Cuentas alegres

Por Eduardo Martínez Benavente

El informe de la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio del 2013, el cuarto que presenta el gobernador Fernando Toranzo, no fue motivo de elogio o reconocimiento alguno, no obstante que presenta un escenario boyante en el que asegura que nos está yendo muy bien a los potosinos. La falta de credibilidad de la que gozan los gobernantes y la percepción ciudadana de que la situación económica es un desastre le dan al traste a las cifras y estimaciones de su gobierno en el sentido de que, con todo y la desaceleración de la economía mundial registrada en el transcurso del año, el crecimiento para San Luis Potosí fue de 2.2 por ciento al cierre del 2013, muy por encima del nacional que apenas alcanzó el 1.2 por ciento. Presume que los índices de desocupación en la entidad son envidiables, pues casi todos los potosinos tenemos una actividad remunerada al registrar 1.5 puntos porcentuales menos que la nacional que se ubica en un 4.6 por ciento. Lo que no ocurre ni en los países más desarrollados del planeta, aunque omite aclarar que el 90 por ciento de esos trabajadores ganan de uno a tres salarios mínimos que no les alcanza para satisfacer la mayoría de sus necesidades. En materia de precios también somos ejemplares, pues la inflación registró en el estado una tasa acumulada al mes de diciembre del 2.18, esto es 1.79 puntos menos que la nacional.

El gobernador alardea en su informe que la estrategia económica del ejercicio fiscal 2013 consistió en consolidar lo realizado en ejercicios fiscales anteriores y avanzar en el cumplimiento de lo señalado en los documentos rectores de desarrollo del Estado, como sería "construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesaria para el desarrollo integral de las cuatro regiones del estado y asegurar un clima de paz y seguridad en la Entidad para combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad". Reporta una inversión de 7 mil 400 millones de pesos destinada a combatir la pobreza que no se refleja por ningún lado, aunque asegura que se redujo el déficit de servicios básicos en las viviendas, la problemática del hacinamiento y la de cocinar con leña en las localidades de muy alta y alta marginación. Es un gobierno que a lo mejor ha pretendido mitigar las expresiones más dolorosas de la pobreza con políticas asistenciales, pero no ha aplicado políticas de Estado con visión de largo plazo para erradicarla. No hay inversiones productivas. Los que hemos tenido la oportunidad de recorrer recientemente algunos municipios del estado somos testigos de la miseria y marginalidad en la que viven la mayoría de los campesinos e indígenas. Igual de extrema que la que veíamos en 1991 cuando acompañamos al doctor Salvador Nava en su gira proselitista por la entidad. Tan útil que sería conocer una versión objetiva y veraz de la situación financiera y social que vivimos en la que se exhibieran todas las carencias y deficiencias de la vida pública.

La cuenta pública es un documento abarrotado de buenas intenciones y números que comprende un mundo de información relacionada con la deuda pública, con las participaciones y fondos municipales y con las dependencias e instancias del gobierno estatal orientado a conocer los ingresos y egresos del ejercicio; y en los anexos, que no se publicaron, deben aparecer las características de las miles de obras y acciones que se ejecutaron, hasta las más insignificantes, así como el gasto asignado a cada una de ellas que nadie tiene capacidad de revisar por lo que nos pueden contar cualquier mentira y que el gobierno difunde con la certeza de que ni los diputados ni los partidos de oposición analizarán, y que la Auditoría Superior del Estado (ASE) aprobará sin mayores complicaciones, y si acaso con algunas observaciones intrascendentes, como ha ocurrido con las últimas cuentas públicas.

Sería muy tedioso tratar de analizar en este espacio los números y operaciones que se declaran en el informe, aunque para darnos una idea de su complejidad basta con comentar brevemente tres asuntos que me llaman la atención y que requieren de una explicación por parte del secretario de Finanzas. El primero son los ingresos por derechos del Hospital Ignacio Morones Prieto, que de 50 millones 658 mil pesos presupuestados, se elevaron a 629 millones 151 mil pesos obtenidos. Ese salto descomunal o manipulación de cifras pesa de manera muy importante en el monto de los excedentes que reporta la contabilidad gubernamental. El segundo se refiere a los 40 millones de pesos de utilidades que se calculó que obtendrían los invernaderos de Santa Rita y que quedaron reducidos a un poco más de 16 millones. La explicación que proporcionan no es suficiente para entender si la diferencia que resultó es la que se reinvirtió en el proyecto. Y en el tercero me quedan varias dudas para reconocer como un resultado positivo de este ejercicio la reducción significativa en el total de los pasivos contabilizados, pues de 9 mil 820 millones de pesos al cierre del ejercicio anterior, quedaron 9 mil 104 millones al 31 de diciembre de 2013.

Es una pena que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no verifique la información, pues por su autonomía y por los recursos humanos y económicos que maneja debería ser una institución con credibilidad para pronunciarse y emitir una opinión en la que avale, explique o desmienta las cuentas alegres del gobernador. Muchos potosinos se preguntan: ¿Dónde están las grandes obras de infraestructura realizadas por esta administración que puedan detonar el desarrollo del estado?  La respuesta es muy sencilla: no existen. Lo único que podría salvar a este gobierno de la mediocridad que lo caracteriza es que la BMW se instalara en la entidad. 

El gobierno del estado tuvo un ingreso histórico en el 2013 que rebasó los 34 mil 743 millones de pesos. Nunca se había captado tanto dinero. Más de 3 mil 737 millones de pesos de la suma originalmente presupuestada que no se tradujeron en obras y beneficios para la sociedad, sino en incrementos a la nómina y gasto corriente que autorizó la Comisión Gasto Financiamiento que controla el contador Jesús Conde Mejía. Los diputados en esta Comisión son inexistentes, no tienen representación, y ni siquiera se les ha ocurrido presentar una iniciativa de ley que los incorpore a  esa tarea, de tal manera que tengan la mayoría de votos para que sean ellos los que decidan el destino de los excedentes.

Huele mal el agua

Por Eduardo Martínez Benavente

Si el ingeniero Héctor Eduardo García Castillo, director del Interapas, contara con argumentos irrebatibles para justificar el motivo por el que aparece la sociedad mercantil denominada "Mejora Integral de San Luis" S.A. de C.V., como beneficiaria de un contrato de prestación de servicios que vale más de 907 millones de pesos, celebrado entre ese organismo y esta empresa; en lugar de haberlo hecho con Cobra Instalaciones México, S.A. de C. V., que fue la sociedad que ganó la Licitación Pública Nacional númeroLA-824028997-N19-2011, que originó este contrato, seguramente que ya habría convocado a una rueda de prensa para demostrar que la operación es legal y que no está encubriendo ningún ilícito. Si dispusiera de documentos indubitables para acreditar la limpieza de la operación no tendría porque esperarse a que se venza el plazo que le otorgó la Cegaip para entregar la información solicitada y no seguiría exponiendo a la institución que representa al descrédito por haberla clasificado ilegalmente como reservada desde el 21 de enero de 2013, 4 días después de que asumió el cargo.

Es importante aclarar que en esta licitación participaron otras 5 empresas y ninguna corresponde a la denominación de la adjudicataria. El director está obligado a explicarnos de qué se valieron para otorgarle a esa empresa el cuantioso contrato. La concursante que cotizó más bajo, en 495 millones de pesos, fue descalificada por baratera. En esa sociedad aparecían los nombres de varios empresarios potosinos que protestaron, pero que no impugnaron el fallo por la vía legal. 

El 10 de julio de 2012, cuando el alcalde interino Luis Miguel Ávalos Oyarvides presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para modificar los decretos legislativos 563 del 27 de diciembre de 2008 y 184 del 6 de mayo de 2010, para que la empresa pudiera operar y mantener los servicios ofrecidos por 12 años, en lugar de 8, como estaba establecido originalmente en la convocatoria de la licitación, nos dimos cuenta que mencionaba a "Mejora Integral de San Luis," S.A. de C.V., como adjudicataria del contrato, que nada tenía que ver en la lista de participantes de la licitación. Avalos Oyarvides también solicitó que se ratificaran las facultades que se le habían dado al INTERAPAS para contratar una línea de crédito por un poco más de 36 millones de pesos que se utilizaría para garantizarle a la empresa el pago de 3 mensualidades, en caso de que el organismo operador no cubriera  oportunamente las contraprestaciones pactadas.

El artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no permite que los derechos y obligaciones derivados de estos contratos puedan cederse a favor de otra persona física o moral, y sólo contempla que, en caso de no firmarse el contrato con el que obtuvo el primer lugar en la licitación, se adjudique al segundo de la lista o a los siguientes si los anteriores no aceptan.

El sustituto del ex director Francisco Muñiz Pereira fue propuesto para ocupar ese cargo por el alcalde Mario García Valdez, presidente de la junta de gobierno del Interapas, quien resultó electo por unanimidad entre una terna que se votó el 18 de diciembre de 2012. El organismo fue notificado el pasado lunes 3 de marzo, por la Cegaip, para que dentro de los siguientes 10 días publique el referido contrato en el que a través de esta modalidad se privatiza una buena parte de los servicios que le corresponde proporcionar.

El contrato comprende la construcción de las obras hidráulicas que se requieren para recibir el agua proveniente del Realito, así como el control y automatización de 103 pozos, la rehabilitación y mejoramiento electromecánico de 84 pozos, la sustitución de 120,000 tomas domiciliarias, la sectorización y rehabilitación de 136 kilómetros de redes de agua potable y la instalación de 151,000 micro-medidores. Abarca también la localización y control de las fugas en tomas y redes; la actualización del padrón de usuarios que está conformado por más de 320,000 domicilios; el procesamiento, lectura y facturación del consumo de agua. Se encargará de la cobranza y recuperación de la cartera vencida, para esto se le faculta a cortar el servicio, si el consumidor no paga sus recibos. Tendrá bajo su responsabilidad la atención a usuarios e implementará las cajas móviles para la cobranza. El prestador de servicios recibirá del INTERAPAS los nombres de los usuarios morosos con adeudos mayores a 3 recibos vencidos para que se haga cargo de la cobranza mediante una remuneración del 20% sobre el monto recuperado. Existen más de 115,850 tomas sin medidor a las que se les aplica arbitrariamente una cuota fija para el cobro del servicio.

Más caos: hay 40,667 medidores que no funcionan, por lo que no es posible conocer con precisión la relación entre el agua consumida y cobrada en estas tomas. Son más de 200 páginas de especificaciones que los diputados debían haber analizado antes de aprobar la iniciativa. Es un compromiso enrome que ha obligado a incrementar las tarifas que deben pagar los usuarios del servicio de agua y que exhibe la incapacidad del organismo para prestar estos servicios que cede a un particular, no obstante que le están encomendados por el decretó que lo creó.

También se compromete a identificar a los 2,380 usuarios más representativos de consumo de agua para recabar los antecedentes de su toma, las descargas, los contratos, los pagos, las lecturas y cualquier información que precise su verdadera situación para realizar los ajustes y monitorearlos permanentemente. Se calcula un período de inversión y construcción de 4 años, y 8 más de operación. Para llevar a cabo estas obras y acciones se le entregarán a la empresa recursos federales por unos 400 millones de pesos de un fondo perdido, más otros 600 millones que tendrá que conseguir para completar la inversión.  El Congreso debería exigirle al INTERAPAS, que una vez que la prestadora de servicios inicie estas funciones, reduzca sustancialmente su nómina y gasto corriente, como un primer paso, antes de que desaparezca por completo.

La glorificación de El Chapo

Por Eduardo Martínez Benavente

La actitud triunfalista y los reconocimientos que ha recibido el gobierno de Enrique Peña Nieto por la captura de narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán tienen una vigencia y validez que muy pronto se disiparán, cuando veamos que la violencia del crimen organizado y la corrupción que la ampara siguen exactamente igual o peor que antes de la caída del líder del Cartel del Sinaloa. El bono de confianza otorgado a su administración es efímero y olvidadizo.

Es muy acertado aquel presagio del capo de la droga, Ismael El Mayo Zambada, que le confió a don Julio Scherer, en aquella entrevista clandestina que le concedió en abril de 2010 y que fue reproducida por Proceso en su edición de hace 8 días: "Si me atrapan o me matan nada cambia". En ese encuentro de gran valor periodístico el amigo y socio de El Chapo, narra escondido en una guarida que si él o su compadre se exhibieran, ya los habrían agarrado por lo que es un mito que éste aparecía en restaurantes pagando las cuentas de los clientes que se encontraban en el lugar o en bodas y otros eventos sociales. Don julio le pregunta que si algunas veces ha sentido cerca al ejército. A lo que responde: "Cuatro veces. El Chapo más". "Tengo pánico de que me encierren". Le pregunta también si sabía que la revista Forbes incluyó a Guzmán entre los grandes millonarios del mundo. "Son tonterías", le asegura. Como tonterías son también las referencias de esa revista que ubica a San Luis Potosí entre las tres mejores capitales del país.

Es imposible valorar el patrimonio de un narcotraficante que no tiene nada a su nombre y que la mayoría de las veces se vale de prestanombres sin vínculo alguno que los pueda identificar. Lo peor que le puede ocurrir en estos momentos a la economía de esa región es que se desate una cacería de brujas en contra de todo lo que huela a inversiones de El Chapo Guzmán. Que se confisquen toda clase de bienes sin más pruebas que el testimonio del detenido que bajo las condiciones a que está sometido es capaz de declarar lo que quieran con tal de que le suavicen el trato inhumano que sufrirá en la cárcel de máxima seguridad en la que seguramente pasará el resto de sus días, si es que antes no lo extraditan al infierno de una de los Estados Unidos. Las fuentes de trabajo deben preservarse a toda costa.

Cualquiera puede hacer sus propias conjeturas sobre la captura del más afamado narco del país. Es un deporte nacional. La versión oficial es que se logró mediante un trabajo coordinado de inteligencia entre agencias del gobierno americano y autoridades mexicanas en las que se captó una llamada del delincuente que pudo rastrearse hasta ubicar exactamente el lugar de donde procedía. Cuesta trabajo aceptar esa historia que sería muy similar a lo que 20 años antes, con mucho menos tecnología que ahora, le ocurrió al más temido y famoso narcotraficante de todos los tiempos, Juan Pablo Escobar. Seguramente que el mexicano conocía ese capítulo de su vida, pues no dudo que hubiera visto la serie colombiana "El Patrón del Mal", que narra todos los detalles de cómo por una llamada que hizo a su hijo a través de un teléfono satelital, la policía dio con él y lo ejecutó al intentar escaparse. No creo que el sinaloense se haya expuesto a repetir el mismo error cuando sabía que estaban encima de él.

El Chapo Guzmán corrió con mejor suerte pues al verse atrapado en su ratonera y saber que ponía en peligro la vida de su esposa e hijas se entregó sin disparar un sólo tiro. Es muy probable que en las siguientes horas haya negociado la liberación de su mujer, de rancia y conocida estirpe criminal, a cambio de no denunciar públicamente a los candidatos que se han visto favorecidos con su dinero en las campañas electorales, así como ocultar los nombres de aquellas autoridades de las que recibió protección y cuidados. Tan se trató de una negociación que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en declaraciones consignadas por Clarín, tuvo el atrevimiento de asegurar que la dama no tenía absolutamente nada que ver respecto a las acciones del delincuente y por eso se le dejaba en libertad, cuando su obligación era ordenar su detención para que se le investigara y en su caso se le consignara ante un juez que resolviera su situación.

Yo creo que su detención obedeció a circunstancias mucho más sencillas y razonables que el cuento que nos quieren hacer creer, creo que fue identificado por algún vecino o paseante que lo denunció. Bajarse de su automóvil en la costera de Mazatlán con su esposa, ex reina de la belleza y conocida por muchos, entrar al lobby del condominio y subir las escaleras o tomar el elevador hasta su piso era un recorrido extremadamente riesgoso. Muchos creíamos que la cirugía plástica lo había transformado y que sería imposible identificarlo. Pero esto no ocurrió. Ni siquiera sufrió mayores cambios por los estragos que hacen los años. Conozco personas que pueden reconocer entre una multitud a alguna celebridad o a un amigo o conocido que no han visto en décadas. Tienen un don especial que nos sorprende. La recompensa de 5 millones de dólares que ofrecía el gobierno americano para el que proporcionara información era muy atractiva como para dejarla pasar. Es muy probable que el denunciante se haya comunicado con la DEA y ésta con la marina de México, la autoridad más confiable para llevar a cabo la operación.

El gobierno federal ha propagado hasta el hastío información relacionada con el patrimonio del narco que se puede interpretar como una apología al delincuente. Lo han glorificado. A tal grado que si se levantara una encuesta, creo que las simpatías de las que goza serían mayores a la puntuación negativa de los que lo aborrecen. Para una sociedad sin valores morales, el poder y riqueza que acumuló son modelo a seguir, sin importar los medios que utilizó para obtenerlos. El gobierno de Peña Nieto debería enfocarse a difundir el dolor y pena que dejó regados en las entidades que controlaba. Exhibir los videos de sus masacres y el testimonio de las madres, esposas e hijos que sufren la pérdida de algún familiar ordenada por este criminal. Así como dar a conocer la disciplina carcelaria a la que estará sometido día y noche, para ver si todavía hay alguien que lo siga admirando.

Los deudores del predial

Por Eduardo Martínez Benavente

Hasta el 31 de enero de 2014, más de 163 mil propietarios de bienes inmuebles de la capital del estado habían pagado el impuesto predial. Son los que puntual y religiosamente cumplen con esa obligación durante los primeros días del año y a quienes como aliciente se les otorga un descuento del 15% en el pago de la contribución. Otros 144 mil contribuyentes, de los 307 mil que reporta el padrón municipal, no lo habían hecho, algunos porque seguramente lo cubrirán en los siguientes meses; otros muchos porque su situación económica no se los permite y son a los que se les siguen acumulando multas, recargos y actualizaciones que cada año les dificultan más para ponerse al corriente. A éstos se les debe dar toda clase de facilidades para que por lo menos abonen una parte del adeudo. Otros no pagan con el pretexto de que están en desacuerdo con las liquidaciones que les han notificado; otros más porque la propiedad está en litigio o abandonada; y muchos otros porque gozan de influencias, les deben favores o saben que el sistema de cobranza del municipio es tan deficiente que se aprovechan de esta situación. De cualquier manera parecía que la recaudación llevaba un buen ritmo y que antes de abril sólo quedarían unos cuantos rezagados.

El tesorero municipal, José Bolaños, presumía que el ingreso era histórico pues llevaban recaudados más de 177 millones de pesos. Los espacios publicitarios al servicio del municipio anunciaban el éxito de la campaña que invitaba a los potosinos a pagar el predial. Hasta el presidente municipal, Mario García Valdez, para demostrar que el pago del impuesto es parejo para todos los propietarios, en un acto populista y demagogo, aparecía retratado frente a la caja registradora de una tienda de Oxxo, billetes en mano, pagando su predial, convirtiéndose en el primer ciudadano que utilizaba el nuevo esquema de bancarización y simplificación administrativa.

Todo iba bien, hasta que un ciudadano solicitó y obtuvo a través de Infomex un corte de "Deudores de predial al 31 de enero de 2014", que en 4 mil 381 páginas le entregó la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento. En el documento se incluyó sin ningún orden un descomunal listado de contribuyentes con y sin adeudos. No la totalidad. Proyecto Tábano se dio a la tarea de ordenar la información alfabéticamente y de monto mayor a menor como se puedeconsultar en su página web, resultando que 80 mil 916 potosinos deben al ayuntamiento de la capital mil 663 millones 88 mil 47 pesos, según el corte realizado por las propias autoridades. Otros 63,799 contribuyentes no aparecen en el documento porque sus adeudos son menores a 1 mil 298 pesos, y seguramente que el que proporcionó la información le pareció que era innecesario exhibir a todos los morosos; por lo que el adeudo total por este concepto puede superar los 2 mil millones de pesos. Una cifra igual al presupuesto de ingresos del propio municipio autorizado para este ejercicio con lo que se podrían sanear sus finanzas y darle un mejor aspecto a la ciudad. Los adeudos no aparecen en los informes financieros del Ayuntamiento como activos, aun cuando se trata de créditos que pueden considerarse que tienen una garantía inmobiliaria; como tampoco se observan en los informes de la Auditoría Superior del Estado.

Pero lo más grave de esta revelación que está provocando un enorme descontento e indignación entre los contribuyentes cumplidos es cuando nos enteramos que el adeudo que acumulan 5 empresas inmobiliarias supera la suma de lo que se ha recaudado hasta esafecha. Esto que decir que el monto de lo pagado por los 163 mil propietarios de bienes inmuebles que hasta el 31 de enero habían cumplido con el pago del impuesto predial no supera los 178 millones que adeudan Urbanizadora Peña Blanca, con el mayor adeudo por 66 millones de pesos; Grupo Desarrollador Cima; Edificadora del Bajío; Residencial La Tenería y Grupo Las Águilas, propietarias de los inmuebles con mayor plusvalía que se encuentran ubicados en la zona residencial de la ciudad, y cuyos actuales accionistas y administradores se están investigando en el Registro Público para ser exhibidos.

En el listado de deudores también aparece el gobierno del estado, bancos, funcionarios públicos y otros personajes que deberían dar el ejemplo de causantes cumplidos. El tesorero municipal, en lugar de aprovechar toda esta información para presionar a los incumplidos y presumir de transparencia, ha intentado desacreditarla con el argumento de que no está actualizada porque se trata de datos revisados hasta el 31 de diciembre, cuando su propio documento claramente marca que el corte es al 31 de enero de 2014. El tesorero debería explicar las razones de esta enorme deuda y las medidas que está tomando para recuperarla; pero sobre todo debe informar de las gestiones de cobranza que ha enderezado en contra de esos 5 grandes deudores. Ha querido también encubrir los adeudos que por 72 millones reporta el gobierno del estado con el argumento equivocado de que están exentos del pago del impuesto predial porque se trata de bienes de dominio público destinados a servicios públicos, cuando alguien debería explicarle que el gobierno también es dueño de bienes del dominio privado, como la Casa de Gobierno, terrenos recuperados en la zona industrial, lotes de terreno en Ciudad Satélite y muchos otros predios que por su naturaleza no cuadran en la primera clasificación y que como cualquier otro contribuyente deben pagar el impuesto predial.

Mientras que el gobernador Fernando Toranzo ha tenido la atención de ofrecer que se hará una revisión de las deudas que pudiera tener el gobierno del estado derivadas de algunas de sus propiedades; el presidente municipal timoratamente ha declarado que los funcionarios municipales deben pagar sus adeudos, pero sin meterse en enredos con los deudores principales. El ex rector debería visitar personalmente a los 298 contribuyentes que según el informe adeudan cada uno más de 500 mil pesos, y que suman 604 millones de pesos, para exigirles el pago, advirtiéndoles que si no se regularizan iniciaría de inmediato acciones coactivas administrativas para embargarles y rematarles sus bienes.

El auditor que viene

¡Mina, mina asesina que tienes el cinismo de plantar una corona floral sobre los féretros de tus victimas!  Te maldecimos.

Por Eduardo Martínez Benavente

Celebramos que el contador Héctor Mayorga no haya sido ratificado en su cargo. Su reelección habría sido una decisión funesta e inaceptable. El daño que le ha causado a la credibilidad del organismo fiscalizador del que fue fundador y titular durante 7 largos años es incalculable. No fue reelecto porque uno de los diputados que le había ofrecido su voto reculó un día antes y en la sesión del martes anuló la boleta para que no alcanzara la mayoría absoluta y de esta manera se presentara una segunda terna en la que ya todo estaba arreglado para elegir al contador José de Jesús Martínez Loredo. No contendieron juntos en la primera terna porque ninguno hubiera obtenido esa mayoría y los dos habrían quedado descalificados. Si Mayorga no hubiera estado seguro de que contaba con los votos necesarios para repetir como auditor superior del estado no se habría presentado como candidato, pues es un individuo calculador y ambicioso que no se aventuraría a salir derrotado. Lo engañaron. Se extinguió su buena estrella, pues alguien más pérfido y mejor negociador que él le movió el tapete y lo tumbó del puesto en el que proyectaba permanecer hasta el 2021.

Aunque el voto es secreto, es muy fácil saber por quién vota cada uno de los diputados y así comprobar si cumplieron con su compromiso. La manera más sencilla y segura es enseñar discretamente la boleta a alguien que sabe que lo está observando o entregársela marcada con una tinta invisible que sólo con humedad o luz fosforescente se puede leer, como le hacía Gonzalo N. Santos con los curros de la sociedad potosina que votaban en la casilla que se instalaba en la Plaza de Armas y le interesaba saber el sentido de su voto.

El nuevo auditor para imponer su autoridad y ganar respeto debe revisar los ingresos y egresos de que dispuso su antecesor -se va a encontrar verdaderas sorpresas-, evaluar su desempeño, inventariar todo los asuntos que le dejó pendientes y rendir un informe público de su pesquisa. También debe cesar o reducir a responsabilidades menores a los colaboradores más cercanos a Mayorga y hacerse de su propio equipo si no quiere que el ex auditor siga mandando en esa oficina.

Que bajo ningún motivo se le ocurra clasificar como reservada la información relativa a las auditorías que practica ese organismo como lo hacía su antecesor para que nadie se enterara de su contenido. Es inconstitucional bloquear la información derivada de las revisiones de las cuentas públicas. Que no le quepa la menor duda que cada vez son más los ciudadanos y medios de comunicación que están atentos a su desempeño y que no tolerarían a otro garante de la impunidad en el estado, subordinado a los intereses de la clase política.

Debe saber el nuevo auditor que 5 días antes de la elección, cuando Mayorga saboreaba su reelección, amplió el plazo hasta el 19 de febrero para entregar o negar 10 solicitudes de información que se le presentaron sobre diversos temas que unos días antes había presumido ante los medios de comunicación como logros de su gestión al frente del organismo, y que si los mencionaba era porque disponía de la información. Se le solicitó la lista de los 500 funcionarios que según su comunicado fueron sancionados por la ASE, desde 2007 a noviembre de 2013, en la que se pudiera consultar, el cargo que ocupaban, tipo de sanción y monto de la multa o indemnización. Se le pidió que desglosara las multas que por 70 millones de pesos aseguraba que había impuesto. Los nombres y cargos de los inhabilitados y la relación de los bienes embargados, entre otros asuntos que estamos esperando.

No me gustaría repasar ahora algunos antecedentes que pueden poner en tela de juicio la ética del nuevo auditor superior del estado, pero es imprescindible hacerlo pues no podemos ocultar sus responsabilidades como tesorero del gobierno de Fernando Silva Nieto en la operación de compra venta de los Invernaderos Santa Rita y en la última cuenta pública de esa administración que la LVII Legislatura reprobó por su falta de probidad. El operador financiero, el que realmente movía el dinero y el hombre de todas las confianzas de Silva Nieto era su amigo "Pepé Chuy", como lo llamaba; y no Olegario Galarza, que sólo representaba la cuota de poder que le impusieron los dirigentes de los organismos empresariales y sobre el que se ensañó el ex gobernador Marcelo de los Santos. Alguien así como Eibar Castilla Sosa, que como tesorero y yerno de Carlos Jonguitud era el que manejaba el erario del estado y no Jorge Ramírez Cruz que aparecía como secretario de finanzas. Pero todo eso es historia, ahora también tenemos que mirar para adelante y vigilar cuidadosamente al nuevo auditor, otorgándole por lo pronto un voto de confianza dentro del optimismo renovador que nos caracteriza a los mexicanos cada vez que hay un cambio de gobierno. Un voto de confianza que se vence el 15 de junio, fecha en la que deberá entregar el informe de la auditoría de la cuenta pública estatal del 2013, para que resuelva por lo menos tres asuntos que exasperan a muchos potosinos. El primero: fincar responsabilidades al actual gobernador o a su antecesor o  ambos, en su caso, por la aplicación ilegal de los recursos del préstamo de los 1,500 millones de pesos. Es inaceptable que con todo el personal y recursos con los que cuenta no pueda determinar cómo, quién y en qué se agotó ese dinero, en el que una buena parte no fue identificado y otra nada tenía que ver con inversiones públicas productivas como ordenaba el decreto legislativo. El segundo: un informe en el que se analicen todos los ilícitos que se ha denunciado de la administración de Victoria Labastida y las acciones que se han emprendido para resarcir el daño que le infringieron al erario público; y el tercero: determinar sin ocultamientos ni negociaciones si los ilícitos e irregularidades que observaron los auditores en sus hojas de trabajo a las cuentas públicas de Soledad de Graciano Sánchez son procedentes o cómo y cuáles de los gastos irracionales y desproporcionados quedaron solventados.

Auditando al auditor

Por Eduardo Martínez Benavente

Soledad de Graciano Sánchez es un municipio lastimosamente feo, pobre y atrasado que poco o nada le interesa a la mayoría de los capitalinos pero que en los últimos cuatro años ha ganado notoriedad porque los señores Gallardo, padre e hijo, que han ocupado desde entonces la presidencia municipal, nos los han querido ofertar como una demarcación próspera y bien administrada, muy distinta a la que recibieron de sus antecesores y creen o les han hecho creer que hasta pueden alcanzar la gubernatura del estado y la alcaldía de la capital. Así de crecidos están. Para construir esa imagen han tenido que invertir millones de pesos, tan sólo en once meses, de enero a noviembre de 2013, se gastaron 7 millones 409 mil pesos en difundir sus mensajes por radio, televisión y otros medios. Más de 4 millones 409 mil pesos de los queoriginalmente tenían autorizados gastar.

Aunque no se ha dado a conocer el informe de la cuenta pública de Soledad correspondiente al ejercicio fiscal del 2013 que se entregó al Congreso del Estado el pasado 31 de enero, no obstante que debería aparecer publicado desde esa fecha en la página de transparencia del ayuntamiento, el alcalde debe responder a una larga lista de preguntas relacionadas con un informe de gastos desproporcionados, irracionales y fuera de presupuesto que un grupo de auditores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha tenido el coraje de revelar ante el temor fundado de que el titular de ese organismo los oculte o minimice, y que seguramente -si llegan a una negociación- no aparecerán en las observaciones que se le finquen a esa cuenta, como ocurrió con el informe de la auditoría de la cuenta del ejercicio anterior, en la que sólo fueron observadas irregularidades financieras fáciles de solventar por 2 millones 93 mil pesos que ni remotamente corresponden a la información de otro pliego de observaciones que los mismos auditores nos han hecho llegar.

En los primeros 11 meses del 2013 se erogaron 76 millones 483 mil pesos por concepto de gastos médicos que cobró la Clínica de Especialidades Wong, S.A. de C. V; en la que según el pliego de observaciones faltó la acreditación de la adjudicación nacional y no se presentaron elementos que desahogaran la observación. Lo más seguro es que estos servicios nunca fueron licitados. El alcalde tendría que subir a la página web el documento comprobatorio y una relación pormenorizada de cómo se llegó a esa cifra cuando la nómina mensual del municipio anda alrededor de los 10 millones de pesos, más otros 2 millones que se destinan a los miembros del cabildo y a los empleados que se les pagan honorarios asimilados a salarios. Pero para darnos una idea de lo que este egreso representa basta con analizar el planteamiento que anuncia la administración municipal que preside el ex rector Mario García Valdez, con un presupuesto cinco veces mayor al de Soledad, que busca una institución pública o privada que se haga cargo de los servicios médicos para los trabajadores del Ayuntamiento y por lo que sólo están dispuestos a pagar 85 millones de pesos. Otras cifras que nos ayudan a entender el tamaño de esta desproporción son los 52 millones de pesos que captó Soledad en el 2012 por concepto del Impuesto predial y Traslado de Dominio. Ni sus dos principales ingresos propios fueron suficientes para cubrir ese gasto.

Entre enero y noviembre del 2013 se repartieron casi 95 mil despensas con un valor superior a 21 millones 200 mil pesos, en las que los auditores observan que por el importe de la adquisición debió realizarse una licitación nacional que no se acredita. Sólo 174 despensas se las compraron a un proveedor distinto a la señora Judith Trinidad Torres Pachicano. El costo de cada una varía entre 203 y 285 pesos. No se anexó el contenido de la canasta alimentaria ni la documentación de los beneficiarios, como sería la solicitud, carta de agradecimiento, recibo e identificación, ni estudio socioeconómico. Es incuestionable el uso político que están haciendo de las despensas y otras caridades que reparten para integrar una base social que los apoye electoralmente en sus próximas incursiones. En el dictamen de los estados financieros de septiembre de 2013 aparece que en los nueve meses transcurridos se acumularon por concepto de gastos de orden social y cultural la cantidad de 3 millones 279 mil pesos. Que es el rubro de donde podría haber salido ese dinero. Insuficiente para cubrir el monto total de las despensas. Entonces, ¿de dónde obtuvieron esos recursos si no existe una partida presupuestal que los ampare?

En este orden de ideas, los auditores observaron que no se encontró la evidencia de la autorización de diversos desarrollos habitacionales en fraccionamientos y régimen de condominios y que tampoco hay evidencia de su autorización mediante sesión de cabildo y su debida aprobación por sus integrantes; pero lo más grave es que no existe comprobante alguno del pago de los impuestos que por este concepto debían cobrarse. Lo mismo ocurre con las autorizaciones de uso de suelo y subdivisiones de predios. También se observa que no se presentaron las bitácoras correspondientes al consumo de combustible con el desglose por vehículos.

Plano  Informativo, el periódico digital del senador Teófilo Torres Corzo, que no se caracteriza por sus críticas, denunció esta semana que Héctor Mayorga fue sancionado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con una suspensión para desempeñar su profesión del 12 de octubre de 2011 al 12 de abril de 2012, y que no obstante, siguió ejerciendo como titular del organismo fiscalizador. Esta conducta hubiera sido suficiente para que el Congreso del Estado le pidiera su renuncia o lo cesara del cargo. Todo funcionario público debe abstenerse de ejercer otro empleo, cargo o comisión oficial o particular, y Mayorga emitió como contador público 95 dictámenes entre el 2006 y el 2012.

Se adelantó para el próximo martes la sesión en la que se someterá a votación la terna para nombrar al nuevo auditor que la integran Mayorga y dos ilustres desconocidos: Fernando Díaz Jiménez y Ana María de Nuestra Señora de Fátima Abascal Sainz, y digo desconocidos porque la Comisión de Vigilancia no ha dado a conocer los currículos de los aspirantes. Por eso no me atrevo a avalarlos o descalificarlos, pero de lo que si estoy seguro, como lo han manifestado muchas otras voces potosinas, es que Mayorga es insostenible y debe irse.

José Mujica, un Presidente Ejemplar

Por Eduardo Martínez Benavente

Sin garbo ni gracia, desaliñado, inflexiblemente austero e informal, con el personalidad e indumentaria de un obrero jubilado o la de viejo maestro rural; pero auténtico y ejemplar es el presidente de Uruguay, José Mujica, cuya sencillez, cultura, decencia y ausencia de bienes materiales -que muchos le admiramos- contrasta radicalmente con el metrosexualismo, arrogancia, ignorancia, falsedad y derroche que caracterizan al presidente Enrique Peña Nieto. Y pensar que el ex guerrillero lo ha tenido que soportar en varias ocasiones por razones de Estado y diplomacia. La última, el pasado lunes, cuando el priista lo condecoró con el collar del Águila Azteca, la mayor distinción que el estado mexicano otorga a un extranjero, durante su encuentro en la Habana para participar de la II Cumbre de la CELAC. A quien reconoció como un agente transformador de su país, quizás por haberse atrevido a legalizar el consumo y venta de la mariguana, lo que le parece inaceptable para México. Era de esperarse que el uruguayo en reciprocidad también le entregara su equivalente, la Orden de la República Oriental del Uruguay, pero no lo hizo, y si más adelante lo tiene que hacer, seguramente que será su canciller el que lo represente.

Hay otro encuentro que exhibe sin tapujos la personalidad de estos mandatarios. Fue hace un año, cuando Peña Nieto le dio un "aventón" en el avión presidencial rumbo a Montevideo después de haber asistido en Chile a un evento de la Cumbre de Estados Americanos y Caribeños porque Mujica se mueve en vuelos comerciales con una pequeña comitiva, no tiene avión y se hospeda en hoteles baratos. En las imágenes que difundió Peña Nieto en facebook se puede ver a los dos personajes sentados uno al lado del otro en el avión, frente a la mirada atenta de sus secretarios de Relaciones Exteriores. El mexicano sin quitarse el saco ni la corbata gesticula y mueve las manos con su estudiada actuación sin voltear a verlo, como tratando de explicarle o presumirle algo. El uruguayo en camisa, sin corbata y con un saco azul que no le alcanza a cubrir la magnitud de su abdomen lo escucha cabizbajo, como midiéndolo, pegado a la ventanilla. Un jefe de Estado cuando conversa con algún funcionario de alto nivel y más si se trata de un presidente, recibe de sus asesores un cuidadoso expediente en el que se exhiben todas las debilidades y fortalezas de su interlocutor. Seguramente que Mujica sabía que dialogaba con un farsante inculto y banal que quería impresionarlo, sin antecedentes de lucha social y producto de una campaña publicitaria que lo había llevado al poder auspiciada por un grupo de políticos y empresarios sin escrúpulos que se han enriquecido brutalmente y que aspiran seguir controlando al país. Por otro lado, Peña Nieto había leído o más bien le habían platicado porque no se le da la lectura que su acompañante está considerado como el único dirigente político actual en el mundo que practica al máximo nivel el ejemplo de honradez, ética, y compromiso social que cualquier ciudadano le reclamaría a los que le representan. Un ejemplar único en la clase política a ese nivel. También le habrían dicho que el uruguayo es uno de los iconos más venerados y respetados por la izquierda en el mundo.

Con toda seguridad le informaron que el presidente de Uruguay, de 78 años, vive en una pobre granja rural de un humilde barrio de Montevideo de apenas 45 metros cuadrados de construcción con su mujer que es senadora, sin mayores medidas de seguridad y sin servicio doméstico. Que ellos cocinan sus alimentos. Que donan el 90% de su sueldo para viviendas sociales. Que su vehículo oficial es un turismo austero y el particular un viejo Volkswagen. Que formaron parte en los años sesentas del Movimiento Tupamaro en el que participaron de manera activa por lo que fueron encarcelados y torturados durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) y liberados gracias a una ley de amnistía con la vuelta de la democracia. Que suele viajar al extranjero en compañías aéreas de bajo coste y asiento turista. Que ordenó vender una residencia oficial de veraneo para el presidente. Que ofreció el palacio presidencial a los indigentes como refugio para el crudo invierno, y en el mismo sitio y con las mismas personas además de otros marginados celebró la cena de Navidad. Que impone a los cargos de su partido topes salariales iguales al sueldo medio de un obrero de la industria de su país, y la corrupción en los organismos oficiales de Uruguay es prácticamente inexistente. Un país que se adelantó en otorgar el derecho de voto a las mujeres (1927), el divorcio (1917) o en extender la educación gratuita, obligatoria y laica.

Es una lástima que no se hayan dado a conocer los pormenores del diálogo que sostuvo con el Papa Francisco cuando el pasado 1 de junio se reunió con él en el Vaticano. La entrevista, que duró 45 minutos, ha sido la más larga concedida a un mandatario. Seguramente que las experiencias y conocimientos que compartieron hubieran sido muy reveladoras; así como el trato informal que se dispensaron. Mujica es ateo y proviene de un país laico. Ha reconocido que. “Aunque me estoy acercando a la muerte todavía no he podido creer en Dios". Se le ha comparado con el argentino por la austeridad, tolerancia y sencillez de ambos. No asistió a la misa de inauguración de su pontificado y del que en un principio dijo que sólo tenían en común su pasión por el tango y el mate, pues la campaña de desprestigió que se desató en un principio en contra Bergoglio -porque supuestamente había apoyada a la junta militar de su país-  lo había afectado y lo hacía incompatible con su vecino. Al poco tiempo se convenció de que las acusaciones eran falsas y buscó al Papá para saludarlo y compartir con el rioplatense una visión social de Latinoamérica muy parecida a la suya. Su visita transcurría en un momento en el que en Uruguay se han aprobado dos leyes muy polémicas que combate la Iglesia Católica: las bodas de parejas homosexuales y la despenalización del aborto.