¿De dónde viene el dinero?

Por Eduardo Martínez Benavente

Hay una pregunta que cada vez más potosinos nos hacemos: ¿De dónde provienen los recursos que se están aplicando para atender los programas asistenciales que ha activado el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, si el Cabildo municipal sólo le autorizó una partida presupuestal destinada a "ayudas sociales a personas" por 4 millones 427 mil pesos para todo el ejercicio fiscal del 2016, y otros 8 millones 955 mil pesos que se distribuirán entre becas y programas de capacitación, ayudas a instituciones de enseñanza y a instituciones sin fines de lucro; así como ayudas a entidades de orden público y para desastres naturales y otros siniestros? ¿Cómo es posible entonces que en los tres primeros meses de la administración gallardista, con las finanzas quebradas, haya gastado casi 320 mil pesos diarios en "ayudas sociales a personas"?  Veintiséis veces más de lo que se podría erogar mensualmente con los recursos autorizados para el 2016; como se puede verificar en el informe financiero municipal correspondiente al cuarto trimestre del 2015. La cantidad autorizada para gastar en el 2016 es evidentemente falsa e insostenible, así como la del último presupuesto de egresos del ex alcalde Mario García Valdés, que se modificó dos meses antes de que concluyera su mandato destinando una partida de casi 107 millones de pesos para cubrir las "ayudas sociales a personas". Para alcanzar esa cifra se sumaron arbitrariamente los descuentos otorgados a los contribuyentes por concepto de Impuesto Predial y multas de tránsito, como si se tratara de un egreso, lo que les permitió falsear la contabilidad gubernamental. El presupuesto de egresos debe ser un cálculo razonable de lo que se pretende gastar. Nunca un disparate. Debe coincidir con el presupuesto de ingresos. Y el inmediato anterior, una vez actualizado o modificado, debe servir de referencia para elaborar el nuevo.

Las pistas que va dejando el dinero son los medios más efectivos para ir conociendo los aspectos oscuros de esta administración que desde un principio ha mostrado su rechazo a la transparencia y rendición de cuentas, al grado de negarle a un peticionario de información pública algo tan elemental como son los nombres de los representantes de las empresas que pagaron el programa "Fiesta de Luz", y por haber prorrogado el plazo para contestar otra solicitud con el que quiere ganar tiempo para calificarla como reservada. En esta solicitud se le pidió una copia simple de la relación de empresas y/o empresarios que aportaron recursos, en especie o en efectivo, para la realización del programa "Posadas Navideñas 2015", mediante el cual se repartieron 40 mil cobijas, 200 mil juguetes y un número indeterminado de despensas en distintas colonias de la ciudad. El presidente municipal manifestó que no tiene por qué transparentar los recursos que utilizó para realizar las fiestas navideñas, pues aseguró que fueron donativos de empresarios que no salieron del erario municipal, cuando debería saber o alguien informarle que el artículo 115 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que la Hacienda Pública está integrada, entre otros bienes, por las donaciones que recibiera, y por lo tanto, debieron ingresar a la contabilidad municipal y rendir cuentas de las mismas.

La falta de una respuesta transparente y satisfactoria con la que se pueda justificar todos los ingresos y egresos que no constan en los presupuestos nos permite exteriorizar a los ciudadanos toda clase de conjeturas sobre quiénes son los que aportan esos recursos y, lo más importante: ¿Qué les va a dar a cambio? Por lo pronto sabemos que unos de los bienhechores de la política asistencial de Gallardo es la empresa propietaria del desarrollo inmobiliario "El Gran Peñón". Se trata de una inversión que ha sido duramente criticada por la forma en la que obtuvo el permiso para el cambio de uso de suelo y porque la superficie que excede a la anchura reglamentaria de la principal vialidad, que tiene una longitud de 10 kilómetros, desde la prolongación de la avenida Juárez hasta la Zona Industrial, se le tomó en cuenta como si se tratara de una área de donación, independientemente de que el costo de esa vía correrá por cuenta del gobierno.

Es difícil calcular el valor de los cientos de miles de garrafones de agua, despensas, kilos de tortilla y otros bienes que sin costo alguno proyecta distribuir el alcalde entre decenas de miles de potosinos de las colonias más pobres de la ciudad durante su trienio, cuando ni siquiera se conoce el padrón de beneficiados. Sabemos que un kilo de tortilla anda entre 11 y 13 pesos, dependiendo del sector de la ciudad, aunque parece que este programa entrará en vigor hasta el 2017; y llenar un garrafón con agua purificada tiene un costo de 8 pesos. Si se tienen programadas 15 plantas que beneficiarían a 4 mil familias cada una, como lo ha presumido Gallardo, nos dan 60 mil familias beneficiadas con derecho a abastecerse de 4 garrafones por semana. Serían 240 mil garrafones semanales por 52 semanas del año, suman 12 millones 480 mil garrafones por 8 pesos cada uno; nos dan un costo de 99 millones 840 mil pesos. 

Este sólo programa le permitiría asegurar una clientela electoral cautiva que le allane el camino para incursionar con éxito en futuras aventuras políticas y afiance su cacicazgo regional. Sabemos que nadie, absolutamente nadie, le prestaría ayuda económica sin el interés inmediato de obtener un favor a cambio. Así se trate de "amigos", proveedores, fraccionadores, constructores, dueños de giros negros y otras actividades lícitas o ilícitas. Es evidente que cientos de millones de pesos están circulando fuera de las estrictas normas de la contabilidad gubernamental, pero lo peor del caso es que los órganos de fiscalización no hacen absolutamente nada para impedirlo. No estoy en contra de que el municipio apoye a ese sector de la población con programas asistenciales en la medida de sus posibilidades y sin desatender los servicios públicos que debe prestar. Lo que condeno es la falta de transparencia en el gasto público y el protagonismo del alcalde que quiere que le aplaudan cada vez que tapa un hoyo o le sale un diente. 

Ensuciando la basura

Por Eduardo Martínez Benavente

A través de declaraciones y desplegados contradictorios y falsos que han estado apareciendo en los medios de comunicación, relativos a la suspensión del servicio de recolección de basura y disposición final de los desechos urbanos domésticos que desde el pasado jueves 21 padece la capital del estado, la administración del alcalde Ricardo Gallardo Juárez nos quiso hacer creer que el adeudo por casi 78 millones de pesos que acumuló hasta junio el gobierno del ex alcalde Mario García Valdés con la concesionaria del servicio, Vigue-Red Ambiental, había sido negociado y pagado con un inmueble, pues se había llegado a un acuerdo en el que el Ayuntamiento reconocía los pasivos y fijaba una fecha de vencimiento para el pago, en el entendido de que éste no se iba a ocurrir porque sus finanzas no se lo permitirían y así se quedarían con el predio embargado.

El presidente municipal en un desplegado que mandó publicar el pasado jueves 21 confirma este señalamiento al manifestar que: "Toda vez que al iniciar la presente administración, se tenían grandes deudas con proveedores, se le dijo a Vigue que dispusiera de los terrenos (embargados) para saldar el adeudo”. Tan es así que en el presupuesto de egresos del 2016, que autorizó el Cabildo el 14 de diciembre pasado, no se destinó partida presupuestal alguna para cubrir la deuda millonaria porque Gallardo había aceptado que el compromiso quedaba saldado con el inmueble que en su oportunidad se adjudicarían. Esta es una de las tantas incongruencias en que ha incurrido el alcalde porque ahora acusa a su antecesor de haber permitido que se despojara al municipio de una valiosa propiedad ubicada en la calle de Sierra Vista Poniente sin número, en el fraccionamiento Privadas del Pedregal, con una superficie de un poco más de 100 mil metros cuadrados, y que según el diputado perredista Guadalupe Torres Sánchez tiene un valor de 300 pesos el metro cuadrado. Todo indica que a los directivos de la empresa les proporcionaron las características e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del lote de terreno que más tarde embargarían y que esa información privilegiada se las hizo llegar un alto funcionario municipal en un acto de corrupción para que la utilizara cuando se emplazó al Ayuntamiento y se embargó el inmueble.

No sabemos el motivo por el que Gallardo cambió su estrategia denunciando ahora ser víctima de las arbitrariedades de la concesionaria y respondiendo con una campaña de amenazas para rescindir la concesión cuando sabía que el pago no se había realizado, ni había voluntad de hacerlo. Es entendible que ningún proveedor de bienes y servicios soportaría esta insolvencia por tanto tiempo; y más cuando sabe que las finanzas municipales no le permitirán adquirir una flotilla de camiones para recolectar la basura ni habilitar un sitio en el cual confinar los deshechos de la ciudad; por lo que no me extraña que el alcalde pudo haber recibido una atractiva oferta para que alguna otra empresa prestadora del servicio se quedara con el negocio, como podría ser GEN de Monterrey, que hace siete años incursionó por tierras potosinas con este propósito.

Vale la pena reproducir una fracción del artículo que acaba de publicar el periodista Victoriano Martínez en la última edición de la revista Reflexión Ciudadana, porque repasa de una manera breve y exacta las incongruencias y contradicciones en que ha incurrido el alcalde, al señalar que: "se exhibe como un político urgido de golpes espectaculares en aras de reforzar una imagen artificial que se ha forjado a base de manipulación y dádivas, pero que ha resultado errática cuando se trata de conflictos de fondo como el ambulantaje, los grandes deudores del predial, la compra de luminarias LED y ahora la recolección de basura". Yo agregaría que además de errática su conducta es falsa y temerosa, pues ahora, en lugar de iniciar un proceso para rescindir la concesión, como lo había ofrecido, anuncia con resignación que: "Vamos a ver la posibilidad de que haya un arreglo y buscar la forma de pagar lo que se debe, ya sea con los terrenos o como las autoridades determinen con respecto al embargo, o bien la venta de los terrenos y con lo que se obtenga pagar el adeudo, a mí lo que me interesa es la ciudadanía". (PULSO 30-I-16). Seguramente que nadie se atreve a advertirle que esto último no es posible porque el Congreso del Estado nunca le autorizaría una enajenación en la que el producto de la venta se destinara  al pago de pasivos. 

Ante la inminencia de un arreglo entre las partes, sale sobrando la propuesta que hizo el abogado Juan Ramiro Robledo en un artículo que publicó esta semana, en el sentido de que a solicitud del alcalde, el gobernador del estado puede declarar la ocupación temporal del terreno e instalaciones en las que VIGUE deposita la basura, así como el equipo de transporte, pues se trata de una causa de utilidad pública para impedir la propagación de enfermedades por las toneladas de basura que se están acumulando. Es un caso urgente y apremiante en el que se puede aplicar esta solución legal. El municipio tendría un plazo de 45 días para empezar a pagar una indemnización o renta mensual que fijaría un juez.

No sabemos si el ex tesorero municipal, José Bolaños Guengorena, quien fue el que suscribió el convenio que serviría de base para la demanda lo hizo con el consentimiento del alcalde o si actuó por iniciativa propia. Lo que podemos advertir es que a la concesionaria le hicieron creer que el proceso judicial se iría en rebeldía y podría hacerse de la propiedad sin mayores complicaciones; pero no contaban con que la síndico municipal, María Eugenia Rivera Fernández, contestaría la demanda negando que el Ayuntamiento hubiera celebrado un reconocimiento de adeudo, pues quien lo aceptó, según se desprende del propio documento, fue el tesorero municipal, que no tiene facultades para representarlo y aunado a lo anterior, señaló que el convenio no era un título ejecutivo porque carecía de las formalidades que señala la ley para los documentos que traen aparejada ejecución, por lo que era improcedente la vía que habían elegido. Por lo pronto, el expediente se encuentra en una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en espera de que se resuelva el recurso de apelación que presentó la abogada.

La Ford en San Luis

 

Por Eduardo Martínez Benavente

El gobierno de Juan Manuel Carreras ha sido muy cauteloso con la información que ha dado a conocer la agencia denoticias Reuters, reconocida a nivel internacional por su seriedad y profesionalismo, anunciando como un hecho que la nueva planta de la Ford Motors Company se instalará en San Luis Potosí, con una inversión de 1,500 millones de dólares. Esta cuantiosa inversión y el número de empleos que se crearían en su ámbito serían una excelente noticia para los potosinos si el Gobierno del Estado contara con los recursos necesarios para hacer frente a los enormes compromisos que se le vendrían encima una vez que se formalizara la operación; o bien, que el gobierno federal le garantizara a la entidad, con un fondo especial, que cada vez que se le atorara la carreta saldría al quite para financiarlo, con tal de que la planta se quede en el país; como creo que ha sido la solución con la ensambladora de la BMW, pues de otra manera no me explico cómo sigue adelante el proyecto cuando no se le asignaron recursos a esta obra en el Presupuesto de Egresos del 2016 y el importe del préstamo de los 750 millones de pesos destinados a ese objetivo, y que maneja un fideicomiso público, es insuficiente. La revista digital de Proceso nos saca de dudas al confirmar esta teoría, pues a propósito de las diferencias que han surgido entre el Gobierno de Nuevo León y la fabricante de autopartes KIA por los incentivos otorgados ilegalmente por la administración anterior, que pretende ahora renegociar el gobierno de El Bronco, han obligado a los coreanos a reconocer que "el gobierno federalcontribuyó con 3 mil millones de pesos para nivelar la propiedad que hoy ocupa KIA".

Las finanzas del Estado son tan limitadas que no puede, por falta de presupuesto, concluir los trabajos de modernización y ampliación del bulevar del Río Santiago hasta desembocarlo con el anillo periférico, no obstante que se trata de una vialidad prioritaria para la ciudad que se inició hace más de seis años. Estas obras salvarían al gobierno de Carreras del descrédito en que ha caído por su reprobable inactividad. Hay quien me asegura que el motivo principal por el que nos negaron la información del convenio celebrado con la BMW se debe a que si las otras entidades se enteran que San Luis Potosí está recibiendo recursos extraordinarios para cumplir con los compromisos contraídos con los inversionistas extranjeros, le exigirían a la federación un trato igualitario. No me cabe la menor duda que los negociadores de la FORD conocen a detalle todos los incentivos ofrecidos a la BMW y a otras armadoras de vehículos, pues además de existir espionaje industrial, no es la primera inversión que realizan en México y seguramente que recorrieron otras entidades en las que les hicieron ofrecimientos similares o mejores a los nuestros.

La prudencia y moderación que caracterizan al gobernador del estado han evitado el festejo anticipado por la probable instalación de la inversión americana en nuestro territorio, pues falta que el gobierno acepte las condiciones leoninas de los incentivos y demás apoyos que ordinariamente se otorgan en este tipo de negociaciones, como sería la donación de un terreno con características similares al de la BMW, con todas las obras de infraestructura y demás apoyos y subsidios fiscales que podrían sumar más de 3 mil millones de pesos. Sabemos que el principal impedimento para que aterrice el proyecto en la entidad es de índole financiero, como lo advirtió el propio gobernador en una reciente declaración: "que peleará para atraer la inversión de FORD al estado, pero no empeñará a San Luis Potosí". Esta advertencia nos indica que el gobierno de Peña Nieto no le ha asegurado los apoyos clandestinos o disfrazados para la inversión.

El gobernador sabe que las finanzas públicas del Estado no le permiten contraer un compromiso de ese tamaño ni tiene margen de acción para endeudarlo con nuevos empréstitos. Sabe que su gobierno no puede comprar todo lo que le ofrecen, por más atractiva que parezca la adquisición, como sería la planta de la FORD en nuestro territorio. Sin embargo, el gobierno de Carreras podría hacerse de importantes reservas territoriales y recursos propios que ofrecer a los inversionistas si aplica la Ley. Para esto tendría que exigirle a los fraccionadores, a través de los Ayuntamientos de Villa de Reyes y San Luis Potosí, las áreas de donación que le corresponden al municipio por los fraccionamientos y subdivisiones autorizados en esa zona; y atreverse a cobrar las Contribuciones de Mejoras a que se refiere el artículo 94 y demás relativos de la Ley de Hacienda para el Estado, por la ejecución de las obras públicas que beneficiarán a los propietarios de los inmuebles ubicados dentro de esa área geográfica que hasta poco eran terrenos ejidales de escaso valor. La enorme plusvalía que han alcanzado esos bienes se debe a la inversión estatal en obras de infraestructura que se están desarrollando y a las fábricas anclas que han conseguido las administraciones de Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo. El Ejecutivo del Estado, previos los estudios y avalúos de las dependencias involucradas, puede determinar el costo de las obras y si los sujetos de la contribución deben cubrir el costo total o solamente parte de éste y el plazo para el pago de la contribución.

Es previsible que el Gobierno del Estado esconda de nueva cuenta la información relativa al convenio que podría suscribir con la FORD y consecuentemente los montos e incentivos que ofrece, argumentando, como le hizo con la BMW, que de darse a conocer el documento se complicarían las negociaciones con otras empresas y se afectaría el crecimiento económico y el empleo en la entidad, lo que constituye, según los acuerdos de reserva que emitió la Secretaría de Desarrollo Económico, un asunto de interés público que justifica la restricción al acceso a la información pública. Lo que es totalmente improcedente e infundado, pues confiamos que la justicia federal falle a nuestro favor en el amparo que presentamos el pasado miércoles, resolviendo que la información relacionada con el uso de los recursos públicos, por mandato constitucional, no puede ser reservada por las autoridades.

El desquite de Peña

Por Eduardo Martínez Benavente

Qué no daría un buen periodista por entrevistar en exclusiva y en su propia madriguera a El Chapo Guzmán, permitiéndole al entrevistador tomarle una fotografía en la que apareciera a su lado estrechándole la mano para demostrar al mundo la autenticidad del encuentro y la osadía de haber incursionado en un territorio especialmente peligroso y en un momento en el que lo más selecto de las fuerzas armadas del país y la tecnología americana lo perseguían sin tregua, ofreciéndole al denunciante que los llevara a su captura decenas de millones de pesos. Sus invitados tuvieron la oportunidad de delatarlo y cobrar la cuantiosa recompensa, y no lo hicieron. Creo que su detención poco tuvo que ver con esta cita. Me quedo con la versión, de que si bien es cierto que los cuerpos de seguridad andaban cerca de su objetivo, su aprehensión se debió más a la llamada anónima y ocasional de un vecino que advirtió "movimientos inusuales" en su entorno y que les permitió incursionar en el sitio debido.

Independientemente de que la entrevista o cuestionario puede carecer de profesionalismo porque quedaron muchas preguntas por hacer, en ninguna se profundizó y otras más resultaron banales e inadecuadas; el mérito periodístico es envidiable aunque no haya nada extraordinario que destacar. Es El Chapo tan elemental y falto de ideas y con una enorme dificultad para expresarse que durante la entrevista  parecía estar sentado en el banquillo de los acusados atendiendo el interrogatorio de un severo agente del ministerio público, y con la advertencia, por parte de su abogado, de no ampliar ninguna de sus respuestas y contestar lo más escueto que le fuera posible. Los incidentes del encuentro que según el gobierno de Peña Nieto le dieron la pista para ubicarlo le han servido a su administración como distractor de los verdaderos problemas que aquejan a los mexicanos, como es la violencia incontrolable que está ocurriendo en varias zonas del país y la debacle económica con todas las consecuencias presupuestales que tendrá la caída del precio del petróleo a menos de 20 dólares el barril y la devaluación de nuestra moneda que podría alcanzar los 20 pesos o más por billete verde antes de que concluya el primer semestre.

Tenemos que reconocer que el inesperado encuentro se dio gracias a las habilidades y encantos de la actriz Kate del Castillo que le permitió al premio Oscar, Sean Penn, acompañarla y dirigir las preguntas en un contexto que nos confirma que los gringos nunca le van a encontrar la cuadratura a los mexicanos. Es tan intenso el control mediático que ejerce el gobierno de Peña Nieto que hasta la esperada visita del Papa a México ha dejado de tener relevancia. Todos sus esfuerzos están concentrados en capitalizar la captura de El Chato y en exhibir la relación de Kate del Castillo con el narco.  Estoy consciente que la insistencia y duración del tema que nos han impuesto nos obliga, aunque nos resistamos a participar en su juego, a revisar algunos aspectos que no han sido suficientemente analizados. Creo que la mayoría de los mexicanos lamenta o por lo menos siente cierta reticencia por la captura del sinaloense. Sus fugas, poder y riqueza han deslumbrado a millones de compatriotas que celebran la manera como Guzmán Loera ha vencido en dos ocasiones al gobierno federal escapándose de recintos de máxima seguridad y exhibiendo la ineptitud y corrupción de las autoridades.  El daño que le ha provocado a la figura presidencial es inmensurable y ni con su captura podrá recuperarse, por más que ha querido exhibir a su presa y mostrar en fotografías el estado de estupefacción reflejado en su rostro. Creo que si se hiciera una medición objetiva del número de simpatizantes y antagonistas con las que cuenta el narcotraficante, no dudo que ganaría la primera opción, pues poco se ha difundido de los delitos cometidos por el cartel del extraditable que, sin duda alguna, acrecentarían el odium plebis que merece.

La campaña de linchamiento que se ha desatado en contra de Kate del Castillo, quien se ha distinguido por sus críticas en contra del presidente Peña Nieto y su esposa, creando una enorme polémica al haber declarado su abierta admiración por Guzmán Loera, es inaceptable y atenta contra sus derechos humanos. La reacción en contra de la Reina del Sur parece más una vendetta visceral orquestada desde la presidencia de la República que una investigación seria de su relación con el criminal. Desde mi punto de vista creo que no se le puede acusar de encubrimiento porque no favoreció su ocultamiento, ni de obstrucción de la justicia, ni de haber hecho apología del delincuente, pues esta conducta se habría tipificado si lo hubiera provocado públicamente a cometer un delito. Aunque su situación sería sumamente grave si se le prueba que recibió dinero de El Chapo a cuenta de la película biográfica que parece haber sido el motivo principal del encuentro. De cualquier manera le han dado una dimensión excepcional a la señora que si antes de este incidente cobraba unos cuantos cientos de miles de dólares por protagonizar un papel estelar en una película; en lo sucesivo sus actuaciones se cotizarán en millones de dólares, pues ya todo mundo la conoce.

La detención del capo debía generar la apertura inmediata de cientos de causas penales de todas las personas que han hecho negocios con él o que lo han protegido. Pero si en ninguna de las otras dos ocasiones en que se le ha capturado han atacado el corazón de la delincuencia organizada, en esta tampoco podemos esperar que hagan algo. Por eso no me extrañó que lo hayan dejado vivo cuando a nadie nos habría sorprendido que hubiera caído abatido en la refriega o en la huída, y que después, simplemente, exhibieran su cadáver deshecho a tiros, aunque creo que le habría convenido terminar así sus días que padecer el resto de su vida las atrocidades y ensañamiento que le esperan en esa celda vigilada y aislada las 24 horas del día en que se encuentra.

Secretos mal guardados

Por Eduardo Martínez Benavente

Todo indica que la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) resolvió el recurso de queja que le presentamos hace más de 15 meses para que le ordenara al Gobierno del Estado a transparentar la información relativa al convenio que celebró con la BMW, conforme o de acuerdo a las instrucciones que recibió por parte de los operadores del gobernador Juan Manuel Carreras, por lo que la información oficial seguirá siendo un secreto arbitrariamente guardado; y los montos e incentivos otorgados a la empresa, que suman más de 3 mil millones de pesos, serán dados a conocer hasta el 2021. Al gasto anterior habría que agregarle una serie de apoyos difíciles de cuantificar, como es la condonación del impuesto sobre la nómina por 10 años, el 80 % del Impuesto Predial y el de Adquisición de Inmuebles, el valor de las licencias de construcción y las autorizaciones municipales y ambientales, entre otros. Así como los incentivos adicionales para la planta de motores y otros gastos que podrían sumar decenas de millones de pesos.  Me atrevo a asegurar que el proyecto de la resolución emitida por la CEGAIP, y que nos fue notificada el pasado 15 de diciembre, no fue elaborado por los proyectistas de ese organismo, sino por un grupo de abogados del Poder Ejecutivo o asesores externos, pues el estilo y argumentos que utilizan son muy distintos a los que ordinariamente emplean en casos similares.

Pero lo que más nos agravia en esta resolución es que la CEGAIP subsanó las deficiencias y omisiones de los acuerdos de reserva que el Comité de Información de la Secretaría de Desarrollo Económico emitió, ordenándole a esa Secretaría a dictar en un plazo de diez días hábiles que comenzó a contar el 4 de enero, un nuevo acuerdo de reserva mediante el cual, siguiendo los lineamiento de la resolución, modifique los acuerdos de reserva e imponga nuevos candados y restricciones. En ninguna parte del texto se autoriza la liberación parcial de la información como ha declarado la comisionada presidente, ni se ordena la entrega de una versión pública. El organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública gubernamental no consideró en su fallo que el convenio carece de validez porque no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, como lo dispone el artículo 70 de nuestra Constitución; ni analizó las consecuencias de que el Gobierno del Estado no cuente con una partida presupuestal para hacerle frente a tantos compromisos. Si tan solícita y obsequiosa se portócon el ente obligado, enmendándole la plana, otro tanto podía haber hecho con el solicitante de la información.

Aquí cabría preguntarle al secretario de Finanzas, José Luis Ugalde: ¿de dónde va a sacar recursos para pagar los compromisos financieros que se suscribieron con la empresa, una vez que se agoten los 750 millones de pesos derivados del préstamo bancario que administra el Fideicomiso gubernamental? Calculo que en el 2016 tendrá que cubrir unos 2 mil millones de pesos y no tiene disponibilidad financiera ni partida presupuestal autorizada. ¿Con qué va a pagar los 51 millones de pesos que cuesta el derecho de paso? ¿O los 80 millones para la conexión con el sistema principal de carreteras? ¿O los 124 millones que vale la conexión de la planta con la vía férrea? ¿O los 655 millones de aportaciones para activos de la empresa? Si a duras penas pudo cubrir los aguinaldos y no se ha iniciado ninguna obra pública de relevancia.

Juan Manuel Carreras debe entender que a estas alturas resulta inútil seguir reservando la información solicitada pues el convenio se filtró hace más de un año y se dio a conocer ampliamente en varios medios de comunicación local y nacional. Nadie lo ha desmentido y la CEGAIP cuenta con una copia certificada agregada al expediente que corresponde exactamente con la que cualquier interesado puede consultar en la página web de Proyecto Tábano. ¿Qué caso tiene firmar un Código de Conducta para losServidores Públicos, que según Carreras sienta las bases de la transparencia y la honestidad en el trabajo de los funcionarios estatales, cuando no se atreve a ordenar su publicación en el Periódico Oficial, violando la Constitución del Estado?

No entiendo pues la razón por la que el gobierno del estado insiste en mantenerlo oculto si la parte sustancial del mismo, aunque no contemos con los anexos, revela los compromisos y montos inaceptables que suscribió la administración del doctor Toranzo y que el gobierno de Carreras está obligado a renegociar con los alemanes; como lo está intentando el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, con los coreanos de la fábrica de automóviles de la KIA. En esa entidad el convenio se hizo público y la sociedad está consciente de la enorme carga financiera que representa para el erario estatal, pues el monto de los incentivos fiscales e infraestructura rebasan los 11 mil 500 millones de pesos, en una inversión que suma 41 mil 250 millones; pero sobre todo, los regios están advertidos de que no hay recursos disponibles para sufragarlos. Además de que su gobierno ha denunciado las turbias negociaciones que se realizaron para la adquisición del terreno, revelando las identidades de los que ilegalmente se beneficiaron con esa operación. Es un tema que se está debatiendo en el Congreso del Estado, universidades, medios de comunicación, organismos empresariales y, por supuesto, en el interior del propio gobierno.

El Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, Fernando Turner, con el estilo directo y sin rodeos que caracteriza a muchos de nuestros vecinos del norte, declaró hace unos días queno son válidos los incentivos que comprometió la administración anterior porque el monto de los mismos supera con mucho a lo que el estado puede pagar. Que las obligaciones con KIA no son suficientemente claras ni recíprocas y que es necesario buscar un nuevo acuerdo proporcional a la capacidad económica del estado, El gobernador le encargó de forma prioritaria a un comité de empresarios la revisión del convenio y sentó a los coreanos a negociar.

Sin pesos ni contrapesos

Por Eduardo Martínez Benavente

El desplegado que publicó el pasado martes el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, y que suscribieron todos los integrantes del Cabildo, marca un salto preocupante en el carácter autoritario que está imponiendo el edil a su administración; pues pasó de un padre amoroso y preocupado que trata de ganar simpatías entre sus seguidores exhibiéndose en notas periodísticas y videos como víctima con motivo de los trámites previos a la excarcelación de su hijo, a un personaje siniestro que hace explícita su advertencia-amenaza en contra no sólo de quienes no piensen como él sino también de cualquiera que se atreva a revisar sus actos. 

Si Mario García Valdez justificó su fracaso administrativo en el desorden financiero que le dejaron, Gallardo Juárez apalanca sus escasos y cuestionables resultados en que los logra a pesar de ese “quebranto financiero que nos heredaron”. Pero lo que ahora nos preocupa es que dentro del Cabildo no tiene contrapesos, pues los ocho regidores de "oposición" que firmaron ese documento plagado de mentiras y demagogia, seguramente lo hicieron por sumisión y miedo a confrontarlo. Recientemente ocurrió algo similar en el Cabildo soledense con la inadmisible propuesta de cambiar la denominación de la avenida san Pedro por la de su hijo, que también se aprobó por unanimidad y sin cuestionamientos. 

El mensaje que publicó el pasado martes deja más dudas que información sobre lo que realmente ocurre con la administración municipal. Gallardo Juárez debe explicar a los contribuyentes cumplidos la confesión de su convencimiento de que “la política distributiva es dispareja, injusta e inequitativa”, lo que acredita con una medida que premia a los incumplidos y deja intocados a los grandes morosos del impuesto predial y aquellos que sin importar el número de viviendas que tengan se verán beneficiados con el perdón de los adeudos que hayan acumulado durante los ejercicios fiscales del 2011, 2012, 2013 y 2014, si pagan lo correspondiente al 2015 y 2016. Los regidores de "oposición" debieron exigirle al tesorero un informe del impacto financiero que representa esta medida, así como los nombres y montos de los principales beneficiados. No sería un disparate que un grupo de contribuyentes cumplidos se organizara e intentara una acción legal para reclamar al municipio la devolución de las contribuciones que han pagado, pues ahora son víctimas de su insensible parcialidad, disfrazada de una magnanimidad que no pasa las pruebas de la justicia y equidad, y sí en cambio lo apuntan como un político oportunista e irresponsable en busca de popularidad. Los regidores de "oposición" no han denunciado que la iniciativa que presentaron para incrementar los valores catastrales fue desechada por el Congreso del Estado, no por falta de interés de los diputados, si no porque al alcalde se le ocurrió implementar a última hora un ajuste general del 4% contraviniendo el procedimiento que marca la Ley de la materia. 

Son tantas las ocasiones en que se ha intentado desalojar al comercio informal del centro de la ciudad, que resultan inoportunos los señalamientos triunfalistas a que se refiere el desplegado, porque no es lo mismo echar mano de todo el aparato de inspección y seguridad para retirar por unas horas las estructuras de los comerciantes, en un horario en el que no están presentes, a confrontarlos directamente, como hubiera ocurrido si el municipio se hubiera sostenido y no se hubiera doblado con el pretexto de la tregua navideña. Los quiero ver si el 7 de enero se atreven a retirarlos para siempre. Si el refrán dice que tolerar una injusticia es provocar otra, la tolerancia que se pactó con el comercio informal, que ha vuelto al centro, pone en duda el cacareado “firme propósito de rescatar y conservar como área protegida el primer cuadro y el centro histórico de nuestra ciudad”. Afirmar que no renunciarán a poner orden no deja de ser una promesa fallida como ocurrió hace unos días con la intentona de mover a los comerciantes de Las Vías a los terrenos de la Feria Nacional Potosina. 

Resulta insuficiente la afirmación de que los propósitos para el incremento de las multas de tránsito sean reducir accidentes, disminuir la contaminación e impedir que se infrinja la ley impunemente sin aportar evidencia que lo respalde. Son 21 casos en los que las multas de tránsito para el 2016 aumentan en un promedio del 102% y que muy pronto notarán los infractores. En cuanto al número de accidentes, vale mencionar que el promedio mensual de percances automovilísticos disminuyó en la ciudad de 177 en 2012 a 160 este año, sin los desproporcionados incrementos en las multas, según cifras de la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal reveladas vía transparencia el pasado 27 de octubre. Los problemas de contaminación no han representado un asunto preocupante a ese grado, según confirma la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado, que informa que en todo este año, sólo el 19 de enero se reportó un nivel superior al mínimo tolerable en la calidad del aire y sólo por dos horas, de siete a nueve de la mañana. 

Llama la atención que en el desplegado se hagan alusiones oscuras sobre el conflicto que representan las empresas Vigue y Panavi, concesionarias del servicio de limpia y luminarias respectivamente, porque no las señalan por su nombre, lo que deja ver el tono general del documento, en cuyo contenido manifiesto podrían identificarse mensajes cifrados con distintos destinatarios. Antes de firmarlo, los regidores de "oposición" debieron investigar qué fue lo que negoció el alcalde con Panavi para nunca volver a tocar el tema de la rescisión del leonino contrato; por qué cesó en sus amenazas y qué beneficio personal obtuvo; así como el motivo por el que se desistió de cancelar la concesión con la empresa colectora de basura. Más que un desplegado para informar a la ciudadanía, tiene todos los elementos de una estrategia embaucadora que contradice su llamado a desterrar juegos de intereses, y apunta más a mostrar que incurren en la confusión que dicen querer evitar: sólo desde el autoritarismo se puede considerar como intimidación y amedrentamiento el ejercicio democrático de la crítica y la discusión pública de los temas que surgen desde una administración municipal. 

El Gran Recaudador

Por Eduardo Martínez Benavente

La capital del estado se podría convertir en una especie de ciudad policial si el Congreso del Estado le aprueba al alcalde Ricardo Gallardo Juárez, en los términos que lo solicita, la Ley de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal del 2016,  pues requeriría de cientos de cobradores y tránsitos que pulularían por plazas, calles y avenidas para hacer efectivas las sanciones y contribuciones que pretende implementar. Tendría que mantener un estricto control sobre la sociedad y un gran despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia para recaudar los recursos que ambiciona, particularmente sobre los vendedores ambulantes y conductores de vehículos, con la certeza de que los índices de corrupción se dispararían por las nubes debido al valor y diversidad de las multas que se establecerían, y más si se  obliga a los inspectores y policías a entregar una cuota a sus superiores en ese esquema de distribución de beneficios diseñado para que el chorro más abundante de dinero llegue a los de mero arriba.

El redactor de la iniciativa identificó 35 actividades comerciales que se pueden desarrollar en la vía pública y que estarían permitidas para eventos especiales, de temporada, fiestas patronales y eventos deportivos que se gravarían con distintas cuotas referidas en salarios mínimos, que van desde la venta de globos hasta la de elotes y jugos que pagarían por adelantado un impuesto de más de 70 pesos diarios, exceptuando a los tianguistas. Sólo ellos saben si sus utilidades les permitirían cumplir con estas obligaciones. Los franeleros, limosneros, traga fuegos, sexoservidoras y otros trabajadores que se ganan el sustento en la calle deben agradecerle al alcalde que por ahora no se fijó en ellos.

El también empresario soledense prometió esta semana que acabará con la corrupción que existe en ese sector de la administración pública pues la recaudación por concepto de multas es muy baja debido a que muchas se quedan en el camino; y en una declaración que corresponde más a alguien que ha caído en el abismo del hartazgo e impotencia que a una autoridad obligada a vigilar el buen manejo de los recursos públicos, sentenció que "lo que hicieron no meinteresa", para que a nadie se le ocurra pedirle que investigue los latrocinios de sus antecesores. En esa misma conferencia anunciaba la creación de 200 nuevas plazas para la Policía Vial y las Fuerzas municipales que se encargarán de estas tareas. La cantidad que se proyecta recaudar por multas de policía y tránsito asciende a la suma de 45 millones de pesos. Son 223 infracciones las que se castigan con una sanción administrativa que va desde un día de salario mínimo para los ciclistas que circulan en aceras o lugares de uso exclusivo de peatones hasta las más altas que se castigan con 150 DSM al que choque y participe en un hecho de tránsito que cause una muerte; o 10 mil 224 pesos al que maneje en estado de ebriedad, o 2 mil 523 pesos al que maneje con aliento alcohólico y 1,051 pesos al que use el teléfono celular mientras conduce.

Ante el temor exhibido por el presidente municipal de reclamar a los principales fraccionadores de la ciudad la devolución o pago de las valiosas áreas de donación que le han escatimado al municipio para no confrontarse con ellos, y ante su incapacidad para cobrar el impuesto predial a los grandes deudores, como es el caso del Chato López que hace unos días lo mandó por un tubo alegando que no debía nada, y que si existía algún crédito se lo cobrara a sus clientes; o el caso del falaz Oficial Mayor del Gobierno del Estado, el segundo en la lista de deudores, que también se niega a pagar los adeudos de su representado, argumentando que los bienes del dominio público están exentos de esa contribución, cuando debe saber que el gobierno estatal también es dueño de bienes del dominio privado que no gozan de ese beneficio, como son el fraccionamiento de Ciudad Satélite o la Casa de Gobierno, entre otros muchos; ha tomado la decisión de irse en contra del ambulantaje al que pretende cobrarle por adelantado diferentes cuotas por utilizar la vía pública para fines comerciales. Se trata de un ingreso que no pinta para salir de la crisis financiera que sufre el municipio, aunque muchos potosinos estaríamos de acuerdo en que ese sector del comercio también contribuya al gasto público municipal, pero no sin antes cobrarle a los grandes deudores y evasores de las áreas de donación que son los únicos que pueden sanear las finanzas públicas. El tesorero municipal debe explicarnos el motivo por el que se reduce el monto total de los ingresos presupuestados para el 2016 que quedan en menos de 2 mil 344 millones de pesos, cuando el presupuesto del 2015, que se modificó en julio de ese año, fue de casi 3 mil millones de pesos y que debió servir de referencia para proyectar el del siguiente ejercicio. Creo que se trata de una manipulación presupuestal que le permitirá a Gallardo utilizar discrecionalmente los excedentes para promover su proyecto político.

La iniciativa de la Ley de Ingresos que se está dictaminando en el Congreso del Estado nos hace ver que las autoridades municipales tienen muy pocas esperanzas de recuperar los adeudos del impuesto predial, pues proyectan un ingreso de 50 millones de pesos por concepto de rezagos prediales, cuando son más de mil los que se adeudan. Es injusto para los propietarios de bienes inmuebles que cumplen puntualmente con esta obligación, y además es violatorio de la Constitución local y federal lo que establece el artículo cuarto transitorio de la iniciativa al condonar o extinguir los adeudos prediales originados durante los ejercicios fiscales del 2011, 2012, 2013 y 2014 de los inmuebles destinados a casa habitación, sin importar el valor de éstos, si el contribuyente cubre el pago correspondiente al 2015 y 2016.

Los diputados están obligados a revisar si se justifica el beneficio adicional que en esta ocasión se otorga a los causantes del impuesto predial que cubran en el mes de enero sus contribuciones, pues el descuento que se les autoriza se incrementa al 25%, y no queda en el 15% como se ha aplicado en los últimos años. El tesorero debe informar el monto de lo que el municipio dejaría de recibir si se aprueban estas ofertas.