionamientos sin entregar a lo largo de 20 años; y que el municipio, en este caso, tenía que haber reclamado ambas superficies.