Los desagradecidos

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Al "Chiquilín", el último de los mohicanos

Lo van a extrañar. Los ingratos dirigentes de los partidos políticos pronto lo echarán de menos. Es incomprensible que se hayan opuesto de manera tan radical a que Rodolfo Aguilar Gallegos ocupara de nuevo la presidencia del máximo organismo electoral del estado, cuando a todos nos consta lo mucho que les sirvió. Difícilmente se van a encontrar a otra autoridad electoral igual de dócil, servicial y encubridora que el ahora denostado ex presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Si Rodolfo Aguilar tuviera un mínimo de dignidad habría rechazado el nombramiento de consejero electoral que a través de turbias negociaciones y como premio de consolación le concedieron, cuando todo indicaba que había sido designado como presidente del ahora Organismo Público Local Electoral del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí (OPLE). Al aceptar el cargo debió por lo menos explicar en un desplegado los motivos de su degradación y los nombres y acciones de cada uno de los que intervinieron en el golpe. No recuerdo otro caso en el que los tres principales partidos políticos hayan coincidido en impugnar a un candidato a ocupar un cargo público y lo hayan manifestado a través de un medio impreso de circulación nacional que suscribieron sus dirigentes estatales.

El gobernador del estado es uno de los principales beneficiarios que no quiere acordarse de los favores recibidos por Aguilar Gallegos. Es un malagradecido pues está en deuda con el ex presidente del CEEPAC quien le permitió excederse en los gastos de campaña autorizados para la elección de gobernador en el 2009 y no ser sancionado. Calculamos que tanto él, como Alejandro Zapata, sobrepasaron en más de cuatro veces el tope permitido. En el informe de egresos que presentaron sus partidos omitieron una serie de eventos que no fueron contabilizados. La equidad democrática se perdió y era causa suficiente para que los tribunales declararan la invalidez de todo el proceso.  Aguilar Gallegos, como el resto de los consejeros toleraron éste y todos los abusos en los que incurrieron. Se le olvidó también que para reconocer su triunfo electoral, Aguilar Gallegos tuvo que violar el acuerdo que se tomó en el Pleno del Consejo en el sentido de que no se daría a conocer el resultado de la elección sino hasta que se avanzara en el conteo oficial que se iniciaría hasta el miércoles 8 de julio. No obstante, unas cuantas horas después de la jornada electoral y a pesar de que los resultados que arrojó el PREP fueron declarados inválidos porque se les "cayó" el sistema, ofreció una rueda de prensa en la que declaró una ventaja creciente a favor del doctor sobre el panista, con una diferencia irreversible de tres puntos porcentuales.

Desde la contienda interna del 2009 observamos que el CEEPAC aceptaría cualquier informe, el que fuera, como el que presentó el PRI en el que aseguraba que la victoria de Toranzo sobre sus compañeros priistas le había costado 222 mil 600 pesos; o la de Zapata, en la que sus financiadores habían aportado 1 millón 225 mil pesos, cuando todos fuimos testigos del derroche que hubo. Sólo los 200 mil pendones que colgó Zapata en todo el territorio potosino para la elección del 5 de julio de 2009 se calcula que tuvieron un costo superior a los 14 millones de pesos, cuando el tope de los gastos de campaña no debía rebasar esa suma. En su cuentapública del 2007 se le fincaron al CEEPAC 37 observaciones cuantitativas, de las cuales le borraron 15 injustificadamente porque a juicio de los auditores quedaban aclaradas. El ocultamiento de los ilícitos de la cuenta pública de Aguilar fracasó porque un grupo de indignados auditores no lo permitió al filtrar a “Pulso” el trabajo que habían realizado algunos de sus compañeros.

Celebramos que haya abortado el intento de apropiación del máximo organismo electoral del estado por parte de un individuo que desvirtuó su naturaleza y que sólo sirvió para encubrir los ilícitos de los dirigentes de los partidos políticos y sus candidatos, aunque lamentamos que para esto se hayan valido de medios poco ortodoxos como desempolvar un expediente administrativo en el que todos los integrantes del Consejo también sería responsable del delito de uso indebido de la función pública por un asunto menor que se tipificó en este caso y que probablemente estaba prescrito, así como conseguir una orden de aprehensión que dieron a conocer unas horas antes de que los consejeros del INE formalizaran el nombramiento, violando la secrecía del proceso penal y dándole oportunidad al inculpado de ampararse. Había causales más civilizados para detenerlo pero no les convenía ventilarlas porque saldrían a flote los ilícitos de los partidos y sus dirigentes. Seguramente que para llegar a estos extremos se trató de negociar con el ahora consejero ciudadano para que declinara en sus pretensiones y se conformara con una posición menor, y no aceptó, confiado en las influencias de su patrocinador y amigo que le ordenó aguantar vara, asegurándole que lo duro y tupido de la oposición pronto pasaría. 

Cómo haya sido, por las buenas o por las malas, lo cierto es que los dirigentes de los partidos políticos y los operadores del gobierno del estado pararon en seco un proyecto con el que se pretendía apoderarse una vez más de una institución que tanto nos costó a los potosinos, y que, sin duda alguna, es la aportación más valiosa que hemos hecho al país en materia de democracia. Sería de esperarse que después de la humillante afrenta que sufrió Rodolfo Aguilar por parte de los dirigentes de los partidos políticos rompa con éstos cualquier compromiso y se comporte como un estricto y celoso vigilante de los intereses de la ciudadanía en el Consejo Estatal Electoral. Sus conocimientos y experiencias en la materia podrían ser de mucha utilidad para ponerlos en orden. Como ningún otro consejero conoce los vericuetos y trampas que utilizan para burlar los topes de campaña y presentar informes y comprobantes falsos de los recursos que reciben por concepto de financiamiento público y privado.

Todo para la BMW

Por Eduardo Martínez Benavente

En solidaridad con el notario Gerardo Parra Dávalos, víctima de los excesos del poder.

Como lo habíamos previsto, el gobierno del doctor Fernando Toranzo bloqueó toda la información relacionada con el Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Proyecto de la Planta Ensambladora de BMW en San Luis Potosí, firmado el pasado viernes 18 de julio, del que nos interesaba conocer el monto y condiciones de los incentivos y subsidios a los que se comprometen los tres niveles de gobierno y las obligaciones que asume la empresa para instalarse en la entidad. 

El 12 de agosto se nos notificó un memorándum de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), en el que nos indica que la información requerida tiene el carácter dereservada y por lo tanto, no nos la puede entregar. Para combatir tal arbitrariedad presentamos el viernes, ante la CEGAIP, un recurso de queja para que le ordene al gobierno la revocación de los acuerdos de reserva y la entrega de la información solicitada. Resulta inaceptable que con argumentos falsos pretenda el gobierno de Toranzo anteponer las cláusulas de confidencialidad del contrato que suscribieron a la prohibición legal de que se establezcan y de que sí se llegaran a pactar se tendrán por no puestas. Se trata de una operación que compromete las finanzas públicas de ésta y de las siguientes administraciones, por un monto que puede alcanzar la suma de 3 mil millones de pesos, y que obligó al gobierno de Querétaro a abandonar la competencia. No se sabe qué porcentaje le corresponde aportar al gobierno del estado.

Argumenta el gobierno de Toranzo en su negativa que “al hacer público el contenido del Convenio, sus anexos y la carta de incentivos (…) se daría origen a la violación de lo declarado en algunas de sus cláusulas con la consecuente responsabilidad administrativa institucional que implica el mismo, pues así fue establecido en el Convenio Marco”.

En abono al derecho que nos asiste, como le asiste a cualquiera otra persona, para acceder a la información solicitada, cabe citar la Ley de Fomento Económico, que en su exposición de motivos señala: "Para conceder estímulos e incentivos se han fijado reglas claras que responden a la necesidad de revestirlas de plena seguridad jurídica, que garanticen que su otorgamiento, aplicación y cancelación, en su caso, se realicen conforme a las disposiciones de esta Ley y respetando los principios constitucionales que rigen la actividad del estado frente a los particulares. Las actividades para el fomento de la inversión tendiente a la promoción del desarrollo económico de la Entidad, requiere de recursos que, para un manejo más eficiente y transparente, se canalizarán al Fondo de Fomento Económico que constituirá y operará el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la participación que de conformidad con la legislación financiera del Estado le corresponde a la Secretaría de Finanzas". 

El artículo 23 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado establece que la asignación de recursos  del Fondo para el Desarrollo Económico se integrará con el 20% del monto recaudado del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal; y en la Ley de Ingresos del 2014 se contempla una captación de 871 millones de pesos, por lo que la expectativa del Fondo es de un poco más de 174 millones. Insuficientes para cubrir las exigencias de la BMW, que dejará sin recursos al gobierno del estado para atender otras inversiones.

Celebramos el anuncio de la instalación de la BMW en San Luis Potosí, pero reprobamos el costo desmesurado que esto implica, el ocultamiento de la información y los ilícitos que rodean a la operación, como es la exención del pago del impuesto predial y otras contribuciones municipales que expresamente las prohíbe el artículo 114 de la Constitución del Estado; así como el fraude en que incurrieron los dueños del fraccionamiento en el que se asentará la empresa porque en los planos que les autorizaron no aparece la cesión del 15% de la superficie vendible que le corresponde al Municipio de Villa de Reyes.

El gobierno del estado argumenta que el daño que se causaría por transparentar la operación es probable porque la publicidad de la información que se solicita afectaría el proceso de formalización con la BMW SLP, de los demás actos jurídicos que aún están pendientes por realizar; igualmente, afectaría las negociaciones que está llevando a cabo con otras empresas, posibilitando diversas prácticas desleales en la atracción de la inversión y toma de decisiones, ya que las empresas prospectas o que actualmente están en pláticas con este gobierno, podrían exigir los mismos incentivos que se ofrecieron a los alemanes, cuando dichos apoyos varían según la empresa de que trate. El argumento representa la confesión de que se rompe con el principio de equidad en el acceso a los estímulos e incentivos a que los obliga la Ley de Fomento Económico y, en consecuencia, el daño probable que argumentan no es producto de las reglas claras que deben regir el fomento económico, sino de la violación a la Ley en que incurren y que, para el caso que nos ocupa, repercute en que el encubrimiento de sus faltas se traduce en un límite al derecho de acceso a la información pública.

Además de las reglas a que se hace referencia en la exposición de motivos, la Ley de Fomento Económico establece principios de equidad en el acceso a los estímulos e incentivos, por lo que resulta a todas luces improcedente cualquier reserva de información, dado que es una medida que rompe con toda posibilidad de un reparto equitativo de esos beneficios al abrir una vía de discrecionalidad en el otorgamiento de los mismos. Dejar al criterio de un funcionario la responsabilidad de fijar el monto de los estímulos y demás prestaciones -y no de la Ley- para que una empresa se instale en San Luis Potosí es un encargo demasiado riesgoso porque se presta a actos de corrupción en el estira y afloja de las negociaciones, y esto sí, desalienta las inversiones. ¡Hasta octubre!

El que sirve a dos amos

Por Eduardo Martínez Benabente

No sabemos qué tan cerca está el ex diputado Jesús Ramírez Stabros de los afectos y confianza del presidente Enrique Peña Nieto, cuál es exactamente su función en la Oficina de la Presidencia y qué grado de cercanía e influencia tiene con los hombres que detentan el poder en ese círculo. Sabemos que presume de su relación y amistad con el coordinador de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa, quien como a muchos otros provincianos les hace creer que tiene el poder político para promoverlos a cualquier cargo de elección popular, y en su caso a la gubernatura del estado. Algunos considerábamos que su presencia en Palacio Nacional era más decorativa que operativa y que respondía a una gracia o recomendación de su padrino para seguir viviendo del presupuesto, hasta que este jueves nos enteramos a través de Pulso y del diario digital "Sin Embargo", que su posición es equiparable a la de un subsecretario de estado y que desempeña dos chambas al mismo tiempo que por su naturaleza son incompatibles, pues además de ser el coordinador de Vinculación de esa Oficina con las Cámaras de Senadores y Diputados, es también miembro del Consejo de Administración de Iberdrola, una empresa de nacionalidad española que ha incursionado en el país en negocios relacionados con la producción y comercialización de electricidad y que ahora, con la reforma constitucional, se apunta en la repartición del gran pastel de los energéticos. Para entrar a esa rebatiña y poder competir con las otras transnacionales interesadas en el negocio se requiere de relaciones e información privilegiada, que sin duda alguna fueron los atributos que los españoles le vieron para invitarlo a ocupar una posición de relevancia en esa empresa.

El coordinador presidencial ha incurrido en un delicado conflicto de intereses que en cualquier país democrático conllevaría graves consecuencias, pues los funcionarios están obligados a salvaguardar la imparcialidad, legalidad y lealtad en el desempeño de su cargo. El artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos les prohíbe expresamente desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión oficial o particular, con excepción de la docencia, y ésta siempre que no se empalme con las horas de oficina, y su incumplimiento da lugar a un proceso de responsabilidad administrativa y a las sanciones que corresponden. Es muy común que los empresarios que proyectan invertir en el país se valgan de cabilderos para incursionar en las oficinas públicas, y más los extranjeros que no entienden la idiosincrasia mexicana. Por eso, por todas partes proliferan gestores o "coyotes" que como él ocupan puestos similares o más importantes para auxiliar a sus clientes. Son los encargados de amenazar, charolear y corromper al que se le ponga enfrente con tal de conseguir sus objetivos. Sabemos que el piloto aviador no será sancionado, cuando mucho, por su torpeza y doble juego, queda eliminado de la lista de aspirantes para representar a su partido en la próxima contienda electoral por la gubernatura del estado, pues sería un candidato muy vulnerable y con todas las de perder.

No basta con presentar una carta de renuncia al presidente del Consejo de Administración que data del 6 de junio pasado para zafarse del compromiso que tiene con Iberdrola y en la que ni siquiera consta la fecha de recepción, pues mientras que la Asamblea de Accionistas no se reúna y acepte su dimisión, sigue vigente su nombramiento, independientemente de que tiene la obligación de rendir cuentas de su gestión. Los españoles tendrán que revelar ahora cuánto le pagaron y aclarar si se incorporó a la empresa como consejero desde 5 de julio de 2013, en plena efervescencia reformadora, como aparece en la página web de Iberdrola, o si sus servicios se iniciaron en el 2009, como trata de justificarse Ramírez Stabros.

El 3 veces ex legislador nunca ha destacado por su inteligencia y cultura, como lo pudimos constatar los potosinos cuando pasó -sin pena ni gloria- por el Congreso del Estado. De su desempeño como diputado federal, en la última ocasión que ocupó un escaño, destaca su record de 145 ausencias en el momento de emitir su voto. Desaparecía, se perdía, se distraía, o iba al baño, el caso es que no votaba. Sus iniciativas versaron principalmente sobre temas intrascendentes de aeronáutica civil. Sin embargo, habrá que reconocer que su fortaleza radica en el carisma y relaciones públicas que quienes lo conocen saben valorar.

En el 2009, cuando contendió en la elección interna del PRI por la gubernatura del estado, denunció que el todavía gobernador Marcelo de los Santos intervino con el aparato gubernamental para hacer ganar a Toranzo. No creo que el apoyo se haya dado pues el contador estaba molesto porque se percató de que él no era el padrino e impulsor de esa candidatura. Nadie le quitó de la cabeza que Horacio Sánchez Unzueta había sido el que lo alentó a participar y se había convertido en su asesor y guía. Como era previsible, todos los contendientes hicieron trampas en esa la elección. Los resultados que reportaron las actas no eran creíbles, eran atípicos, y no tenían lógica alguna. Toranzo se dejó querer y sus operadores fueron más hábiles para atascar de votos las urnas que sus oponentes. No supo ni cómo, pero ganó. El ex líder sindical del gremio de los pilotos dispuso para ese evento de las estructuras del partido que controlaban sus principales impulsores, Adolfo Micalco y Aurelio Gancedo. De Stabros muy poco se podía decir entonces, además de su desarraigo e inmadurez para gobernar al estado. Su principal mérito era que a pocos o a ninguno había agraviado porque desde hacía muchos años no había convivido con los potosinos. Ahora, con esta revelación, se ha convertido en un personaje penosamente conocido por todos.

No dudo que sus aspiraciones para convertirse en el candidato del PRI a la gubernatura hayan sido verdaderas. Sería la segunda ocasión que lo intentara, pues sabe que no hay ningún aspirante que destaque o les lleve la delantera. Todos los que se han apuntado son de tan bajo perfil que cualquiera puede ser el candidato, por lo que no me extrañaría que el presidente invite a un tercero, sin antecedentes políticos, que les arrebate el pastel.

El poder es afrodisiaco

Por Eduardo Martínez Benavente

Es una práctica común entre los que ejercen el poder político del país participar en fiestas en las que los asistentes incurren en toda clase de libertinajes, como a la que asistieron un grupo de panistas hace más de siete meses en una lujosa residencia de Puerto Vallarta y a la que sólo fueron requeridos unos cuantos afortunados de los que integran la élite o "burbuja" de la fracción parlamentaria de ese partido. Los escándalos sexuales y anécdotas de los apetitos inmoderados de nuestros gobernantes son ampliamente conocidos y siempre han existido. Basta con leer las memorias de Gonzalo N. Santos para enterarnos de algunas de esas conductas lascivas que el cacique celebra con ofensiva mofa, o platicar con personas cercanas a algunos de los últimos gobernadores para que nos narren el enamoramiento febril de uno de ellos que desde el helicóptero del gobierno le arrojaba ramos de flores a su querida, o las hazañas de otros, que sin ningún recato presumían sus aventuras y exhibían a sus amantes.

Conozco el caso de una joven maestra que se vio obligada a participar en una orgía organizada por líderes sindicales como condición para que se le reconociera el estatus de trabajadora de base pues su contrato estaba a punto de concluir y no iba a ser renovado. No es necesario aclarar que después de ese reventón quedó traumatizada para el resto de sus días. Hace poco una señora guapa, fina y educada, venida a menos económicamente necesitaba con urgencia un ingreso porque su esposo acababa de fallecer y sólo le había dejado deudas. Para resolver su situación recurrió a una importante funcionaria del gobierno estatal para que la acomodara en cualquier oficina. La respuesta de su amiga fue negativa pues le explicó que el ambiente en ese medio era pesadísimo y no aguantaría el acoso sexual de sus jefes y compañeros.

Son aves raras los funcionarios de alto nivel que observan una conducta intachable en cualquier ocasión, y que no aceptarían, bajo ningún motivo, asistir a una de esas francachelas en las que el anfitrión paga el vino y las mujeres con la intención de relacionarse con ellos para pedirles algún favor o amarrar un negocio. Tendríamos que ser demasiado inocentes para suponer que en el informe de gastos que presentó el encargado de administrar los recursos públicos destinados a cubrir la reunión que celebraron los panistas para discutir su agenda de trabajo en ese puerto podemos encontrar algún concepto relacionado con el agasajo. Estoy seguro que el informe está perfectamente soportado con pólizas y facturas que justifican hasta el último centavo del millón 500 mil pesos destinado a la jornada legislativa, independientemente de que se erogó una cantidad razonable si consideramos que asistieron unos 150 panistas, entre los 114 diputados que conforman esa fracción, asesores e invitados. Un paquete turístico de 4 noches con alimentos, un buen hotel y transporte con un valor de 10 mil pesos por persona es aceptable.

Qué bueno sería para los panistas que el escándalo terminara en una simple malversación de fondos. Sabemos que el resultado de la investigación, si algún día concluye, no convencerá a nadie, pues el meollo del asunto es muy delicado, ya que todo indica que esa fiesta fue pagada y organizada por un presunto delincuente de Monterrey sobre el que pesan serias acusaciones de homicidio y narcotráfico; y que compartió el pan, la sal y las mujeres con los panistas. Creo que éste fue el que filtró el video porque no llegó a una buena negociación con sus influyentes invitados. El diputado de Nuevo León que estuvo presente debió advertirles a sus compañeros los antecedentes del anfitrión. Nadie acepta que un individuo desconocido y ajeno al círculo de amigos de confianza participe con uno en un reventón.

Sólo los hipócritas y mojigatos fingen escandalizarse ante un reportaje tan oportuno y revelador que muchos celebramos porque se exhiben las miserias de un grupo de diputados vende patrias de Acción Nacional, que podrían haber sido de cualquier otro partido, y que fueron grabados con las manos en la masa corporal de esas mujeres por una cámara oculta que pudo haber sido operada por alguno de los guaruras del anfitrión que se desplazaba por el inmueble "como Pedro por su casa" repartiendo condones. Gracias a la agudeza periodística de Reporte Indigo nos salvamos ese lunes de que la nota principal fuera la promulgación de las leyes secundarias de la Reforma Energética. Ese día millones de mexicanos vimos y comentamos el video y a muy pocos nos interesó lo que pasaba en Palacio Nacional, por eso creo que ni los servicios de inteligencia del gobierno federal ni los priistas tuvieron algo que ver con esa celada. Como tampoco creo que los autores hayan sido miembros de la pandilla de Ernesto Cordero, pues si hubieran tenido el video seguramente que lo hubieran dado a conocer antes de la fecha de la elección interna del PAN en la que eligieron a su presidente para descarrilar a la máquina de Gustavo Madero que les ganó la elección.

Los razonamientos empleados por Alejandro Zapata para minimizar su participación en esa fiesta son lastimosos e infantiles. En lugar de haberse quedado callado y apechugar el costo político y la regañada correspondiente por el evidente charloteo y apapachos que intercambió con la dama, dio una explicación por demás insensata a la opinión pública que vio y analizó el video, y que podría haber sido la misma que un novato, y no un lobo de mar, le daría a su pareja ante un incidente de faldas. Tuvo la desvergüenza de afirmar que no hizo absolutamente nada y que ni siquiera sabía de qué se trataba cuando lo citaron y que hasta que vio el baile supo el motivo. "Me quedé yo solamente un rato y luego me regresé a mi hotel..." Declaró vía telefónica a Pulso. Nomás le faltó aclarar que se salió de la fiesta porque estaba bien aburrida y que sólo había mujeres viejas y feas que lo estaban molestando porque querían bailar. No creo que el escándalo se prolongue por mucho tiempo aunque sí el pitorreo de los amigos y compañeros del ex candidato perdedor. Creo que es muy difícil que Zapata vuelva nuevamente a representar a su partido en la contienda electoral por la gubernatura. Se desligó de San Luis y no cumplió con su compromiso de vigilar y denunciar las actuaciones de Toranzo.

Entre auditores te veas

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Si estuviera en los zapatos del alcalde Mario García Valdez le aconsejaría a los funcionarios de mi administración que bajo ningún motivo se presenten a solventar las observaciones derivadas de la revisión que practicó el auditor superior del estado a la cuenta pública del Ayuntamiento porque no ha sido parejo con los entes auditados. A unos les cargala mano y a otros les tapa sus tropelías. Declararía la rebeldía del municipio a atender cualquier requerimiento emanado de esa autoridad y les ordenaría a mis subalternos que queda expresamente prohibido comparecer ante esa instancia. En pocas palabas, les pediría que lo manden al diablo. De cualquier manera saben que no serán sancionados y que si algún día les aplica una multa no podrá hacerla efectiva porque no tendrán nada a su nombre. El mejor ejemplo de la impunidad que campea en el estado es el trato que se le ha dado a los funcionarios del gobierno de Victoria Labastida, que a pesar de los delitos en que incurrieron y que han quedado debidamente acreditados, no serán castigados. La negativa a presentarse ante el auditor superior, como una acción de protesta, se justifica plenamente por la parcialidad con la que se ha conducido y la selectividad con la que opera al dictaminar observaciones financieras en la cuenta pública del ex rector que a otros presidentes municipales, como el de Soledad de Graciano Sánchez, perdona.

No se vale que a su administración le haya señalado, dentro de las observaciones financieras no desahogadas, el gasto que registró por 4 millones 484 mil pesos en la adquisición de 40,599 despensas, a un costo de 110 pesos con 44 centavos cada una, porque no presentó los acuses de recibo firmados por los beneficiarios ni la copia de las identificaciones oficiales para cotejar sus firmas; mientras que al Municipio de Soledad, que preside otro de los aspirantes a la gubernatura del estado, no le hizo una sola observación por ese concepto, no obstante que entre enero y noviembre de 2013 repartió más de 94 mil despensas con un valor superior a los 21 millones 200 mil pesos que ni siquiera están contabilizados, a un costo que varía entre 203 y 285 pesos cada una, como se hizo ver en las hojas de trabajo que los auditores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) nos hicieron llegar ante el temor fundado de que sus observaciones serían eliminadas, como finalmente ocurrió. En estos documentos se asienta que se desconoce el contenido de la canasta alimentaria y que no se acompañó la documentación de los beneficiarios, como sería la solicitud, carta de agradecimiento, recibo e identificación, ni estudio socioeconómico. Los auditores también observaron que por el importe de la adquisición debió realizarse una licitación nacional que no se acreditó y que sólo 174 despensas se las compraron a un proveedor distinto a la señora Judith Trinidad Torres Pachicano. Es inocultable el uso político que los alcaldes de Soledad y San Luis Potosí hacen de estos donativos que distribuyen con la finalidad de engrosar su base social para que los apoyen en sus incursiones electorales y que las autoridades electorales impunemente permiten. Esto es sólo un ejemplo de las distintas varas que utiliza para medir una misma malversación de recursos, pero suficiente para que García Valdez se declare en rebeldía.

Otro gasto que no se puede explicar por las diferencias que existen en el número de empleados entre estos municipios es el relativo a la prestación de los servicios médicos que celebró el Ayuntamiento de Soledad con la Clínica de Especialidades Wong, que con 1,367 burócratas que tiene registrados en su nómina pagó facturas en el 2013, sin contar medicamentos, por más de 61 millones de pesos; mientras que el municipio de la capital, con 5 mil 77 trabajadores reporta un gasto por atención hospitalaria de 76 millones de pesos, también sin medicinas, más otros 40 millones que se cubrieron por exceder la cobertura de la póliza de seguro.

El auditor no verificó en las actas de cabildo de los ayuntamientos de San Luis y Soledad si los fraccionadores cumplieron con la obligación de ceder al municipio las áreas de donación que tenían que haber entregado por la autorización de sus proyectos inmobiliarios, y si esas superficies corresponden a las que señala la Ley de Desarrollo Urbano. Ahora, con motivo del pleito que ha protagonizado la familia Schekeiban Sarquis contra Industrial Minera México (IMMSA) por el desalojo violento de un predio que reclaman de su propiedad y en el que acusan en un desplegado publicado hace unos días de que el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Unzueta, se vale de sus relaciones políticas e influencias para arrebatarles el predio; salta oportunamente un tema que es del interés de los potosinos y que merece la pena investigarlo, y es el que se refiere a la autorización de un ambicioso desarrollo urbano proyectado en los terrenos que ocupaba su planta de cobre en la fracción de Morales. Para esto estamos solicitando al municipio de la capital, en ejercicio de la Ley de Transparencia, que nos proporcione  una copia del acuerdo de Cabildo y de la Comisión de Alumbrado y Desarrollo Urbano en la que conste la autorización que se le dio a IMMSA para el cambio de uso de suelo de los terrenos correspondiente a ese inmueble; así como una copia de la autorización municipal para subdividir su propiedad, pues en este caso tenía que haber cedido el 10% de la superficie total al Ayuntamiento. Es un hecho público y notorio que, por lo menos, se han segregado dos fracciones de ese inmueble; el primero, en el que se construyó el Teatro Bicentenario de la UASLP; y el segundo, en el que se levanta la Escuela Bancaria y Comercial, Campus San Luis. Estamos seguros de que la empresa no cumplió con estos requisitos pues en el inventario de bienes inmuebles del municipio no aparece ninguna propiedad ubicada en ese sitio.

Entre auditores te veas

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

El motivo del auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, de sentar y exhibir en el banquillo de los acusados al ex auditor Héctor Mayorga, como cualquier otro malhechor, se debe a una revancha por los conflictos que le ha armado en el interior del organismo fiscalizador que ahora dirige y haber filtrado información que ha dañado su imagen; y no al interés de integrar una investigación seria y exhaustiva de sus actuaciones al frente de esa oficina para que se le aplique la Ley. Busca desquitarse de las afrentas que le ha inferido exhibiéndolo públicamente como un vulgar dilapidador de los recursos que administró, por lo que sólo se centrará en asuntos menores y no incursionará en otro tipo de responsabilidades como las que corresponden por haber encubierto a conocidos delincuentes y haber dejado que pasaran más de cuatro años sin resolver en definitiva si el ex gobernador Marcelo de los Santos o el actual solventaron las observaciones que les fincó en el informe de la auditoría de la cuenta pública del 2009 del Poder Ejecutivo, referentes al desvío de una buena parte del préstamo de los 1,500 millones de pesos que el primero gestionó, y que no sabemos quién de ellos, o si los dos, son culpables de esos ilícitos, como también podemos pronosticar que el nuevo auditor no hará absolutamente nada para esclarecer este caso, no obstante de que ya existe un predictamen en el que nos asegura uno de los ex asesores más cercanos de Mayorga que la responsabilidad es compartida y que los dos hicieron mal uso de esos recursos.

Habrá que recordar que en el informe de la auditoría correspondiente a ese ejercicio, el ex auditor palomeó sin observación alguna 381 de los 1,500 millones prestados, a Toranzo le señaló 561 millones de desvíos y 558 al gobierno marcelista. Cualquiera puede predecir, sin riesgo a equivocarse, que el ex auditor no será sancionado y que si algún día logran formalizarle algún cargo no sabrán cómo hacerlo efectivo, pues sus habilidades para chicanear y prolongar indefinidamente cualquier litigio son por todos conocidas. Por lo pronto, para demostrar su rebeldía, ha desentendido los citatorios que la Auditoría Superior del Estado (ASE) le ha girado para que se presente a declarar con el trillado pretexto de que él y su ex coordinador de Ejecución, Juan José Frías Aguilera, a quien también están convocando, se encuentran incapacitados.

Un grupo de ciudadanos que hemos estado investigando el destino que se le dio a ese crédito llegamos hace unos meses a la conclusión de que el ex gobernador Marcelo de los Santos dispuso de la totalidad de ese dinero y que no le había dejado a su sucesor ningún remanente. Para eso nos basamos en la información que obtuvimos a través de engorrosas gestiones judiciales y administrativas. Ahora creemos que estamos equivocados y tenemos serias dudas de haberle adjudicado al ex gobernador toda la responsabilidad, pues independientemente de lo que nos ha explicado el ex consejero de Mayorga, la ilegal cerrazón del gobierno de Fernando Toranzo para entregarnos la documentación solicitada, lo exhibe y delata como responsable de una buena parte de ese desvío. Su gobierno ha llegado a los extremos de utilizar al Juez Tercero del Ramo Penal para que clasifique como reservada la información requerida porque según él forma parte de un proceso penal, como si no entendiera que lo que estamos investigando es el destino que se le dio a esos recursos, que por su naturaleza es información pública, y no el estado que guarda el expediente. El Poder Judicial de la Federación le había ordenado a la CEGAIP que hiciera valer el acuerdo con el que en un principio había desclasificado la información de la auditoría de la cuenta pública estatal del 2009 como reservada, y que después, su presidente no sostuvo y revocó en una resolución arbitraria y unilateral. El amparo que se nos concedió se convirtió en el primer precedente para que la información sobre la revisión de las cuentas públicas dejara de ser un secreto.

Si Toranzo estuviera libre de culpa sería el principal interesado en ordenar la entrega y difusión de los estados financieros y movimientos bancarios, con pólizas y comprobantes de los gastos de las 9 cuentas a las que el ex gobernador transfirió el importe del crédito y desde las que se expidieron los cheques y órdenes de pago hasta agotarse los recursos. Sólo así podríamos contar con un sustento documental completo que nos permitiría seguirle la pista a la dispersión de esos fondos. Es inaceptable que la ASE con decenas de expertos contadores que cobran en su nómina no haya emitido un dictamen final en el que resuelva de una vez y para siempre quién fue el responsable de esas pillerías.

Se ha dejado correr la versión de que el ex titular de la ASE tiene abiertas cuatro investigaciones que van desde las multas e indemnizaciones cobradas a los presidentes y tesoreros municipales que se cubrieron en especie, sin que se les exigiera un avalúo que determinara el valor del inmueble que se daba en pago, hasta los fondos especiales que ha recibido de la Auditoría Superior de la Federación destinados a revisar dependencias que manejan recursos federales. Así como el montón de empleados de confianza a los que les dio base. Según el informe del cuarto trimestre de 2013, la ASE tuvo un presupuesto autorizado de un poco más de 133 millones de pesos, aunque al final ejerció más de 160 millones de pesos. Para este 2014, según el informe del segundo trimestre, el presupuesto autorizado es de 155 millones 911 mil pesos y ha tenido en lo que va del año varias ampliaciones que lo llevan a 162 millones 188 mil pesos. Todo tirado a la basura, ya que los resultados por el cobro de indemnizaciones y multas a los entes auditados son un fracaso y ni siquiera ha logrado reducir los ilícitos e irregularidades en que incurren permanentemente. Es necesario que un despacho externo de contadores revise las cuentas que maneja discrecionalmente el auditor superior del estado. A nadie rinde cuentas, ni nadie se las pide. Su contraloría interna no es confiable. No existe ningún otro organismo o dependencia de gobierno que maneje con más libertad e impunidad los dineros que se le confían, que ese inútil recoveco. 

100 mil metros cuadrados de corrupción

Por Eduardo Martínez Benavente

El 15 de diciembre de 2011, día de San Urbicio, en la ex biblioteca del obispo “piedrotas” José María Ignacio Montes de Oca y Obregón -mote que se había ganado por aquello de las piedras preciosas que ostentaba en sus anillos-, ahora Salón de Cabildos del Palacio Municipal, debajo de uno de los óleos del pintor italiano Eroli que se localizan en la bóveda de ese recinto, exactamente el que representa El Infierno; el cabildo municipal que presidía la priista Victoria Labastida aprobaba sin objeciones, entre otros muchos asuntos, la autorización condicionada del fraccionamiento “El Peñón”, 1a. etapa, a desarrollarse en una superficie de 2 millones 671 mil metros cuadrados, de los más de 14 millones 476 mil metros cuadrados que abarca el proyecto inmobiliario más ambicioso de que se tenga memoria en la historia de San Luis Potosí.

En la sesión de ese día se autorizaba la lotificación propuesta por los representantes de Desarrolladora El Peñón, S.A. de C.V., Urbano Díaz de León Barroso y Samuel Villarreal Aguirre, así como la distribución de vialidades y el área de donación que ofrecían, que según el dictamen aprobado 6 días antes por la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, presidida por el regidor Luis Miguel Ávalos Oyervides, se había llegado al acuerdo de descontar del área de donación que le corresponde al municipio, la superficie de las avenidas que excedieran una anchura superior a los 30 metros; de tal manera que si la arteria principal que atraviesa el fraccionamiento tiene una extensión de aproximadamente 10 kilómetros y una amplitud de 40 metros; los 10 metros que rebasan la medida reglamentaria por los 10 mil metros que mide la avenida, dan, si Pitágoras no miente, 100 mil metros cuadrados de excedentes que se tomarían a cuenta de las áreas de donación que deberían entregarse urbanizadas, en el lugar que eligiera el municipio para obras de infraestructura urbana y susceptibles de ser enajenadas. En el plano que se autorizó no se precisó la superficie vendible del fraccionamiento, ni las áreas verdes, ni las superficies de las dos presas proyectadas, así como otras zonas que por su naturaleza e impacto ambiental son intocables. El pago de impuestos por la autorización del fraccionamiento se pactó en cómodas mensualidades, como si se tratara de un “negocio de saliva” en la que el flujo de efectivo sólo dependiera de los enganches y mensualidades que podrían recaudar de sus clientes, una vez que se iniciara la preventa.

Un privilegio de esta valía –y  otros que después daremos a conocer– sólo se explica si hay de por medio un padrino muy influyente metido en el negocio o una contraprestación económica que satisfaga la codicia de la autoridad que otorga el permiso. Sólo así se entiende el compromiso de la Junta Estatal de Caminos de construir con recursos públicos una avenida que sería la columna vertebral de un millonario negocio privado. Hasta la persona más atolondrada podrá deducir que el precio del metro cuadrado de un terreno con vista a esa ancha avenida será muy superior al de un terreno que sólo se asome a las vialidades con dimensiones comunes. Como sería también el caso de los terrenos colindantes a la superficie que se “donaría” como área verde para que el gobierno del estado construyera con recursos propios un nuevo Parque Tangamanga en un espacio de 200 hectáreas, y que el gobernador, en un chispazo poco común de perspicacia rechazó porque advirtió que si aceptaba el regalo y se comprometía con la obra, le borraría los pecados al proyecto y haría multimillonarios a sus dueños por el valor que alcanzarían esos predios, además de que no cuenta con recursos para llevar a cabo la obra, ni partida presupuestal para su mantenimiento, y que ya son demasiados los compromisos de pago que le heredará al que lo suceda.

Para justificar la renuncia a las áreas de donación Oyervides citó el artículo 44 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de San Luis Potosí, el cual menciona que cuando por decisión del Ayuntamiento o por disposición de los planes estatales o municipales de desarrollo, se requieran calles con anchura superior a 30 metros, las superficies que excedan a esa extensión serán descontadas de aquellas que el fraccionador deba donar al Municipio. Los síndicos, secretario general y demás abogados de esa administración sabían que esa prerrogativa era ilegal porque contraviene la Ley de Desarrollo Urbano que establece la obligación de ceder al municipio el 15% de la superficie vendible cuando se autoriza un fraccionamiento o condominio, sin excepción alguna; independientemente de que ese reglamento administrativo que se aprobó durante la trienio del panista Mario Leal Campos, no tenía otro objetivo que favorecer a otro grupo de especuladores del suelo urbano. Un reglamento no puede estar por encima de la Ley. En esa ocasión, Eduardo García Navarro y Carlos Gerardo López Medina, principales accionistas de Grupo Desarrollador Cima, se vieron favorecidos por el acuerdo tomado en la sesión de cabildo que se celebró el 1 de noviembre de 1994, en el que se autorizó el exclusivo fraccionamiento “Colinas del Parque”, colindante al Parque Tangamanga I, descontándoles miles de metros cuadrados con el argumento de que la anchura de la avenida Chapultepec excedía las dimensiones reglamentarias.

Al gobierno del ex rector Mario García Valdez no le ha interesado investigar las evidentes irregularidades y maniobras fraudulentas que rodean el proyecto del Gran Peñón, empezando por el plan concebido que utilizaron para obtener el cambio de uso de suelo. La Comisión de Alumbrado y Obra Público emitió un dictamen que aprobó el cabildo en la sesión que celebró el 14 de enero de 2011, en la que se autorizó a solicitud de una autoridad el cambio de uso de suelo para el proyecto del nuevo libramiento de la ciudad. En esa solicitud se incluyó dolosamente un polígono mayor que abarcaba las coordenadas precisas del Ejido el Aguaje, en el que más tarde se desarrollaría el proyecto del fraccionamiento el Gran Peñón. Como la solicitud de cambio de uso de suelo la presentó una instancia gubernamental quedó exenta del pago del impuesto, pues si lo hubiera hecho un particular tendría que haber cubierto más de 70 millones de pesos por este concepto.