100 mil metros cuadrados de corrupción

Por Eduardo Martínez Benavente

El 15 de diciembre de 2011, día de San Urbicio, en la ex biblioteca del obispo “piedrotas” José María Ignacio Montes de Oca y Obregón -mote que se había ganado por aquello de las piedras preciosas que ostentaba en sus anillos-, ahora Salón de Cabildos del Palacio Municipal, debajo de uno de los óleos del pintor italiano Eroli que se localizan en la bóveda de ese recinto, exactamente el que representa El Infierno; el cabildo municipal que presidía la priista Victoria Labastida aprobaba sin objeciones, entre otros muchos asuntos, la autorización condicionada del fraccionamiento “El Peñón”, 1a. etapa, a desarrollarse en una superficie de 2 millones 671 mil metros cuadrados, de los más de 14 millones 476 mil metros cuadrados que abarca el proyecto inmobiliario más ambicioso de que se tenga memoria en la historia de San Luis Potosí.

En la sesión de ese día se autorizaba la lotificación propuesta por los representantes de Desarrolladora El Peñón, S.A. de C.V., Urbano Díaz de León Barroso y Samuel Villarreal Aguirre, así como la distribución de vialidades y el área de donación que ofrecían, que según el dictamen aprobado 6 días antes por la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, presidida por el regidor Luis Miguel Ávalos Oyervides, se había llegado al acuerdo de descontar del área de donación que le corresponde al municipio, la superficie de las avenidas que excedieran una anchura superior a los 30 metros; de tal manera que si la arteria principal que atraviesa el fraccionamiento tiene una extensión de aproximadamente 10 kilómetros y una amplitud de 40 metros; los 10 metros que rebasan la medida reglamentaria por los 10 mil metros que mide la avenida, dan, si Pitágoras no miente, 100 mil metros cuadrados de excedentes que se tomarían a cuenta de las áreas de donación que deberían entregarse urbanizadas, en el lugar que eligiera el municipio para obras de infraestructura urbana y susceptibles de ser enajenadas. En el plano que se autorizó no se precisó la superficie vendible del fraccionamiento, ni las áreas verdes, ni las superficies de las dos presas proyectadas, así como otras zonas que por su naturaleza e impacto ambiental son intocables. El pago de impuestos por la autorización del fraccionamiento se pactó en cómodas mensualidades, como si se tratara de un “negocio de saliva” en la que el flujo de efectivo sólo dependiera de los enganches y mensualidades que podrían recaudar de sus clientes, una vez que se iniciara la preventa.

Un privilegio de esta valía –y  otros que después daremos a conocer– sólo se explica si hay de por medio un padrino muy influyente metido en el negocio o una contraprestación económica que satisfaga la codicia de la autoridad que otorga el permiso. Sólo así se entiende el compromiso de la Junta Estatal de Caminos de construir con recursos públicos una avenida que sería la columna vertebral de un millonario negocio privado. Hasta la persona más atolondrada podrá deducir que el precio del metro cuadrado de un terreno con vista a esa ancha avenida será muy superior al de un terreno que sólo se asome a las vialidades con dimensiones comunes. Como sería también el caso de los terrenos colindantes a la superficie que se “donaría” como área verde para que el gobierno del estado construyera con recursos propios un nuevo Parque Tangamanga en un espacio de 200 hectáreas, y que el gobernador, en un chispazo poco común de perspicacia rechazó porque advirtió que si aceptaba el regalo y se comprometía con la obra, le borraría los pecados al proyecto y haría multimillonarios a sus dueños por el valor que alcanzarían esos predios, además de que no cuenta con recursos para llevar a cabo la obra, ni partida presupuestal para su mantenimiento, y que ya son demasiados los compromisos de pago que le heredará al que lo suceda.

Para justificar la renuncia a las áreas de donación Oyervides citó el artículo 44 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de San Luis Potosí, el cual menciona que cuando por decisión del Ayuntamiento o por disposición de los planes estatales o municipales de desarrollo, se requieran calles con anchura superior a 30 metros, las superficies que excedan a esa extensión serán descontadas de aquellas que el fraccionador deba donar al Municipio. Los síndicos, secretario general y demás abogados de esa administración sabían que esa prerrogativa era ilegal porque contraviene la Ley de Desarrollo Urbano que establece la obligación de ceder al municipio el 15% de la superficie vendible cuando se autoriza un fraccionamiento o condominio, sin excepción alguna; independientemente de que ese reglamento administrativo que se aprobó durante la trienio del panista Mario Leal Campos, no tenía otro objetivo que favorecer a otro grupo de especuladores del suelo urbano. Un reglamento no puede estar por encima de la Ley. En esa ocasión, Eduardo García Navarro y Carlos Gerardo López Medina, principales accionistas de Grupo Desarrollador Cima, se vieron favorecidos por el acuerdo tomado en la sesión de cabildo que se celebró el 1 de noviembre de 1994, en el que se autorizó el exclusivo fraccionamiento “Colinas del Parque”, colindante al Parque Tangamanga I, descontándoles miles de metros cuadrados con el argumento de que la anchura de la avenida Chapultepec excedía las dimensiones reglamentarias.

Al gobierno del ex rector Mario García Valdez no le ha interesado investigar las evidentes irregularidades y maniobras fraudulentas que rodean el proyecto del Gran Peñón, empezando por el plan concebido que utilizaron para obtener el cambio de uso de suelo. La Comisión de Alumbrado y Obra Público emitió un dictamen que aprobó el cabildo en la sesión que celebró el 14 de enero de 2011, en la que se autorizó a solicitud de una autoridad el cambio de uso de suelo para el proyecto del nuevo libramiento de la ciudad. En esa solicitud se incluyó dolosamente un polígono mayor que abarcaba las coordenadas precisas del Ejido el Aguaje, en el que más tarde se desarrollaría el proyecto del fraccionamiento el Gran Peñón. Como la solicitud de cambio de uso de suelo la presentó una instancia gubernamental quedó exenta del pago del impuesto, pues si lo hubiera hecho un particular tendría que haber cubierto más de 70 millones de pesos por este concepto.

La misma historia pero con diferentes actores

Tercera y última parte

Por Eduardo Martínez Benavente

Hemos alcanzado tal grado de cinismo que son más los ciudadanos a los que les parece normal que un servidor público abuse de su cargo y se enriquezca inexplicablemente, que aquellos que hacen algo para combatir la impunidad de la que gozan o que por lo menos se sientan agraviados. Es muy lamentable que estos funcionarios, a pesar de las fechorías que cometen, sean aceptados y procurados por la mayoría de los potosinos, como si se tratara de personas probas y respetables; y es doblemente reprobable que muchos de esos delincuentes sean nuevamente postulados para ocupar cargos de elección popular; y que los pocos que administran con honestidad los recursos que se les confían sean tachados de ingenuos o desubicados y jamás reconocidos ni valorados.

Algunos de los informes de las auditorías que se han practicado a las cuentas públicas, aquellas que no tienen ángeles que las protejan o en las que existe la consigna de exhibirlas, son un catálogo de abusos, desvío de recursos y gastos ilegales e irracionales que para nuestra desgracia a nadie sorprenden ni interesan. Otras auditorías, como las de los tres poderes del Estado son un monumento a la impunidad y una bofetada a la inteligencia y sentido común de los potosinos, pues no obstante que son públicos los ilícitos que se les conocen, la Auditoría Superior del Estado (ASE) las dictamina como limpias y ejemplares. El titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo, debe entender que su posición como responsable de la fiscalización de los dineros públicos es insostenible y debe renunciar a su cargo. Es tal el desgaste que ha sufrido por los señalamientos que se le han hecho, que en los últimos meses ha perdido todo vestigio de la credibilidad y prestigio que pudo haber ganado durante tantos años de ejercicio profesional. Ni siquiera ha tenido el valor o los elementos para defenderse de las serias acusaciones que el periodista Juan José Rodríguez revela en su última columna. En el mismo entredicho se encuentra la honorabilidad del contador José Néstor Garza Castillo, por haberse desistido del juicio de amparo que promovió para echar abajo la elección del auditor, y que según el columnista se debió a las indecorosas compensaciones que recibió.

Muchos creíamos que con el arribo del ex rector a la alcaldía de la capital, que con su aureola de hombre probo, bonachón y emprendedor que se le reconocía y con su inocultable interés por alcanzar la nominación de su partido a la gubernatura, su administración iba a ser un ejemplo de honestidad y transparencia, con un gobierno apegado estrictamente al cumplimiento de la ley, así como un fiel practicante de la austeridad y racionalidad del gasto público. Que iba a reducir salarios y prestaciones, empezando por los suyos. Que eliminaría plazas injustificadas y evitaría cualquier gasto innecesario, y más cuando estaba obligado a marcar las diferencias con la administración de su antecesora que se caracterizó por el derroche y pillaje que colapsaron sus finanzas. Muchos creíamos que llegaría cortando cabezas y denunciando los latrocinios que encontró; pero nada de eso ha ocurrido ni ocurrirá. El tiempo se le vino encima y no me extrañaría que antes de diciembre solicite licencia para separarse de su cargo. El alcalde Mario García Valdez es un encubridor de los ilícitos de su antecesora que nadie mejor que él conoce y que incurre en los mismos vicios y excesos que a ésta se le señalan.

La última de sus tropelías la denunció esta semana la regidora panista Nadya Edith Rangel, quien por cierto no ha recibido la mínima atención de su partido y no es un asunto menor. Se trata de un informe oficial que da a conocer la Dirección de Financiamiento de Deuda y Crédito Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en el que reporta que el Ayuntamiento de San Luis Potosí le sumó otros 250 millones de pesos a su deuda pública, sin autorización del Cabildo ni del Congreso del Estado, para que con este incremento alcance la deuda pública registrada un monto de 698 millones de pesos, que saben que no tienen con qué cubrirla y que excede con mucho el tope permitido por la Ley de Deuda Pública, pues esta no podía rebasar los 500 millones de pesos, que equivalen al 20% de los ingresos anuales presupuestados, y siempre y cuando hubiera cumplido con todos los requisitos legales. El tesorero podía haber utilizado la línea de crédito que tiene vigente para enfrentar la crisis financiera que padece si el compromiso de pago no excediera el ejercicio fiscal del 2014. A los directores de Bansi se les deben fincar responsabilidades por haber autorizado un crédito ilegal que vence el 29 de septiembre de 2015 y que seguramente se garantizó con las participaciones federales que le corresponden al municipio.

Observamos con indignación que nada se ha hecho para recuperar las áreas de donación que los fraccionadores le han escamoteado al municipio en ésta y en las anteriores administraciones. El daño patrimonial es enorme. Son decenas de miles de metros cuadrados urbanizados que el municipio ha perdido por favorecer a los grandes fraccionadores y con los que podía haber salido de sus apuros económicos. La corrupción es evidente. El más reciente atraco se cometió en la sesión de cabildo del pasado 28 de mayo, en el que se aprobó, entre otros, un dictamen que presentó la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas que previamente había puesto a su consideración la Dirección General de Catastro y Desarrollo Urbano, respecto a la autorización del condominio horizontal Fraylea 2 Residencial, ubicado en la delegación de Villa de Pozos, propiedad de Grupo Constructor Cumbres, S.A. de C.V., con una superficie de 8 mil 414 metros cuadrados; en el que se resolvió que el área de donación que tenía que tributar la empresa quedó cubierta al momento en que se autorizó la subdivisión del predio del que se origina el terreno en el que se levanta el condominio. El director de esa área sabía que no es lo mismo recibir el 10% de la superficie en breña por la subdivisión del inmueble que el 15% de la superficie vendible por la autorización del condominio. Se trata de una constructora que tiene 17 fraccionamientos sin entregar a lo largo de 20 años; y que el municipio, en este caso, tenía que haber reclamado ambas superficies.

Los cables sueltos de la BMW

A la memoria de Paty Rubín de Celis, por su fidelidad al navismo.

Por Eduardo Martínez Benavente

No creo que la BMW se haya decidido a invertir en San Luis Potosí sin antes haber revisado minuciosamente la legalidad y viabilidad de todos los incentivos y compromisos que el gobierno federal, estatal y municipal le ofrecieron para instalar su armadora de vehículos en esta plaza, los que seguramente quedaron bien amarrados en el convenio que se formalizó el jueves 3 en la residencia oficial de Los Pinos, y más conociendo el perfeccionismo que caracteriza a los alemanes en sus negociaciones; por eso me extraña que el secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, ponga en tela de juicio la operación y abra el debate sobre un asunto tan importante como son las exenciones de impuestos prometidos. El responsable de las finanzas del estado declaró este martes que cuando la Secretaría de Desarrollo Económico lo indique, será presentada en el Congreso del Estado la iniciativa de exención de impuestos para facilitar las condiciones de arranque de construcción de la empresa. Explicó también que se sigue adelante con los requisitos de documentación y preparación de los proyectos de incentivación de la industria, que serán presentados con sus efectos a largo plazo al Poder Legislativo para su aprobación.

Creo que los alemanes no se atreverían a firmar un convenio de esta trascendencia si los incentivos ofrecidos a la empresa no fueran definitivos y estuvieran sujetos a las grillas de los diputados potosinos, y menos cuando tienen la tarea de rendir buenas cuentas a los miles de accionistas que confían en sus directores, por más que el gobernador del estado les hubiera asegurado que el Congreso está bajo su control y le aprueban todo lo que les pone enfrente. Ante tal incertidumbre resulta indispensable que cuanto antes se dé a conocer el convenio que suscribieron, sin ocultamientos ni reservas. 

El secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, que hasta ahora ha sido la autoridad que mayor información ha proporcionado sobre el asunto, aseguró que son más de 300 "indicadores" o requisitos que tendría que cumplir la entidad en la que se instale la empresa.

Creo que el diputado panista, Miguel de Jesús Maza Hernández, que también contribuye aldesconcierto, desconoce la ley de la materia cuando manifiesta que es ilegal otorgar exenciones fiscales sin la autorización del cabildo de Villa de Reyes o del Congreso del Estado, dependiendo del incentivo que se ofrece. En el caso del impuesto del 2.5% sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, mejor conocido como Impuesto sobre la Nómina (ISN), la Ley de Hacienda para el Estado faculta al titular del Poder Ejecutivo y/o el titular de la Secretaría de Finanzas, sin la autorización del Congreso, a otorgar incentivos fiscales adicionales a los 3 años de exención a que tienen derecho las empresas que realicen inversiones para la creación masiva de empleos, implementen tecnología de punta y que su proyecto de inversión represente un detonador para la actividad económica del estado, que comienzan a contar a partir de la fecha en que inicien operaciones. Requisitos que sobradamente cumple la BMW, y por eso, el secretario de Finanzas confirmó la exención total del ISN por un período de 10 años.

El diputado debería saber que son inconstitucionales las exenciones o subsidios ofrecidos por el Ayuntamiento de Villa de Reyes a la BMW, y que el Congreso no puede autorizarlos a menos que se modifique la Constitución del Estado porque el artículo 114 establece que las leyes locales no podrán otorgar exenciones o subsidios municipales respecto a los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria a favor de personas físicas o morales o institución alguna, salvo los bienes del dominio público de la Federación, de los estados o de los municipios que estarán exentos de dichas contribuciones. El artículo séptimotransitorio de la Ley de Ingresos de ese municipio viola la Constitución porque otorga reducciones hasta del 80% a la tasa establecida para el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y para el pago de los derechos por la licencia de la construcción, como también exenta del pago del Impuesto Predial a aquellas empresas, que como la BMW, generen 251 o más empleos directos o tengan un monto de ventas anual igual o superior a 251 millones de pesos del sector industrial y su establecimiento represente un alto impacto económico en ese municipio. En el caso del pago del Impuesto Predial se otorgó a la empresa una exención del 100% que lesiona las finanzas municipales.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) debe investigar si la sociedad propietaria de Parque Logistik II, en el que se instalará la BMW, cedió al Ayuntamiento de Villa de Reyes, a título gratuito, el 15% de la superficie vendible y urbanizada a que tiene derecho con motivo de la autorización del fraccionamiento. En la página web de Desarrollo Logistik, que tiene su domicilio social en San Pedro Garza García, se exhibe un plano del fraccionamiento en el que se señalan las áreas destinadas a vialidades, comercios, industria y construcción de viviendas, pero por ningún lado aparece la superficie donada que debieron entregar al municipio. La BMW se instalará sobre una superficie de 300 hectáreas, de las 2,040 que adquirió la vendedora, que de acuerdo a su publicidad tiene un valor de 20 dólares el metro cuadrado, por lo que podemos calcular que el precio que cubrió o cubrirá el gobierno federal o estatal por las hectáreas que ocupará la BMW asciende a la suma de 780 millones de pesos.

También se debe verificar si Desarrollo Logistik pagó en especie o en efectivo el Impuesto que le corresponde cubrir a todas aquellas personas que adquieran, en su primera enajenación, mediante cualquier forma de transmisión legal de la propiedad, bienes inmuebles desincorporados del régimen ejidal, a los que se les fija un gravamen del 10% sobre el valor de la operación o del avalúo, o la entrega al gobierno del estado del 10% de la superficie adquirida. Es muy probable que tampoco se haya cubierto el Impuesto por el cambio de uso de suelo, de agrícola a industrial y habitacional. Como se advierte, hay tantos cables sueltos en esta operación que cualquiera puede averiar la fina maquinaría de la BMW. 

La BMW en San Luis

Por Eduardo Martínez Benavente

El logro más importante que hasta ahora le podemos reconocer al gobierno del doctor Fernando Toranzo es el anuncio de la instalación de una planta ensambladora de vehículos de la BMW en nuestra entidad, a 17 kilómetros del centro histórico de la ciudad y a 4 de la cabecera municipal de Villa de Reyes, que con un capital superior a los mil millones de dólares y el ofrecimiento de crear a mediano y largo plazo miles de empleos directos e indirectos, salva de la mediocridad y parálisis a una administración que estaba a punto de concluir sin haber dejado obra alguna digna de recordarse, y que ya no le corresponderá inaugurarla (2019).

Se trata de una inversión trascendental porque es el aliciente para que muchas otras empresas proveedoras de bienes y servicios se asienten en San Luis Potosí.  Es una inversión con un valor similar al de las 29 mil obras que presume el gobernador del estado en su reciente campaña de información que da a conocer los resultados de su administración durante los primeros 4 años y medio de su gestión.  Así de pobre es la inversión pública estatal y eso que desde hace varios años disponemos de presupuestos de ingresos superiores a los 30 mil millones de pesos. 

Nunca habíamos visto al gobernador tan contento como aparece en las fotografías que se publicaron del evento celebrado en la residencia presidencial de Los Pinos. Más feliz y radiante que una novia. Toda su administración había sido una cadena de fracasos. Es justo considerar que de alguna manera se reivindica y valora con muchos potosinos que creíamos que sus dos viajes realizados a Alemania en enero y abril de este año, acompañado de su traductor y secretario de Desarrollo Económico, Fernando Macías Morales habían sido inútiles porque muy poco tenía que ofrecerles, aunque quedan muchas preguntas que tiene la obligación de responder, por más cláusulas de confidencialidad que haya suscrito con los europeos. 

Sin duda alguna que la envidiable ubicación geográfica de la ciudad fue un factor de mucho peso para que los alemanes eligieran esta plaza, así como los bajos salarios y prestaciones que se les pagan a los trabajadores, los sindicatos blancos y proclives al patrón, así como las vías de comunicación y servicios de que dispone la capital del estado. Pero la parte económica fue decisiva en la operación. El paquete de incentivos que se le ofreció a la empresa debe valer muchos millones de pesos, el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marcelo López Sánchez, los calculó en 3 mil millones de pesos, empezando por el valor del terreno, la infraestructura y servicios que demandan, lo que lo obligó a retirarse de la competencia. El gobierno de Toranzo tampoco tiene partida presupuestal ni disponibilidad de recursos para cumplir con esas exigencias, ni dispone de reservas territoriales, ni ha recurrido a un crédito bancario para financiarse. Estamos hablando de más de 300 hectáreas urbanizadas, con instalaciones eléctricas costosísimas, además de tres pozos equipados, una espuela de ferrocarril y muchos otros requisitos que no han revelado. Todo indica que la aportación principal será a cargo del gobierno federal a través de la Secretaría de Economía o de alguno de sus fideicomisos, y el gobierno del Estado, durante los próximos 5 años erogará  una suma no determinada que en buena medida cubrirá la próxima administración. 

Estamos solicitando una copia del convenio que celebraron el gobierno del Estado, la federación y la empresa para conocer los términos y condiciones de la operación. Es muy probable que el gobierno de Toranzo lo clasifique como reservado y nos niegue la información. Creo que el gobierno federal no tendrá inconveniente en dar a conocer el monto de los recursos que se comprometió destinar en esta inversión; y la BMW difícilmente podrá desechar nuestra solicitud porque está recibiendo recursos y beneficios de un gobierno extranjero que de acuerdo a sus leyes los obliga a transparentar, y si también lo niega tenemos el derecho de recurrir a los organismos de transparencia de ese país para que le ordenen entregar el documento. 

No objetamos que la armadora para elegir a San Luis Potosí como sede de su nueva planta se beneficie de los subsidios y exenciones que ofrece el Estado, como es el pago del Impuesto sobre la Nómina y las reducciones municipales en licencias de construcción, traslado de dominio y predial que afectan las finanzas del municipio de su ubicación. No han dicho cuáles programas estatales para apoyar a la pequeña y mediana industria tendrán que desaparecer para cubrir los compromisos contraídos con los alemanes. Es muy pesado soportar el costo de las becas para capacitar a 1,500 obreros, así como cubrir muchos otros gastos y compromisos mientras que arranca la fábrica. 

El gobierno de Marcelo de los Santos ocultó el convenio que celebró con la General Motors, el que por su naturaleza era público y debía difundirse. Nunca conocimos el valor total de los estímulos y exenciones fiscales que le concedió a la empresa, ni el impacto que representaba esa erogación para las finanzas públicas, sin embargo, por un error, nos entregó una amplia y comprometedora información que no solicitamos pues se trataba de datos confidenciales de la General Motors que se referían a los costos de sus unidades, el monto de los sueldos que se ofrecían a funcionarios y empleados y un estudio de tendencias socioeconómicas que generaría la operación de la GM, elaborado por el Tecnológico de Monterrey, y encargado y pagado por el gobierno marcelista. Los difundimos y a nadie preocupó la filtración. Creo que la instalación de la planta de la GM durante el gobierno del panista, con todo y las irregularidades  que se cometieron, fue también su principal logro. En este caso tuvo que recurrir a un préstamo bancario de 500 millones de pesos contrayendo deuda pública para cumplir con los compromisos. El monto total de la inversión gubernamental debió superar los mil millones de pesos, considerando los 10 millones de dólares que por concepto de instalaciones ferroviarias tuvo que pagar el gobierno que lo sucedió.

La misma historia pero con diferentes actores

SEGUNDA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Es imposible analizar en este espacio todos los asuntos que uno considera de trascendencia dentro del voluminoso informe de la auditoría que la ASE le practicó a la cuenta pública del alcalde Mario García Valdez, sin saturar al lector de números, conceptos y antecedentes que fácilmente lo pueden confundir en este mar de información que suma cientos de observaciones financieras y administrativas detectadas en los primeros 15 meses de su gestión, independientemente de otras operaciones irregulares que se pueden señalar y que no fueron observadas por el auditor. Es tanta la información que se recopila que nos vemos obligados a escoger sólo unos cuantos casos y remitir al lector al portal de Proyecto Tábano que cuenta ya con una copia completa de la auditoría para que la consulte y examine, ante la negativa del Congreso del Estado de subir los dictámenes a su página transparencia.

Todo indica que quienes manejan al auditor superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo, le han ordenado que se ensañe en contra del ex rector para que aborte su proyecto político de alcanzar la gubernatura, pues es inexplicable que las cuentas del Poder Ejecutivo y las de Soledad, que en otra oportunidad analizaremos y que también se pueden consular en la página web de Proyecto Tábano, hayan salido limpias, si acaso con unas cuantas observaciones intrascendentes, lo que el "suavecito" del auditor también podía haber hecho con la de García Valdez. Me sorprende de manera especial el informe final de la auditoría del municipio de Soledad porque en los pliegos de observaciones u hojas de trabajo que hace unos cuantos meses nos hicieron llegar los auditores había asuntos que resultaban imposibles de aclarar, y ahora ni se mencionan.

En los últimos días se ha suscitado un gran revuelo sobre el monto de las compensaciones pagadas a los integrantes del Cabildo. Por una parte la regidora Nadya Edith Rangel niega haber recibido alguna cantidad extra aparte de las percepciones a que tiene derecho, aunque no precisa a cuánto ascienden éstas, y acusa al tesorero José Bolaños de desviar recursos advirtiéndole que interpondrá una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por involucrarla en algo que considera deshonesto. El tesorero, por su parte, niega que los miembros delcabildo hayan recibido  compensaciones adicionales a sus sueldos y que son cifras que dolosamente manejan los medios de comunicación. Lo cierto es, como se puede consultar en las páginas 64 y 65 del informe de la ASE, que el presidente municipal recibió por concepto de compensaciones ordinarias y complementarias durante el 2013, la suma de 1 millón 541 mil 892 pesos; la primera síndico 857 mil 248 pesos; la segunda síndico, una suma ligera e inexplicablemente mayor que la anterior de 867 mil 248 pesos; y 678 mil 083 pesos cada uno de los 15 regidores. Lo que hace un total de 13 millones 314 mil pesos. El auditor no juzga si las remuneraciones son excesivas y si se ajustaron al compromiso de austeridad y racionalidad del gasto público al que se comprometió esta administración, pues sólo advierte que las compensaciones complementarias fueron determinadas y pagadas directamente por la Tesorería Municipal, mismas que fueron incluidas en el pliego de observaciones porque el cálculo de las nóminas le corresponde a la Oficialía Mayor, aunque más adelante señala lo más grave: no se presentó la documentación comprobatoria del gasto.

Para darnos una idea de los excesos en que está incurriendo la administración de Mario García Valdez es necesario comparar el monto total de las compensaciones que pagó el gobierno de Victoria Labastida a su Cabildo en el 2011 (pág. 31),  el último ejercicio de 12 meses, con el del actual alcalde. La auditoría que se practicó ese año registra un egreso total por concepto de compensaciones que ascendió a la suma de 9 millones 742 mil 727 pesos. 3 millones 572 mil pesos menos de lo que cobró el Cabildo del ex rector en el 2013, distribuido de la siguiente manera: la presidente municipal 960 mil 549 pesos; cada síndico 675 mil 939 pesos y un promedio de 530 mil pesos para cada uno de los 14 regidores.

El Ayuntamiento sigue falseando información, pues en el análisis de las cuentas de balance (página 51) considera dentro de las cuentas por cobrar a corto plazo un crédito fiscal que se le exigió a Telmex desde la administración anterior por 533 millones de pesos por concepto de derechos derivados de la introducción, reparación y mantenimiento de sus redes de servicios que fue declarado improcedente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa demanda sólo prosperó un crédito de 108 millones que debe cubrir la empresa al municipio por concepto de derechos por publicidad y anuncios, y que el auditor, en su dictamen, estaba obligado a informar del estado que guarda el litigio y las gestiones se han realizado para recuperar el dinero, en el entendido de que la telefónica otorgó una fianza por ese monto para garantizar el pago que hasta la fecha no se ha hecho efectivo.

Sin embargo, en las cuentas por cobrar a corto plazo no se incluyeron los más de 1 mil 600 millones de pesos que por concepto de Impuesto Predial debían al municipio 80,915 potosinos morosos. Ni siquiera se molestó el auditor en investigar qué gestiones de cobro se habían realizado para recuperar los adeudos de los 5 mayores deudores que juntos debían una cantidad superior a los 177 millones de pesos que era el monto de lo recaudado por este concepto hasta el 31 de enero de 2014.

Pudiera justificarse que el municipio de la capital regale 3 millones 618 mil pesos a los grupos de presión que se plantan en la Plaza de Armas exigiendo obras y servicios para quitárselos de encima; pero es inaceptable que a laBarra de Abogados de San Luis Potosí (pág. 75), a la que pertenece la elite de la abogacía, le done 89 mil pesos como apoyo para que asistan a un congreso nacional y festejen el Día del Abogado. El derroche, la publicidad y el clientelismo son factores sustanciales de la estrategia del alcalde por alcanzar la nominación de su partido a la gubernatura del estado que día a día se le va desvaneciendo.

La misma historia pero con diferentes actores

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

No es un asunto menor el desfavorable resultado de la auditoría que el órgano fiscalizador del Congreso del Estado le practicó al Ayuntamiento de San Luis Potosí por el período que abarca del 1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, y que el tesorero municipal José Bolaños Guangorena trata de justificar argumentando falsamente que es ajeno a ese problema porque las observaciones financieras que se le fincan por el mal manejo de 390 millones de pesos, más las 361 observaciones administrativas que no pudo desahogar se deben a la "pésima" administración anterior, cuando el lapso auditado comprende los primeros 15 meses del gobierno que preside el alcalde Mario García Valdez y no el que estuvo a cargo de la señora Victoria Labastida. 

Tan fácil e irresponsable que es echarle la culpa a otros de los errores e ilícitos en que uno incurre, lo que en este caso es doblemente reprobable porque el tesorero no ha podido solventar las inconsistencias observadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las dos ocasiones que se le concedieron antes de emitir el dictamen. Aunque creo que todo esto no debe preocuparle mayor cosa porque sabe que en la tercera y última oportunidad quedarán desvanecidos ya que el titular de la ASE, en una actitud complaciente y encubridora como la de su antecesor, los ha minimizado a simples errores que se pueden corregir ya que "ni siquiera es por descuido, fue por la necesidad de dinero al encontrar las arcas vacías", como recientemente declaró para tranquilidad del alcalde y tesorero. 

Lo cierto es que el municipio no tiene ni tendrá dinero para reponer los millones de pesos faltantes de los fondos etiquetados que el tesorero se atrevió a tomar y que no se trata de "simples errores" sino de asuntos mucho más graves que no hay manera de corregirlos. Como por ejemplo: los adeudos a proveedores, acreedores, impuestos por pagar, fondos ajenos, cadenas productivas y otros pasivos a corto plazo que suman más de 785 millones de pesos al 31 de diciembre de 2013 (páginas 51 y 52 del informe), más otros 471 millones de deuda bancaria reestructurada a largo plazo. El total de los pasivos asciende a 1 mil 256 millones de pesos, cifra muy superior a los 853 millones que a finales del 2012 se detallaban en la página de transparencia del municipio, y a los casi 730 millones que se reconocían como saldo al 31 de mayo de 2013. Se debe una cantidad considerablemente mayor a la que heredaron de la administración anterior. Los pasivos se han incrementado de una manera irresponsable e impagable y el auditor no los observa ni justifica. Con el agravante de que la línea de crédito que se les otorgó para que arrancara este gobierno debía ser cubierta antes del 31 de diciembre de 2012, pues de lo contrario se convertiría en deuda pública y se requeriría la autorización del Congreso del Estado, y no se hizo. Este otro ilícito tampoco fue observado por el auditor. 

Se perdieron 17 millones 749 mil pesos correspondientes a una reserva de un crédito a favor de Bansi porque el Municipio no gestionó su bonificación y ahora resulta imposible recuperarlo. Hay más de 416 millones de pesos de traspasos bancarios  y disposición de recursos realizados de las cuentas de Ramo 33 a las cuentas de la Tesorería, así como otras movimientos que no fueron reintegradas al término del ejercicio. Lo mismo de lo que se le acusa a la administración Labastidista.

No existe evidencia documental que acredite el destino de los préstamos bancarios a largo plazo que forman parte del crédito de 300 millones de pesos autorizado en la sesión de cabildo del 11 de octubre de 2012. La ASE no ha podido verificar hasta ahora que el municipio haya registrado en su Cuenta Pública la totalidad de las cuentas bancarias utilizadas en el manejo de los recursos obtenidos. Lo mismo de lo que se le acusa al gobierno de Marcelo de los Santos por la dispersión del crédito de los 1,500 millones de pesos que sólo él, Mayorga, Conde, Azuara y Toranzo saben dónde quedaron.

La combativa regidora panista Nadya Edith Rangel Zavala le ha recriminado al tesorero municipal que: "Ya basta de mentiras, Señor tesorero, estamos a mitad del trienio y usted sigue culpando de todo a los funcionarios que ya se fueron, y que deberán pagar por sus propios desvíos en que incurrieron. De no enmendarse las cosas en el actual Ayuntamiento, dentro de año y medio estaremos lamentándonos de otros desfalcos, escandalizados, y persiguiendo a otros malos funcionarios". La regidora se queja en otro comunicado del pasado 29 de mayo que la contralora, el tesorero y el oficial mayor han ignorado al secretario del Ayuntamiento, quien desde el 30 de abril, en sesión de cabildo, dispuso que respondieran a 35 oficios donde se les requiere de información sobre la forma en que están manejando el dinero de los potosinos, sin que le hayan hecho caso.  

Es muy probable que el ex tesorero municipal Juan Ramón Nieto Navarro le haya pedido a su jefe que lo reemplazara de esa responsabilidad y lo ubicara en cualquiera otra área de la administración en la que no manejara dinero porque advirtió desde un principio los problemas en los que se metería por el uso discrecional de los recursos públicos que estaba administrando. Las presiones ejercidas por proveedores y acreedores que exigían sus pagos, la situación financiera del municipio que estuvo a punto de declararse en bancarrota, y el derroche y descontrol presupuestal en que se incurrió porque que no se aplicaron medidas extremas de austeridad que hubieran sido incompatibles con el proyecto político del ex rector los obligaba a cometer toda clase de ilícitos. Era imposible no saltarse las trancas e incurrir permanentemente en desvíos de recursos etiquetados y realizar gastos injustificables tomando dinero de donde hubiera y como se pudiera. Sabía que infringir las estrictas normas de la contabilidad gubernamental que rigen para el manejo de los recursos públicos trae aparejado una serie de responsabilidades y sanciones que en cualquier momento le iban reventar y prefirió dejar el cargo.

LAS REGLAS PARA EL 2015

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE 

Por Eduardo Martínez Benavente

Las reformas constitucionales que aprobó el Congreso del Estado el jueves 29 de mayo eliminan a dos de los nueve consejeros electorales. No se sabe quiénes serán los excluidos. La decisión depende del Instituto Nacional Electoral (INE) que también puede ratificar o separar al resto de los consejeros. Se desaprovechó la oportunidad de legislar en el sentido de que esos cargos, con excepción de la presidencia, fueran honoríficos y sin retribución económica alguna, como era el espíritu de la propuesta original que el doctor Salvador Nava planteó hace más de dos décadas. Las adecuaciones  a la Ley Electoral del Estado deben quedar listas para antes de que concluya el mes de junio a fin de que armonicen con las reformas constitucionales.  

También se tendrá que adecuar la Ley Electoral del Estado a las disposiciones de la Ley General de los Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial el pasado 23 de mayo. Sus normas contienen preceptos novedosos en materia de transparencia, publicidad, fiscalización y financiamiento público que afectarán de manera considerable las finanzas del Estado porque se duplican los recursos ordinarios y extraordinarios que reciben los partidos. Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que se aprobaron en la sesión del pasado 13 de mayo no fueron suficientes para detener esta clase de arbitrariedades, pues en esa ocasión sólo se estableció que las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo del Estado deberían adjuntar para su aprobación, de un dictamen sobre el posible impacto presupuestario que originarían. Todas las otras iniciativas que puedan afectar el presupuesto estatal no requieren de este requisito. La sociedad debe organizarse para que de ninguna manera se paguen esos incrementos.

No me extrañaría que la iniciativa que presentó el diputado panista Alejandro Lozano González para suprimir 6 de las 12 diputaciones plurinominales haya sido desdeñada por absurda e incoherente y por eso ni siquiera se molestaron en desecharla formalmente. Tendríamos que revisar el diario de debates para saber si el legislador defendió su propuesta. Pudo haber sido una buena iniciativa si hubiera planteado una solución integral para evitar la sobre-representación o sub-representación de los partidos políticos en el Poder Legislativo que de aprobarse en los términos solicitados hubiera provocado un grave conflicto político.

Creo que el siguiente ejemplo ilustra lo que podría ocurrir si el PRI ganara la elección de diputados en 14 de los 15 distritos electorales del estado con una ligera ventaja en cada uno de ellos sobre el partido que más se le aproximara, y que éste sólo triunfara en una de esas demarcaciones; de tal manera que el computo final arrojara los siguientes resultados: el PRI se alzaría con el 39% de la votación; el PAN con el 37%; el PRD con el 5%; el Verde con el 4%; Conciencia Popular con el 5%; Morena con el 6%;  Convergencia con el 2.5% y el PT con el 1.5%. Con estos resultados el Congreso del Estado quedaría integrado por 15 diputados priistas que es el máximo que permite la Ley: 14 de mayoría y uno plurinominal. El PAN con dos: uno de mayoría y otro plurinominal; y los otros cuatro partidos a los que se les reconocería una votación superior al 3% les tocaría a cada uno un diputado plurinominal. Que absurdo e injusto sería que con un resultado tan apretado entre el PRI y el PAN, uno sumara 15 diputados y el otro apenas dos en un escenario realista que se puede dar en el proceso electoral del 2015. El PRI representaría el 71.43% de los escaños, un porcentaje muy superior al de los sufragios obtenidos que alcanzarían el 39% de la votación. El PAN, en cambio, lograría el 9.52% de los escaños con el 37% de la votación. En ningún caso, un partido político podrá exceder de ocho puntos porcentuales su representación por ambos principios. El sistema de representación proporcional es el más democrático hasta ahora conocido porque tanto las minorías como las mayorías están representadas equitativamente en el Congreso. No quiero ni imaginarme el pleito que se armaría si el PT y Convergencia superarán también la barrera del 3% de la votación y ya no hubiera diputaciones plurinominales por repartir.

Hasta ahora nos enteramos que el dictamen que se aprobó el 29 de mayo sufrió algunas modificaciones que no han sido oficialmente difundidas por lo que tenemos serias dudas si se realmente se dieron, como es la reelección de diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores que correrán a partir del 2018 y no del 2015, como era la propuesta original; y que la edad mínima para contender por la gubernatura disminuye de 35 a 30 años. 

Con las recientes reformas constitucionales quedan definidas algunas de las reglas del juego para los siguientes procesos electorales. El Tribunal Electoral se reduce a una sola instancia y no dependerá más del Poder Judicial del Estado. Sus integrantes serán designados por el Senado de la República. Se incrementa del 2 al 3 por ciento de la votación válida el porcentaje que deben obtener los partidos políticos para conservar el registro y recibir financiamiento del gobierno del Estado. Se garantiza la paridad de géneros para todas las candidaturas. Se establece como causa de nulidad de una elección el hecho de que algún candidato se exceda en un 5% del monto total autorizado para los gastos de campaña, siempre y cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. Se introduce la noción de máxima publicidad en materia electoral. Queda como una opción y no una obligación el procedimiento para que los partidos políticos puedan realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campañas electorales por conducto del INE. La ley establecerá las materias, requisitos, alcances, términos y procedimientos para llevar a cabo el plebiscito y referendum. Sobre las candidaturas independientes, la reforma constitucional se limita a abrir la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar con ese carácter, no obstante que la Ley Electoral del Estado se reformó desde el 3 de agosto de 2013 precisando todos los requisitos para su funcionamiento que quedaron suficientemente claros y explícitos, aunque muy difíciles de cumplir.