Los deudores del predial

Por Eduardo Martínez Benavente

Hasta el 31 de enero de 2014, más de 163 mil propietarios de bienes inmuebles de la capital del estado habían pagado el impuesto predial. Son los que puntual y religiosamente cumplen con esa obligación durante los primeros días del año y a quienes como aliciente se les otorga un descuento del 15% en el pago de la contribución. Otros 144 mil contribuyentes, de los 307 mil que reporta el padrón municipal, no lo habían hecho, algunos porque seguramente lo cubrirán en los siguientes meses; otros muchos porque su situación económica no se los permite y son a los que se les siguen acumulando multas, recargos y actualizaciones que cada año les dificultan más para ponerse al corriente. A éstos se les debe dar toda clase de facilidades para que por lo menos abonen una parte del adeudo. Otros no pagan con el pretexto de que están en desacuerdo con las liquidaciones que les han notificado; otros más porque la propiedad está en litigio o abandonada; y muchos otros porque gozan de influencias, les deben favores o saben que el sistema de cobranza del municipio es tan deficiente que se aprovechan de esta situación. De cualquier manera parecía que la recaudación llevaba un buen ritmo y que antes de abril sólo quedarían unos cuantos rezagados.

El tesorero municipal, José Bolaños, presumía que el ingreso era histórico pues llevaban recaudados más de 177 millones de pesos. Los espacios publicitarios al servicio del municipio anunciaban el éxito de la campaña que invitaba a los potosinos a pagar el predial. Hasta el presidente municipal, Mario García Valdez, para demostrar que el pago del impuesto es parejo para todos los propietarios, en un acto populista y demagogo, aparecía retratado frente a la caja registradora de una tienda de Oxxo, billetes en mano, pagando su predial, convirtiéndose en el primer ciudadano que utilizaba el nuevo esquema de bancarización y simplificación administrativa.

Todo iba bien, hasta que un ciudadano solicitó y obtuvo a través de Infomex un corte de "Deudores de predial al 31 de enero de 2014", que en 4 mil 381 páginas le entregó la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento. En el documento se incluyó sin ningún orden un descomunal listado de contribuyentes con y sin adeudos. No la totalidad. Proyecto Tábano se dio a la tarea de ordenar la información alfabéticamente y de monto mayor a menor como se puedeconsultar en su página web, resultando que 80 mil 916 potosinos deben al ayuntamiento de la capital mil 663 millones 88 mil 47 pesos, según el corte realizado por las propias autoridades. Otros 63,799 contribuyentes no aparecen en el documento porque sus adeudos son menores a 1 mil 298 pesos, y seguramente que el que proporcionó la información le pareció que era innecesario exhibir a todos los morosos; por lo que el adeudo total por este concepto puede superar los 2 mil millones de pesos. Una cifra igual al presupuesto de ingresos del propio municipio autorizado para este ejercicio con lo que se podrían sanear sus finanzas y darle un mejor aspecto a la ciudad. Los adeudos no aparecen en los informes financieros del Ayuntamiento como activos, aun cuando se trata de créditos que pueden considerarse que tienen una garantía inmobiliaria; como tampoco se observan en los informes de la Auditoría Superior del Estado.

Pero lo más grave de esta revelación que está provocando un enorme descontento e indignación entre los contribuyentes cumplidos es cuando nos enteramos que el adeudo que acumulan 5 empresas inmobiliarias supera la suma de lo que se ha recaudado hasta esafecha. Esto que decir que el monto de lo pagado por los 163 mil propietarios de bienes inmuebles que hasta el 31 de enero habían cumplido con el pago del impuesto predial no supera los 178 millones que adeudan Urbanizadora Peña Blanca, con el mayor adeudo por 66 millones de pesos; Grupo Desarrollador Cima; Edificadora del Bajío; Residencial La Tenería y Grupo Las Águilas, propietarias de los inmuebles con mayor plusvalía que se encuentran ubicados en la zona residencial de la ciudad, y cuyos actuales accionistas y administradores se están investigando en el Registro Público para ser exhibidos.

En el listado de deudores también aparece el gobierno del estado, bancos, funcionarios públicos y otros personajes que deberían dar el ejemplo de causantes cumplidos. El tesorero municipal, en lugar de aprovechar toda esta información para presionar a los incumplidos y presumir de transparencia, ha intentado desacreditarla con el argumento de que no está actualizada porque se trata de datos revisados hasta el 31 de diciembre, cuando su propio documento claramente marca que el corte es al 31 de enero de 2014. El tesorero debería explicar las razones de esta enorme deuda y las medidas que está tomando para recuperarla; pero sobre todo debe informar de las gestiones de cobranza que ha enderezado en contra de esos 5 grandes deudores. Ha querido también encubrir los adeudos que por 72 millones reporta el gobierno del estado con el argumento equivocado de que están exentos del pago del impuesto predial porque se trata de bienes de dominio público destinados a servicios públicos, cuando alguien debería explicarle que el gobierno también es dueño de bienes del dominio privado, como la Casa de Gobierno, terrenos recuperados en la zona industrial, lotes de terreno en Ciudad Satélite y muchos otros predios que por su naturaleza no cuadran en la primera clasificación y que como cualquier otro contribuyente deben pagar el impuesto predial.

Mientras que el gobernador Fernando Toranzo ha tenido la atención de ofrecer que se hará una revisión de las deudas que pudiera tener el gobierno del estado derivadas de algunas de sus propiedades; el presidente municipal timoratamente ha declarado que los funcionarios municipales deben pagar sus adeudos, pero sin meterse en enredos con los deudores principales. El ex rector debería visitar personalmente a los 298 contribuyentes que según el informe adeudan cada uno más de 500 mil pesos, y que suman 604 millones de pesos, para exigirles el pago, advirtiéndoles que si no se regularizan iniciaría de inmediato acciones coactivas administrativas para embargarles y rematarles sus bienes.

El auditor que viene

¡Mina, mina asesina que tienes el cinismo de plantar una corona floral sobre los féretros de tus victimas!  Te maldecimos.

Por Eduardo Martínez Benavente

Celebramos que el contador Héctor Mayorga no haya sido ratificado en su cargo. Su reelección habría sido una decisión funesta e inaceptable. El daño que le ha causado a la credibilidad del organismo fiscalizador del que fue fundador y titular durante 7 largos años es incalculable. No fue reelecto porque uno de los diputados que le había ofrecido su voto reculó un día antes y en la sesión del martes anuló la boleta para que no alcanzara la mayoría absoluta y de esta manera se presentara una segunda terna en la que ya todo estaba arreglado para elegir al contador José de Jesús Martínez Loredo. No contendieron juntos en la primera terna porque ninguno hubiera obtenido esa mayoría y los dos habrían quedado descalificados. Si Mayorga no hubiera estado seguro de que contaba con los votos necesarios para repetir como auditor superior del estado no se habría presentado como candidato, pues es un individuo calculador y ambicioso que no se aventuraría a salir derrotado. Lo engañaron. Se extinguió su buena estrella, pues alguien más pérfido y mejor negociador que él le movió el tapete y lo tumbó del puesto en el que proyectaba permanecer hasta el 2021.

Aunque el voto es secreto, es muy fácil saber por quién vota cada uno de los diputados y así comprobar si cumplieron con su compromiso. La manera más sencilla y segura es enseñar discretamente la boleta a alguien que sabe que lo está observando o entregársela marcada con una tinta invisible que sólo con humedad o luz fosforescente se puede leer, como le hacía Gonzalo N. Santos con los curros de la sociedad potosina que votaban en la casilla que se instalaba en la Plaza de Armas y le interesaba saber el sentido de su voto.

El nuevo auditor para imponer su autoridad y ganar respeto debe revisar los ingresos y egresos de que dispuso su antecesor -se va a encontrar verdaderas sorpresas-, evaluar su desempeño, inventariar todo los asuntos que le dejó pendientes y rendir un informe público de su pesquisa. También debe cesar o reducir a responsabilidades menores a los colaboradores más cercanos a Mayorga y hacerse de su propio equipo si no quiere que el ex auditor siga mandando en esa oficina.

Que bajo ningún motivo se le ocurra clasificar como reservada la información relativa a las auditorías que practica ese organismo como lo hacía su antecesor para que nadie se enterara de su contenido. Es inconstitucional bloquear la información derivada de las revisiones de las cuentas públicas. Que no le quepa la menor duda que cada vez son más los ciudadanos y medios de comunicación que están atentos a su desempeño y que no tolerarían a otro garante de la impunidad en el estado, subordinado a los intereses de la clase política.

Debe saber el nuevo auditor que 5 días antes de la elección, cuando Mayorga saboreaba su reelección, amplió el plazo hasta el 19 de febrero para entregar o negar 10 solicitudes de información que se le presentaron sobre diversos temas que unos días antes había presumido ante los medios de comunicación como logros de su gestión al frente del organismo, y que si los mencionaba era porque disponía de la información. Se le solicitó la lista de los 500 funcionarios que según su comunicado fueron sancionados por la ASE, desde 2007 a noviembre de 2013, en la que se pudiera consultar, el cargo que ocupaban, tipo de sanción y monto de la multa o indemnización. Se le pidió que desglosara las multas que por 70 millones de pesos aseguraba que había impuesto. Los nombres y cargos de los inhabilitados y la relación de los bienes embargados, entre otros asuntos que estamos esperando.

No me gustaría repasar ahora algunos antecedentes que pueden poner en tela de juicio la ética del nuevo auditor superior del estado, pero es imprescindible hacerlo pues no podemos ocultar sus responsabilidades como tesorero del gobierno de Fernando Silva Nieto en la operación de compra venta de los Invernaderos Santa Rita y en la última cuenta pública de esa administración que la LVII Legislatura reprobó por su falta de probidad. El operador financiero, el que realmente movía el dinero y el hombre de todas las confianzas de Silva Nieto era su amigo "Pepé Chuy", como lo llamaba; y no Olegario Galarza, que sólo representaba la cuota de poder que le impusieron los dirigentes de los organismos empresariales y sobre el que se ensañó el ex gobernador Marcelo de los Santos. Alguien así como Eibar Castilla Sosa, que como tesorero y yerno de Carlos Jonguitud era el que manejaba el erario del estado y no Jorge Ramírez Cruz que aparecía como secretario de finanzas. Pero todo eso es historia, ahora también tenemos que mirar para adelante y vigilar cuidadosamente al nuevo auditor, otorgándole por lo pronto un voto de confianza dentro del optimismo renovador que nos caracteriza a los mexicanos cada vez que hay un cambio de gobierno. Un voto de confianza que se vence el 15 de junio, fecha en la que deberá entregar el informe de la auditoría de la cuenta pública estatal del 2013, para que resuelva por lo menos tres asuntos que exasperan a muchos potosinos. El primero: fincar responsabilidades al actual gobernador o a su antecesor o  ambos, en su caso, por la aplicación ilegal de los recursos del préstamo de los 1,500 millones de pesos. Es inaceptable que con todo el personal y recursos con los que cuenta no pueda determinar cómo, quién y en qué se agotó ese dinero, en el que una buena parte no fue identificado y otra nada tenía que ver con inversiones públicas productivas como ordenaba el decreto legislativo. El segundo: un informe en el que se analicen todos los ilícitos que se ha denunciado de la administración de Victoria Labastida y las acciones que se han emprendido para resarcir el daño que le infringieron al erario público; y el tercero: determinar sin ocultamientos ni negociaciones si los ilícitos e irregularidades que observaron los auditores en sus hojas de trabajo a las cuentas públicas de Soledad de Graciano Sánchez son procedentes o cómo y cuáles de los gastos irracionales y desproporcionados quedaron solventados.

Auditando al auditor

Por Eduardo Martínez Benavente

Soledad de Graciano Sánchez es un municipio lastimosamente feo, pobre y atrasado que poco o nada le interesa a la mayoría de los capitalinos pero que en los últimos cuatro años ha ganado notoriedad porque los señores Gallardo, padre e hijo, que han ocupado desde entonces la presidencia municipal, nos los han querido ofertar como una demarcación próspera y bien administrada, muy distinta a la que recibieron de sus antecesores y creen o les han hecho creer que hasta pueden alcanzar la gubernatura del estado y la alcaldía de la capital. Así de crecidos están. Para construir esa imagen han tenido que invertir millones de pesos, tan sólo en once meses, de enero a noviembre de 2013, se gastaron 7 millones 409 mil pesos en difundir sus mensajes por radio, televisión y otros medios. Más de 4 millones 409 mil pesos de los queoriginalmente tenían autorizados gastar.

Aunque no se ha dado a conocer el informe de la cuenta pública de Soledad correspondiente al ejercicio fiscal del 2013 que se entregó al Congreso del Estado el pasado 31 de enero, no obstante que debería aparecer publicado desde esa fecha en la página de transparencia del ayuntamiento, el alcalde debe responder a una larga lista de preguntas relacionadas con un informe de gastos desproporcionados, irracionales y fuera de presupuesto que un grupo de auditores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha tenido el coraje de revelar ante el temor fundado de que el titular de ese organismo los oculte o minimice, y que seguramente -si llegan a una negociación- no aparecerán en las observaciones que se le finquen a esa cuenta, como ocurrió con el informe de la auditoría de la cuenta del ejercicio anterior, en la que sólo fueron observadas irregularidades financieras fáciles de solventar por 2 millones 93 mil pesos que ni remotamente corresponden a la información de otro pliego de observaciones que los mismos auditores nos han hecho llegar.

En los primeros 11 meses del 2013 se erogaron 76 millones 483 mil pesos por concepto de gastos médicos que cobró la Clínica de Especialidades Wong, S.A. de C. V; en la que según el pliego de observaciones faltó la acreditación de la adjudicación nacional y no se presentaron elementos que desahogaran la observación. Lo más seguro es que estos servicios nunca fueron licitados. El alcalde tendría que subir a la página web el documento comprobatorio y una relación pormenorizada de cómo se llegó a esa cifra cuando la nómina mensual del municipio anda alrededor de los 10 millones de pesos, más otros 2 millones que se destinan a los miembros del cabildo y a los empleados que se les pagan honorarios asimilados a salarios. Pero para darnos una idea de lo que este egreso representa basta con analizar el planteamiento que anuncia la administración municipal que preside el ex rector Mario García Valdez, con un presupuesto cinco veces mayor al de Soledad, que busca una institución pública o privada que se haga cargo de los servicios médicos para los trabajadores del Ayuntamiento y por lo que sólo están dispuestos a pagar 85 millones de pesos. Otras cifras que nos ayudan a entender el tamaño de esta desproporción son los 52 millones de pesos que captó Soledad en el 2012 por concepto del Impuesto predial y Traslado de Dominio. Ni sus dos principales ingresos propios fueron suficientes para cubrir ese gasto.

Entre enero y noviembre del 2013 se repartieron casi 95 mil despensas con un valor superior a 21 millones 200 mil pesos, en las que los auditores observan que por el importe de la adquisición debió realizarse una licitación nacional que no se acredita. Sólo 174 despensas se las compraron a un proveedor distinto a la señora Judith Trinidad Torres Pachicano. El costo de cada una varía entre 203 y 285 pesos. No se anexó el contenido de la canasta alimentaria ni la documentación de los beneficiarios, como sería la solicitud, carta de agradecimiento, recibo e identificación, ni estudio socioeconómico. Es incuestionable el uso político que están haciendo de las despensas y otras caridades que reparten para integrar una base social que los apoye electoralmente en sus próximas incursiones. En el dictamen de los estados financieros de septiembre de 2013 aparece que en los nueve meses transcurridos se acumularon por concepto de gastos de orden social y cultural la cantidad de 3 millones 279 mil pesos. Que es el rubro de donde podría haber salido ese dinero. Insuficiente para cubrir el monto total de las despensas. Entonces, ¿de dónde obtuvieron esos recursos si no existe una partida presupuestal que los ampare?

En este orden de ideas, los auditores observaron que no se encontró la evidencia de la autorización de diversos desarrollos habitacionales en fraccionamientos y régimen de condominios y que tampoco hay evidencia de su autorización mediante sesión de cabildo y su debida aprobación por sus integrantes; pero lo más grave es que no existe comprobante alguno del pago de los impuestos que por este concepto debían cobrarse. Lo mismo ocurre con las autorizaciones de uso de suelo y subdivisiones de predios. También se observa que no se presentaron las bitácoras correspondientes al consumo de combustible con el desglose por vehículos.

Plano  Informativo, el periódico digital del senador Teófilo Torres Corzo, que no se caracteriza por sus críticas, denunció esta semana que Héctor Mayorga fue sancionado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con una suspensión para desempeñar su profesión del 12 de octubre de 2011 al 12 de abril de 2012, y que no obstante, siguió ejerciendo como titular del organismo fiscalizador. Esta conducta hubiera sido suficiente para que el Congreso del Estado le pidiera su renuncia o lo cesara del cargo. Todo funcionario público debe abstenerse de ejercer otro empleo, cargo o comisión oficial o particular, y Mayorga emitió como contador público 95 dictámenes entre el 2006 y el 2012.

Se adelantó para el próximo martes la sesión en la que se someterá a votación la terna para nombrar al nuevo auditor que la integran Mayorga y dos ilustres desconocidos: Fernando Díaz Jiménez y Ana María de Nuestra Señora de Fátima Abascal Sainz, y digo desconocidos porque la Comisión de Vigilancia no ha dado a conocer los currículos de los aspirantes. Por eso no me atrevo a avalarlos o descalificarlos, pero de lo que si estoy seguro, como lo han manifestado muchas otras voces potosinas, es que Mayorga es insostenible y debe irse.

José Mujica, un Presidente Ejemplar

Por Eduardo Martínez Benavente

Sin garbo ni gracia, desaliñado, inflexiblemente austero e informal, con el personalidad e indumentaria de un obrero jubilado o la de viejo maestro rural; pero auténtico y ejemplar es el presidente de Uruguay, José Mujica, cuya sencillez, cultura, decencia y ausencia de bienes materiales -que muchos le admiramos- contrasta radicalmente con el metrosexualismo, arrogancia, ignorancia, falsedad y derroche que caracterizan al presidente Enrique Peña Nieto. Y pensar que el ex guerrillero lo ha tenido que soportar en varias ocasiones por razones de Estado y diplomacia. La última, el pasado lunes, cuando el priista lo condecoró con el collar del Águila Azteca, la mayor distinción que el estado mexicano otorga a un extranjero, durante su encuentro en la Habana para participar de la II Cumbre de la CELAC. A quien reconoció como un agente transformador de su país, quizás por haberse atrevido a legalizar el consumo y venta de la mariguana, lo que le parece inaceptable para México. Era de esperarse que el uruguayo en reciprocidad también le entregara su equivalente, la Orden de la República Oriental del Uruguay, pero no lo hizo, y si más adelante lo tiene que hacer, seguramente que será su canciller el que lo represente.

Hay otro encuentro que exhibe sin tapujos la personalidad de estos mandatarios. Fue hace un año, cuando Peña Nieto le dio un "aventón" en el avión presidencial rumbo a Montevideo después de haber asistido en Chile a un evento de la Cumbre de Estados Americanos y Caribeños porque Mujica se mueve en vuelos comerciales con una pequeña comitiva, no tiene avión y se hospeda en hoteles baratos. En las imágenes que difundió Peña Nieto en facebook se puede ver a los dos personajes sentados uno al lado del otro en el avión, frente a la mirada atenta de sus secretarios de Relaciones Exteriores. El mexicano sin quitarse el saco ni la corbata gesticula y mueve las manos con su estudiada actuación sin voltear a verlo, como tratando de explicarle o presumirle algo. El uruguayo en camisa, sin corbata y con un saco azul que no le alcanza a cubrir la magnitud de su abdomen lo escucha cabizbajo, como midiéndolo, pegado a la ventanilla. Un jefe de Estado cuando conversa con algún funcionario de alto nivel y más si se trata de un presidente, recibe de sus asesores un cuidadoso expediente en el que se exhiben todas las debilidades y fortalezas de su interlocutor. Seguramente que Mujica sabía que dialogaba con un farsante inculto y banal que quería impresionarlo, sin antecedentes de lucha social y producto de una campaña publicitaria que lo había llevado al poder auspiciada por un grupo de políticos y empresarios sin escrúpulos que se han enriquecido brutalmente y que aspiran seguir controlando al país. Por otro lado, Peña Nieto había leído o más bien le habían platicado porque no se le da la lectura que su acompañante está considerado como el único dirigente político actual en el mundo que practica al máximo nivel el ejemplo de honradez, ética, y compromiso social que cualquier ciudadano le reclamaría a los que le representan. Un ejemplar único en la clase política a ese nivel. También le habrían dicho que el uruguayo es uno de los iconos más venerados y respetados por la izquierda en el mundo.

Con toda seguridad le informaron que el presidente de Uruguay, de 78 años, vive en una pobre granja rural de un humilde barrio de Montevideo de apenas 45 metros cuadrados de construcción con su mujer que es senadora, sin mayores medidas de seguridad y sin servicio doméstico. Que ellos cocinan sus alimentos. Que donan el 90% de su sueldo para viviendas sociales. Que su vehículo oficial es un turismo austero y el particular un viejo Volkswagen. Que formaron parte en los años sesentas del Movimiento Tupamaro en el que participaron de manera activa por lo que fueron encarcelados y torturados durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) y liberados gracias a una ley de amnistía con la vuelta de la democracia. Que suele viajar al extranjero en compañías aéreas de bajo coste y asiento turista. Que ordenó vender una residencia oficial de veraneo para el presidente. Que ofreció el palacio presidencial a los indigentes como refugio para el crudo invierno, y en el mismo sitio y con las mismas personas además de otros marginados celebró la cena de Navidad. Que impone a los cargos de su partido topes salariales iguales al sueldo medio de un obrero de la industria de su país, y la corrupción en los organismos oficiales de Uruguay es prácticamente inexistente. Un país que se adelantó en otorgar el derecho de voto a las mujeres (1927), el divorcio (1917) o en extender la educación gratuita, obligatoria y laica.

Es una lástima que no se hayan dado a conocer los pormenores del diálogo que sostuvo con el Papa Francisco cuando el pasado 1 de junio se reunió con él en el Vaticano. La entrevista, que duró 45 minutos, ha sido la más larga concedida a un mandatario. Seguramente que las experiencias y conocimientos que compartieron hubieran sido muy reveladoras; así como el trato informal que se dispensaron. Mujica es ateo y proviene de un país laico. Ha reconocido que. “Aunque me estoy acercando a la muerte todavía no he podido creer en Dios". Se le ha comparado con el argentino por la austeridad, tolerancia y sencillez de ambos. No asistió a la misa de inauguración de su pontificado y del que en un principio dijo que sólo tenían en común su pasión por el tango y el mate, pues la campaña de desprestigió que se desató en un principio en contra Bergoglio -porque supuestamente había apoyada a la junta militar de su país-  lo había afectado y lo hacía incompatible con su vecino. Al poco tiempo se convenció de que las acusaciones eran falsas y buscó al Papá para saludarlo y compartir con el rioplatense una visión social de Latinoamérica muy parecida a la suya. Su visita transcurría en un momento en el que en Uruguay se han aprobado dos leyes muy polémicas que combate la Iglesia Católica: las bodas de parejas homosexuales y la despenalización del aborto.

Con las manos vacías

Por Eduardo Martínez Benavente

Uno se pregunta si era realmente necesario que el gobernador del estado se desplazara hasta Alemania acompañado de un grupo de funcionarios e invitados, cuyo número, nombres y actividades desconocemos para cerrar un convenio con Grupo Ronal, que según la información oficial se ha comprometido a instalar una empresa dedicada a la producción de rines en territorio potosino; o si su viaje sirvió de escenario para proyectar la imagen de un exitoso negociador al que le bastó una breve visita por Europa para persuadir a los alemanes a invertir en San Luis Potosí porque ya todo estaba concertado con la empresa, pues en ninguno de los boletines de prensa en los que se anunciaba su incursión por esas tierras se hacía referencia a esta operación, y sí a un encuentro con los directivos de la BMW que parece que no han definido el sitio en el que tienen proyectado construir su armadora de vehículos; y que no sabemos cómo le fue ni a qué nivel lo recibieron; aunque si sabemos que se presentó con las manos vacías.

El gobernador debe saber que un paquete de incentivos para que una empresa con tantas pretensiones como la BMW elija a San Luis Potosí vale unos mil millones de pesos, como los que destinó el gobierno de Marcelo de los Santos para traer a la General Motors, en el que debe estar incluido un terreno de unas 300 hectáreas con infraestructura y servicios; y el gobierno del estado no cuenta con reservas territoriales y menos con dinero o crédito para complacer esas exigencias. Así es que poco o nada podemos hacer para competir contra otros estados de la República que si los ofrecen, porque la ubicación; vías de acceso; mano de obra barata, dócil y capacitada; sindicatos blancos y algunos beneficios fiscales que ofrecemos los potosinos como gancho para atraer inversiones también los ofrecen otras ciudades interesadas en la BMW, aunque el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Macías Moreno, asegure que la Secretaría de Economía interviene para evitar la competencia desleal entre las entidades y resulte costeable la inversión. Por lo pronto no le importó al doctor Fernando Toranzo que San Luis se posesionara en el primer lugar de casos confirmados de influenza para realizar su viaje; en cambio, el gobernador de Guanajuato canceló una visita a París que en los mismos días tenía programada para traer a León el Congreso Mundial del Calzado 2014. Prefirió quedarse y atender la información y acciones de prevención de las enfermedades respiratorias que con menos intensidad sufren los guanajuatenses.

Es falso que el Municipio de la capital esté en condiciones de donarle a la armadora un predio con esas dimensiones como presume el alcalde Mario García Valdez, pues en el listado de sus bienes inmuebles, que se puede consultar en su página electrónica, no existe ninguno con una superficie mayor a 10 mil metros cuadrados. Lo que no fue impedimento para que la síndico Paulina Casteló Campos le siguiera el juego a su jefe al declarar que están a la espera de que el gobierno del estado o la empresa le soliciten la donación para atenderlos.

El presidente municipal de Villa de Reyes, José Piedad Galicia Chiquito, también se ha apuntado con el mismo ofrecimiento, señalando que cuenta con un terreno de 300 hectáreas que está dispuesto a ceder a los alemanes, ubicado en el parque Logistik. Pero esa superficie tampoco existe, pues si revisamos la página web de la Manifestación de Impacto Ambiental de Desarrollo Logistik, podemos constatar que el desarrollo habitacional e industrial que proyecta levantar en una superficie de casi 7 millones de metros cuadrados, no cuenta con una área de donación como la que se ofrece para ese objetivo. Seguramente que el alcalde no se ha dado cuenta que en el condominio que les autorizó no aparece un sólo metro cuadrado del que pueda disponer libremente. Lo engañaron, pues ni modo de regalarles los 336 mil metros cuadrados destinados a banquetas, o los 359 mil de áreas verdes frontales, o los 51 mil de camellones, o los 18 mil de glorietas, o los 963 mil de pavimentos o los 217 mil de guarniciones a que se hace referencia en el documento. El área vendible autorizada es de 5 millones 143 mil metros cuadrados. Al municipio debía corresponderle una superficie de 771 mil metros cuadrados urbanizados. Un poco más de 77 hectáreas que deberían localizarse al exterior del condominio.

¿Qué apoyos económicos, subsidios, exenciones y otros beneficios les ofreció el gobernador del estado al Grupo Ronal para que eligieran a nuestra entidad como plaza para desarrollar su proyecto?  ¿De dónde aportará recursos el gobierno para que la empresa le pague a Logistik el terreno que le compró en Villa de Reyes? Porque  si revisamos la partida presupuestal del 2014 destinada a la Secretaría de Desarrollo Económico, que es de donde debería salir ese apoyo, nos encontramos que los poco más de 34 millones de pesos que se le asignaron no le alcanzarán ni para cubrir su gasto corriente. ¿Se atrevería el doctor Fernando Toranzo, sin necesidad de que se le solicite, a publicar los detalles de su agenda y los compromisos que suscribió con la empresa, así como a dar a conocer el nombre de sus acompañantes y un informe pormenorizado de los gastos y viáticos que erogó por ese continente? ¿Viajó en primera clase como su antecesor? ¿Se hospedó en hoteles de lujo como lo hacía el panista? ¿Cuántos gorrones lo acompañaron? ¿También les pagó las cuentas de cigarros y cortes de pelo?

Mayorga o similares

Por Eduardo Martínez Benavente

La designación de la persona responsable de fiscalizar las cuentas públicas por los próximos siete años sería motivo de atención y participación ciudadana en cualquier país democrático que presumiera de serlo para obligar a los diputados, a los que les corresponde esa función, a elegir al candidato más probo, capaz y autónomo que se atreviera a sancionar a cualquier funcionario que infringiera la ley, sin importar el cargo que desempeñara. Pero para nuestra desgracia y atraso, en San Luis Potosí es muy probable que resulte reelecto por una amplia mayoría y por un período que se inicia el próximo 20 de febrero y concluye el 19 de febrero de 2021, el auditor Héctor Mayorga Delgado, o cualquiera otro que como él garantice a los gobernantes impunidad y condescendencia.

Cualquier aspirante que pretenda acceder a ese cargo con la sana intención de combatir la corrupción y cuidar el manejo de los dineros públicos sabe que está descartado, por más apto y honesto que sea, y no debería exponerse a que lo masacren y humillen con una votación en la que hará el peor de los ridículos. Cualquier pretendiente serio y ubicado sabe que esa posición será negociada entre las fracciones mayoritarias del Congreso del Estado, de tal manera que el que resulte electo proteja y cuide sus intereses, sin importarles la honestidad y oficio de la persona que designen. Necesitan un auditor con el que se pueda enmendar cualquier cuenta, hasta la más sucia y escandalosa, y que no moleste o persiga a los altos funcionarios sino sólo a aquellos que hayan caído en desgracia, no tengan padrinos que los defiendan o que sean insignificantes en el aparato de la burocracia. Alguien lo suficientemente cínico y encubridor como el contador Mayorga, experto blanqueador de cuentas y enderezador de torceduras, quien después de 3 años y seis meses que han transcurrido no ha dado a conocer el fallo final de las responsabilidades financieras en que incurrieron las administraciones de Marcelo de los Santos y de Fernando Toranzo, respecto al desvío de recursos del préstamo de los 1,500 millones de pesos que obtuvo el gobierno del panista en el 2009; y que según el auditor, ambos aplicaron, por lo menos en una buena parte, en gastos que no fueron identificados, y en otros que nada tenían que ver con inversiones públicas productivas como ordenaba el decreto legislativo. Ahora no sabe cómo desactivar esa bomba porque retractarse, negar, o argumentar que sus observaciones no son válidas porque se equivocó, merecerían fincarle un juicio político para proceder penalmente en su contra por los ilícitos en que incurriría, tales como uso y falsificación de documentos, encubrimiento, falsos testimonios, asociación delictuosa porque con él participaron otros auditores y supervisores, y ejercicio indebido de la función pública.

Se requiere de alguien como Mayorga, y si es él, mejor, que no le interese cerrar el caso y que esté dispuesto a dilatarlo hasta que a todo mundo se le olvide. Alguien barco y facilito que actúe como si la Auditoría Superior del Estado (ASE) fuera una posición política que sirve para encubrir las fechorías de los gobernantes. Alguien como Mayorga que sistemáticamente obstruye el ejercicio de la información pública que se le solicita hasta que es obligado a entregarla porque un juez de distrito se lo ordena. Alguien como Mayorga que, como si se tratara de un despacho privado, no publica los informes finales de los resultados de las auditorías que practica ni le da seguimiento a las recomendaciones que dirige a los funcionarios públicos, como tampoco lo hace con las sanciones que les aplica.

Los 5 millones 604 mil pesos que logró cobrar el auditor superior del estado por multas, indemnizaciones y créditos fiscales fincados a funcionarios estatales y municipales en sus primeros cuatro años de ejercicio son la mejor demostración de la inoperancia de su oficina y de su subordinación a los intereses de la clase política a la que no se atreve a tocar. El garante de la impunidad en el estado, en cada ejercicio fiscal tiene el atrevimiento de clasificar como reservada la información relativa a las auditorías que practica con la intención de que nadie se entere de su contenido. Esta información la tenemos que conseguir a través de otros medios y en algunas ocasiones de manera poco ortodoxa. Es inconstitucional bloquear la información derivada de las revisiones de las cuentas públicas, una vez que éstas hayan sido entregadas por la ASE a la Comisión de Vigilancia. ¿Pero qué caso tiene rendir un dictamen de auditoría en el que se pueda mostrar de manera indubitable información contable falsa y pagos arbitrarios e irracionales si nadie la atiende ni le da seguimiento? ¿Qué caso tiene presentar un informe con estas características si el auditor protege a los infractores, no les finca responsabilidades, ni se empeña en recuperar los recursos aplicados ilegalmente?

El registro de candidatos a dirigir la ASE concluye el próximo martes y el Congreso del Estado está obligado a publicar en su sitio de internet la lista con los nombres de todos aquellos que se inscribieron, en el entendido de que la documentación que acompañaron será de acceso público para que cualquier interesado pueda revisarla. Es muy probable que ninguno de los tres candidatos que se propongan al Pleno del Congreso resulte electo en el primer intento si antes no se ponen de acuerdo por lo menos 18 de los 27 diputados que asistan a la sesión. Y si no hay acuerdo, el nombramiento puede diferirse meses y crear un peligroso vacío que no está previsto en la ley cómo llenarlo porque Mayorga no puede seguir actuando más allá del próximo 20 de febrero, y las relaciones de un buen número de legisladores son muy tirantes con el resto de sus colegas como para alcanzar el número de votos que se necesitan y no se diga con el gobierno del Estado para que arme los consensos; por lo que no dudo que los dictámenes de las auditorías del ejercicio fiscal 2013 saldrán limpios de culpas y responsabilidades, pues las cuentas públicas son una valiosa mercancía para negociar cualquier propuesta y ablandar a los inconformes.

LA HIJA DEL REY

Por Eduardo Martínez Benavente

Sentar a la hija del Rey de España en el banquillo de los acusados por su presunta participación en la comisión de una serie de delitos es un hecho singular y memorable que honra y le da credibilidad a la justicia española, fortalece su sistema democrático y es un ejemplo a seguir por otros países, como México, en el que sólo a los políticos en desgracia se les juzga y castiga, no obstante las evidencias de la enorme corrupción y enriquecimiento ilícito en el que éstos y sus familiares se ven implicados.

El caso Iñaki Urdangarin, que retiene la atención de los españoles, ahora mejor conocido como el de la infanta Cristina de Borbón, se centra en un fraude fiscal y blanqueo de capitales, en el que ésta, junto con su marido, participa como condueña en una sociedad vinculada a otras en la que se exhiben actividades ilícitas de la pareja, así como una serie de correos que balconean sus gastos y gustos personales. Todavía no se puede medir el daño que provocará en la Casa del Rey si se prueba la culpabilidad de su descendiente. Una sociedad vapuleada por la crisis, con 5 millones de parados y desencantada de sus gobernantes, espera con ansiedad que caiga la guillotina y rueda la cabeza de la princesa. El solo hecho de que la justicia haya fincado una sospecha formal sobre una integrante de la casa real constituye un golpe devastador para la imagen de la institución monárquica española, sometida a un pronunciado desgaste y a una pérdida de simpatías y popularidad entre la sociedad.

Los escándalos y frivolidades de la nobleza motivan entre la mayoría de las personas una morbosa y fascinante curiosidad, por lo que cualquier chisme, desgracia o evento social que les ocurra es noticia universal, por más obsoletas y disfuncionales que para muchos parezcan las monarquías. Pero en esta ocasión se trata de un evento extraordinario por la imputación de un delito a un miembro de la descendencia directa del Rey, hasta ahora intocable, quienes según el juez de la causa "Están llamados a observar un especial cuidado para no situarse en órbitas comprometedoras".

La historia comienza en febrero de 2006, cuando un diputado socialista del Parlamento Balear, Antonio Diéguez, observa un pago irregular por 1 millón 200 mil euros en un convenio sin concurso público para organizar en 2005 un Fórum que duró un fin de semana, adjudicado directamente a dos empresas dependientes del Govern balear, y al Instituto Nóos, una sociedad en la que descubre que es presidida por el yerno del Rey; lo que lo anima a denunciar el hallazgo en una concurrida rueda de prensa a la que asiste la dirigencia de su partido. La acusación causa revuelo en La Moncloa y los asesores de la Corona le piden a Urdangarín que se retire a vivir lejos de España, en Washington, en donde se incorpora como ejecutivo de una empresa telefónica. El consorte de la infanta había iniciado sus actividades privadas en el mundo del marketing deportivo y la imagen hacia 2003 junto a un tal Diego Torres, quien fuera profesor en una prestigiosa escuela de negocios donde el duque de Palma obtuvo la titulación que le faltaba, un máster en Administración de Empresas. A partir de esa fecha, Urdangarin preside exitosamente el Instituto Nóos, una consultora creada en 1999 por Torres, donde los clientes son atraídos por un personaje con un perfil envidiable: deportista, medallista olímpico, guapo, elegante, noble y candidato a ejercer la presidencia del Comité Olímpico Español.

Los socialistas llegan al poder y exhiben los dispendios sin control de la administración anterior. Cuatro años después, el juez abre el expediente número 25 del sumario de corrupción y tráfico de influencias de que se les acusa, orientado a investigar los pagos del Govern al Instituto Nóos. A pesar de que el fiscal general del Estado intenta abortar la investigación, una maniobra del juez José Castro lo impide. Urdangarin creía que estaba blindado. Nadie más había vuelto a preguntar por él, y de Diego Torres no quería saber nada. El abogado de éste se presenta ante el juez y aporta información comprometedora porque cree que es mejor cooperar y enfrentar la situación. En los ordenadores que entrega hay material explícito sobre la vida privada, gastos y actividades del yerno del Rey como socio y gestor de varias empresas relacionadas con el Instituto Nóos, sin fines de lucro, aunque las ganancias no las puede ocultar porque al año de crear la sociedad compra una lujosa mansión en Barcelona, valorada en seis millones de euros.

Urdangarín para eludir las acusaciones que pesan en su contra establece una estrategia equivocada pues responsabiliza de todo a Diego Torres y su esposa, quienes ya han sido interrogados por el juez Castro e imputados como presuntos delincuentes. En el discurso navideño del 2011, Juan Carlos I afirma que “la justicia es igual para todos”. Y sus asesores hacen públicas por vez primera los ingresos y egresos de la Casa del Rey, y aclaran que el yerno nunca ha recibido dinero de la Corona. Un día después, la pieza 25 del sumario deja de ser secreta y el cónyuge de la infanta  también es imputado. El intento de aislarlo dejó de funcionar. En abril del 2013 se detectan varios correos electrónicos en los que se demuestra que el duque es parte activa de cuanto sucede en Nóos y sus sociedades, y que la Infanta es socia y está enterada de sus actividades. Desde entonces, la investigación se centra de forma exclusiva en las finanzas de la Infanta, quien se retira a Suiza con su esposo e hijos para escapar del escarnio público.

El juez José Castro ha citado a la primera infanta con título universitario y octava en la línea de sucesión como imputada para el 8 de marzo próximo, para ser interrogada sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en que “hubiera podido incurrir a raíz de su participación en la entidad Aizoon pues llevaron a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos de esa sociedad para atender gastos personales". Esa entidad es una empresa privada propiedad a partes iguales de Urdangarin y su mujer a la que fueron a parar muchos de los fondos que supuestamente obtuvo el marido de la infanta de manera ilícita. De esos fondos se aprovechó no sólo Urdangarín sino también la hija del Rey.