Todo tiene un precio

TERCERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Entre el 4 y el 18 de julio de 2014, los integrantes del cabildo de Villa de Reyes tuvieron que sesionar para atender una consigna inconstitucional derivada de un convenio al que no fueron invitados a suscribir y del que sólo supieron que, de no hacerlo como se les indicaba, serían responsable de obstruir la millonaria inversión de la BMW en territorio potosino: exentar al 100 por ciento del pago del impuesto predial a la armadora alemana por un periodo de diez años, y otorgarle otros descomunales e ilegales incentivos. Los firmantes del convenio pusieron como condición suspensiva la obligación del gobierno estatal de obtener del cabildo de Villa de Reyes “la autorización para otorgar dichos incentivos, y (ii) entregue directa o indirectamente a través de EL ESTADO a BMW una copia certificada del ACTA DE CABILDO DEL MUNICIPIO en el que consta dicha autorización dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de firma de EL CONVENIO”. La obligación de sometimiento a las exigencias alemanas por parte de actores ausentes en el documento fue reforzada en las cláusulas Décimo Segunda y Trigésima Novena, y representa una de las tantas muestras de que el convenio que se anunció como un gran logro tiene las características de una capitulación firmada de rodillas.

Aun así, podríamos considerar que a los negociadores del convenio les quedó un poco de vergüenza. La suficiente para no dudar en pactar con los europeos una cláusula de confidencialidad (la Vigésima Séptima) que viola el artículo 70 de la Constitución Política del Estado y el artículo 33 de la Ley de Transparencia, en un intento –consciente o inconsciente– por ocultar las condiciones vergonzantes a las que se sometieron y por las que comprometieron el patrimonio de los potosinos. Pero también fue un intento por ocultar los abusos de los empresarios alemanes, a quienes se les entregan beneficios desproporcionados. Las maniobras de ocultamiento no sólo se encuentran en esa cláusula, sino también en los dos acuerdos de reserva ilegales que estamos combatiendo –el 014/2014 y el 017/2014– con los que la Secretaría de Desarrollo Económico negó la difusión del convenio y el contrato adicional firmado el 18 de julio, así como en huellas documentales adicionales como el acta del cabildo de Villa de Reyes que fue una de las primeras ofrendas entregadas por el gobierno de Fernando Toranzo a los dueños de la BMW y cuyo contenido no se puede consultar en el sitio Web del ayuntamiento aludido, pues su falta de actualización es tal que nada nuevo se le ha agregado desde hace más de 2 años. Dos ilegalidades ante las que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública ha sido omisa, hasta ahora, a pesar de la trascendencia del caso.

Una lectura detenida del convenio Gobierno-BMW permite reconocer cuando menos 52 compromisos en los que las autoridades locales otorgan beneficios a la armadora automotriz. Sólo en 17 casos es posible identificar un monto determinado de recursos involucrados que suman más de tres mil millones de pesos. Los otros 35 compromisos involucran montos aún no cuantificables, por lo que es difícil señalar el total comprometido, lo que debería ser explicado por los firmantes y negociadores. Si esas cifras no son suficientes para evaluar la trascendencia del asunto, habrá que considerar que la mayor parte de los desembolsos le tocará enfrentarlos a las siguientes dos administraciones estatales y tres municipales de Villa de Reyes. Al gobierno de Toranzo le corresponde cubrir los primeros abonos del precio de las 300 hectáreas de terreno en breña sobre las que se proyecta asentar la armadora. Para esto se comprometió entregar 6 millones de dólares antes del 30 de septiembre pasado al grupo de especuladores, entre los que se encuentran dos influyentes potosinos que seguramente sirvieron de enlace para evadir la donación del 15% de la superficie vendible que le correspondería recibir al Ayuntamiento de Villa de Reyes, y cuyas identidades estamos confirmando, pues el resto son regiomontanos.  A su sucesor le deja un pago inmediato por 12 millones de dólares que tendrá que cubrir en octubre de 2015, y otro por la misma suma que vence en enero de 2016. Entre los otros pasivos que le deja al que gane la elección de junio se encuentra el costo de la preparación, levantamiento y nivelación de ese mismo predio, que tendrá que realizarse -según las cláusulas Tercera y Octava- entre diciembre de este año y marzo de 2016, con un desembolso estimado en más de 972 millones.  A los representantes del gobierno del estado no les tembló la mano cuando firmaron el convenio manifestando bajo protesta de decir verdad: "Que reconocen que el monto total de los incentivos son de acuerdo al presupuesto de "EL ESTADO" designado a "EL PROYECTO". 

El frustrado ocultamiento del convenio, como acto de la actual administración en el que el ahora candidato del PRI a la gubernatura, Juan Manuel Carreras López, fue parte, tendría que ser tema de debate en la campaña si entre los contrincantes del priísta hay un verdadero interés por servir a los potosinos. Pero ese sería sólo el debate menor. El debate de fondo tendría que estar en los agravios que a la sociedad potosina se infringen con un entreguismo irresponsable que necesariamente tendrían que luchar por revertir con una medida muy simple: declarar su invalidez por no contar con el requisito constitucional de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Esa omisión convierte en una ilegalidad toda disposición de recursos públicos estatales en favor de la BMW. No se trata de violaciones a una ley secundaria, sino a la Constitución Política del Estado. La Auditoría Superior del Estado tendrá ocasión de mostrar que su autonomía constitucional vale si en su Informe de Auditoría a la Cuenta Pública 2014, que está por entregar en los próximos días, hace las observaciones del caso e inicia las medidas necesarias para aplicar sanciones. O bien, habrá de sumarse a la pandilla de violadores de la Constitución en perjuicio del erario.

Todo tiene un precio

SEGUNDA PARTE 

Por Eduardo Martínez Benavente

La envidiable ubicación geográfica de la capital del estado, sus vías de comunicación, la funcionalidad de sus servicios, su clima benigno, la estabilidad de sus instituciones, sus sindicatos protectores de los intereses patronales, así como la mano de obra barata, dócil y eficiente de los obreros y empleados potosinos deberían ser incentivos más que suficientes para atraer capitales, o por lo menos para atenuar las pretensiones desmedidas de la inversión extranjera. Los estímulos y subsidios a que se comprometió el gobierno de Fernando Toranzo para la instalación de la BMW en Villa de Reyes rebasan con mucho nuestra capacidad económica y no corresponden a los posibles beneficios que la entidad puede recibir de los alemanes. Es cierto que todo tiene un precio, pero en este caso el costo beneficio es inaceptable, ilegal e injusto; y el que suceda a Toranzo se verá obligado a renegociar o cancelar el convenio, si es que para entonces los europeos no han abandonado el proyecto. 

La irresponsabilidad del gobernador del estado al crear pasivos por más de 3 mil millones de pesos sin partida presupuestal completa y con una disponibilidad financiera que apenas alcanza los 750 millones de pesos, producto de un crédito bancario en el que se señaló como fuente de pago una parte de los ingresos del Impuesto sobre la Nómina, debe ser uno de los principales asuntos por debatir con motivo de las campañas electorales que se avecinan; por lo que resulta inaceptable que el convenio sólo lo pueda conocer el candidato que se alce con la victoria, quien -de conformidad con la cláusula trigésima cuarta- recibirá un reporte de las obligaciones pendientes a cumplir dentro de los 45 días naturales anteriores a la fecha en que tome posesión de su cargo. El secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, violó el artículo 53 de la Constitución del Estado porque en el último informe financiero trimestral que presentó el pasado 15 de enero no reportó la situación real que guarda la hacienda pública al omitir los pasivos contraídos con la empresa. El Congreso del Estado debe sancionarlo.

La BMW engaña a los potosinos al lanzar una convocatoria en su página electrónica invitando a los interesados a laborar en la empresa a que aporten sus datos personales cuando faltan 5 años para el inicio de operaciones y, esto, siempre y cuando el gobierno cumpla con todos los requisitos a que se obligó. La armadora podría arrancar en esa fecha abriendo una sección de la planta que sólo ocupara a una tercera parte de los 1,500 trabajadores a que se comprometió contratar, pues de conformidad con la cláusula vigésima del convenio, la contratación total del personal vence en el 2024, una vez que las instalaciones se encuentren completamente terminadas y en plena operación; sin embargo, en la cláusula décima novena los compromisos alemanes se aplazan injustificadamente hasta el 2029. Que bien les queda a los alemanes la máxima de su compatriota Friedrich Nietzsche, cuando sentencia que "Sin el autoengaño no nos levantaríamos de la cama". 

Una de las pocas cláusulas del convenio que podrían parecer contrarias a los intereses de los europeos es la que acepta compensar al Estado con una multa de 50 mil dólares por cada uno de los 1,500 empleos que no se crean. Cuando el compromiso debería ser la ocupación de por lo menos 1,500 trabajadores de manera fija y permanente, porque crear plazas para después desparecerlas puede ser una estrategia tramposa y fácil de alcanzar para cumplir con la obligación. Los alemanes están creando falsas expectativas entre las decenas de miles de jóvenes que aspiran a un empleo que creen que será bien remunerado, de tal manera que hasta hace unas dos semanas iban 29 mil personas interesadas en ocupar un puesto. En su publicidad no señalan el monto de las remuneraciones que se obligan a pagar ni las prestaciones que ofrecen. Es muy probable que los inversionistas, ante la falta de solidez del proyecto, estén colaborando políticamente con el gobierno de Toranzo para justificar con esta invitación la colocación de la primera piedra del edificio que le daría puntos a los candidatos de su partido, dando a entender que la apertura de la BMW es algo inminente y seguro. Creo que ninguna empresa confiable y seria iniciaría operaciones para contratar a sus trabajadores con tanto tiempo de anticipación e incertidumbre, si no se tratara de un embuste. 

A los directivos de la empresa no les preocupan las críticas que se han originado con motivo de la revelación del convenio que suscribieron porque su inversión se inicia una vez que el gobierno del estado esté bien metido en gastos y haya erogado más del 50% de lo ofrecido. Mientras tanto no corren riesgos. Los compromisos acordados por el gobierno potosino con la automotriz alemana deben conocerlos los potosinos para juzgar la irresponsabilidad de sus gobernantes. Los incentivos impactarán gravemente en las finanzas públicas de ésta y de las siguientes administraciones de tal manera que obligarán a cancelar o reducir una serie de gastos e inversiones ineludibles para el buen funcionamiento de la administración pública. Por lo pronto, se anuncia que ya no habrá recursos para apoyar la instalación de otras empresas y menos para regenerar la zona industrial de la capital, que es la principal demanda de los empresarios de esa zona. Los negociadores potosinos aceptaron cuanto requisito y capricho les exigieron y que  de una lectura cuidadosa del convenio podemos señalar los siguientes: son a cargo del gobierno del estado los gastos que origine la preparación, levantamiento y nivelación de las 300 hectáreas sobre  las que se asentará la empresa y que según la cláusula octava del convenio están calculados en más de 972 millones de pesos. La obra la podrá realizar directamente el gobierno o adjudicarla a un tercero mediante una licitación nacional. Sin embargo, esta cantidad sólo es un estimado, pues el gobierno del estado se obliga a aportar los recursos que se requieran, sin precisar de dónde se pueden tomar.

El candidato de Toranzo

Por Eduardo Martínez Benavente

La designación de Juan Manuel Carreras López como candidato del PRI a la gubernatura del estado no fue la decisión política más acertada que pudo haber tomado la cúpula de ese partido, en el camino se quedaron otras opciones más sólidas y atractivas, su nombramiento responde, más bien, al sobresaliente curriculum vitae  que lo respalda, muy superior al de los otros aspirantes. Carreras es un político serio, educado, inteligente, deportista y moderado que cumple con el perfil adecuado para ocupar el cargo. El candidato tiene una personalidad introvertida y acartonada al que le costará mucho trabajo aproximarse a la gente. Sus declaraciones son prudentes y sin florituras como las de un vocero profesional. Difícilmente lo oiremos decir algo fuera de lugar. No se le conocen enemigos potenciales, quizás porque no los tiene. Ni los grupos de maestros disidentes que hasta hace poco se manifestaban con frecuencia y vehemencia lo han molestado. Su gobierno -si gana la elección- navegaría entre las aguas de la mediocridad y la inoperancia por los compromisos y limitaciones económicas a las que se verá sometido y porque poco habrá que destacar de sus actividades cotidianas pues no se le dan las confrontaciones ni lamentaciones. Encubrirá los ilícitos e irregularidades de la administración que ahora deja. Toranzo y sus colaboradores pueden dormir tranquilos. Sus diplomas universitarios y posiciones que ha ocupado dentro de la función pública -por lo menos en el papel- son envidiables y seguramente fueron determinantes para su designación. Carreras López representa, aunque obviamente no se promocionará así, una garantía de continuidad en las políticas gubernamentales de Toranzo. No se le conoce ninguna actividad productiva que haya desempeñado fuera del ámbito de la burocracia. Ni siquiera un despacho jurídico y menos una empresa. 

El proceso de selección nos indica que no se evaluaron los resultados de su gestión al frente de la Secretaría. No consideraron que su ex titular no pudo con el compromiso de mejorar el sistema de educación en el estado, ni suprimir las remuneraciones de aquellos maestros que cobran sin trabajar y que están comisionados en sindicatos y partidos políticos. Como tampoco pudo hacer valer su autoridad ante dirigentes y caciques magisteriales que son los que realmente mandan en esa dependencia. La designación del profesor Vito Lucas, como nuevo titular de la SEGE, es la prueba más palpable. Pero la omisión más grave es que no calcularon los daños que la imagen del candidato puede sufrir por las observaciones financieras que seguramente le fincará la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de millones de pesos que se tomaron de diversas partidas etiquetadas y que se aplicaron para cubrir la nómina magisterial, como expresamente lo reconoció el gobernador Fernando Toranzo en la entrevista que "Pulso" publicó el pasado 10 de abril, quien explicó que "debido a que las aportaciones federales para el pago de la nómina no llegaron, la entidad acumuló en tan sólo 2 años 4 mil millones de pesos en déficit, por lo que el gobierno estatal se vio obligado a tomar dinero de otras partidas para cubrirla". Y advirtió para justificar su ilícito que el estado no cuenta con recursos suficientes para enfrentar las negociaciones salariales con el sindicato de maestros (SNTE), por lo que no es posible decirle a los profesores "te pago el mes que entra". Cualquier funcionario sabe que desviar recursos públicos es un delito.

Como titular de la Secretaría de Educación no dejó pasar la oportunidad de congraciarse con el magisterio, uno de los gremios con mayor capacidad operativa en cuestiones de movilización electoral, con el reparto de compensaciones salariales por casi un millón 500 mil pesos mensuales para un grupo de 302 privilegiados, de los cuales sólo entre 36 personas de mandos medios y superiores se llevan cada mes 786 mil pesos. Si bien puede argumentar que los atractivos bonos que reciben los mandos medios y superiores de la SEGE, hasta hace unos días a su cargo, provienen de un esquema de compensaciones creado en administraciones anteriores, no podrá negar que mantenerlos resulta una omisión convenenciera de su parte al evitar confrontar al magisterio con una acción de regularización de los ingresos de una casta a la que le preservó sus privilegios y en la que seguramente tendrá ahora uno de sus principales bastiones para la campaña electoral que se aproxima. Pocas esperanzas quedan, pues, de que se trate de un gobernador que llegue a poner orden en la administración pública estatal, cancele privilegios y canonjías de una clase política acostumbrada a beneficiarse del erario, antes que enfocarse en encontrar la manera en que éste reporte mayores beneficios para los potosinos.

Al conocerse las condiciones del convenio celebrado con la BMW para la instalación de su planta en la entidad, el ahora candidato se apresuró a declarar que su intervención fue exclusivamente en el tema educativo y no en el financiero, como si el documento se hubiese firmado en capítulos por separado. Su firma avaló las condiciones abusivas de la armadora. Sabe muy bien que el convenio no puede entrar en vigor hasta que se publique en el Periódico Oficial del Estado y que cualquier erogación que se haga es ilegal. Y se ha quedado callado. Para cuando se dio la firma, Carreras López ya era consciente de sus aspiraciones por la gubernatura, por lo que resulta doblemente irresponsable que argumente desconocer los compromisos económicos implicados al suscribir el convenio que compromete seriamente las finanzas estatales que le tocarían administrar en caso de obtener el triunfo el próximo 7 de junio. Como uno de los funcionarios que consintió el atropello alemán con su firma queda en condiciones muy desventajosas para la necesaria renegociación del convenio que obliga a mucho más que las dos mil becas de capacitación para adiestrar a los posibles empleados de la empresa. El candidato del PRI personifica una preocupante combinación de omisiones previsibles. Por un lado, los grupos de poder que mantienen una relación de privilegios en la administración pública y por el otro un necesario encubrimiento de los ilícitos cometidos por los actuales servidores públicos.

Todo tiene un precio

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

A la memoria de don Prisciliano Pérez, célebre comunista potosino, por su congruencia entre el decir y el hacer.

Ya se les olvidó a los alemanes lo que es firmar un compromiso en el que el consentimiento de una de las partes está viciado de nulidad por las presiones que se ejercen sobre su persona, y se ve obligada a aceptar los términos y condiciones injustos y arbitrarios que se le imponen, como ocurrió con el convenio que celebraron con el gobierno del estado de San Luis Potosí para que una de las plantas de la armadora de vehículos de la BMW se instalara en la entidad con la obligación de invertir 1,000 millones de dólares y crear 1,500 empleos directos, no permanentes, a cambio de un largo listado de incentivos económicos valuados en más de 3,000 millones de pesos, más otras prestaciones difíciles de cuantificar, pero que podrían alcanzar varios cientos de millones de pesos, como son la exención del impuesto sobre la nómina por 10 años, los estudios de viabilidad del terreno, los incentivos adicionales para la planta de motores, el inmueble para el centro de capacitación, la condonación del 100% del impuesto predial por 10 años, el 80% del pago de traslado de dominio, el valor de las licencias de construcción, el de las autorizaciones ambientales, el costo de los exámenes médicos de los trabajadores y otros muchos beneficios.

Los alemanes han vivido sucesos especialmente trágicos y dolorosos como las derrotas que sufrieron en la primera y segunda guerras mundiales que los obligaron a firmar capitulaciones humillantes e inaceptables para terminar con los conflictos; por lo que deberían de ser compasivos y razonables en sus negociaciones con los potosinos que requieren urgentemente de sus fuentes de trabajo. Ya se les olvidó lo que es ser pobre y jodido. El Tratado de Versalles de 1919 que puso fin al conflicto bélico entre Alemania y los países aliados, estableció que los alemanes debían aceptar toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Se les desarmó, cedieron sus colonias e importantes superficies de su país a los vencedores, además de que tuvieron que pagar  exorbitantes indemnizaciones económicas que finalmente no pudieron cubrir y que provocaron la inflación y pobreza más severas de su historia.

La rendición incondicional de todas las fuerzas de tierra, mar y aire del alto mando militar del ejército nazi, firmada el 7 de mayo de 1945, para terminar con la masacre de la población y la destrucción total de sus ciudades tuvo consecuencias apocalípticas, como el desmembramiento de su territorio, el pago de cientos de miles de millones de dólares por concepto de indemnizaciones que los vencedores cobraron mediante el desmantelamiento y saqueo de lo que quedó de las fábricas, maquinaria, patentes y científicos que fueron trasladados a sus países. Parte de esas reparaciones fueron cubiertas mediante trabajos forzados en los que participaron más de 4 millones de prisioneros de guerra y civiles alemanes en condiciones infrahumanas. La población sufrió lo indecible como consecuencia de la venganza de los rusos. A los alemanes ya se les olvidó lo que es suscribir compromisos vergonzantes y desventajosos, como -guardando todas las proporciones- lo hicieron los representantes del gobierno de San Luis Potosí ante la necesidad apremiante de crear fuentes de trabajo y ante la desesperación del doctor  Fernando Toranzo que, en el ocaso de su mandato, le urgía presumir alguna obra o gestión importante con la que pudiera ser reconocido. Seguramente que el presidente Peña Nieto lo presionó o animó para no dejar que los alemanes se fueran a otro país, pues ninguna de las entidades que en un principio parecían estar interesadas en que la empresa se instalara en sus plazas aceptó las condiciones leoninas de la empresa. El monto de los ilegales incentivos y donativos ofrecidos provocarán una grave crisis en las finanzas gubernamentales, cuyo costo político y responsabilidades administrativas y hasta penales perseguirán al doctor Toranzo por muchos años. Es cierto que la BMW salvó a su administración de la mediocridad y parálisis que la caracterizaba y, aunque ya no le corresponderá inaugurarla, le servirá para promover a los candidatos de su partido una vez que se coloque la primera piedra que puede anunciarse en cualquier momento. Es muy importante aclarar que la inversión total y la generación de los 1,500 empleos directos están proyectados hasta finales del 2029, independientemente de que la fábrica inicie operaciones en el 2019, como está programado, si es que el gobierno del estado cumple con todas las condiciones.

No nos opondríamos a la instalación de la BMW en la entidad y a lo que ésta puede significar en la multiplicación de otras empresas proveedoras de bienes y servicios si no hubiera razones de peso para rechazarla. El convenio debe revisarse y renegociarse en otros términos: justos y apropiados a nuestro presupuesto. El principal problema es que no hay disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos, ni partida presupuestal autorizada. Se trata de un desembolso inaccesible a nuestra capacidad económica que tendrán que pagar -en gran medida- las siguientes administraciones, independientemente de que el convenio está sostenido con alfileres y puede cancelarse por cualquier motivo que alegue la empresa sin resarcir daños y pagar indemnizaciones. Basta con una simple notificación por escrito para abortarlo. No se midió el impacto que representa esa erogación para las finanzas públicas. Son más de 300 requisitos que tendrá que cumplir el gobierno para satisfacer sus exigencias. Es una operación en la que se violan disposiciones constitucionales como la prohibición de otorgar exenciones de impuestos municipales relacionados con la propiedad inmobiliaria y el hecho de no haberlo publicado en el Periódico Oficial del Estado, requisito sin el cual no le permite que entre en vigor. Además de que el gobernador del estado ha pretendido engañarnos al asegurar que no dejará compromisos financieros que afecten al erario público porque argumenta que el préstamo de los 750 millones de pesos que obtuvo "se pagará sólo". Dando a entender que con esa cantidad basta para cumplir con todas las obligaciones contraídas.

No le fue tan mal

A la memoria de don Julio Scherer García, la conciencia crítica de México.

Por Eduardo Martínez Benavante

Todavía no se pueden evaluar los daños causados por la aprehensión, exhibición y consignación del alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona. Le pudo haber ido peor si le hubieran armado un expediente que lo vinculara con actividades del crimen organizado. Seguramente que no lo hicieron porque no le encontraron nada o lo que le tenían era demasiado endeble, no obstante que tuvieron más de dos años para investigar los graves señalamientos que existían sobre su persona, aunque el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, aclaró que se siguen realizando investigaciones para determinar si hay nexos con el narcotráfico.

Hasta después de la jornada electoral del primer domingo de junio se sabrá quiénes fueron los que se beneficiaron y quiénes los que salieron perdiendo con la eliminación de los Gallardo, padre e hijo, del escenario político de San Luis Potosí, quienes a través de programas asistenciales, oficio político y millones de pesos pagados a los medios de comunicación se colocaron como punteros en las preferencias del electorado, lo que obligó al PRI -que regresó al poder con todas sus vicios y mañas- a cortarles las piernas para detenerlos, coludido en esta ocasión con lo más perverso y negociador del PRD. No tengo el más mínimo interés en defenderlos, pero creo que es justo señalar que en un país democrático no se vale utilizar el aparato de procuración de justicia para eliminar a los adversarios políticos. Se equivocó el gobierno de Peña Nieto, así como el PRD, si creían que con la remisión de un pez chico a un penal de máxima seguridad iban a ganar credibilidad y respeto, si antes no lo hacían con los grandes capos de la política nacional como Arturo Montiel, Humberto Moreira, Carlos Romero Deschamps y muchos otros que en verdad han agraviado a los mexicanos.

En la encuesta externa que se practicó el pasado mes de diciembre a solicitud del Partido Acción Nacional para definir a su candidato a la gubernatura del estado, y en la que participaron 1,200 encuestados distribuidos en toda la entidad, se llegó a un empate técnico en las preferencias electorales entre Alejandro Zapata por el PAN, Juan Manuel Carreras por el PRI y Ricardo Gallardo Cardona por el PRD. Hasta hace poco era impensable que algún candidato de la izquierda se colocara en esa posición. Como alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el perredista Ricardo Gallardo Cardona obtenía a principios de diciembre pasado 75 puntos de opinión “buena y muy buena” entre los ciudadanos encuestados por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica. La oposición en ese municipio estaba anulada. No existían contrapesos. El gasto en múltiples programas asistenciales y eventos musicales y deportivos hizo que comenzaran a circular rumores sobre el posible uso de dinero ilícito, con el cual pretendía hacerse de suficiente capital político para controlar el partido, como finalmente lo logró.

Fue desconcertante que en el espacio de preguntas y respuestas que abrió el titular de la (AIC) después de que explicó en una rueda de prensa los motivos del arresto del perredista, las dudas de los periodistas asistentes se hayan desviado a otros temas. Sólo uno le formuló una pregunta insustancial relacionada con el arresto. Todos creíamos que se trataba de otro golpe espectacular en contra del crimen organizado, si no de las dimensiones del de "Chapo" Guzmán, si por lo menos de uno que mereciera la atención y seguimiento de la opinión pública nacional, por lo que no descarto que se haya llegado a una negociación en la que los soledenses se retiran de cualquier actividad política a cambio de que la presunta responsabilidad que se le imputa al alcalde con licencia quede reducida a una operación con recursos de procedencia ilícita por 209 millones de pesos.

Se requiere de mayor información para saber quién tiene la razón en las posiciones encontradas entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y las de la Auditoría Superior del Estado, porque el titular del organismo fiscalizador potosino asegura que no falta nada por justificar en la cuenta pública de Ricardo Gallardo y que todo está en regla, no obstante que la SHCP detectó operaciones financieras con “montos inusuales” de transferencias bancarias y con dinero en efectivo superiores a los 209 millones de pesos “presumiblemente con origen ilícito, que eran trianguladas a través de diversas cuentas para esconder su origen y su destino”. Las transferencias se registraron desde octubre de 2012, cuando se inició la administración gallardista, hasta agosto del año pasado. En la cuenta pública del 2012 las observaciones financieras que señaló el auditor Héctor Mayorga apenas rebasaron los 2 millones de pesos. En el 2013 las observaciones financieras de la cuenta pública municipal alcanzaron los 40 millones de pesos, correspondiendo casi 17 millones de pesos a pagos de servicios médicos a la Clínica de Especialidades Wong, S. A. de C. V., que hasta junio del 2014 no se habían justificado con la documentación correspondiente.

Resulta muy extraño el monto de las triangulaciones que señala la SHCP y que éstos provengan de la hacienda municipal porque existe un contrato de prestación de servicios médicos y farmacia que celebró el municipio con la Clínica, el cual, según el ente auditado, se preste o no el servicio, la empresa debe facturar la cantidad de 70 millones 543 mil pesos anuales. Si en el 2014 se renovó el contrato por un valor similar al anterior, resulta difícil de entender cómo es que, además de pagar por la prestación de los servicios médicos, haya habido excedentes por 209 millones de pesos, que según Hacienda se transfirieron a 13 empresas en las que participa la familia Gallardo, a menos que se haya utilizado a esa clínica como instrumento para lavar dinero proveniente de otros ingresos. Es muy probable que al avicultor se le dicte el lunes un auto de formal prisión por haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y alcance su libertad bajo fianza para seguir el juicio fuera de prisión, lo que implicaría la suspensión de sus derechos políticos y, por lo tanto, la cancelación de su participación como candidato para cualquier puesto de elección popular.

Los candidatos del PAN

Por Eduardo Martínez Benavente

Al contrario de lo que está sucediendo en el PRI, en el Partido Acción Nacional parecen estar definidos los candidatos que los representarán en la contienda por la gubernatura del estado, la presidencia municipal y las cuatro diputaciones de mayoría que le corresponden a la capital del Estado. Todo indica que el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga resultará electo como candidato a alcalde por una amplia ventaja que le sacará a su único contrincante, el diputado local Miguel Maza Hernández, en la elección que se celebra hoy domingo en el jardín principal del barrio de San Miguelito y en la que sólo podrán participar los poco más de 1,300 panistas registrados que tienen su domicilio en la cabecera municipal. El ex director del Instituto Potosino de la Juventud durante la administración de Marcelo de los Santos puede recuperar para el PAN la alcaldía que perdieron en las elecciones del 2009, no sin antes establecer un compromiso formal de lo que haría con las denuncias que pesan sobre los principales funcionarios de la administración de Victoria Labastida, que Mario García Valdés ha solapado durante estos más de dos años con el pretexto de que la Auditoría Superior del Estado es la instancia a la que le corresponde formalizarlas.

También debe comprometerse a investigar y, en su caso, denunciar los ilícitos en que ha incurrido el gobierno del ex rector por la contratación de un crédito bancario por 250 millones de pesos que le sumó a la deuda pública municipal, sin la autorización del Cabildo ni del Congreso del Estado, sabiendo que no contaría con recursos en su momento para liquidarlo y que vence unas horas antes de que concluya el trienio. El incontrolable gasto corriente y la larga lista de pasivos son los infortunios que tienen a la administración municipal a punto de declararse en suspensión de pagos y con lo que tendría que enfrentarse de inmediato el próximo presidente municipal, con el agravante de que ya no habrá margen para contratar más deuda. Bajo estas condiciones, sólo un irresponsable o un soñador se animaría a ocupar un cargo en el que es previsible que termine en un rotundo fracaso. Es insostenible la situación financiera del municipio.

Xavier Azuara debe fijar una postura o plan de acción para recuperar las áreas de donación que le han escatimado al municipio, y si esto no fuera posible, cobrarle a los fraccionadores y constructores el valor de esas superficies. Otra fuente de ingresos que el próximo presidente municipal debe atender es la cobranza de los principales adeudos del impuesto predial. El monto de estos suma cientos de millones de pesos con los que se podrían sanear las finanzas públicas. Está obligado a cobrarle a Aguas del Poniente la contraprestación que le corresponde al municipio por la concesión que desde hace seis años usufructúa esa empresa; aunque todo indica que no se atreverá a afectar los intereses de los oligarcas potosinos porque ha demostrado ser un político conservador, enemigo de los sobresaltos y confrontaciones.

Es previsible que Alejandro Zapata Perogordo le gane con más de cinco puntos de diferencia al que ocupe el segundo lugar en la encuesta con la que se definirá al candidato de Acción Nacional para la gubernatura del estado y en la que participarán 1,200 encuestados que responderán a 5 preguntas que no son para todos entendibles, como la del careo con candidatos de partidos opositores o entre candidatos panistas con la militancia. El resultado se conocerá en el transcurso de la próxima semana y, según lo convenido, no habría necesidad de medir a los dos punteros en una consulta interna si se da esa diferencia.  Creo que Zapata es el aspirante mejor ubicado en el ánimo y conocimiento de los potosinos, a pesar de las derrotas que ha sufrido y de los errores y ausencias que ha tenido. Es uno de los panistas más representativos de San Luis Potosí que recobró su importancia política con la participación que tuvo dentro del Pacto por México, al que veíamos al lado de los protagonistas de la política nacional. Su candidatura obedece principalmente a que los otros tres candidatos son de tan bajo perfil que de salir alguno de ellos su partido obtendría un resultado desastroso en la elección del primer domingo de junio del próximo año. Ni caso tiene analizar los antecedentes y alcances de éstos. Creo que Zapata se habría retirado de la contienda si el candidato hubiera sido Octavio Pedroza, con el que el PAN hubiera tenido mayores posibilidades de alzarse con la victoria.

De los cuatro distritos electorales que corresponden a la capital del estado, sólo en el octavo peligra la diputación para el PAN que se lo dejaron a las mujeres panistas para cumplir con la cuota de género. En el quinto la pelea se dará entre Víctor Sánchez Aguilar, ex secretario particular de Alejandro Zapata y Moisés Rodríguez Tobías, ex coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Calculo que se recibirán unos 230 votos en cada una de las cuatro urnas que se instalarán para esta elección, por lo que con un poco más de 100 votos que saque el primer lugar gana la candidatura y un ingreso anual de 3 millones de pesos, si llega al Congreso del Estado.

En el sexto distrito es muy probable que la candidatura la gane el diputado federal Felipe Almaguer Torres, a quien se le reconoce por su experiencia legislativa, pues sería la tercera ocasión que ocupa un cargo de esta naturaleza. Se le identifica con Xavier Azuara. Desde 1997 el PAN no pierde en este distrito. En el séptimo la competencia estaría entre Mariano Niño Martínez, de vieja alcurnia navista y ex presidente del Comité Municipal. Está vinculado al grupo de Héctor Mendizábal que ocupa el primer lugar de la lista de plurinominales. Su contrincante es Hugo Almanza López, relacionado con Xavier Azuara y ex funcionario legislativo. Las aspirantes viables por el octavo distrito son Brenda Toledo, funcionaria municipal con licencia e hija del ex presidente municipal del PAN, Vicente Toledo, y Antonieta Ojeda Castillo, operadora política del diputado local Rubén Guajardo, quien ha desempeñado un destacado papel como activista.

La ruta de los candidatos

Por Eduardo Martínez Benavente

Todo parecía indicar que, hasta antes de la masacre de Ayotzinapa y los otros escándalos que han mermado la figura presidencial llevándola a estimaciones verdaderamente preocupantes, la decisión de designar al candidato del PRI a la gubernatura del estado dependería única y exclusivamente de la voluntad del Titular del Poder Ejecutivo Federal, quien podría imponer a la persona que le viniera en gana con la seguridad de que no sería objetada por ninguno de los otros aspirantes; y los inconformes, si los hubiera, comerían sapos sin gesticular. Tal era el margen de acción con el que el presidente podía operar hasta hace muy poco, por lo que salía sobrando cualquier mérito personal o antecedente político de los contendientes para tomar esta decisión. Sin embargo, la situación política del país ha cambiado radicalmente, y aunque San Luis Potosí no es una entidad que les quite el sueño a los que manejan la política nacional, cualquiera de los aspirantes que se ha apuntado para representar a su partido puede ser nominado, pues bajo estas circunstancias, el "gran elector" tendrá que tomar una decisión consensada con la dirigencia nacional y estatal del PRI, con el gobernador del estado, los coordinadores de las cámaras de diputados y senadores, el delegado del PRI, el secretario de gobernación y hasta con el grupo de "notables" de la entidad. Armar y negociar el nombramiento de la persona que los represente puede llevarlos hasta la segunda semana de enero para que se formalice en una asamblea de delegados. No me extrañaría que en este contexto pudiera surgir una crisis interna, ya que ninguno de los aspirantes cuenta con el liderazgo y peso suficiente para imponerse sin cuestionamientos al resto de sus compañeros.

Aunque tampoco se advierte la presencia de un extraño que pueda desplazar a los que hasta ahora han manifestado su interés por la candidatura, entre los que podemos citar al actual alcalde de la capital, Mario García Valdez, popular, bonachón y tolerante, pero peligrosamente vulnerable a las críticas y descalificaciones de la oposición por el papelón que ha desempeñado al frente de la comuna y por el desastre financiero que le heredará a su sucesor; al ex coordinador de Vinculación de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, sumido en un escándalo de resonancia internacional por prevaricación y tráfico de influencias e inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta unos días antes de que el PRI elija a su candidato, quien puede, como la leyenda de la ave fénix, renacer de sus cenizas; al titular de la Secretaría de Educación, Juan Manuel Carreras López, inteligente y mediocre funcionario que no pudo mejorar el sistema de educación del estado y candidato del doctor Toranzo, a quien se le puede señalar su negligencia delictiva por no haber suprimido las remuneraciones que ilegalmente cobran los maestros "comisionados", así como su falta de carácter al tolerar que los líderes sindicales sigan mandando en esa Secretaría, independientemente del resquemor que provoca entre los priistas su participación como funcionario en el sexenio de Felipe Calderón. La metodología de la encuesta del PAN para elegir a su candidato a la gubernatura consideró a Carreras como la figura más relevante para representar al PRI y con el que en este ejercicio de opinión se tendrían que medir los precandidatos del PAN. Como "premio de consolación" le queda la presidencia municipal, cuya candidatura tendría que disputarla con el diputado de escasas luces, Fernando Pérez Espinosa, quien pocas o nulas esperanzas tiene de alcanzar la nominación de su partido al gobierno del estado, aunque sí la de la presidencia municipal, quien en un tercer intento fortalecería con su popularidad al abanderado de su partido.

También podemos señalar al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, de 48 años, el más joven de los aspirantes, servicial con los potosinos y de exitosa carrera, a quien el gobernador vetaría con todas sus fuerzas por los desencuentros que tuvieron mientras se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública. Creo que lo que más bien pretende el también ex director de Seguridad Pública Municipal de la administración de Octavio Pedroza, es posicionarse para competir en un futuro por la gubernatura; al senador Teófilo Torres Corzo, osado y teatral personaje, por aquello de que da la impresión de que siempre está actuando, aunque asegura que no busca la candidatura, si la encuentra, la agarra. No tendría que enfrentarse a la oposición del navismo si esto ocurriera, sino a la del ahora gestor de los intereses de Industrial Minera México, Horacio Sánchez Unzueta, autor de la prohibición constitucional por la que en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo de gobernador del estado el ciudadano que lo haya desempeñado, así hubiere sido electo por sufragio directo o con el carácter de interino, provisional o sustituto. Impedimento que asegura el ex interino que no procede porque viola sus derechos políticos.

A Juan Carlos Valladares García, amigo personal del devaluado presidente Peña Nieto, la gubernatura puede convertírsele en un doloroso fracaso o en una exitosa empresa. Con él no habría medias tintas, como tampoco habría tregua en la curva de aprendizaje por la que tendrá que transitar si se adentra en las inmundas aguas de la política. No ha valorado el daño que le infieren "El Chato" López y "El Papuy" López Palau, como promotores de su proyecto político. Sus relaciones con el poder podrían ser de mucho beneficio para el desarrollo del estado.

A Elías Dip Ramé, hábil y emprendedor líder gremial al que hay que reconocerle su interés por servir a San Luis desde cualquier trinchera. Su participación como candidato del PRD por este mismo cargo puede complicarle la nominación. Estilo y oficio los tiene.

No podemos omitir a José Ramón Martel López, a quien su desarraigo del estado le obstaculiza la designación de su partido, no obstante que se le reconoce como un experimentado y valioso político. Sus esfuerzos no han sido suficientes para ganar presencia. Ni siquiera ha provocado un incidente para darse a conocer. A Salomón Rosas Ramírez, le pagaría un café si después de quince minutos de plantarse en la Plaza de Armas lo saluda un potosino común y corriente que no viva o haya vivido de la política o del periodismo.