AVISO

Al estilo Soledad

Por Eduardo Martínez Benavente

El equipo que dirige Proyecto Tábano para investigar asuntos relacionados con actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos se dio a la tarea de revisar todas y cada una de las actas de las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez celebradas a partir del mes de octubre de 2009 hasta septiembre de 2015, que corresponden a los períodos que ocuparon los ex presidentes municipales Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, así como el alcalde sustituto, José Luis Fernández Martínez, ahora presidente estatal del PRD; y encontraron que ningún fraccionamiento o condominio, ni las licencias de uso de suelo habían sido autorizados por el pleno del Cabildo. Es más, ni siquiera pasaron los expedientes por delante de sus narices, infringiendo así diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio, pues estas funciones están reservadas única y exclusivamente para ese cuerpo edilicio. Por lo tanto, todas las autorizaciones que se otorgaron en estas condiciones son nulas de pleno de derecho. No sabemos quién fue el que finalmente asumió esas atribuciones y expidió los permisos y licencias. Es muy probable que los ex presidentes municipales hayan utilizado a los ex directores de Alumbrado y Obras Públicas para estas tareas, por lo que debemos condenar la complicidad o temor de los regidores y síndicos que no se atrevieron a detener y denunciar estos ilícitos, pues es inaceptable que no se hubieran dado cuenta del auge inmobiliario que ocurría en ese municipio y que no se les tomaba en cuenta para aprobar o rechazar los proyectos. Las actas de las sesiones de Cabildo fueron retiradas recientemente del portal de transparencia del Ayuntamiento soledense, sin embargo, pueden consultarse en la página web de Proyecto Tábano (2009-2012 y 2012-2015).

La Auditoría Superior del Estado, en las revisiones practicadas a las cuentas públicas de ese municipio,  así como la contraloría de ese Ayuntamiento, fieles a su vocación encubridora y corrupta, en ningún caso hicieron las observaciones correspondientes y permitieron que esos ilícitos siguieran ocurriendo durante todos estos años. Ante estas omisiones no hay constancia de que los desarrolladores inmobiliarios hayan cedido el 15% de las superficies vendibles que le corresponden al municipio, y si cumplieron con todos los demás requisitos, aunque aquí habría que destacar que el títere que ahora ocupa la presidencia municipal no hará absolutamente nada para investigar estas autorizaciones y menos para recuperar el patrimonio inmobiliario que le pudo haber sido escatimado.

El alcalde Ricardo Gallardo Juárez pretende, esta vez, por la vía legal, que el Congreso del Estado reforme la fracción XXII del inciso c) del artículo 31 y la fracción XXXV del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para despojar al Cabildo de tan importantes atribuciones, de tal manera que se transfieran a los alcaldes para que a través de un subordinado autorice las licencias de uso del suelo y la división y subdivisión de inmuebles en fraccionamientos y condominios. Para lograr ese objetivo, el alcalde presentó el pasado 17 de marzo una iniciativa en la que argumenta que con esta medida se podrán "reducir los ámbitos de discrecionalidad, abatir la sobrerregulación de los servicios públicos, propiciar la eliminación de los espacios de corrupción y procurar la agilización de los trámites". No nos resulta difícil imaginarnos el control y poder que tendría el presidente municipal sobre la propiedad inmobiliaria de los potosinos si se aprueba su iniciativa. La discrecionalidad y facilidades para autorizar las solicitudes que le presenten dependerían, en buena medida, de las buenas relaciones que podría tener con los propietarios, pero sobre todo a los arreglos extralegales que llegaría con ellos. Los diputados no pueden permitir que se exponga a la sociedad a un riesgo de esta naturaleza.

La larga lista de columnistas reconocidos e independientes, que difícilmente se prestarían a campañas de grupos oscuros, y que hoy le señalan sus yerros no tiene más origen que una observación crítica de los cotidianos excesos en que incurre, especialmente cuando tienen características que permiten calificarlos como actos delictivos. Por ejemplo, esta semana salió a flote, a través de una profunda y bien documentada investigación del periodista Jaime Nava de La jornada San Luis, que del 9 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, el Ayuntamiento que preside Ricardo Gallardo Juárez había emitido cheques que suman más de 34 millones 700 mil pesos a una presunta proveedora de nombre Sandra Sánchez Ruíz, por concepto de medicamentos para personal de confianza. Creo que lo más grave de este señalamiento es que las adquisiciones no se licitaron y nadie, ni el mismoalcalde, nos pudo informar quién es esta persona. Sin embargo, en la misma entrevista en la que no quiso dar explicaciones sobre este asunto, se atrevió a advertirle al ex presidente municipal Mario García Valdés, que debería estar preocupado por haber pagado 25 millones de pesos a los directores de la Foto multa, así como otras cantidades millonarias a varios proveedores y constructores por diversos conceptos, aún cuando no los hubiera autorizado y declarara que nadie tiene que ver con esas operaciones. Porque entonces, concluye el soledense: ¿quién autorizo?" "¿quién firmó?". "Cuando menos por omisión sí debe estar preocupado Mario”. Creo que los mismos cuestionamientos que le dirige al ex rector debería hacérselos él mismo por las adquisiciones que celebró su administración con una persona que a lo mejor ni existe.

Otra que también parece preocupada, es la titular del Comité de Adquisiciones del municipio de la capital, Laura Gama Basarte, al advertir que están investigando qué es lo que pasó con estasadquisiciones. Nos narra Angélica Campillo, del mismo diario, que su entrevistada reconoció que "únicamente tiene registradas dos licitaciones llevadas a cabo durante esta administración municipal: una para fierros y aceros en diciembre, y la otra fue la correspondiente al seguro para el parque vehicular del ayuntamiento".

Y al tercer día... reculó

Por Eduardo Martínez Benavente

El acuerdo que tomó el Cabildo capitalino el pasado viernes 4 de marzo para demandar la invalidez y nulidad de los acuerdos de los Cabildos de las cuatro últimas administraciones municipales (2003-2015), que se refieren al cambio de uso de suelo o de densidad de población de 134 inmuebles ubicados principalmente en el poniente de la capital, y en el que se acusa a sus propietarios de haber incurrido en presuntas irregularidades para obtenerlos, no tuvo mayores efectos ni duración, pues tres días después, el siguiente lunes, el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez se desistió de la acción intentada sin siquiera consultar a sus regidores y síndicos "borreguitos". No aguantó las presiones y reclamos de un grupo de abogados y dirigentes empresariales que le advirtieron de las consecuencias que tendría esta decisión y de la incertidumbre jurídica que había provocado, por lo que anunció sin ninguna reserva o condición que "No se verá afectado ningún permiso que ya fue dado en administraciones pasadas para los desarrollos habitacionales o comerciales u otros trámites que fueron librados en aquellas épocas, porque es un derecho que ya ganaron". (Pulso, edición del 8 de marzo de 2016). En la misma entrevista explicaba que "He recibido abogados que han visto la forma de litigar lo que se da de permisos y tienen razón, porque los permisos que ya fueron dados no los puedo cancelar porque el municipio va a perder si demanda y no me puedo meter en esa dinámica".

Este acuerdo, que votaron en contra los regidores del PRI y PAN, no es más que una medida preparatoria para acudir más tarde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y demandar las nulidades. Sus efectos no son inmediatos ni automáticos. Para cada caso en lo específico, debería emitirse la correspondiente resolución que se generaría a partir de este acuerdo y que debe estar debidamente fundado y motivado para que prospere. Por lo pronto el precio de los lotes de terreno señalados han perdido más del 50% de su valor, según el cálculo de un grupo de agentes inmobiliarios que fueron consultados. El principal argumento que sirvió para tomar esta medida es que los permisos fueron emitidos con violación a la Ley de Desarrollo Urbano, mediante los cuales se pretendió modificar el Plan de Centro de Población Estratégico de las ciudades de San Luis Potosí y Soledad, sin la participación de este último Ayuntamiento y la SEDUVOP.  

No es la primera vez en la que el alcalde recula o falla. Estas conductas han ocurrido en repetidas ocasiones hasta convertirse en el sello de la casa, y como ejemplo podemos citar los siguientes casos: 1).- Su iniciativa para incrementar los valores catastrales de los inmuebles de la capital fue desechada por el Congreso del Estado por no cumplir con las formalidades que señala la Ley. 2).- Tuvo que dar marcha atrás a la amenaza de retirar por la fuerza al comercio informal del centro histórico de la ciudad, pues no midió la reacción de los afectados. 3).- Lo mismo ocurrió con el compromiso de cancelar laconcesión de las luminarias otorgada a Panevi. No sabemos qué fue lo que negoció para nunca más volver a tocar el tema, no obstante que había denunciado que esa operación era fraudulenta porque la administración de Mario García Valdés había aceptado pagar más de 1,300 millones de pesos, que ni remotamente corresponden al valor del servicio prestado. 4).- El cobro de los adeudos del Impuesto Predial a los grandes deudores es otro fiasco. Su recuperación no se ha reflejado en los ingresos municipales, no obstante las facilidades y descuentos que se otorgaron. Los pagos que realizó la principal deudora, Inmobiliaria Peña Blanca, durante el mes de enero, de acuerdo a la relación de recibos de entero, suman menos de 652 mil pesos. 5).- No ha podido cobrar un peso de la contraprestación que le corresponde pagar a Aguas del Poniente al municipio por la concesión que usufructúa desde la administración de Jorge Lozano, pues de acuerdo a la información que se obtuvo a través de un peticionario no han podido calcular el monto de los adeudos. 6).- El Rastro TIF no ha iniciado operaciones. Su venta o concesión es otro fracaso pues no se puede concretar porque según el alcalde no se cuenta con 6 millones de pesos para completar la inversión calculada. 

7).- El pleito que sostiene con la empresa Vigue-Red Ambiental está a punto de perderlo. A tal grado que un juez federal amparó a Vigue para que de manera exclusiva proporcione el servicio. Es tal el derrotismo de Gallardo que ordenó la devolución de los camiones que le facilitaron en comodato para atender la emergencia. No sabemos qué es lo que persigue la empresa si el municipio no está dispuesto a pagar el servicio y menos los adeudos acumulados durante la administración de su antecesor. Por lo que no me extrañaría que un juez ordene el embargo de las cuentas bancarias municipales y otros activos.  8).- Es muy probable que el Congreso delEstado niegue la solicitud del Cabildo para cancelar o revocar la concesión a la empresa encargada del servicio de recolección de basura en la capital. La mayoría de los diputados está convencido que no tienen facultades para emitir un dictamen de esta naturaleza. 9).- El presidente municipal no ha conseguido la autorización del gobierno federal para darle un uso distinto al edificio conocido como Subcomandancia Centro, ubicado en la calle de Reforma, no obstante que se comprometió a destinarlo como guardería infantil para los hijos de los policías ante la oposición de los vecinos que no quieren correr riesgos por la inseguridad que representa un sitio como el Charco Verde. 10).- No ha concretado con un acuerdo de Cabildo el compromiso de sus integrantes para que acepten una reducción de hasta el 30 por ciento en sus prestaciones. Debemos reconocer que todos estos ofrecimientos le han servido como publicidad para acaparar la atención de los potosinos y ganar simpatías para su proyecto político reeleccionista, aunque sus desaciertos y mentiras sean mucho mayores que sus pobres y escasos resultados.

Los resabios de un insulto

Por Eduardo Martínez Benavente

Recuerdo que durante la administración del ex gobernador Fernando Toranzo se adquirió, sin haberse licitado, un sofisticado y caro equipo de intervención telefónica a un proveedor ajeno a esta actividad cuyas características fueron dadas a conocer en su momento y que sólo podía utilizarse mediante mandato judicial para investigar asuntos relevantes del crimen organizado, como aquellos vinculados con el narcomenudeo y secuestro. Desde entonces debió quedar bajo el resguardo de la Procuraduría General de Justicia. La adquisición del aparato venía envuelta en un velo de presumible corrupción que nunca fue investigada, no obstante que se trataba de un activo que se pagó con recursos federales.

Es tan fácil y barato hacerse de un equipo para escuchar llamadas que no creo que el aparato que sirvió como herramienta para infiltrarse en las conversaciones del secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, con el director de un medio de comunicación de la huasteca potosina, a principios del 2015, cuando fungía como responsable de los ingresos y egresos del candidato del PRI a la gubernatura del Estado, haya sido el mismo que el que ahora no se atreven a exhibir los funcionarios del área de seguridad estatal. En el internet se ofrecen estos dispositivos entre 5 y 300 mil pesos, dependiendo del tipo de equipo que se pretende instalar. El ocultamiento del interceptor y las contradicciones y mentiras en que han incurrido los representantes del gobierno del estado han prorrogado los efectos de un escándalo político que por su levedad debía haber terminado hace más de una semana, independientemente de que el ofendido no le dio mayor importancia al agravio. Sin embargo, todos los días se suman nuevos elementos que hacen difícil de olvidar la filtración, pero que han servido como distractor de los verdaderos problemas que aquejan a la entidad, como es la preocupación social por el incremento en el número de ejecuciones que han venido ocurriendo.

Creo que alguien próximo a Ugalde fue el que grabó la conversación para más tarde sacarle provecho o cobrarle una cuenta pendiente; pues si se tratara de un complot diseñado especialmente para espiarlo, el operador debía haber estado todo el tiempo escuchando y seleccionando las llamadas hasta obtener la información que realmente lo comprometiera. No podemos olvidar que el ahora responsable de las finanzas públicas del estado, al iniciarse esta administración, exhibió públicamente al ex gobernador Fernando Toranzo como un deudor contumaz e irresponsable que le sumó más de 6 mil millones de pesos a los pasivos que tanto le criticó a Marcelo de los Santos. En un principio estimé que esta denuncia respondía a un rompimiento o por lo menos a un deslinde con el gobierno anterior, pero no, la actitud protectora de Juan Manuel Carreras me indicó que estaba equivocado al asegurar que la deuda era"manejable". Desde entonces no se ha vuelto a tocar el tema de los descomunales pasivos que heredaron y el secretario, que no puede ni quejarse de esta situación, quedó expuesto a toda clase de represalias. Me aseguran que su relación con la mayoría  de los propietarios de los medios de comunicación no es la mejor en este momento, pues no han podido negociar los contratos de prestación de servicios que cada año celebran con el gobierno del estado para darle cobertura noticiosa a sus eventos y reducir o desaparecer las críticas.

No me queda claro si el contador Ugalde se adelantó a que un tercero diera a conocer la conversación en las redes sociales y para eso convocó a una rueda de prensa en la que difundió el audio y denunció que fue dolosamente editado. En todo caso, por los asuntos que manejó durante la contienda electoral parece que no hay más grabaciones, pues si existieran, seguramente habríamos conocido la identidad de los principales cooperadores y el monto real de los recursos que se aportaron. Creo que también habría quedado constancia de los apoyos gubernamentales que ilegalmente recibió el candidato. Los topes autorizados por el Consejo Estatal Electoral para la elección gubernamental fueron rebasados sin ningún recato por Carreras, quien declaró 13millones 868 mil pesos de aportaciones y otro tanto de gastos o egresos; y los auditores del Instituto Nacional Electoral aceptaron sin cuestionamientos sus cifras y no hicieron nada para sancionar a los delincuentes electorales. Ante tal impunidad, Juan Manuel Carreras no le dio ninguna importancia a la advertencia de su tesorero en el sentido de que las miles de camisetas que se repartieron en un evento deportivo en el estadio Alfonso Lastras, con el logotipo del Club Atlético San Luis y su nombre podían ser motivo para cancelar su registro, pues está especialmente prohibido en la Ley Electoral que las personas morales contribuyan a los gastos de campaña, señalándose penas severísimas a los infractores y al candidato beneficiario.

No me cabe la menor duda que la persona que filtró la llamada lo hizo con el propósito de enemistarlo con su jefe para que lo cesara. Sin embargo, no consideró que el carácter apacible y cerebral del gobernador, ajeno a la promoción de conflictos, evitaría el rompimiento. Es obvio que la relación con su empleado quedó definitivamente dañada, por más útil que pueda resultarle en el puesto que desempeña, como lo demostró con la reestructuración de la deuda bancaria que negoció, en la que, en el caso de Santander, logró un ahorro en Flujo de 388 millones de pesos para la presente administración y de 291 millones para el próximo sexenio; y en el crédito de Banorte consiguió un ahorro en Flujo de 576 millones para este sexenio y 630 millones para el siguiente. Lo que se puede corroborar en el informe que rindió al Congreso del Estado, el pasado 28 de diciembre. Independientemente de haber logrado que los diputados aprobaran por unanimidad los presupuestos de ingresos y egresos del 2016.

Es muy incómodo querer aparentar que no pasó nada, por más que los dos jueguen a los desentendidos, pues cada vez que el contador se presente ante su jefe, le vendrá a éste a la cabeza los adjetivos calificativos que le endilgó y la manera como lo festejó con su interlocutor. Aunque creo que los ofensores se equivocaron porque el término correcto para calificar a una persona que no tiene arrojo ni carácter para tomar decisiones difíciles es acusarlo de pusilánime, anodino o negligente, pero no de pendejo, raro o ingenuo; y menos de crecido. 

¿Qué quiso decir el Papa?

Por Eduardo Martínez Benavente

Sería muy presuntuoso de mi parte querer ofrecer en este breve espacio un análisis completo de la visita del Papa Francisco a nuestro país, cuando abordó tantos temas y pronunció más de una docena de discursos y homilías que habrá que examinar con todo detenimiento para entenderlos, por lo que me veo reducido a comentar dos o tres eventos de este histórico acontecimiento. Creo que algunos de sus pronunciamientos sólo son comprensibles para los grupos privilegiados de la sociedad, e incomprensibles para la mayoría de los mexicanos que a duras penas subsisten con las miserias que reciben por su trabajo. Por ejemplo, cuando hace referencia a las familias: "Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar, a una familia y sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. ¿Cuántos chicos tenés? No, no tenemos porque claro nos gusta salir de vacaciones, ir al turismo...". En la primera parte de su exposición creo que todos podríamos coincidir, pero nunca en la segunda porque existe un distanciamiento abismal, en lo económico y social, entre los que se pueden dar estos gustos y las decenas de millones de mexicanos que ni piensan en ellos porque son totalmente ajenos a los mismos. La información que originó su visita es muy abundante y difícil de interpretar en muchas partes. Para algunos de nosotros que hemos perdido la fe o para los no creyentes resulta inaccesible el lenguaje religioso y en concreto las referencias teológicas, incompatibles con las verdades científicas. ¿Cómo puede ser que a través de la oración pueda alcanzarse tal o cual objetivo?

Entendemos que no haya hecho alusiones personales en sus intervenciones, aunque como nos hubiera gustado que las hiciera, pues su recorrido pastoral por el país disfrazado de visita de Estado no se lo permitía. Tuvo que ser en el vuelo de regreso a Roma para referirse indirectamente al sensacionalista y xenófobo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de quien se lamentó que "no es cristiano" que una persona solo piense en construir muros. El trabajo de identificación de los personajes que criticó el Papa corresponderá hacerlo a los analistas y al clero comprometido con los problemas sociales, quienes tendrán la oportunidad de exhibir a éstos y a otros más citando los textos del Papa para darle credibilidad y fuerza a sus denuncias. No me cabe la menor duda que en este encuentro el Presidente de la República y el Obispo de Roma se utilizaron. Los dos sacaron provecho de la visita, aunque creo que el Papa Francisco sacó la mejor tajada, pues sus intervenciones y recorridos tuvieron una difusión e importancia extraordinaria que llegaron a todos los rincones de la República y a otros países. Peña Nieto tendrá que esperar la evaluación trimestral que practican las casas encuestadoras con mayor credibilidad para ver si sus bonos subieron con el protagonismo desaforado y ofensivo de los seis encuentros en los que se lució al lado del Papa. La aprobación ciudadana al mexiquense había caído al 35% a la mitad del sexenio e iba en picada. Sería muy triste que los mensajes y enseñanzas del Pontífice pronto se olvidaran.

Creo que muchos mexicanos seguimos lamentando que el primer Papa latinoamericano no haya escuchado a los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ni a las víctimas de los clérigos pederastas, aunque más tarde quiso justificarse en la rueda de prensa que dio en el vuelo que lo llevó de Ciudad Juárez a Roma, argumentando que se produjo algún intento por su parte, pero que se descartó después de constatar la cantidad de grupos que se decían representar a las 43 familias, “incluso enfrentados entre ellos”, y de que resultara “prácticamente imposible recibir a todos”. Me extraña esta explicación porque la Procuraduría General de la República no ha tenido problemas para reconocer a los representantes de ese grupo en las múltiples ocasiones en que se han reunido para informarles de los avances de la investigación. Creo, más bien, que el gobierno lo engañó con esta versión para que no los recibiera en audiencia privada. El silencio que guardó durante su gira para condenar públicamente a los clérigos pederastas y sus encubridores quedó reparado con la advertencia que les hizo a los obispos en el mismo vuelo, en el sentido de que debían renunciar a sus cargos aquellos que movieran a los pederastas de una parroquia a otra. 

¿A qué conflicto se refería José Mario Bergoglio cuando en la Catedral Metropolitana llamó a la unidad del Episcopado?  "Si tienen que pelearse, peléense, si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara y como hombres de Dios que después van a rezar juntos". Ha trascendido que el motivo del regaño fueron las intrigas por el desplazamiento del Cardenal Norberto Rivera de la organización de la gira papal que quiso aprovechar en beneficio propio y de sus amigos de las elites empresariales y políticas del país. En ese mismo evento pidió a los obispos no tener miedo a la transparencia, pues La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Creo que su exhorto está dirigido a que contribuyan con las autoridades cada vez que reciban una denuncia en contra de algún presunto cura pederasta para que se les investigue; y no a ventilar sus ingresos y egresos, a lo que no están obligados mientras no reciban recursos del gobierno. La Iglesia es muy reservada en esta materia, aunque debo reconocer que el arzobispo emérito Luis Morales Reyes ordenó al patronato que se encargó de recaudar fondos para la adquisición del carrillón o grupo de campanas musicales  de Catedral, que nos entregara la información con los nombres y montos de los donantes, entre los que aparecían el gobierno de Toranzo y Victoria Labastida, como los contribuyentes más generosos.

A pesar de todas las críticas que se le puedan hacer al Papa por su visita a nuestro país y de que la pareja presidencial se haya montado sin ningún pudor en varios de los eventos, podemos concluir que su presencia fue positiva y muy alentadora para la mayoría de los mexicanos.

¡Bienvenido a la antesala del infierno!

Por Eduardo Martínez Benavente

Es muy aventurado poder opinar sobre el éxito o fracaso de la visita papal a nuestro país cuando esta columna la estoy enviando para su publicación una hora antes de su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, me atrevo a predecir que nada extraordinario va a ocurrir y que todo se va a desarrollar normalmente de acuerdo al programa establecido. Cuando mucho recibirá en audiencia privada, y fuera de la agenda, a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Es un encuentro que no puede eludir pues sabe que este suceso ha calado profundamente en amplios sectores de la sociedad y ha acaparado la atención de todo el mundo. Sería un agravio no escucharlos y dirigir -por lo menos- una oración por sus hijos. No dudo que de la misma manera reciba a un grupo de víctimas de la pederastia clerical. Les pedirá perdón e insistirá en la vergüenza que provocan estas conductas para la Iglesia y su compromiso de cero tolerancia para los agresores sexuales y sus encubridores. Es imposible satisfacer todas las demandas de los católicos, desde los más conservadores a los que les gustaría que la misa se volviera a impartir en latín, hasta los más radicales que están a favor de la aprobación del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sería muy decepcionante que sus mensajes no estuvieran acordes a las circunstancias que vive el país cuando está bien informado de lo que ocurre y sabe que se adentra a una tierra de volcanes en erupción. Francisco encontrará una nación convulsionada y dolida por la violencia, la pobreza y la corrupción. Aunque creo que la mayoría de los mexicanos quedará contento con su visita una vez que el jesuita se arrodille a los pies de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac y exprese su cariño por México. Pocos entenderán el contenido de sus impecables discursos y homilías. Sería un desperdicio si no aprovecha la oportunidad para improvisar o comentar sus intervenciones cuando comparte la misma lengua que el auditorio. Verlo pasar en el papamóvil será motivo de regocijo para millones de admiradores y curiosos que saldrán a su encuentro y más para aquellos que asistan a alguno de sus eventos y lo vean de cerca o hagan contacto con él. Su presencia es para muchos sobrecogedora y hasta motivo de llanto. Repruebo, creo que como muchos otros mexicanos, la apropiación y desmedida cobertura que ha hecho Televisa y otros medios de comunicación de la figura papal, como si se tratara de un bien de su propiedad o de un medio para distraer al pueblo de sus verdaderos problemas. Confío en que máxima autoridad de la Iglesia Católica no permitirá que Norberto Rivera y la pareja presidencial se exhiban junto a él más allá del tiempo indispensable. Son personajes incómodos para la mayoría de los mexicanos y Francisco conoce las acusaciones que pesan sobre el arzobispo primado de México por encubrimiento y por su comprometedora relación con la clase política y empresarial; así como de la investigación donde se documenta y expone con gran detalle, la fórmula con la que la cúpula eclesiástica, encabezada por el Cardenal, incurrió en múltiples irregularidades y alteraciones para anular el matrimonio de la actriz Angélica Rivera permitiéndole contraer matrimonio religioso con quien se perfilaba para ser presidente de la República, como parte de un espectáculo que tenía la finalidad de granjear las simpatías de los católicos mexicanos.

Nada de descortesías ni mensajes cifrados ofensivos. Nada parecido a aquel incidente en el que el sacerdote y revolucionario sandinista Ernesto Cardenal fue increpado severamente por Juan Pablo II durante su visita oficial a Managua en 1983, frente a las cámaras de televisión que transmitían el evento a todo el mundo. El partidario de "una revolución desprovista de venganza" y defensor de la Teología de la Liberación narra que el Papa se le acercó y no le permitió que le besara el anillo y blandiendo el dedo como si fuera un bastón le dijo en tono de reproche: "Usted debe regularizar su situación". Un año más tarde el Papa lo suspendía a divinis del ejercicio del sacerdocio por desempeñar al mismo tiempo el cargo de Ministro de Cultura de ese gobierno. Treinta años después, el Papa argentino desautorizaba el castigo y derogaba el decreto. Es comprensible la actitud del polaco por provenir de un país que había sufrido la opresión y cancelación de todas las libertades, primero con los nazis que invadieron su patria e inmediatamente después con los rusos que implantaron el comunismo. Nadie mejor que él sabía lo que era padecer regímenes totalitarios y bárbaros. Por eso su tenaz oposición a cualquier intento de darle cabida a movimientos de esa naturaleza.

La beatificación de monseñor Oscar Romero, acusado por la ultraderecha de agitador y subversivo, y quien fuera arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980 en plena misa por un francotirador a sueldo y elevado a los altares el pasado 23 de mayo, es otro acto de justicia con el que el Papa Francisco reivindica a aquellos sectores progresistas de la Iglesia Católica que fueron satanizados y valora la opción preferencial y solidaria por los pobres como un instrumento al que tantos le dedicaron lo mejor de sus vidas. Este reconocimiento que tuvo un claro trasfondo político nos llenó de alegría y satisfacción a millones de creyentes y no creyentes -a los que hace 36 años nos conmocionó el magnicidio- porque consideramos que se trata de un revés que le dio a la derecha que tanto daño le ha hecho a la Institución. Después de varias décadas en las que las elites más conservadores se dieron a la tarea de excluir de la jerarquía eclesiástica a los sacerdotes identificados con esta corriente, renace la esperanza de que el grupo de luchadores sociales que sobrevive salgan del aislamiento al que han sido relegados y le den a la Iglesia una orientación de acuerdo al verdadero cristianismo. Su próxima visita a San Cristóbal de las Casas y su compromiso de rezar ante la tumba del obispo don Samuel Ruíz, defensor de los pueblos indígenas en Chiapas, confirma esta teoría porque repara de alguna manera las afrentas que sufrió el religioso por parte del alto clero mexicano, a quien se le impidió llevar adelante su labor pastoral indigenista desde su cultura. 

¿De dónde viene el dinero?

Por Eduardo Martínez Benavente

Hay una pregunta que cada vez más potosinos nos hacemos: ¿De dónde provienen los recursos que se están aplicando para atender los programas asistenciales que ha activado el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, si el Cabildo municipal sólo le autorizó una partida presupuestal destinada a "ayudas sociales a personas" por 4 millones 427 mil pesos para todo el ejercicio fiscal del 2016, y otros 8 millones 955 mil pesos que se distribuirán entre becas y programas de capacitación, ayudas a instituciones de enseñanza y a instituciones sin fines de lucro; así como ayudas a entidades de orden público y para desastres naturales y otros siniestros? ¿Cómo es posible entonces que en los tres primeros meses de la administración gallardista, con las finanzas quebradas, haya gastado casi 320 mil pesos diarios en "ayudas sociales a personas"?  Veintiséis veces más de lo que se podría erogar mensualmente con los recursos autorizados para el 2016; como se puede verificar en el informe financiero municipal correspondiente al cuarto trimestre del 2015. La cantidad autorizada para gastar en el 2016 es evidentemente falsa e insostenible, así como la del último presupuesto de egresos del ex alcalde Mario García Valdés, que se modificó dos meses antes de que concluyera su mandato destinando una partida de casi 107 millones de pesos para cubrir las "ayudas sociales a personas". Para alcanzar esa cifra se sumaron arbitrariamente los descuentos otorgados a los contribuyentes por concepto de Impuesto Predial y multas de tránsito, como si se tratara de un egreso, lo que les permitió falsear la contabilidad gubernamental. El presupuesto de egresos debe ser un cálculo razonable de lo que se pretende gastar. Nunca un disparate. Debe coincidir con el presupuesto de ingresos. Y el inmediato anterior, una vez actualizado o modificado, debe servir de referencia para elaborar el nuevo.

Las pistas que va dejando el dinero son los medios más efectivos para ir conociendo los aspectos oscuros de esta administración que desde un principio ha mostrado su rechazo a la transparencia y rendición de cuentas, al grado de negarle a un peticionario de información pública algo tan elemental como son los nombres de los representantes de las empresas que pagaron el programa "Fiesta de Luz", y por haber prorrogado el plazo para contestar otra solicitud con el que quiere ganar tiempo para calificarla como reservada. En esta solicitud se le pidió una copia simple de la relación de empresas y/o empresarios que aportaron recursos, en especie o en efectivo, para la realización del programa "Posadas Navideñas 2015", mediante el cual se repartieron 40 mil cobijas, 200 mil juguetes y un número indeterminado de despensas en distintas colonias de la ciudad. El presidente municipal manifestó que no tiene por qué transparentar los recursos que utilizó para realizar las fiestas navideñas, pues aseguró que fueron donativos de empresarios que no salieron del erario municipal, cuando debería saber o alguien informarle que el artículo 115 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que la Hacienda Pública está integrada, entre otros bienes, por las donaciones que recibiera, y por lo tanto, debieron ingresar a la contabilidad municipal y rendir cuentas de las mismas.

La falta de una respuesta transparente y satisfactoria con la que se pueda justificar todos los ingresos y egresos que no constan en los presupuestos nos permite exteriorizar a los ciudadanos toda clase de conjeturas sobre quiénes son los que aportan esos recursos y, lo más importante: ¿Qué les va a dar a cambio? Por lo pronto sabemos que unos de los bienhechores de la política asistencial de Gallardo es la empresa propietaria del desarrollo inmobiliario "El Gran Peñón". Se trata de una inversión que ha sido duramente criticada por la forma en la que obtuvo el permiso para el cambio de uso de suelo y porque la superficie que excede a la anchura reglamentaria de la principal vialidad, que tiene una longitud de 10 kilómetros, desde la prolongación de la avenida Juárez hasta la Zona Industrial, se le tomó en cuenta como si se tratara de una área de donación, independientemente de que el costo de esa vía correrá por cuenta del gobierno.

Es difícil calcular el valor de los cientos de miles de garrafones de agua, despensas, kilos de tortilla y otros bienes que sin costo alguno proyecta distribuir el alcalde entre decenas de miles de potosinos de las colonias más pobres de la ciudad durante su trienio, cuando ni siquiera se conoce el padrón de beneficiados. Sabemos que un kilo de tortilla anda entre 11 y 13 pesos, dependiendo del sector de la ciudad, aunque parece que este programa entrará en vigor hasta el 2017; y llenar un garrafón con agua purificada tiene un costo de 8 pesos. Si se tienen programadas 15 plantas que beneficiarían a 4 mil familias cada una, como lo ha presumido Gallardo, nos dan 60 mil familias beneficiadas con derecho a abastecerse de 4 garrafones por semana. Serían 240 mil garrafones semanales por 52 semanas del año, suman 12 millones 480 mil garrafones por 8 pesos cada uno; nos dan un costo de 99 millones 840 mil pesos. 

Este sólo programa le permitiría asegurar una clientela electoral cautiva que le allane el camino para incursionar con éxito en futuras aventuras políticas y afiance su cacicazgo regional. Sabemos que nadie, absolutamente nadie, le prestaría ayuda económica sin el interés inmediato de obtener un favor a cambio. Así se trate de "amigos", proveedores, fraccionadores, constructores, dueños de giros negros y otras actividades lícitas o ilícitas. Es evidente que cientos de millones de pesos están circulando fuera de las estrictas normas de la contabilidad gubernamental, pero lo peor del caso es que los órganos de fiscalización no hacen absolutamente nada para impedirlo. No estoy en contra de que el municipio apoye a ese sector de la población con programas asistenciales en la medida de sus posibilidades y sin desatender los servicios públicos que debe prestar. Lo que condeno es la falta de transparencia en el gasto público y el protagonismo del alcalde que quiere que le aplaudan cada vez que tapa un hoyo o le sale un diente. 

Ensuciando la basura

Por Eduardo Martínez Benavente

A través de declaraciones y desplegados contradictorios y falsos que han estado apareciendo en los medios de comunicación, relativos a la suspensión del servicio de recolección de basura y disposición final de los desechos urbanos domésticos que desde el pasado jueves 21 padece la capital del estado, la administración del alcalde Ricardo Gallardo Juárez nos quiso hacer creer que el adeudo por casi 78 millones de pesos que acumuló hasta junio el gobierno del ex alcalde Mario García Valdés con la concesionaria del servicio, Vigue-Red Ambiental, había sido negociado y pagado con un inmueble, pues se había llegado a un acuerdo en el que el Ayuntamiento reconocía los pasivos y fijaba una fecha de vencimiento para el pago, en el entendido de que éste no se iba a ocurrir porque sus finanzas no se lo permitirían y así se quedarían con el predio embargado.

El presidente municipal en un desplegado que mandó publicar el pasado jueves 21 confirma este señalamiento al manifestar que: "Toda vez que al iniciar la presente administración, se tenían grandes deudas con proveedores, se le dijo a Vigue que dispusiera de los terrenos (embargados) para saldar el adeudo”. Tan es así que en el presupuesto de egresos del 2016, que autorizó el Cabildo el 14 de diciembre pasado, no se destinó partida presupuestal alguna para cubrir la deuda millonaria porque Gallardo había aceptado que el compromiso quedaba saldado con el inmueble que en su oportunidad se adjudicarían. Esta es una de las tantas incongruencias en que ha incurrido el alcalde porque ahora acusa a su antecesor de haber permitido que se despojara al municipio de una valiosa propiedad ubicada en la calle de Sierra Vista Poniente sin número, en el fraccionamiento Privadas del Pedregal, con una superficie de un poco más de 100 mil metros cuadrados, y que según el diputado perredista Guadalupe Torres Sánchez tiene un valor de 300 pesos el metro cuadrado. Todo indica que a los directivos de la empresa les proporcionaron las características e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del lote de terreno que más tarde embargarían y que esa información privilegiada se las hizo llegar un alto funcionario municipal en un acto de corrupción para que la utilizara cuando se emplazó al Ayuntamiento y se embargó el inmueble.

No sabemos el motivo por el que Gallardo cambió su estrategia denunciando ahora ser víctima de las arbitrariedades de la concesionaria y respondiendo con una campaña de amenazas para rescindir la concesión cuando sabía que el pago no se había realizado, ni había voluntad de hacerlo. Es entendible que ningún proveedor de bienes y servicios soportaría esta insolvencia por tanto tiempo; y más cuando sabe que las finanzas municipales no le permitirán adquirir una flotilla de camiones para recolectar la basura ni habilitar un sitio en el cual confinar los deshechos de la ciudad; por lo que no me extraña que el alcalde pudo haber recibido una atractiva oferta para que alguna otra empresa prestadora del servicio se quedara con el negocio, como podría ser GEN de Monterrey, que hace siete años incursionó por tierras potosinas con este propósito.

Vale la pena reproducir una fracción del artículo que acaba de publicar el periodista Victoriano Martínez en la última edición de la revista Reflexión Ciudadana, porque repasa de una manera breve y exacta las incongruencias y contradicciones en que ha incurrido el alcalde, al señalar que: "se exhibe como un político urgido de golpes espectaculares en aras de reforzar una imagen artificial que se ha forjado a base de manipulación y dádivas, pero que ha resultado errática cuando se trata de conflictos de fondo como el ambulantaje, los grandes deudores del predial, la compra de luminarias LED y ahora la recolección de basura". Yo agregaría que además de errática su conducta es falsa y temerosa, pues ahora, en lugar de iniciar un proceso para rescindir la concesión, como lo había ofrecido, anuncia con resignación que: "Vamos a ver la posibilidad de que haya un arreglo y buscar la forma de pagar lo que se debe, ya sea con los terrenos o como las autoridades determinen con respecto al embargo, o bien la venta de los terrenos y con lo que se obtenga pagar el adeudo, a mí lo que me interesa es la ciudadanía". (PULSO 30-I-16). Seguramente que nadie se atreve a advertirle que esto último no es posible porque el Congreso del Estado nunca le autorizaría una enajenación en la que el producto de la venta se destinara  al pago de pasivos. 

Ante la inminencia de un arreglo entre las partes, sale sobrando la propuesta que hizo el abogado Juan Ramiro Robledo en un artículo que publicó esta semana, en el sentido de que a solicitud del alcalde, el gobernador del estado puede declarar la ocupación temporal del terreno e instalaciones en las que VIGUE deposita la basura, así como el equipo de transporte, pues se trata de una causa de utilidad pública para impedir la propagación de enfermedades por las toneladas de basura que se están acumulando. Es un caso urgente y apremiante en el que se puede aplicar esta solución legal. El municipio tendría un plazo de 45 días para empezar a pagar una indemnización o renta mensual que fijaría un juez.

No sabemos si el ex tesorero municipal, José Bolaños Guengorena, quien fue el que suscribió el convenio que serviría de base para la demanda lo hizo con el consentimiento del alcalde o si actuó por iniciativa propia. Lo que podemos advertir es que a la concesionaria le hicieron creer que el proceso judicial se iría en rebeldía y podría hacerse de la propiedad sin mayores complicaciones; pero no contaban con que la síndico municipal, María Eugenia Rivera Fernández, contestaría la demanda negando que el Ayuntamiento hubiera celebrado un reconocimiento de adeudo, pues quien lo aceptó, según se desprende del propio documento, fue el tesorero municipal, que no tiene facultades para representarlo y aunado a lo anterior, señaló que el convenio no era un título ejecutivo porque carecía de las formalidades que señala la ley para los documentos que traen aparejada ejecución, por lo que era improcedente la vía que habían elegido. Por lo pronto, el expediente se encuentra en una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en espera de que se resuelva el recurso de apelación que presentó la abogada.

La Ford en San Luis

 

Por Eduardo Martínez Benavente

El gobierno de Juan Manuel Carreras ha sido muy cauteloso con la información que ha dado a conocer la agencia denoticias Reuters, reconocida a nivel internacional por su seriedad y profesionalismo, anunciando como un hecho que la nueva planta de la Ford Motors Company se instalará en San Luis Potosí, con una inversión de 1,500 millones de dólares. Esta cuantiosa inversión y el número de empleos que se crearían en su ámbito serían una excelente noticia para los potosinos si el Gobierno del Estado contara con los recursos necesarios para hacer frente a los enormes compromisos que se le vendrían encima una vez que se formalizara la operación; o bien, que el gobierno federal le garantizara a la entidad, con un fondo especial, que cada vez que se le atorara la carreta saldría al quite para financiarlo, con tal de que la planta se quede en el país; como creo que ha sido la solución con la ensambladora de la BMW, pues de otra manera no me explico cómo sigue adelante el proyecto cuando no se le asignaron recursos a esta obra en el Presupuesto de Egresos del 2016 y el importe del préstamo de los 750 millones de pesos destinados a ese objetivo, y que maneja un fideicomiso público, es insuficiente. La revista digital de Proceso nos saca de dudas al confirmar esta teoría, pues a propósito de las diferencias que han surgido entre el Gobierno de Nuevo León y la fabricante de autopartes KIA por los incentivos otorgados ilegalmente por la administración anterior, que pretende ahora renegociar el gobierno de El Bronco, han obligado a los coreanos a reconocer que "el gobierno federalcontribuyó con 3 mil millones de pesos para nivelar la propiedad que hoy ocupa KIA".

Las finanzas del Estado son tan limitadas que no puede, por falta de presupuesto, concluir los trabajos de modernización y ampliación del bulevar del Río Santiago hasta desembocarlo con el anillo periférico, no obstante que se trata de una vialidad prioritaria para la ciudad que se inició hace más de seis años. Estas obras salvarían al gobierno de Carreras del descrédito en que ha caído por su reprobable inactividad. Hay quien me asegura que el motivo principal por el que nos negaron la información del convenio celebrado con la BMW se debe a que si las otras entidades se enteran que San Luis Potosí está recibiendo recursos extraordinarios para cumplir con los compromisos contraídos con los inversionistas extranjeros, le exigirían a la federación un trato igualitario. No me cabe la menor duda que los negociadores de la FORD conocen a detalle todos los incentivos ofrecidos a la BMW y a otras armadoras de vehículos, pues además de existir espionaje industrial, no es la primera inversión que realizan en México y seguramente que recorrieron otras entidades en las que les hicieron ofrecimientos similares o mejores a los nuestros.

La prudencia y moderación que caracterizan al gobernador del estado han evitado el festejo anticipado por la probable instalación de la inversión americana en nuestro territorio, pues falta que el gobierno acepte las condiciones leoninas de los incentivos y demás apoyos que ordinariamente se otorgan en este tipo de negociaciones, como sería la donación de un terreno con características similares al de la BMW, con todas las obras de infraestructura y demás apoyos y subsidios fiscales que podrían sumar más de 3 mil millones de pesos. Sabemos que el principal impedimento para que aterrice el proyecto en la entidad es de índole financiero, como lo advirtió el propio gobernador en una reciente declaración: "que peleará para atraer la inversión de FORD al estado, pero no empeñará a San Luis Potosí". Esta advertencia nos indica que el gobierno de Peña Nieto no le ha asegurado los apoyos clandestinos o disfrazados para la inversión.

El gobernador sabe que las finanzas públicas del Estado no le permiten contraer un compromiso de ese tamaño ni tiene margen de acción para endeudarlo con nuevos empréstitos. Sabe que su gobierno no puede comprar todo lo que le ofrecen, por más atractiva que parezca la adquisición, como sería la planta de la FORD en nuestro territorio. Sin embargo, el gobierno de Carreras podría hacerse de importantes reservas territoriales y recursos propios que ofrecer a los inversionistas si aplica la Ley. Para esto tendría que exigirle a los fraccionadores, a través de los Ayuntamientos de Villa de Reyes y San Luis Potosí, las áreas de donación que le corresponden al municipio por los fraccionamientos y subdivisiones autorizados en esa zona; y atreverse a cobrar las Contribuciones de Mejoras a que se refiere el artículo 94 y demás relativos de la Ley de Hacienda para el Estado, por la ejecución de las obras públicas que beneficiarán a los propietarios de los inmuebles ubicados dentro de esa área geográfica que hasta poco eran terrenos ejidales de escaso valor. La enorme plusvalía que han alcanzado esos bienes se debe a la inversión estatal en obras de infraestructura que se están desarrollando y a las fábricas anclas que han conseguido las administraciones de Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo. El Ejecutivo del Estado, previos los estudios y avalúos de las dependencias involucradas, puede determinar el costo de las obras y si los sujetos de la contribución deben cubrir el costo total o solamente parte de éste y el plazo para el pago de la contribución.

Es previsible que el Gobierno del Estado esconda de nueva cuenta la información relativa al convenio que podría suscribir con la FORD y consecuentemente los montos e incentivos que ofrece, argumentando, como le hizo con la BMW, que de darse a conocer el documento se complicarían las negociaciones con otras empresas y se afectaría el crecimiento económico y el empleo en la entidad, lo que constituye, según los acuerdos de reserva que emitió la Secretaría de Desarrollo Económico, un asunto de interés público que justifica la restricción al acceso a la información pública. Lo que es totalmente improcedente e infundado, pues confiamos que la justicia federal falle a nuestro favor en el amparo que presentamos el pasado miércoles, resolviendo que la información relacionada con el uso de los recursos públicos, por mandato constitucional, no puede ser reservada por las autoridades.

El desquite de Peña

Por Eduardo Martínez Benavente

Qué no daría un buen periodista por entrevistar en exclusiva y en su propia madriguera a El Chapo Guzmán, permitiéndole al entrevistador tomarle una fotografía en la que apareciera a su lado estrechándole la mano para demostrar al mundo la autenticidad del encuentro y la osadía de haber incursionado en un territorio especialmente peligroso y en un momento en el que lo más selecto de las fuerzas armadas del país y la tecnología americana lo perseguían sin tregua, ofreciéndole al denunciante que los llevara a su captura decenas de millones de pesos. Sus invitados tuvieron la oportunidad de delatarlo y cobrar la cuantiosa recompensa, y no lo hicieron. Creo que su detención poco tuvo que ver con esta cita. Me quedo con la versión, de que si bien es cierto que los cuerpos de seguridad andaban cerca de su objetivo, su aprehensión se debió más a la llamada anónima y ocasional de un vecino que advirtió "movimientos inusuales" en su entorno y que les permitió incursionar en el sitio debido.

Independientemente de que la entrevista o cuestionario puede carecer de profesionalismo porque quedaron muchas preguntas por hacer, en ninguna se profundizó y otras más resultaron banales e inadecuadas; el mérito periodístico es envidiable aunque no haya nada extraordinario que destacar. Es El Chapo tan elemental y falto de ideas y con una enorme dificultad para expresarse que durante la entrevista  parecía estar sentado en el banquillo de los acusados atendiendo el interrogatorio de un severo agente del ministerio público, y con la advertencia, por parte de su abogado, de no ampliar ninguna de sus respuestas y contestar lo más escueto que le fuera posible. Los incidentes del encuentro que según el gobierno de Peña Nieto le dieron la pista para ubicarlo le han servido a su administración como distractor de los verdaderos problemas que aquejan a los mexicanos, como es la violencia incontrolable que está ocurriendo en varias zonas del país y la debacle económica con todas las consecuencias presupuestales que tendrá la caída del precio del petróleo a menos de 20 dólares el barril y la devaluación de nuestra moneda que podría alcanzar los 20 pesos o más por billete verde antes de que concluya el primer semestre.

Tenemos que reconocer que el inesperado encuentro se dio gracias a las habilidades y encantos de la actriz Kate del Castillo que le permitió al premio Oscar, Sean Penn, acompañarla y dirigir las preguntas en un contexto que nos confirma que los gringos nunca le van a encontrar la cuadratura a los mexicanos. Es tan intenso el control mediático que ejerce el gobierno de Peña Nieto que hasta la esperada visita del Papa a México ha dejado de tener relevancia. Todos sus esfuerzos están concentrados en capitalizar la captura de El Chato y en exhibir la relación de Kate del Castillo con el narco.  Estoy consciente que la insistencia y duración del tema que nos han impuesto nos obliga, aunque nos resistamos a participar en su juego, a revisar algunos aspectos que no han sido suficientemente analizados. Creo que la mayoría de los mexicanos lamenta o por lo menos siente cierta reticencia por la captura del sinaloense. Sus fugas, poder y riqueza han deslumbrado a millones de compatriotas que celebran la manera como Guzmán Loera ha vencido en dos ocasiones al gobierno federal escapándose de recintos de máxima seguridad y exhibiendo la ineptitud y corrupción de las autoridades.  El daño que le ha provocado a la figura presidencial es inmensurable y ni con su captura podrá recuperarse, por más que ha querido exhibir a su presa y mostrar en fotografías el estado de estupefacción reflejado en su rostro. Creo que si se hiciera una medición objetiva del número de simpatizantes y antagonistas con las que cuenta el narcotraficante, no dudo que ganaría la primera opción, pues poco se ha difundido de los delitos cometidos por el cartel del extraditable que, sin duda alguna, acrecentarían el odium plebis que merece.

La campaña de linchamiento que se ha desatado en contra de Kate del Castillo, quien se ha distinguido por sus críticas en contra del presidente Peña Nieto y su esposa, creando una enorme polémica al haber declarado su abierta admiración por Guzmán Loera, es inaceptable y atenta contra sus derechos humanos. La reacción en contra de la Reina del Sur parece más una vendetta visceral orquestada desde la presidencia de la República que una investigación seria de su relación con el criminal. Desde mi punto de vista creo que no se le puede acusar de encubrimiento porque no favoreció su ocultamiento, ni de obstrucción de la justicia, ni de haber hecho apología del delincuente, pues esta conducta se habría tipificado si lo hubiera provocado públicamente a cometer un delito. Aunque su situación sería sumamente grave si se le prueba que recibió dinero de El Chapo a cuenta de la película biográfica que parece haber sido el motivo principal del encuentro. De cualquier manera le han dado una dimensión excepcional a la señora que si antes de este incidente cobraba unos cuantos cientos de miles de dólares por protagonizar un papel estelar en una película; en lo sucesivo sus actuaciones se cotizarán en millones de dólares, pues ya todo mundo la conoce.

La detención del capo debía generar la apertura inmediata de cientos de causas penales de todas las personas que han hecho negocios con él o que lo han protegido. Pero si en ninguna de las otras dos ocasiones en que se le ha capturado han atacado el corazón de la delincuencia organizada, en esta tampoco podemos esperar que hagan algo. Por eso no me extrañó que lo hayan dejado vivo cuando a nadie nos habría sorprendido que hubiera caído abatido en la refriega o en la huída, y que después, simplemente, exhibieran su cadáver deshecho a tiros, aunque creo que le habría convenido terminar así sus días que padecer el resto de su vida las atrocidades y ensañamiento que le esperan en esa celda vigilada y aislada las 24 horas del día en que se encuentra.

Secretos mal guardados

Por Eduardo Martínez Benavente

Todo indica que la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) resolvió el recurso de queja que le presentamos hace más de 15 meses para que le ordenara al Gobierno del Estado a transparentar la información relativa al convenio que celebró con la BMW, conforme o de acuerdo a las instrucciones que recibió por parte de los operadores del gobernador Juan Manuel Carreras, por lo que la información oficial seguirá siendo un secreto arbitrariamente guardado; y los montos e incentivos otorgados a la empresa, que suman más de 3 mil millones de pesos, serán dados a conocer hasta el 2021. Al gasto anterior habría que agregarle una serie de apoyos difíciles de cuantificar, como es la condonación del impuesto sobre la nómina por 10 años, el 80 % del Impuesto Predial y el de Adquisición de Inmuebles, el valor de las licencias de construcción y las autorizaciones municipales y ambientales, entre otros. Así como los incentivos adicionales para la planta de motores y otros gastos que podrían sumar decenas de millones de pesos.  Me atrevo a asegurar que el proyecto de la resolución emitida por la CEGAIP, y que nos fue notificada el pasado 15 de diciembre, no fue elaborado por los proyectistas de ese organismo, sino por un grupo de abogados del Poder Ejecutivo o asesores externos, pues el estilo y argumentos que utilizan son muy distintos a los que ordinariamente emplean en casos similares.

Pero lo que más nos agravia en esta resolución es que la CEGAIP subsanó las deficiencias y omisiones de los acuerdos de reserva que el Comité de Información de la Secretaría de Desarrollo Económico emitió, ordenándole a esa Secretaría a dictar en un plazo de diez días hábiles que comenzó a contar el 4 de enero, un nuevo acuerdo de reserva mediante el cual, siguiendo los lineamiento de la resolución, modifique los acuerdos de reserva e imponga nuevos candados y restricciones. En ninguna parte del texto se autoriza la liberación parcial de la información como ha declarado la comisionada presidente, ni se ordena la entrega de una versión pública. El organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública gubernamental no consideró en su fallo que el convenio carece de validez porque no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, como lo dispone el artículo 70 de nuestra Constitución; ni analizó las consecuencias de que el Gobierno del Estado no cuente con una partida presupuestal para hacerle frente a tantos compromisos. Si tan solícita y obsequiosa se portócon el ente obligado, enmendándole la plana, otro tanto podía haber hecho con el solicitante de la información.

Aquí cabría preguntarle al secretario de Finanzas, José Luis Ugalde: ¿de dónde va a sacar recursos para pagar los compromisos financieros que se suscribieron con la empresa, una vez que se agoten los 750 millones de pesos derivados del préstamo bancario que administra el Fideicomiso gubernamental? Calculo que en el 2016 tendrá que cubrir unos 2 mil millones de pesos y no tiene disponibilidad financiera ni partida presupuestal autorizada. ¿Con qué va a pagar los 51 millones de pesos que cuesta el derecho de paso? ¿O los 80 millones para la conexión con el sistema principal de carreteras? ¿O los 124 millones que vale la conexión de la planta con la vía férrea? ¿O los 655 millones de aportaciones para activos de la empresa? Si a duras penas pudo cubrir los aguinaldos y no se ha iniciado ninguna obra pública de relevancia.

Juan Manuel Carreras debe entender que a estas alturas resulta inútil seguir reservando la información solicitada pues el convenio se filtró hace más de un año y se dio a conocer ampliamente en varios medios de comunicación local y nacional. Nadie lo ha desmentido y la CEGAIP cuenta con una copia certificada agregada al expediente que corresponde exactamente con la que cualquier interesado puede consultar en la página web de Proyecto Tábano. ¿Qué caso tiene firmar un Código de Conducta para losServidores Públicos, que según Carreras sienta las bases de la transparencia y la honestidad en el trabajo de los funcionarios estatales, cuando no se atreve a ordenar su publicación en el Periódico Oficial, violando la Constitución del Estado?

No entiendo pues la razón por la que el gobierno del estado insiste en mantenerlo oculto si la parte sustancial del mismo, aunque no contemos con los anexos, revela los compromisos y montos inaceptables que suscribió la administración del doctor Toranzo y que el gobierno de Carreras está obligado a renegociar con los alemanes; como lo está intentando el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, con los coreanos de la fábrica de automóviles de la KIA. En esa entidad el convenio se hizo público y la sociedad está consciente de la enorme carga financiera que representa para el erario estatal, pues el monto de los incentivos fiscales e infraestructura rebasan los 11 mil 500 millones de pesos, en una inversión que suma 41 mil 250 millones; pero sobre todo, los regios están advertidos de que no hay recursos disponibles para sufragarlos. Además de que su gobierno ha denunciado las turbias negociaciones que se realizaron para la adquisición del terreno, revelando las identidades de los que ilegalmente se beneficiaron con esa operación. Es un tema que se está debatiendo en el Congreso del Estado, universidades, medios de comunicación, organismos empresariales y, por supuesto, en el interior del propio gobierno.

El Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, Fernando Turner, con el estilo directo y sin rodeos que caracteriza a muchos de nuestros vecinos del norte, declaró hace unos días queno son válidos los incentivos que comprometió la administración anterior porque el monto de los mismos supera con mucho a lo que el estado puede pagar. Que las obligaciones con KIA no son suficientemente claras ni recíprocas y que es necesario buscar un nuevo acuerdo proporcional a la capacidad económica del estado, El gobernador le encargó de forma prioritaria a un comité de empresarios la revisión del convenio y sentó a los coreanos a negociar.