El poder es afrodisiaco

Por Eduardo Martínez Benavente

Es una práctica común entre los que ejercen el poder político del país participar en fiestas en las que los asistentes incurren en toda clase de libertinajes, como a la que asistieron un grupo de panistas hace más de siete meses en una lujosa residencia de Puerto Vallarta y a la que sólo fueron requeridos unos cuantos afortunados de los que integran la élite o "burbuja" de la fracción parlamentaria de ese partido. Los escándalos sexuales y anécdotas de los apetitos inmoderados de nuestros gobernantes son ampliamente conocidos y siempre han existido. Basta con leer las memorias de Gonzalo N. Santos para enterarnos de algunas de esas conductas lascivas que el cacique celebra con ofensiva mofa, o platicar con personas cercanas a algunos de los últimos gobernadores para que nos narren el enamoramiento febril de uno de ellos que desde el helicóptero del gobierno le arrojaba ramos de flores a su querida, o las hazañas de otros, que sin ningún recato presumían sus aventuras y exhibían a sus amantes.

Conozco el caso de una joven maestra que se vio obligada a participar en una orgía organizada por líderes sindicales como condición para que se le reconociera el estatus de trabajadora de base pues su contrato estaba a punto de concluir y no iba a ser renovado. No es necesario aclarar que después de ese reventón quedó traumatizada para el resto de sus días. Hace poco una señora guapa, fina y educada, venida a menos económicamente necesitaba con urgencia un ingreso porque su esposo acababa de fallecer y sólo le había dejado deudas. Para resolver su situación recurrió a una importante funcionaria del gobierno estatal para que la acomodara en cualquier oficina. La respuesta de su amiga fue negativa pues le explicó que el ambiente en ese medio era pesadísimo y no aguantaría el acoso sexual de sus jefes y compañeros.

Son aves raras los funcionarios de alto nivel que observan una conducta intachable en cualquier ocasión, y que no aceptarían, bajo ningún motivo, asistir a una de esas francachelas en las que el anfitrión paga el vino y las mujeres con la intención de relacionarse con ellos para pedirles algún favor o amarrar un negocio. Tendríamos que ser demasiado inocentes para suponer que en el informe de gastos que presentó el encargado de administrar los recursos públicos destinados a cubrir la reunión que celebraron los panistas para discutir su agenda de trabajo en ese puerto podemos encontrar algún concepto relacionado con el agasajo. Estoy seguro que el informe está perfectamente soportado con pólizas y facturas que justifican hasta el último centavo del millón 500 mil pesos destinado a la jornada legislativa, independientemente de que se erogó una cantidad razonable si consideramos que asistieron unos 150 panistas, entre los 114 diputados que conforman esa fracción, asesores e invitados. Un paquete turístico de 4 noches con alimentos, un buen hotel y transporte con un valor de 10 mil pesos por persona es aceptable.

Qué bueno sería para los panistas que el escándalo terminara en una simple malversación de fondos. Sabemos que el resultado de la investigación, si algún día concluye, no convencerá a nadie, pues el meollo del asunto es muy delicado, ya que todo indica que esa fiesta fue pagada y organizada por un presunto delincuente de Monterrey sobre el que pesan serias acusaciones de homicidio y narcotráfico; y que compartió el pan, la sal y las mujeres con los panistas. Creo que éste fue el que filtró el video porque no llegó a una buena negociación con sus influyentes invitados. El diputado de Nuevo León que estuvo presente debió advertirles a sus compañeros los antecedentes del anfitrión. Nadie acepta que un individuo desconocido y ajeno al círculo de amigos de confianza participe con uno en un reventón.

Sólo los hipócritas y mojigatos fingen escandalizarse ante un reportaje tan oportuno y revelador que muchos celebramos porque se exhiben las miserias de un grupo de diputados vende patrias de Acción Nacional, que podrían haber sido de cualquier otro partido, y que fueron grabados con las manos en la masa corporal de esas mujeres por una cámara oculta que pudo haber sido operada por alguno de los guaruras del anfitrión que se desplazaba por el inmueble "como Pedro por su casa" repartiendo condones. Gracias a la agudeza periodística de Reporte Indigo nos salvamos ese lunes de que la nota principal fuera la promulgación de las leyes secundarias de la Reforma Energética. Ese día millones de mexicanos vimos y comentamos el video y a muy pocos nos interesó lo que pasaba en Palacio Nacional, por eso creo que ni los servicios de inteligencia del gobierno federal ni los priistas tuvieron algo que ver con esa celada. Como tampoco creo que los autores hayan sido miembros de la pandilla de Ernesto Cordero, pues si hubieran tenido el video seguramente que lo hubieran dado a conocer antes de la fecha de la elección interna del PAN en la que eligieron a su presidente para descarrilar a la máquina de Gustavo Madero que les ganó la elección.

Los razonamientos empleados por Alejandro Zapata para minimizar su participación en esa fiesta son lastimosos e infantiles. En lugar de haberse quedado callado y apechugar el costo político y la regañada correspondiente por el evidente charloteo y apapachos que intercambió con la dama, dio una explicación por demás insensata a la opinión pública que vio y analizó el video, y que podría haber sido la misma que un novato, y no un lobo de mar, le daría a su pareja ante un incidente de faldas. Tuvo la desvergüenza de afirmar que no hizo absolutamente nada y que ni siquiera sabía de qué se trataba cuando lo citaron y que hasta que vio el baile supo el motivo. "Me quedé yo solamente un rato y luego me regresé a mi hotel..." Declaró vía telefónica a Pulso. Nomás le faltó aclarar que se salió de la fiesta porque estaba bien aburrida y que sólo había mujeres viejas y feas que lo estaban molestando porque querían bailar. No creo que el escándalo se prolongue por mucho tiempo aunque sí el pitorreo de los amigos y compañeros del ex candidato perdedor. Creo que es muy difícil que Zapata vuelva nuevamente a representar a su partido en la contienda electoral por la gubernatura. Se desligó de San Luis y no cumplió con su compromiso de vigilar y denunciar las actuaciones de Toranzo.

Entre auditores te veas

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

Si estuviera en los zapatos del alcalde Mario García Valdez le aconsejaría a los funcionarios de mi administración que bajo ningún motivo se presenten a solventar las observaciones derivadas de la revisión que practicó el auditor superior del estado a la cuenta pública del Ayuntamiento porque no ha sido parejo con los entes auditados. A unos les cargala mano y a otros les tapa sus tropelías. Declararía la rebeldía del municipio a atender cualquier requerimiento emanado de esa autoridad y les ordenaría a mis subalternos que queda expresamente prohibido comparecer ante esa instancia. En pocas palabas, les pediría que lo manden al diablo. De cualquier manera saben que no serán sancionados y que si algún día les aplica una multa no podrá hacerla efectiva porque no tendrán nada a su nombre. El mejor ejemplo de la impunidad que campea en el estado es el trato que se le ha dado a los funcionarios del gobierno de Victoria Labastida, que a pesar de los delitos en que incurrieron y que han quedado debidamente acreditados, no serán castigados. La negativa a presentarse ante el auditor superior, como una acción de protesta, se justifica plenamente por la parcialidad con la que se ha conducido y la selectividad con la que opera al dictaminar observaciones financieras en la cuenta pública del ex rector que a otros presidentes municipales, como el de Soledad de Graciano Sánchez, perdona.

No se vale que a su administración le haya señalado, dentro de las observaciones financieras no desahogadas, el gasto que registró por 4 millones 484 mil pesos en la adquisición de 40,599 despensas, a un costo de 110 pesos con 44 centavos cada una, porque no presentó los acuses de recibo firmados por los beneficiarios ni la copia de las identificaciones oficiales para cotejar sus firmas; mientras que al Municipio de Soledad, que preside otro de los aspirantes a la gubernatura del estado, no le hizo una sola observación por ese concepto, no obstante que entre enero y noviembre de 2013 repartió más de 94 mil despensas con un valor superior a los 21 millones 200 mil pesos que ni siquiera están contabilizados, a un costo que varía entre 203 y 285 pesos cada una, como se hizo ver en las hojas de trabajo que los auditores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) nos hicieron llegar ante el temor fundado de que sus observaciones serían eliminadas, como finalmente ocurrió. En estos documentos se asienta que se desconoce el contenido de la canasta alimentaria y que no se acompañó la documentación de los beneficiarios, como sería la solicitud, carta de agradecimiento, recibo e identificación, ni estudio socioeconómico. Los auditores también observaron que por el importe de la adquisición debió realizarse una licitación nacional que no se acreditó y que sólo 174 despensas se las compraron a un proveedor distinto a la señora Judith Trinidad Torres Pachicano. Es inocultable el uso político que los alcaldes de Soledad y San Luis Potosí hacen de estos donativos que distribuyen con la finalidad de engrosar su base social para que los apoyen en sus incursiones electorales y que las autoridades electorales impunemente permiten. Esto es sólo un ejemplo de las distintas varas que utiliza para medir una misma malversación de recursos, pero suficiente para que García Valdez se declare en rebeldía.

Otro gasto que no se puede explicar por las diferencias que existen en el número de empleados entre estos municipios es el relativo a la prestación de los servicios médicos que celebró el Ayuntamiento de Soledad con la Clínica de Especialidades Wong, que con 1,367 burócratas que tiene registrados en su nómina pagó facturas en el 2013, sin contar medicamentos, por más de 61 millones de pesos; mientras que el municipio de la capital, con 5 mil 77 trabajadores reporta un gasto por atención hospitalaria de 76 millones de pesos, también sin medicinas, más otros 40 millones que se cubrieron por exceder la cobertura de la póliza de seguro.

El auditor no verificó en las actas de cabildo de los ayuntamientos de San Luis y Soledad si los fraccionadores cumplieron con la obligación de ceder al municipio las áreas de donación que tenían que haber entregado por la autorización de sus proyectos inmobiliarios, y si esas superficies corresponden a las que señala la Ley de Desarrollo Urbano. Ahora, con motivo del pleito que ha protagonizado la familia Schekeiban Sarquis contra Industrial Minera México (IMMSA) por el desalojo violento de un predio que reclaman de su propiedad y en el que acusan en un desplegado publicado hace unos días de que el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Unzueta, se vale de sus relaciones políticas e influencias para arrebatarles el predio; salta oportunamente un tema que es del interés de los potosinos y que merece la pena investigarlo, y es el que se refiere a la autorización de un ambicioso desarrollo urbano proyectado en los terrenos que ocupaba su planta de cobre en la fracción de Morales. Para esto estamos solicitando al municipio de la capital, en ejercicio de la Ley de Transparencia, que nos proporcione  una copia del acuerdo de Cabildo y de la Comisión de Alumbrado y Desarrollo Urbano en la que conste la autorización que se le dio a IMMSA para el cambio de uso de suelo de los terrenos correspondiente a ese inmueble; así como una copia de la autorización municipal para subdividir su propiedad, pues en este caso tenía que haber cedido el 10% de la superficie total al Ayuntamiento. Es un hecho público y notorio que, por lo menos, se han segregado dos fracciones de ese inmueble; el primero, en el que se construyó el Teatro Bicentenario de la UASLP; y el segundo, en el que se levanta la Escuela Bancaria y Comercial, Campus San Luis. Estamos seguros de que la empresa no cumplió con estos requisitos pues en el inventario de bienes inmuebles del municipio no aparece ninguna propiedad ubicada en ese sitio.

Entre auditores te veas

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

El motivo del auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, de sentar y exhibir en el banquillo de los acusados al ex auditor Héctor Mayorga, como cualquier otro malhechor, se debe a una revancha por los conflictos que le ha armado en el interior del organismo fiscalizador que ahora dirige y haber filtrado información que ha dañado su imagen; y no al interés de integrar una investigación seria y exhaustiva de sus actuaciones al frente de esa oficina para que se le aplique la Ley. Busca desquitarse de las afrentas que le ha inferido exhibiéndolo públicamente como un vulgar dilapidador de los recursos que administró, por lo que sólo se centrará en asuntos menores y no incursionará en otro tipo de responsabilidades como las que corresponden por haber encubierto a conocidos delincuentes y haber dejado que pasaran más de cuatro años sin resolver en definitiva si el ex gobernador Marcelo de los Santos o el actual solventaron las observaciones que les fincó en el informe de la auditoría de la cuenta pública del 2009 del Poder Ejecutivo, referentes al desvío de una buena parte del préstamo de los 1,500 millones de pesos que el primero gestionó, y que no sabemos quién de ellos, o si los dos, son culpables de esos ilícitos, como también podemos pronosticar que el nuevo auditor no hará absolutamente nada para esclarecer este caso, no obstante de que ya existe un predictamen en el que nos asegura uno de los ex asesores más cercanos de Mayorga que la responsabilidad es compartida y que los dos hicieron mal uso de esos recursos.

Habrá que recordar que en el informe de la auditoría correspondiente a ese ejercicio, el ex auditor palomeó sin observación alguna 381 de los 1,500 millones prestados, a Toranzo le señaló 561 millones de desvíos y 558 al gobierno marcelista. Cualquiera puede predecir, sin riesgo a equivocarse, que el ex auditor no será sancionado y que si algún día logran formalizarle algún cargo no sabrán cómo hacerlo efectivo, pues sus habilidades para chicanear y prolongar indefinidamente cualquier litigio son por todos conocidas. Por lo pronto, para demostrar su rebeldía, ha desentendido los citatorios que la Auditoría Superior del Estado (ASE) le ha girado para que se presente a declarar con el trillado pretexto de que él y su ex coordinador de Ejecución, Juan José Frías Aguilera, a quien también están convocando, se encuentran incapacitados.

Un grupo de ciudadanos que hemos estado investigando el destino que se le dio a ese crédito llegamos hace unos meses a la conclusión de que el ex gobernador Marcelo de los Santos dispuso de la totalidad de ese dinero y que no le había dejado a su sucesor ningún remanente. Para eso nos basamos en la información que obtuvimos a través de engorrosas gestiones judiciales y administrativas. Ahora creemos que estamos equivocados y tenemos serias dudas de haberle adjudicado al ex gobernador toda la responsabilidad, pues independientemente de lo que nos ha explicado el ex consejero de Mayorga, la ilegal cerrazón del gobierno de Fernando Toranzo para entregarnos la documentación solicitada, lo exhibe y delata como responsable de una buena parte de ese desvío. Su gobierno ha llegado a los extremos de utilizar al Juez Tercero del Ramo Penal para que clasifique como reservada la información requerida porque según él forma parte de un proceso penal, como si no entendiera que lo que estamos investigando es el destino que se le dio a esos recursos, que por su naturaleza es información pública, y no el estado que guarda el expediente. El Poder Judicial de la Federación le había ordenado a la CEGAIP que hiciera valer el acuerdo con el que en un principio había desclasificado la información de la auditoría de la cuenta pública estatal del 2009 como reservada, y que después, su presidente no sostuvo y revocó en una resolución arbitraria y unilateral. El amparo que se nos concedió se convirtió en el primer precedente para que la información sobre la revisión de las cuentas públicas dejara de ser un secreto.

Si Toranzo estuviera libre de culpa sería el principal interesado en ordenar la entrega y difusión de los estados financieros y movimientos bancarios, con pólizas y comprobantes de los gastos de las 9 cuentas a las que el ex gobernador transfirió el importe del crédito y desde las que se expidieron los cheques y órdenes de pago hasta agotarse los recursos. Sólo así podríamos contar con un sustento documental completo que nos permitiría seguirle la pista a la dispersión de esos fondos. Es inaceptable que la ASE con decenas de expertos contadores que cobran en su nómina no haya emitido un dictamen final en el que resuelva de una vez y para siempre quién fue el responsable de esas pillerías.

Se ha dejado correr la versión de que el ex titular de la ASE tiene abiertas cuatro investigaciones que van desde las multas e indemnizaciones cobradas a los presidentes y tesoreros municipales que se cubrieron en especie, sin que se les exigiera un avalúo que determinara el valor del inmueble que se daba en pago, hasta los fondos especiales que ha recibido de la Auditoría Superior de la Federación destinados a revisar dependencias que manejan recursos federales. Así como el montón de empleados de confianza a los que les dio base. Según el informe del cuarto trimestre de 2013, la ASE tuvo un presupuesto autorizado de un poco más de 133 millones de pesos, aunque al final ejerció más de 160 millones de pesos. Para este 2014, según el informe del segundo trimestre, el presupuesto autorizado es de 155 millones 911 mil pesos y ha tenido en lo que va del año varias ampliaciones que lo llevan a 162 millones 188 mil pesos. Todo tirado a la basura, ya que los resultados por el cobro de indemnizaciones y multas a los entes auditados son un fracaso y ni siquiera ha logrado reducir los ilícitos e irregularidades en que incurren permanentemente. Es necesario que un despacho externo de contadores revise las cuentas que maneja discrecionalmente el auditor superior del estado. A nadie rinde cuentas, ni nadie se las pide. Su contraloría interna no es confiable. No existe ningún otro organismo o dependencia de gobierno que maneje con más libertad e impunidad los dineros que se le confían, que ese inútil recoveco. 

100 mil metros cuadrados de corrupción

Por Eduardo Martínez Benavente

El 15 de diciembre de 2011, día de San Urbicio, en la ex biblioteca del obispo “piedrotas” José María Ignacio Montes de Oca y Obregón -mote que se había ganado por aquello de las piedras preciosas que ostentaba en sus anillos-, ahora Salón de Cabildos del Palacio Municipal, debajo de uno de los óleos del pintor italiano Eroli que se localizan en la bóveda de ese recinto, exactamente el que representa El Infierno; el cabildo municipal que presidía la priista Victoria Labastida aprobaba sin objeciones, entre otros muchos asuntos, la autorización condicionada del fraccionamiento “El Peñón”, 1a. etapa, a desarrollarse en una superficie de 2 millones 671 mil metros cuadrados, de los más de 14 millones 476 mil metros cuadrados que abarca el proyecto inmobiliario más ambicioso de que se tenga memoria en la historia de San Luis Potosí.

En la sesión de ese día se autorizaba la lotificación propuesta por los representantes de Desarrolladora El Peñón, S.A. de C.V., Urbano Díaz de León Barroso y Samuel Villarreal Aguirre, así como la distribución de vialidades y el área de donación que ofrecían, que según el dictamen aprobado 6 días antes por la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, presidida por el regidor Luis Miguel Ávalos Oyervides, se había llegado al acuerdo de descontar del área de donación que le corresponde al municipio, la superficie de las avenidas que excedieran una anchura superior a los 30 metros; de tal manera que si la arteria principal que atraviesa el fraccionamiento tiene una extensión de aproximadamente 10 kilómetros y una amplitud de 40 metros; los 10 metros que rebasan la medida reglamentaria por los 10 mil metros que mide la avenida, dan, si Pitágoras no miente, 100 mil metros cuadrados de excedentes que se tomarían a cuenta de las áreas de donación que deberían entregarse urbanizadas, en el lugar que eligiera el municipio para obras de infraestructura urbana y susceptibles de ser enajenadas. En el plano que se autorizó no se precisó la superficie vendible del fraccionamiento, ni las áreas verdes, ni las superficies de las dos presas proyectadas, así como otras zonas que por su naturaleza e impacto ambiental son intocables. El pago de impuestos por la autorización del fraccionamiento se pactó en cómodas mensualidades, como si se tratara de un “negocio de saliva” en la que el flujo de efectivo sólo dependiera de los enganches y mensualidades que podrían recaudar de sus clientes, una vez que se iniciara la preventa.

Un privilegio de esta valía –y  otros que después daremos a conocer– sólo se explica si hay de por medio un padrino muy influyente metido en el negocio o una contraprestación económica que satisfaga la codicia de la autoridad que otorga el permiso. Sólo así se entiende el compromiso de la Junta Estatal de Caminos de construir con recursos públicos una avenida que sería la columna vertebral de un millonario negocio privado. Hasta la persona más atolondrada podrá deducir que el precio del metro cuadrado de un terreno con vista a esa ancha avenida será muy superior al de un terreno que sólo se asome a las vialidades con dimensiones comunes. Como sería también el caso de los terrenos colindantes a la superficie que se “donaría” como área verde para que el gobierno del estado construyera con recursos propios un nuevo Parque Tangamanga en un espacio de 200 hectáreas, y que el gobernador, en un chispazo poco común de perspicacia rechazó porque advirtió que si aceptaba el regalo y se comprometía con la obra, le borraría los pecados al proyecto y haría multimillonarios a sus dueños por el valor que alcanzarían esos predios, además de que no cuenta con recursos para llevar a cabo la obra, ni partida presupuestal para su mantenimiento, y que ya son demasiados los compromisos de pago que le heredará al que lo suceda.

Para justificar la renuncia a las áreas de donación Oyervides citó el artículo 44 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de San Luis Potosí, el cual menciona que cuando por decisión del Ayuntamiento o por disposición de los planes estatales o municipales de desarrollo, se requieran calles con anchura superior a 30 metros, las superficies que excedan a esa extensión serán descontadas de aquellas que el fraccionador deba donar al Municipio. Los síndicos, secretario general y demás abogados de esa administración sabían que esa prerrogativa era ilegal porque contraviene la Ley de Desarrollo Urbano que establece la obligación de ceder al municipio el 15% de la superficie vendible cuando se autoriza un fraccionamiento o condominio, sin excepción alguna; independientemente de que ese reglamento administrativo que se aprobó durante la trienio del panista Mario Leal Campos, no tenía otro objetivo que favorecer a otro grupo de especuladores del suelo urbano. Un reglamento no puede estar por encima de la Ley. En esa ocasión, Eduardo García Navarro y Carlos Gerardo López Medina, principales accionistas de Grupo Desarrollador Cima, se vieron favorecidos por el acuerdo tomado en la sesión de cabildo que se celebró el 1 de noviembre de 1994, en el que se autorizó el exclusivo fraccionamiento “Colinas del Parque”, colindante al Parque Tangamanga I, descontándoles miles de metros cuadrados con el argumento de que la anchura de la avenida Chapultepec excedía las dimensiones reglamentarias.

Al gobierno del ex rector Mario García Valdez no le ha interesado investigar las evidentes irregularidades y maniobras fraudulentas que rodean el proyecto del Gran Peñón, empezando por el plan concebido que utilizaron para obtener el cambio de uso de suelo. La Comisión de Alumbrado y Obra Público emitió un dictamen que aprobó el cabildo en la sesión que celebró el 14 de enero de 2011, en la que se autorizó a solicitud de una autoridad el cambio de uso de suelo para el proyecto del nuevo libramiento de la ciudad. En esa solicitud se incluyó dolosamente un polígono mayor que abarcaba las coordenadas precisas del Ejido el Aguaje, en el que más tarde se desarrollaría el proyecto del fraccionamiento el Gran Peñón. Como la solicitud de cambio de uso de suelo la presentó una instancia gubernamental quedó exenta del pago del impuesto, pues si lo hubiera hecho un particular tendría que haber cubierto más de 70 millones de pesos por este concepto.

La misma historia pero con diferentes actores

Tercera y última parte

Por Eduardo Martínez Benavente

Hemos alcanzado tal grado de cinismo que son más los ciudadanos a los que les parece normal que un servidor público abuse de su cargo y se enriquezca inexplicablemente, que aquellos que hacen algo para combatir la impunidad de la que gozan o que por lo menos se sientan agraviados. Es muy lamentable que estos funcionarios, a pesar de las fechorías que cometen, sean aceptados y procurados por la mayoría de los potosinos, como si se tratara de personas probas y respetables; y es doblemente reprobable que muchos de esos delincuentes sean nuevamente postulados para ocupar cargos de elección popular; y que los pocos que administran con honestidad los recursos que se les confían sean tachados de ingenuos o desubicados y jamás reconocidos ni valorados.

Algunos de los informes de las auditorías que se han practicado a las cuentas públicas, aquellas que no tienen ángeles que las protejan o en las que existe la consigna de exhibirlas, son un catálogo de abusos, desvío de recursos y gastos ilegales e irracionales que para nuestra desgracia a nadie sorprenden ni interesan. Otras auditorías, como las de los tres poderes del Estado son un monumento a la impunidad y una bofetada a la inteligencia y sentido común de los potosinos, pues no obstante que son públicos los ilícitos que se les conocen, la Auditoría Superior del Estado (ASE) las dictamina como limpias y ejemplares. El titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo, debe entender que su posición como responsable de la fiscalización de los dineros públicos es insostenible y debe renunciar a su cargo. Es tal el desgaste que ha sufrido por los señalamientos que se le han hecho, que en los últimos meses ha perdido todo vestigio de la credibilidad y prestigio que pudo haber ganado durante tantos años de ejercicio profesional. Ni siquiera ha tenido el valor o los elementos para defenderse de las serias acusaciones que el periodista Juan José Rodríguez revela en su última columna. En el mismo entredicho se encuentra la honorabilidad del contador José Néstor Garza Castillo, por haberse desistido del juicio de amparo que promovió para echar abajo la elección del auditor, y que según el columnista se debió a las indecorosas compensaciones que recibió.

Muchos creíamos que con el arribo del ex rector a la alcaldía de la capital, que con su aureola de hombre probo, bonachón y emprendedor que se le reconocía y con su inocultable interés por alcanzar la nominación de su partido a la gubernatura, su administración iba a ser un ejemplo de honestidad y transparencia, con un gobierno apegado estrictamente al cumplimiento de la ley, así como un fiel practicante de la austeridad y racionalidad del gasto público. Que iba a reducir salarios y prestaciones, empezando por los suyos. Que eliminaría plazas injustificadas y evitaría cualquier gasto innecesario, y más cuando estaba obligado a marcar las diferencias con la administración de su antecesora que se caracterizó por el derroche y pillaje que colapsaron sus finanzas. Muchos creíamos que llegaría cortando cabezas y denunciando los latrocinios que encontró; pero nada de eso ha ocurrido ni ocurrirá. El tiempo se le vino encima y no me extrañaría que antes de diciembre solicite licencia para separarse de su cargo. El alcalde Mario García Valdez es un encubridor de los ilícitos de su antecesora que nadie mejor que él conoce y que incurre en los mismos vicios y excesos que a ésta se le señalan.

La última de sus tropelías la denunció esta semana la regidora panista Nadya Edith Rangel, quien por cierto no ha recibido la mínima atención de su partido y no es un asunto menor. Se trata de un informe oficial que da a conocer la Dirección de Financiamiento de Deuda y Crédito Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en el que reporta que el Ayuntamiento de San Luis Potosí le sumó otros 250 millones de pesos a su deuda pública, sin autorización del Cabildo ni del Congreso del Estado, para que con este incremento alcance la deuda pública registrada un monto de 698 millones de pesos, que saben que no tienen con qué cubrirla y que excede con mucho el tope permitido por la Ley de Deuda Pública, pues esta no podía rebasar los 500 millones de pesos, que equivalen al 20% de los ingresos anuales presupuestados, y siempre y cuando hubiera cumplido con todos los requisitos legales. El tesorero podía haber utilizado la línea de crédito que tiene vigente para enfrentar la crisis financiera que padece si el compromiso de pago no excediera el ejercicio fiscal del 2014. A los directores de Bansi se les deben fincar responsabilidades por haber autorizado un crédito ilegal que vence el 29 de septiembre de 2015 y que seguramente se garantizó con las participaciones federales que le corresponden al municipio.

Observamos con indignación que nada se ha hecho para recuperar las áreas de donación que los fraccionadores le han escamoteado al municipio en ésta y en las anteriores administraciones. El daño patrimonial es enorme. Son decenas de miles de metros cuadrados urbanizados que el municipio ha perdido por favorecer a los grandes fraccionadores y con los que podía haber salido de sus apuros económicos. La corrupción es evidente. El más reciente atraco se cometió en la sesión de cabildo del pasado 28 de mayo, en el que se aprobó, entre otros, un dictamen que presentó la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas que previamente había puesto a su consideración la Dirección General de Catastro y Desarrollo Urbano, respecto a la autorización del condominio horizontal Fraylea 2 Residencial, ubicado en la delegación de Villa de Pozos, propiedad de Grupo Constructor Cumbres, S.A. de C.V., con una superficie de 8 mil 414 metros cuadrados; en el que se resolvió que el área de donación que tenía que tributar la empresa quedó cubierta al momento en que se autorizó la subdivisión del predio del que se origina el terreno en el que se levanta el condominio. El director de esa área sabía que no es lo mismo recibir el 10% de la superficie en breña por la subdivisión del inmueble que el 15% de la superficie vendible por la autorización del condominio. Se trata de una constructora que tiene 17 fraccionamientos sin entregar a lo largo de 20 años; y que el municipio, en este caso, tenía que haber reclamado ambas superficies.

Los cables sueltos de la BMW

A la memoria de Paty Rubín de Celis, por su fidelidad al navismo.

Por Eduardo Martínez Benavente

No creo que la BMW se haya decidido a invertir en San Luis Potosí sin antes haber revisado minuciosamente la legalidad y viabilidad de todos los incentivos y compromisos que el gobierno federal, estatal y municipal le ofrecieron para instalar su armadora de vehículos en esta plaza, los que seguramente quedaron bien amarrados en el convenio que se formalizó el jueves 3 en la residencia oficial de Los Pinos, y más conociendo el perfeccionismo que caracteriza a los alemanes en sus negociaciones; por eso me extraña que el secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, ponga en tela de juicio la operación y abra el debate sobre un asunto tan importante como son las exenciones de impuestos prometidos. El responsable de las finanzas del estado declaró este martes que cuando la Secretaría de Desarrollo Económico lo indique, será presentada en el Congreso del Estado la iniciativa de exención de impuestos para facilitar las condiciones de arranque de construcción de la empresa. Explicó también que se sigue adelante con los requisitos de documentación y preparación de los proyectos de incentivación de la industria, que serán presentados con sus efectos a largo plazo al Poder Legislativo para su aprobación.

Creo que los alemanes no se atreverían a firmar un convenio de esta trascendencia si los incentivos ofrecidos a la empresa no fueran definitivos y estuvieran sujetos a las grillas de los diputados potosinos, y menos cuando tienen la tarea de rendir buenas cuentas a los miles de accionistas que confían en sus directores, por más que el gobernador del estado les hubiera asegurado que el Congreso está bajo su control y le aprueban todo lo que les pone enfrente. Ante tal incertidumbre resulta indispensable que cuanto antes se dé a conocer el convenio que suscribieron, sin ocultamientos ni reservas. 

El secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, que hasta ahora ha sido la autoridad que mayor información ha proporcionado sobre el asunto, aseguró que son más de 300 "indicadores" o requisitos que tendría que cumplir la entidad en la que se instale la empresa.

Creo que el diputado panista, Miguel de Jesús Maza Hernández, que también contribuye aldesconcierto, desconoce la ley de la materia cuando manifiesta que es ilegal otorgar exenciones fiscales sin la autorización del cabildo de Villa de Reyes o del Congreso del Estado, dependiendo del incentivo que se ofrece. En el caso del impuesto del 2.5% sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, mejor conocido como Impuesto sobre la Nómina (ISN), la Ley de Hacienda para el Estado faculta al titular del Poder Ejecutivo y/o el titular de la Secretaría de Finanzas, sin la autorización del Congreso, a otorgar incentivos fiscales adicionales a los 3 años de exención a que tienen derecho las empresas que realicen inversiones para la creación masiva de empleos, implementen tecnología de punta y que su proyecto de inversión represente un detonador para la actividad económica del estado, que comienzan a contar a partir de la fecha en que inicien operaciones. Requisitos que sobradamente cumple la BMW, y por eso, el secretario de Finanzas confirmó la exención total del ISN por un período de 10 años.

El diputado debería saber que son inconstitucionales las exenciones o subsidios ofrecidos por el Ayuntamiento de Villa de Reyes a la BMW, y que el Congreso no puede autorizarlos a menos que se modifique la Constitución del Estado porque el artículo 114 establece que las leyes locales no podrán otorgar exenciones o subsidios municipales respecto a los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria a favor de personas físicas o morales o institución alguna, salvo los bienes del dominio público de la Federación, de los estados o de los municipios que estarán exentos de dichas contribuciones. El artículo séptimotransitorio de la Ley de Ingresos de ese municipio viola la Constitución porque otorga reducciones hasta del 80% a la tasa establecida para el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y para el pago de los derechos por la licencia de la construcción, como también exenta del pago del Impuesto Predial a aquellas empresas, que como la BMW, generen 251 o más empleos directos o tengan un monto de ventas anual igual o superior a 251 millones de pesos del sector industrial y su establecimiento represente un alto impacto económico en ese municipio. En el caso del pago del Impuesto Predial se otorgó a la empresa una exención del 100% que lesiona las finanzas municipales.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) debe investigar si la sociedad propietaria de Parque Logistik II, en el que se instalará la BMW, cedió al Ayuntamiento de Villa de Reyes, a título gratuito, el 15% de la superficie vendible y urbanizada a que tiene derecho con motivo de la autorización del fraccionamiento. En la página web de Desarrollo Logistik, que tiene su domicilio social en San Pedro Garza García, se exhibe un plano del fraccionamiento en el que se señalan las áreas destinadas a vialidades, comercios, industria y construcción de viviendas, pero por ningún lado aparece la superficie donada que debieron entregar al municipio. La BMW se instalará sobre una superficie de 300 hectáreas, de las 2,040 que adquirió la vendedora, que de acuerdo a su publicidad tiene un valor de 20 dólares el metro cuadrado, por lo que podemos calcular que el precio que cubrió o cubrirá el gobierno federal o estatal por las hectáreas que ocupará la BMW asciende a la suma de 780 millones de pesos.

También se debe verificar si Desarrollo Logistik pagó en especie o en efectivo el Impuesto que le corresponde cubrir a todas aquellas personas que adquieran, en su primera enajenación, mediante cualquier forma de transmisión legal de la propiedad, bienes inmuebles desincorporados del régimen ejidal, a los que se les fija un gravamen del 10% sobre el valor de la operación o del avalúo, o la entrega al gobierno del estado del 10% de la superficie adquirida. Es muy probable que tampoco se haya cubierto el Impuesto por el cambio de uso de suelo, de agrícola a industrial y habitacional. Como se advierte, hay tantos cables sueltos en esta operación que cualquiera puede averiar la fina maquinaría de la BMW. 

La BMW en San Luis

Por Eduardo Martínez Benavente

El logro más importante que hasta ahora le podemos reconocer al gobierno del doctor Fernando Toranzo es el anuncio de la instalación de una planta ensambladora de vehículos de la BMW en nuestra entidad, a 17 kilómetros del centro histórico de la ciudad y a 4 de la cabecera municipal de Villa de Reyes, que con un capital superior a los mil millones de dólares y el ofrecimiento de crear a mediano y largo plazo miles de empleos directos e indirectos, salva de la mediocridad y parálisis a una administración que estaba a punto de concluir sin haber dejado obra alguna digna de recordarse, y que ya no le corresponderá inaugurarla (2019).

Se trata de una inversión trascendental porque es el aliciente para que muchas otras empresas proveedoras de bienes y servicios se asienten en San Luis Potosí.  Es una inversión con un valor similar al de las 29 mil obras que presume el gobernador del estado en su reciente campaña de información que da a conocer los resultados de su administración durante los primeros 4 años y medio de su gestión.  Así de pobre es la inversión pública estatal y eso que desde hace varios años disponemos de presupuestos de ingresos superiores a los 30 mil millones de pesos. 

Nunca habíamos visto al gobernador tan contento como aparece en las fotografías que se publicaron del evento celebrado en la residencia presidencial de Los Pinos. Más feliz y radiante que una novia. Toda su administración había sido una cadena de fracasos. Es justo considerar que de alguna manera se reivindica y valora con muchos potosinos que creíamos que sus dos viajes realizados a Alemania en enero y abril de este año, acompañado de su traductor y secretario de Desarrollo Económico, Fernando Macías Morales habían sido inútiles porque muy poco tenía que ofrecerles, aunque quedan muchas preguntas que tiene la obligación de responder, por más cláusulas de confidencialidad que haya suscrito con los europeos. 

Sin duda alguna que la envidiable ubicación geográfica de la ciudad fue un factor de mucho peso para que los alemanes eligieran esta plaza, así como los bajos salarios y prestaciones que se les pagan a los trabajadores, los sindicatos blancos y proclives al patrón, así como las vías de comunicación y servicios de que dispone la capital del estado. Pero la parte económica fue decisiva en la operación. El paquete de incentivos que se le ofreció a la empresa debe valer muchos millones de pesos, el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marcelo López Sánchez, los calculó en 3 mil millones de pesos, empezando por el valor del terreno, la infraestructura y servicios que demandan, lo que lo obligó a retirarse de la competencia. El gobierno de Toranzo tampoco tiene partida presupuestal ni disponibilidad de recursos para cumplir con esas exigencias, ni dispone de reservas territoriales, ni ha recurrido a un crédito bancario para financiarse. Estamos hablando de más de 300 hectáreas urbanizadas, con instalaciones eléctricas costosísimas, además de tres pozos equipados, una espuela de ferrocarril y muchos otros requisitos que no han revelado. Todo indica que la aportación principal será a cargo del gobierno federal a través de la Secretaría de Economía o de alguno de sus fideicomisos, y el gobierno del Estado, durante los próximos 5 años erogará  una suma no determinada que en buena medida cubrirá la próxima administración. 

Estamos solicitando una copia del convenio que celebraron el gobierno del Estado, la federación y la empresa para conocer los términos y condiciones de la operación. Es muy probable que el gobierno de Toranzo lo clasifique como reservado y nos niegue la información. Creo que el gobierno federal no tendrá inconveniente en dar a conocer el monto de los recursos que se comprometió destinar en esta inversión; y la BMW difícilmente podrá desechar nuestra solicitud porque está recibiendo recursos y beneficios de un gobierno extranjero que de acuerdo a sus leyes los obliga a transparentar, y si también lo niega tenemos el derecho de recurrir a los organismos de transparencia de ese país para que le ordenen entregar el documento. 

No objetamos que la armadora para elegir a San Luis Potosí como sede de su nueva planta se beneficie de los subsidios y exenciones que ofrece el Estado, como es el pago del Impuesto sobre la Nómina y las reducciones municipales en licencias de construcción, traslado de dominio y predial que afectan las finanzas del municipio de su ubicación. No han dicho cuáles programas estatales para apoyar a la pequeña y mediana industria tendrán que desaparecer para cubrir los compromisos contraídos con los alemanes. Es muy pesado soportar el costo de las becas para capacitar a 1,500 obreros, así como cubrir muchos otros gastos y compromisos mientras que arranca la fábrica. 

El gobierno de Marcelo de los Santos ocultó el convenio que celebró con la General Motors, el que por su naturaleza era público y debía difundirse. Nunca conocimos el valor total de los estímulos y exenciones fiscales que le concedió a la empresa, ni el impacto que representaba esa erogación para las finanzas públicas, sin embargo, por un error, nos entregó una amplia y comprometedora información que no solicitamos pues se trataba de datos confidenciales de la General Motors que se referían a los costos de sus unidades, el monto de los sueldos que se ofrecían a funcionarios y empleados y un estudio de tendencias socioeconómicas que generaría la operación de la GM, elaborado por el Tecnológico de Monterrey, y encargado y pagado por el gobierno marcelista. Los difundimos y a nadie preocupó la filtración. Creo que la instalación de la planta de la GM durante el gobierno del panista, con todo y las irregularidades  que se cometieron, fue también su principal logro. En este caso tuvo que recurrir a un préstamo bancario de 500 millones de pesos contrayendo deuda pública para cumplir con los compromisos. El monto total de la inversión gubernamental debió superar los mil millones de pesos, considerando los 10 millones de dólares que por concepto de instalaciones ferroviarias tuvo que pagar el gobierno que lo sucedió.